La diferencia entre la democracia y la demagogia

Democracia: ¿Cree que Grecia debe asumir las condiciones  que le imponen sus acredores y permanecer en el euro, o debe optar por romper las negociaciones y retornar al dracma?

Demagogia:¿Debe ser aceptado el borrador de acuerdo presentado por las instituciones en el Eurogrupo del 25 de junio y que consta de dos partes que conforman su única propuesta: Reformas para la finaanciación del vigente programa y después; y análisis  preliminar de la sostenibilidad de la deuda?

El corralito

Grecia ha estrenado corralito. 60 euros es el máximo que se puede sacar al día en los cajeros automáticos, porque el Gobierno ha decretado el cierre de las oficinas bancarias hasta dentro de una semana. Los jubilados han tenido que guardar grandes colas el mismo día en que se ingresaban sus pensiones.

Tsipras continúa arrastrando a Grecia por el camino de la peor de las tragedias, mientras el resto de los europeos también somos más pobres.

Asaltar por asaltar

A diferencia del resto de España, donde Pablo Iglesias ha dejado claro sus desdén hacia Izquierda Unida, en Cataluña sí está dispuesto a acudir coaligado con Iniciativa per Catalunya. 

Podemos muestra así un doble rasero: en Cataluña acepta sumar fuerzas  porque le da opciones de triunfo, pero en el resto no poque los "cenizos" de IU restan posibilidades.

Es decir, de asaltar los cielos por el bien intrínseco que ello conllevaría, hemos pasado al asalto por el asalto, confundiendo el fin con los medios.

La recta final griega

La espada de Damocles que se bate amenazadora para Grecia y que tiene la fecha límite del 30 de junio ha servido para que el gobierno de Syriza traspase algunas de las líneas rojas que se marcó y que ayudaron a la formación política en la carrera electoral que la llevó al poder en el país heleno.

Esas líneas traspasadas han sido fundamentalmente de dos tipos: el recorte en pensiones -incluido el alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años, los mismos que en España- y la subida del IVA -algo que también hemos padecido aquí-. Sin duda que ambas medidas tendrán un coste social, perjudicando a los más desfavorecidos. Pero a cambio de eso, la deuda helena podrá ser renegociada con criterios más flexibles, lo cual no es poca cosa.

Cuando el acuerdo estaba a punto de cerrarse, el Fondo Monetario Internacional -objeto de las críticas más feroces del gobierno heleno- ha exigido algunas precisiones contables que por el bien de todos deberían superarse. Para cubrir esos flecos, estaría bien que el esfuerzo suplementario no repercutiese más en la sociedad helena y el gobierno griego aceptase reducir su desproporcionado gasto en defensa militar. El nacionalismo heleno debería moderarse y comprender que la amenaza de su secular enemigo -Turquía- es hoy en día mucho más relativa. Al fin y al cabo, ambos países son socios de la OTAN y Grecia además cuenta con la ventaja de pertenecer a la Unión Europea, algo que cualquier mente inteligente se aprestaría a evitar.

Lo demás son demagogias, que siempre pagan los más desfavorecidos.

Ideología y estrategia

Las recientes declaraciones de Pablo Iglesias sobre el "problema vasco", tal como él prefiere denominarlo, muestran la profunda ideologización de sus planteamientos. Una ideología que arranca de una supuesta deficiencia en la Transición Democrática que habría lastrado todo nuestro reciente pasado. Y que, entre otras cuestiones, dejó sin resolver los contenciosos con Euskadi, Cataluña y Galicia.

Más allá de que la inclusión de ésta última región en el imaginario problemático denota la deuda conceptual con una idolatrada Segunda República, las palabras de Pablo Iglesias muestran una notable carencia, impropia de un planteamiento de izquierdas: la escasa concreción en las personas, que contrasta vivamente con la exagerada abstracción de los pueblos.

Eso en cuanto a la inflexible ideología del líder de Podemos. Ahora, quiero hablar de su estrategia, donde hace gala de igual rigidez. Ya le ha dicho, por activa y por pasiva, al pedigüeño candidato de Izquierda Unidad, que descarta la confluencia con esa formación. Podemos acudirá a las elecciones generales con sus siglas y en solitario, ya que Pablo Iglesias considera que esa es la mejor estrategia para asaltar los cielos.

Plaza Zerolo

La iniciativa de 80.000 ciudadanos para otorgar al recientemente fallecido Pedro Zerolo el nombre de una plaza en el madrileño barrio de Chueca merece la consideración de los responsables municipales, máxime ahora que el consistorio ha cambiado de manos. El socialista Zerolo se significó en vida por la defensa de los derechos de las minorías gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Nada más acertado que dedicarle una vía pública en el barrio de la capital que simboliza la integración sexual.

