Pensiones e independencia

En el debate independentista que el nacionalismo catalán ha impuesto en esta comunidad autónoma es necesario incorporar datos e informaciones que lo equilibren. Uno de ellos es el informe de la Seguridad Social que indica que Cataluña sufre un déficit de 6.400 millones de euros en pensiones desde 2010. Y ello no es debido al manido sonsonete de España roba a Cataluña. No, es más sencillo. Se trata de que el gasto en prestaciones contributivas en Cataluña supera desgraciadamente los ingresos generados por las cotizaciones sociales recaudados en aquella comunidad autónoma. Es decir, hay un desequilibrio presupuestario entre lo que se gasta y lo que se recauda. Ello puede ser debido a uno de los males del primer mundo, una pirámide generacional con demasiado peso de los mayores de 65 años.  Esto es una realidad, difícilmente manipulable ideológicamente. Una Cataluña independiente se vería obligada a reducir otros gastos para cubrir sus pensiones. Es decir, la secesión se traduciría en más recortes. Se trata de un dato interesante para el debate, racional, claro.

El problema de Rubalcaba

La moción aprobada ayer en el Congreso contra el pretendido derecho a decidir ha vuelto a poner en evidencia la crisis del socialismo español. El PSC se abstuvo, mientras que el PSOE votó a favor, tras un complicado debate interno en el que los veteranos dirigentes tuvieron que recordar que la soberanía nacional radica en todos los ciudadanos  y que el verdadero derecho a la autodeterminación, no el eufemísticamente llamado derecho a decidir, no se puede aplicar a ningún territorio español. Lo verdaderamente llamativo es que el PSOE necesite de un debate para llegar a esa conclusión que debería estar grabado en su ADN izquierdista. En ese sentido no es extemporáneo el reproche de hoy de Alfonso Guerra poniendo en duda que el PSC siga perteneciendo al proyecto socialista. El PSOE de Rubalcaba tiene un grave problema y la única solución pasa por reivindicar su tradición obrera y defender los intereses de los ciudadanos más desfavorecidos, que crecen como legión con la crisis económica que vivimos. Las épicas territoriales se las puede dejar a otros, que indudablemente serán de derechas. Por ello es incomprensible que anoche en Tafalla, los socialistas navarros se ausentaran del pleno cuando se votaba una propuesta de Unión de Pueblo Navarro repudiando la actuación asesina de su vecina etarra Inés del Río Prado. Sin duda que Rubalcaba tiene mucho trabajo por delante.

Respuesta europea

La Fiscalía ha decidido abrir una investigación sobre el supuesto espionaje estadounidense a ciudadanos españoles. La decisión honra a esa institución, máxime ante la limitada respuesta del gobierno español quien de momento se ha conformado con pedir explicaciones al embajador de Estados Unidos. El espionaje, por más que estemos acostumbrado a él, no debe convertirse en una conducta aceptable y menos entre países que se dicen aliados. Una respuesta clara y contundente es más que necesaria. Y de manera contundente. Por eso es infinitamente mejor que sea a nivel europeo.

Justicia y legalidad

Las víctimas del terrorismo reclamaron ayer Justicia, algo que difícilmente se les puede negar. Es moralmente incomprensible que un criminal multirreincidente pueda salir de la cárcel al mismo tiempo que aquel que ha cometido un solo delito. Otra cosa es la Legalidad, aquella que consagra la no retroactividad de las penas, ni la ejecución de las mismas. Un asesino juzgado por crímenes anteriores a 1995 no puede ser condenado por el Código Penal de ese año, sino por el franquista de 1973. Este último establecía un día de redención por dos de trabajo en la cárcel, además de que el computo de descuento se calculaba sobre la pena efectiva de 30 años, no sobre el total sentenciado. El Código socialista de 1995 acabó con éstos beneficios penitenciarios y la reforma del PP de 2003 amplió a 40 la pena máxima efectiva. La Legalidad es básica en el Estado de Derecho. La Justicia no tanto. Se trata de un principio al que hay que aspirar y tender, pero no está garantizada su consecución. En este caso, ello es debido, a la tardanza de los legisladores de la democracia por dotar al Estado de un Código Penal adecuado a los nuevos tiempos y a la vez sin complejos en la lucha contra los criminales.