Y más si tenemos en cuenta la plaza elegida, dedicada hasta ahora a Vázquez de Mella, el prócer del tradicionalismo español. Juan Vázquez de Mella y Fanjul, quien vivió a caballo de los siglo XIX y XX, fue el gran ideólogo del carlismo, definido fundamentalmente por su integrismo religioso. Un integrismo ultramontano que añoraba hasta la Inquisición.

Pero también deberían saber muchos de esos 80.000 ciudadanos, que Vázquez de Mella también se significó por ser el gran conceptualizador del regionalismo español. Desde finales del XIX, el filósofo, que hoy puede perder el nombre de la plaza, puso en valor la labor que debían jugar las regiones en un Estado, el español, ahogado por el centralismo. Su labor propagandista en este apartado fue enormemente relevante, hasta el punto que llegó a influir en los incipientes nacionalismos periféricos: gallego, catalán y vasco. Unos nacionalismos que hicieron de la lucha contra la uniformidad su razón de ser.

Lo digo solo a efectos informativos.

La bandera

El acto de presentación de Pedro Sánchez como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ha conseguido atraer la atención de todos los medios informativos. Y para conseguirlo, el secretario general del PSOE solo ha necesitado envolverse en la bandera bicolor española.

El revuelo está justificado. Seguro que más de uno de los que ayer asistían al acto, sobre todo alguno que peine canas, sintió un resquemor cuando vio reflejada la enseña. No en balde, el PSOE luchó contra aquella bandera en la Guerra Civil, que representaba entonces el nacional-catolicismo. Los socialistas, como otras fuerzas de izquierda, se pasaron el siglo XX desnacionalizando, en aras del internacionalismo obrero.

Podía no haber sido así, porque hubo otro nacionalismo, de raíz liberal y progresista, que intentó construir un nación democrática y cuyo mayor hito fue la Revolución de la Gloriosa, en 1868, momento en el que la bicolor obtuvo el estatus de bandera oficial, aunque compartida con una incipiente tricolor.

Ayer, Pedro Sánchez pareció querer enlazar con esa tradición. Pero para que esa estrategia tenga visos de triunfar, el candidato socialista debe ser consciente de que las banderas hoy en día deben ser inclusivas. Nunca excluyentes. Es decir, no deben descansar en la idea binaria de unos y otros. Al contrario, han de aspirar a no crear rechazos, aunque para ello haya que prescindir de la carga sentimental del trasnochado nacionalismo y potenciar su fuerza racional.

Ni más, ni menos.

Y parió un ratón

Los cambios introducidos por Mariano Rajoy en el PP han decepcionado en cuanto a la magnitud de los mismos. A la espera de saber los que llevará a cabo en el Gobierno, los hechos en el partido no han estado a la altura de las expectativas.

Éstos se resumen en una frase: Rajoy está convencido que los problemas se atemperarán con más control del partido por parte de él mismo. Es decir, que no le vale lo que puedan hacer otros digentes del partido conservador. 

La solución pasa así por poner en el puesto clave de la maquinaria del PP de cara a las elecciones generales a su hombre de confianza, a Jorge Moragas, su jefe de gabinete en Moncloa.

Así que el PP va a acudir a las elecciones presentando un pérfil aún mayor de "marianismo". El éxito o el fracaso en los comicios tendrá, pues, un único responsable. 

La lista de Mas

Artur Mas ha dado por finiquitada la coalición Convergència i Unió y ya solo contempla acudir a las elecciones catalanas con una lista de fieles a su persona. Desconocemos aún el nombre que tendrá la candidatura, pero seguro que será algo rimbombante que la identifique con Cataluña. 

Con ella, lo que pretenderá Artur Mas es ganar en votos a Esquerra Republicana de Catalunya y con ello garantizarse seguir en el poder. Una candidatura sin díscolos para mayor gloria del president.

El adiós de Aguirre

Esperanza Aguirre tira por fin la toalla y se resigna a desaparecer de la primera línea de la política. Le ha costado, pero lo ha terminado haciendo. De hecho no tenía otra opción después del fracaso en las elecciones. Unos comicios en los que pese a ser la más votada para la alcaldía madrileña se quedó muy lejos de la habitual mayoría absoluta de sus antecesores del PP en el asiento de regidor.