Palacio cerrado

España debe ser de los pocos países de Europa occidental que tiene cerrado un Palacio Real y, además, no sabe que hacer con él. Dicha residencia no está en una zona remota y de difícil acceso. No. Está en Madrid y a escasa distancia del Museo del Prado. Hablo del antiguo Museo del Ejército, hoy vacío de contenido. Se trata, junto al Casón del Buen Retiro, de los restos del ya extinto Palacio del Buen Retiro, construido por orden de Felipe IV, el Rey Planeta.  Son casi 9.000 metros cuadrados de superficie que engloba el célebre Salön del Reino, en cuyos muros colgaban cuadros de grandes dimensiones en los que los mejores pintores de entonces, como Velázquez, pintaron las glorias de la Monarquía Hispánica, todavía la primera potencia mundial. Pues eso, cerrado.

Religión y libertad

El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, el arzobispo Ludwig Müller, ha cerrado la puerta abierta por el Papa Francisco para que los divorciados y vueltos a casar puedan recibir la comunión católica. Se trata de una evidente contradicción ante lo opinado por el obispo de Roma, quien se mostró favorable a estudiar la situación de los católicos que tras divorciarse y volver a formar un hogar aspiraban a poder comulgar en las Iglesias.  Cada uno podrá opinar al respecto lo que quiera e incluso criticar, pero no se debe perder de vista que la adscripción a una religión es voluntaria, al menos en los tiempos actuales y en la mayoría de ellas, que no en todas. Así que, al menos en Occidente, uno es muy libre de pertenecer o no a la confesión que quiera. Tan solo hay que tener claro donde está cada uno y en que asociaciones se adentra.

Metáfora de los Balcanes

El fallecimiento de Jovanka Broz, la tercera mujer del mariscal Tito, el líder de la extinta Yugoslavia nos retrotrae a un pasado en el que el Estado de todos los eslavos del sur ocupaban una posición relevante en el escenario de la Guerra Fría, situado en un lugar destacado entre los No Alineados; es decir, apostando por romper la bipolarización asfixiante de aquel mundo. Jovanka y Tito se conocieron luchando como partisanos frente a la ocupación nazi, que se había aprovechado de las diferencias nacionalistas entre croatas, serbios y bosnios para dividir Yugoslavia. La resistencia antinazi, liderada por los comunistas de Tito, primaron sus ideas socialistas sobre las nacionales de los diferentes pueblos sureslavos. Tras ganar la guerra, el mariscal edificó una estructura estatal unitaria y llevó a Yugoslavia a disfrutar de un lugar en el mundo. A la muerte de Tito, los diversos nacionalismos destruyeron Yugoslavia y sumieron a los Balcanes en una nueva orgía de sangre. Jovanka fue la metáfora de ese descenso a los infiernos. Relegada en una casa de Belgrado sin calefacción, fue ignorada por todos. Su figura recordaba ese pasado unitario que con sus defectos, entre ellos la falta de libertad, había permitido atar los demonios nacionalistas.