En ello influyó la impopular política llevada a cabo por Mariano Rajoy desde la Moncloa, pero también su desastrosa campaña electoral, por lo que el descenso de votos no solo es imputable al desgaste gubernamental, sino a la propia Esperanza Aguirre. Y la prueba está en que Cristina Cifuentes sacó más votos en las elecciones autonómicas en la ciudad de Madrid que la aspirante a alcaldesa.

Las urnas, en definitiva, le han marcado el camino a Aguirre. Será beneficioso para toda la sociedad. Incluso para un PP, que ahora podrá pasar página.

A lo más una chinita en el zapato de Mas

El ultimátum de Convergència Domocràtica a Unió Democràtica para que en tres días asuma en su integridad el plan independentista de Artur Mas refleja el sinsentido de la estrategia mantenida en los últimos años por Josep Antoni Duran i Lleida, pero al menos puede tener un efecto clarificador.

Porque mantener a Uniò a remolque del soberanismo solo ha servido para dividir en dos mitades a un partido casi centenario que a lo largo de su dilatada historia había propugnado una visión confederal de España con una Cataluña dentro de ella. Al menos hasta hace tres años, cuando el vendaval soberanista, alentado por unos evidentes intereses, empezó a soplar y se llevó por delante la política timorata de Duran, quien incapaz de responder con una estrategia defensora de sus postulados optó por la postura más cómoda de dejarse llevar, confiando en que a fin de cuentas lo de Mas no pasaría de ser el enésimo pulso de una oligarquía contra el Estado. Nunca la amagada independencia.

El resultado es una Unió capitidisminuida, que poco puede hacer ya para frenar los planes del presidente de la Generalitat. A lo más una chinita en el zapato de Mas. Pero por eso mismo, es clarificador ante unas elecciones en las que una minoría se empeña en obligar a la mayoría a decidir sobre lo que quiere la primera, adobada además con todos los terciopelos necesarios para hacer atractiva la ingesta de aceite de ricino que conllevaría.

Hechos, no opinión

La investigación judicial sobre el otrora poderoso líder minero de SOMA-UGT, José Angel Fernández Villa, revela que la fortuna de 1,4 millones de euros de la que dispone no procede de una herencia como había alegado el que también fuera senador. El origen de ese dinero está en la sobrevaloración de una residencia geriátrica para exmineros de la tercera edad.

Fernández Villa mantuvo durante tres décadas un papel preponderante en el Montepío de la Minería Asturiana, entidad a la que pertenecía el lujoso asilo de Felechosa ahora investigado. En la presidencia de esa entidad, el líder minero colocó a su amigo y veterano sindicalista José Antonio Postigo. Éste a su vez colocó en el geriátrico al hijo de Villa, Rolando Fernández, con un sueldo de 50.000 euros anuales; así como a su propia hija.

Las obras para construir el asilo estaban infladas, según ha concluido la investigación llevada a cabo. Y de esa sobrevaloración vendría la fortuna personal de Fernández Villa, quien logró en unas jornadas mineras en Rodiezmo arrancar del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, la promesa de subvencionar la construcción del asilo con el dinero de todos los ciudadanos.

No hay nada más que añadir.

Duquesa de Palma

La más que razonable decisión del rey Felipe de retirar el ducado de Palma de Mallorca a su hermnana e Iñaki Urdangarín se ha visto empañada por la carta enviada por Cristina con la que la infanta argumenta que fue ella quien lo pidió. Más allá de que el episodio evidencia unas patentes tensiones familiares, lo relevante es el hecho de que las actuaciones del matrimonio no eran adecuadas al disfrute honorífico de tal distinción. No obstante, la medida se queda corta. Tan solo la renuncia de Cristina a su posición en el orden sucesorio despejaría las dudas existentes y aclararía el porvenir de la institución monárquica.

Valls reconoce su error

Manuel Valls, primer ministro francés, ha reconocido su error y pedido disculpas por viajar a Berlín a ver la final de la Copa de Europa con sus dos hijos a cargo del erario público. Valls, nacido en Barcelona y seguidor del actual campeón de la Champions, ha necesitado tan solo cuatro días para admitir que viajar en un avión de la fuerza aérea francesa no era lo procedente en un caso de satisfacción personal, no de atención profesional. Le honra.

Democracia para la Comunidad Valenciana

La cabezonería de Mònica Oltra, quien insiste en reclamar para ella la Presidencia de la Generalitat valenciana, ha puesto en peligro la constitución de un gobierno de izquierdas en aquella comunidad autónoma. El candidato socialista Ximo Puig puede ver así frustrado su anhelo de suceder a Alberto Fabra en el palacio de la plaza de Manises.