La doctrina Parot

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha tumbado la doctrina Parot. Pese a las informaciones inexactas aparecidas en casi todos los medios de comunicación, lo que ha dictaminado el Tribunal de Estrasburgo es que es ilegal su aplicación retroactiva. Es decir, se podrá seguir usando dicha interpretación jurídica con todos aquellos delincuentes posteriores a 2006, cuando el Tribunal Supremo español decidió cambiar las reglas de juego, tal como explica hoy en una brillante tribuna una de las mentes más preclaras de nuestros conciudadanos, José María Ruiz Soroa. La doctrina Parot supone evitar que las reducciones de pena por buena conducta de un recluso se descuenten de la pena efectiva de cárcel, es decir de los treinta años. Y se apliquen al monto de condena sentenciada. Por ejemplo, un preso condenado a 2.600 años por mucha rebaja que consiga nunca se beneficiará de la misma. En cambio, si se calcula sobre los treinta años es posible que termine saliendo a la calle a los 20. Así fue hasta 2006, cuando el Supremo dedició cambiar el cómputo. Lo que el Tribunal de Estrasburgo ha hecho es recordar a España que no se puede variar de criterio, cuando este es contrario a los intereses del reo, lo cual es un principio básico del Estado de Derecho. Por tanto, toda persona que cometa un delito después de esa fecha se le debe aplicar las nuevas reglas sin problemas. El problema, y perdón por la repetición, es la enorme cantidad de etarras condenados antes de esa fecha, además de otros peligrosos delincuentes. Ahora, los tribunales de Justicia españoles se verán obligados a no aplicarles la doctrina Parot, lo que se traducirá inexorablemente en la libertad de muchos de ellos.  Pero de eso no será responsable Estrasburgo o Europa. No. Habría que analizar los motivos por los que los Códigos Penales anteriores, incluido el franquista de 1973, eran tan favorables para los delincuentes y extraer conclusiones.

El Estado caro

El camino ideado por Artur Mas para dotar a Cataluña de estructuras de Estado ha dado un nuevo paso, mediante el reforzamiento de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma. Entre las medidas adoptadas está la incorporación a la plantilla de 22 inspectores de alta capacidad, cuya contratación supondrá más de un millón de euros más al año en nóminas.  El argumento de que ese dinero puede salir de la lucha contra el fraude fiscal, por lo que quedaría justificado, hace aguas si pensamos que esa labor la puede hacer la ya existente Agendia Tributaria española. Es decir, el camino para hacer Estado se salda con más gasto público.  Eso sin mencionar la treintena de nuevas tasas que ha impuesto la Generalitat catalana. Por ejemplo, a partir de ahora los catalanes tendrán que pagar por solicitar un duplicado de la tarjeta sanitaria, por tramitar una reclamación de consumo, por solicitar una subvención cultural, por organizar un evento social que requiera un dispositivo policial estraordinario, etc... La pregunta a hacerse es por tanto, si va a merecer la pena ser catalán con Estado propio con tanto impuesto nuevo.

Noticias indignas

Hay noticias cuya publicación me provoca repulsión por su indignidad, como la aparecida hoy en El Mundo sobre la paternidad del hijo de Alicia Sánchez-Camacho. En 2005, cuando la líder del PP en Cataluña no ocupaba un puesto relevante en política, decidió someterse a un programa de fecundación artificial ante la tesitura de dejar atrás la edad fertil. El donante de semen fue en principio anónimo. Hasta ahora, en que El Mundo ha publicado que fue Manuel Pimentel. Ambos coincidieron en 1999 en el Ministerio de Trabajo, el como responsable del mismo y ella como directora general del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. En cualquier caso, las relaciones entre Primentel y Sánchez-Camacho entran dentro de la órbita de lo privado y así hay que respetarlo, independientemente de que militen, o en el caso del exministro de que haya militado, en un partido partidario del modelo familiar tradicional. Primero por el respeto a los derechos de los protagonistas y también por el hijo de ambos. Sobre todo por este último, de siete años de edad.

Trasvase Tajo-Segura

El Gobierno ha logrado poner de acuerdo a las cinco comunidades autónomas con intereses en el trasvase Tajo-Segura, lo cual no es que sea solo una noticia muy relevante, desgraciadamente muy poco difundida por los medios de comunicación, sino que supone todo un hito para el Estado español. Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia han llegado a un acuerdo sobre el agua, un bien escaso en el sureste peninsular. Ahora, el convenio deberá ser plasmado en una regulación con carácter de ley, que considerará trasvasable todo volumen de agua que esté por encima de la reserva de 400 hectómetros, hasta 600 al año. Aquí es donde puede estar el problema, ya que hay años en los que la escasa pluviosidad no permitirá alcanzar el límite fijado. En cualquier caso, se trata de un sustancial avance en la medida en que todas las partes implicadas han sido capaces de ponerse de acuerdo en un endiablado tema con unos limitados recursos. 

Tiempo para la moralidad

España ya vuelve a tener dinero barato. Un año despues de situarnos en el filo del abismo, nuestro Estado consigue ya préstamos financiados a un interés razonable. Mientras la bolsa española marcaba ayer su quinto máximo anual consecutivo. Es evidente que a finales del segundo semestre, tal como se predijo en este blog, tocamos fondo en la caída a los infiernos iniciada en 2008. Ahora viene una más que previsible lentísima recuperación y debe ser obligación de los diferentes poderes del Estado volcarse para que los más débiles, los que más han pagado esta brutal crisis, empiecen a notar que el viento ha cambiado de dirección. Lo contrario sería sencillamente inmoral. 

Aforados

El Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha impedido una iniciativa de Unión Progreso y Democracia, UPyD, apoyada por el PSOE e Izquierda Unida, para revisar restrictivamente la figura del aforado. Actualmente, en la Comunidad de Madrid, gozan del aforamiento el presidente, los miembros de su gobierno y los 129 diputados regionales. El aforamiento impide que cualquiera de estos políticos sean investigados judicialmente por su juez natural, siendo competencia de ello el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Salvo algunos casos, el aforamiento supone una perversión del sistema democrático, por lo que debería reducirse el número de sus beneficiarios. Puede tener alguna razón con los miembros del Poder Ejecutivo, pero no le alcanzo a ver ninguna para los del Legislativo, una vez que está garantizada su inmunidad parlamentaria. Por ello, mantener estos privilegios, como ha hecho el PP, solo puede tener una consecuencia negativa: ahondar en la cada vez mayor fractura entre los ciudadanos y los políticos.

Un gramo de sensatez

Las televisiones autonómicas han necesitado cerca de tres décadas para llegar a algo obvio: la necesidad de compartir productos audiovisuales. Se empezó a hacer de una manera muy limitada al poco del nacimiento de dichas televisiones con la creación de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, la FORTA, que ofrecía a sus asociados resúmenes televisivos de información. Ahora, la FORTA y el externo Canal Extremadura dan un paso de enorme relevancia produciendo series televisivas comunes. El viernes pasado presentaron El Faro, que desde este lunes se emitirá en algunas de las televisiones autonómicas. La crisis económica ha obligado a ello. Es decir, la realidad se ha impuesto a los prejuicios ideológicos, lo cual no es mala noticia. Al revés, la sensatez parece imponerse. ¿Seremos capaces de desprendernos de más anteojeras políticas y construir un modelo de televisión autonómico en el que una potente estructura estatal maximice los gastos y sirva sus productos a todos los entes regionales? Ese el único camino que garantizará la subsistencia de las televisiones autonómicas. Hace treinta años ningún político tuvo la valentía de proponer un desarrollo televisivo regional a partir de la única estructura existente entonces, Radio Televisión Española, potenciando el carácter público de la misma, así como su descentralización. Pero para eso se hubiera necesitado más periodistas y menos comisarios políticos.