Los resultados electorales del 24-M dieron al PP 31 escaños en el parlamento regional, 23 al PSOE y 19 a Compromís. Esta última formación liderada por Oltra reúne a izquierdistas y nacionalistas valencianos.

Es decir, en buena lógica democrática tendría que ser Fabra quien intentará primero lograr una mayoría de escaños para lograr la investidura, algo difícilmente posible si tenemos en cuenta que otros 13 parlamentarios son de Podemos. Una vez constatado ésto, sería el turno de Puig, quien puede proponer a Compromís su apoyo a un gobierno presidido por él mismo. Menos legitimidad tiene Mònica Oltra para plantear algo inverso, porque en democracia es básico el número de votos, algo que parece no entender la dirigente de la coalición de izquierdas y nacionalistas, y que se puede resumir en una palabra: democracia.

Turquía, más democrática

Turquía, ese país con 77 millones de habitantes, fronterizo con la Unión Europea, que a nuestra opinión pública no interesa nada, ha celebrado unas elecciones generales que han supuesto un duro revés para Recep Tayip Erdogan, su líder político desde hace trece años. De momento, su sueño de convertir el país en un sultanato islamista tendrán que esperar. Las urnas le han dado la mayoría, pero insuficiente para cambiar la Constitución y transformar a Turquía en una república presidencialista, un instrumento de poder que se adaptaba mejor a sus ansias por acabar con un Estado formalmente laico.

El sultán Erdogan llegó al poder en la pasada década, encabezando una formación islamista, moderada si la comparamos con otras, que hizo de la lucha contra la corrupción uno de sus pilares políticos. El viejo partido republicano y laico, fundado por Ataturk, estaba infectado de aquel mal tras décadas y décadas en el poder, que alternaba con los militares golpistas, desde que en 1923 se fundó la Turquía moderna.

Sin embargo, los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo se han visto ya inmersos en diversos casos de corrupción, lo que ha erosionado a su vez la base electoral islamista. Pero quienes realmente han impedido los sueños del sultán han sido las minorías kurdas, armenias u alevíes, que en vez de optar por las armas o por el pesimismo abstencionista, han ido a votar para hacer valer su peso en el Estado turco. Para ello, sus dirigentes han renunciado a plantear sus maximalismos étnicos o religiosos, confiando en que la democracia les otorgaría más poder. Así ha sido, para bien de todos. Incluso para los más acérrimos seguidores del sultán.

Vacunas

La noticia del niño de seis años que se debate entre la vida y la muerte por no haber sido vacunado contra la difteria debería mover a un amplio debate en el que se recuperase el concepto de salud pública en toda su extensión. Algo en lo que incidiría la izquierda de este país si no fuera presa de varios complejos, entre ellos del denominado derecho a decidir.

Me explico. No es admisible que un ser humano y menos de una sociedad del primer mundo esté a punto de morir porque no se le ha vacunado de una enfermedad que estaba erradicada en España. Ni que su caso haya puesto en peligro a otros muchos. La salud pública está por encima de todo ello. No vale que unos padres estén en contra de las vacunas. No se trata de que tengan el derecho de decidir sobre sus hijos. No. Esta es una cuestión científica en la que no caben consideraciones de cuanto apoyo tienen los movimientos anti-vacunas. Ni si se decide por mayorías que vacunas se ponen.

No se trata de votar nada, sino de actuar científicamente y preservar a nuestros congéneres de enfermedades que pueden ser terriblemente mortales. El Estado debe actuar aquí sin contemplaciones en aras de la salud pública.

El fin de IU

Izquierda Unida atisba su fin. Y no se puede decir que ese hecho haya podido coger desprevenida a la formación y mucho menos a sus dirigentes. Gran parte de sus decisiones de los últimos años, muchas de ellas refrendadas con referendos internos, han llevado a la liquidación de unas siglas que cuando surgieron supusieron una bocanada de aire fresco, superador del viejo PCE de la transición democrática que llegó agotado tras una encomiable labor.

Sin duda que la política es injusta, pero también es inexorable. Al final las ansias de renovación y de reforma del bipartidismo tendrán como primera víctima -o segunda si contamos a UPyD- a quien más hizo por romper ese modelo. Si no comparten tal aserto, acuérdense de la famosa pinza contra el PSOE que al final solo benefició al PP de José María Aznar.