Error sindical

Se equivocan los sindicatos cuando se manifiestan frente a la juez Alaya, que investiga el fraude de los ERE, al grito de "libertad", mientras la abuchean. Un requisito previo para la libertad es la Justicia. Sin ley no es posible la libertad en una sociedad post industrial como la nuestra, salvo que retomemos los sueños frustrados del anarquismo. Y de nada sirve abuchear a la persona que encarna la actuación judicial. Si no estuviera la juez Mercedes Alaya, estaría otra persona, que llevaría el caso de manera diferente, pero previsiblemente no muy dispar en cuanto a sus resultados.  El Estado de Derecho debe investigar y castigar en su caso una serie de conductas que pese a la cotidianidad en el tiempo de las mismas, parecen fuera del ordenamiento jurídico. Y los sindicatos deben defender a los trabajadores, a todos, no solo a los que tienen empleo y cotizan. Esa es su misión. No saltarse la legalidad, porque entonces queda en suspenso la libertad de muchos. Y ya se sabe a donde lleva el camino de la tiranía.

Independencia traumática

Hace dos años la comunidad internacional recibió como nuevo Estado a Sudán del Sur, que había mantenido durante muchos años un conflicto armado con Sudán. La secesión del sur fue finalmente aceptada por el norte, por lo que la Organización de Naciones Unidas aceptó al nuevo país como miembro. Dos años después se registran en Sudán del Sur graves violaciones de los derechos humanos. Human Rights Watch documentó en septiembre pasado un centenar de muertes a manos de las fuerzas gubernamentales. El ejército sursudanés está librando duras batallas contra los rebeldes de Yau Yau, que no aceptaron ser incorporados al nuevo Estado tras la independencia. En esa guerra, como en todas, abundan las víctimas civiles, en este caso de la etnia Murle, enfrentada a la rival Lou Nuer, apoyada esta última por el gobierno nacido de la independencia. Algunos dirán que es un triste caso de África y rápidamente olvidarán estas líneas. Pero la realidad es tuzuda. Siempre es igual. Y en cualquier sitio del planeta.

El derecho a saber

Por fin parece que el Goierno ha iniciado una contraofensiva al independentismo diseñado por la Generalitat catalana. Pese a que Rajoy ha dejado pasar casi dos años, lo que ha facilitado la estrategia soberanista, nunca es tarde si la dicha es buena, tal como dice el proverbio. Ayer en el Senado asistimos a este paso hacia adelante, que se sintetiza en la expresión derecho a saber, frente al derecho a decidir. En la soxiedad en la que vivimos no solo es necesario disponer de un discurso ideológico convincente, sino también saber condensar en un potente eslogan tu propuesta. El derecho a saber puede reunir esos requisitos, aunque habrá que ver el desarrollo que le da el Gobierno.

Desdramatizar

En España, tendremos graves problemas siempre que haya españoles deseosos de dejar de serlo". Esa frase fue formulada por el sociólogo Juan José Linz, una de las referencias intelectuales de las últimas décadas, recientemente fallecido. La frase resume una evidencia. O mejor dos. La primera es que la amenaza secesionista siempre existirá, con lo cual tendremos que aprender a convivir con el problema, como decía otra lumbrera, José Ortega y Gasset. Y la segunda pone en evidencia el carácter subjetivo de la adscripción nacional. Se trata de un deseo, no de algo objetivo. Por tanto, aprendamos a desdramatizar.

Gulag

Unos 750 españoles sufrieron el encarcelamiento en los gulag estalinistas. De ellos, unos 450 fueron prisioneros de la División Azul, la tropa mandada por Franco a la URSS para luchar contra el comunismo en apoyo de los nazis. Los restantes fueron republicanos que habían luchado en la Guerra Civil española y que exiliados en la URSS se negaron a permanecer voluntariamente allí tras la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial. Unos y otros coincidieron en los mismos gulag, sufrieron las mismas penalidades de trabajos forzados y temperaturas extremas. Seguro, que más de uno y de otro de ambos bandos comprendieron el sinsentido que les había llevado allí y abjuraron del totalitarismo impuesto en sus vidas por el siglo de las ideologías.

Obvio

Por fin un alto cargo socialista ha reconocido la obviedad, al considerar un error la frase de Rodríguez Zapatero de que aceptaría cualquier Estatuto aprobado en Cataluña. Evidentemente, aquella manifestación mitinera, pronunciada en 2003, fue el origen de la crisis catalana que hoy padecemos en España. No hay nada peor que un político aliente el nacionalismo. Cualquier nacionalismo. Lo hicieron personajes que trajeron grandes penalidades a la Humanidad y a la Historia me remito. Pero también lo hicieron otros cuyo recuerdo ha salido mejor parado, como Charles De Gaulle que desde el balcón consistorial de Montreal no se le ocurrió otra cosa que gritar por un Quebec libre, alimentando un nacionalismo hasta entonces muy débil y que desde entonces ha puesto en dos ocasiones a Canadá en una difícil encrucijada. En 2003, Zapatero era líder de la oposición a un PP con mayoría absoluta. El recien elegido e inexperto nuevo secretario general del PSOE necesitaba ampliar su base electoral para plantearse vencer al PP de Aznar. Por ello dijo aquellas palabras, cuyas consecuencias están hoy presentes.

Finito

Silvio Berlusconi aceptó ayer su muerte política. Eso sí, como buen histriónico, lo hizo teatralmente, en uno de los mejores coliseos para ello: el Senado italiano. Su pulso al gobierno de Enrico Letta estaba llamado al fracaso por la rebelión de los suyos, que no podían aceptar que una cuestión personal pusiera fin al único ejecutivo posible hoy en día en Italia. Aunque formalmente sus deseos de hundir el gobierno se debieran a su oposición a la política tributaria de Letta, sin margen de actuación ante la Unión Europea, todo el mundo sabía que se trataba de su último intento, el enésimo, por eludir a la Justicia. Ahora, el delincuente Berlusconi será examinado por el Senado y deberá cumplir la condena firme de un año de arresto domiciliario y expulsión de la Cámara Alta a la que le ha llevado su concepción personalista e inmoral de la política. Desde que se acabó el Antiguo Régimen, ningún ciudadano está por encima de la ley. Al líder de la derecha italiana le ha costado comprender este básico presupuesto del Estado de Derecho. Finalmente lo ha admitido. Ya era hora.

País de emigrantes

La última evidencia de que España vuelve a ser un país de emigrantes ha llegado con la noticia de que por primera vez en diez años nos llega más dinero a nuestro país de lo que envìan los que se han ido a trabajar fuera que las remesas que parten desde aquí con destino a otras naciones. Es decir, España vuelve a ser un país receptor neto de remesas. De 2003 a 2008, momento álgido de la emigración a España, cuando gozábamos de un crecimiento económico envidiable, las remesas con destino principalmente a Sudamérica registraron récord tras récord. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la terrible crisis padecida a continuación ha invertido la situación: ahora nos llegan más remesas de las que enviamos. En síntesis: volvemos a ser un país de emigrantes.

Más de un billón de euros de deuda

En 2015, España superará en deuda el 100% de su Producto Interior Bruto, PIB. Es decir, deberemos toda la riqueza que generemos en ese año. Para 2014, nos situaremos en el 99,8% del PIB, más de un billón de euros. Estos datos son demoledores e insostenibles. Muestra que no lo hemos hecho bien. Superar el 100% del PIB nos retrotrae al siglo XIX, cuando eramos un país de tercera categoría, muy dependiente de nuestros vecinos, en concreto de Francia y del Reino Unido, que establecieron un protectorado de facto sobre España. ¿Y como hemos llegado a ésto? En 2008, nuestra deuda estaba en el 35%. Luego vino la desastrosa segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y los dos primeros años del gobierno de Rajoy. Los recortes llevados a cabo por este último ejecutivo, que se atribuía tener una fórmula milagrosa, no han conseguido frenar la imparable escalada hasta el 100%. Pero, evidentemente, algo habrá que hacer. Eso sí, con un mejor y más justo reparto de los sacrificios.