Sin duda que IU ha cometido muchos errores estratégicos, el último permitir gobernar a Monago en Extremadura, que ha llevado a su desaparición en el parlamento regional. Pero, entre todos ellos cabe distinguir dos, que resumen todos los casos concretos: condicionar su izquierdismo al no reprimido deseo de machacar al PSOE y no disponer de un discurso coherente en materia territorial en todo el Estado. La soberanía de las federaciones territoriales, reconocida en sus estatutos, ha posibilitado discursos contrapuestos, difícilmente entendibles entre el electorado, y sobre todo ha facilitado que Podemos la dividiese desde dentro como un caballo de Troya. Sí, porque Pablo Iglesias, que en líneas generales mantiene atado en corto a sus barones regionales, no sabemos si asaltará los cielos, pero de momento lo ha hecho con IU.

La parte contratante

La preguna que formulará Unió Democràtica de Catalunya a sus militantes sobre el proceso separatista no puede ser más farragosa. Me recuerda la escena de los hermanos Marx sobre la parte contratante.

Reúne todos los principios atractivos, como los de democracia y seguridad jurídica. Solo falta preguntarles si quieren ser más guapos. Por el camino demagógico que llevamos no tardaremos en asistir a ello. 

Navarra

EH Bildu ha anunciado que dispone de mayoría suficiente para ocupar la alcaldía de Pamplona, después de garantizarse el apoyo de Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra, así como de la candidatura en la que acudió a los comicios Podemos y de la coalición donde se integra IU. Con ello, la izquierda abertzale está a punto de hacer realidad el viejo sueño de gobernar la ciudad a la que su mitología atribuye la capitalidad de Euskal Herria.

A su vez, Geroa Bai puede lograr desbancar a UPN -los herederos del foralismo tradicionalista- y alcanzar el poder en la Diputación de Navarra, en el gobierno de la Comunidad Autónoma. Su candidata Uxue Barkos diluyó tensiones durante la campaña y restó rechazos a la candidatura del PNV asegurando que no pondría en marcha el mecanismo constitucional para unir Navarra al País Vasco, al menos en esta próxima legislatura.

No obstante, el ascenso nacionalista en el Viejo Reino, en detrimento de un UPN lastrado por las acusaciones de corrupción y de un Partido Socialista aún más desorientado que en otras regiones, puede tentar al PNV a forzar la máquina y poner en práctica la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. El partido fundado por Sabino Arana sabe que no necesita del aval del Gobierno para que se convocase un referéndum en Navarra, a diferencia de lo que exige la legalidad en el resto de España, incluida la Comunidad Autónoma Vasca. Y que ese plebiscito se convertiría en seguida en una aplicación inmediata del derecho de autodeterminación; limitado eso sí a Navarra, pero que tendría una repercusión indudable en Euskadi.

Diferencias

Entre las dos futuras alcaldesas de Madrid y Barcelona, elegidas en candidaturas conformadas por diversas formaciones, entre ellas Podemos, existen diferencias de calado. La principal queda nítidamente clara en la entrevista que El País publica hoy con Ada Colau. La que previsiblemente será nueva regidora de Barcelona sostiene algo que a la juez Manuela Carmena no se le pasaría por la cabeza: si una ley es injusta, se desobedece.

Ese planteamiento deshace de un plumazo el Estado de Derecho. Lo razonable es que si alguien considera injusta una ley promueva su modificación mediante los instrumentos democráticos existentes, pero mientras se encuentre en vigor hay que obedecerla, porque ha sido promulgada precisamente porque así lo han querido la mayoría de los ciudadanos a través de sus representantes libremente elegidos.

Digámoslo claramente: no respetar una ley, pretendidamente injusta, en un Estado de Derecho no es democrático. Y eso debería saberlo Ada Colau. Veamos ahora la literalidad de lo dicho por la alcaldesa electa: "Si hay que desobedecer leyes que nos parecen injustas, se desobedecerán". Un mínimo análisis de estas palabras nos llevarían a preguntarnos: ¿Quién decide que es injusta una determinada ley? ¿Qué cuerpo electoral sanciona tal parecer? ¿Serían Ada Colau y el resto de concejales de Barcelona? ¿O lo vecinos de esa ciudad? ¿O incluiremos a toda la Barcelona metropolitana? ¿O a Cataluña? ¿O a España?¿Mediante que instrumentos democráticos?

Un largo etcétera de cuestiones se pueden añadir sembrando el caos y la confusión, cuando los Estados de Derecho tienen perfectamente articulados los procedimientos para cambiar las leyes que puedan parecer injustas a algunos ciudadanos. Pero, mientras eso ocurre las normas mantienen su plena vigencia.

Porque la democracia es inseparable del Estado de Derecho. Y eso debe regir para todos, incluso para aquellos que como Ada Colau se declaran no independentistas pero votaron a favor de la independencia en la particular consulta que organizó el Gobierno de Artur Mas.