Sabios o políticos

Las diferencias entre una sociedad dirigida por políticos y otra en la que se tenga en cuenta la sabiduría son relevantes. Y si ustedes tienen dudas, les expongo el último caso conocido.

El Ayuntamiento de Madrid pretende erigir un monumento en el cementerio de La Almudena a las víctimas del franquismo, mientras que la comisión de expertos de la Memoria histórica, creada por el propio consistorio, pide que tal túmulo incluya también a los fusilados por la República. 

La iniciativa de la primera opción corre a cargo del concejal Mauricio Valiente, mientras que la segunda es avalada por sabios tan prestigiosos como José Álvarez Junco y Octavio Ruiz Manjón. 

La decisión nos mostrará en que tipo de sociedad vivimos.

Aplicar la democracia

El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por una coalición en la que participa Podemos, ha bloqueado una iniciativa popular, articulada a través de los foros digitales creados por el propio consistorio para incentivar la participación ciudadana, que pretendía revertir el carril bici de Santa Engracia. Es decir, el equipo directivo de Manuela Carmena ha paralizado una iniciativa de democracia directa, porque va en contra de sus intereses y propuestas ideológicas, en concreto aquella que pretende reconvertir Madrid en una ciudad sin coches.

No entro en el fondo de la cuestión y, por si no me conocen, soy ciclista. Pero, no creo que eso sea lo sustancial. Lo importante es que Podemos y sus satélites frustra una iniciativa popular porque no comulga con ella.

Tal vez este hecho sirva para que aquellos contestatarios del 15-M aprendan que la democracia no es tan sencilla como ellos barruntaron. No. Es esencial en democracia acertar con el sujeto político soberano de las decisiones. ¿Deben ser los vecinos de Santa Engracia quienes decidan ello? ¿O todos los residentes de Madrid? ¿O los de la Comunidad Autónoma? ¿O los españoles? ¿O….?  

¿Quién debe decidir? ¿Quién es el pueblo soberano?

Les suena. Pues, eso. Definir al pueblo soberano está siempre sujeto a manipulación.  No. No es tan sencillo, aplicar la democracia. Esperemos, al menos, que, constatando la realidad, Podemos madure.  

Monarquía y comunismo

China se encamina a un régimen monárquico, con el poder concentrado en la persona de Xi Jinping, quien rebasará la tácita limitación de dos mandatos quinquenales al frente del país y disfrutará incluso del honor de ver reflejado su nombre en la constitución como un aporte ideológico que hasta ahora estaba reservado para Mao, el fundador del régimen comunista.

No deja de ser curiosa la simbiosis entre comunismo y monarquía, pese a que es un tema tabú y, al menos hasta ahora, no ha sido objeto de estudio. Parecería impropio del marxismo, considerado como el más excelso desarrollo de la Ilustración, caer en fórmulas monárquicas. Pero a las pruebas me remito: Stalin, Ceaucescu, el propio Mao, entre otros.

Incluso, monarquías que se perpetúan entre los consanguíneos del líder. Aquí tenemos el ejemplo de los Castro. O entre descendientes, como atestiguan tres generaciones en el poder en Corea del Norte.

Liderazgos

Uno de los fenómenos más llamativos de la campaña electoral italiana es la transmutación de una de las formaciones populistas -una más de las que padece aquel bello país- que concurren a los próximos comicios Hablo de la Liga, que ha pasado de ser la supremacista y nacionalista Liga Norte, a la Liga a secas. Tal giro ha sido debido a su actual dirigente, Matteo Salvini, que ha reconvertido a una formación que pretendía hacer independiente a la Padania, la Italia del norte regada por el río Po, argumentando tal pretensión en una superioridad de sus habitantes con respecto al resto de italianos, aderezada con el sonsonete de Roma nos roba,  en un partido que pretende implantarse por toda Italia y cuyo ideario se basa en la xenofobia y en la desconfianza hacia el futuro europeo, así como en la defensa de una descentralización regionalista del Estado italiano.

Los analistas políticos andan ocupados en explicar racionalmente tal mutación, intentando explicarla por las concomitancias racistas existentes en ambos mensajes, el del pasado y el del presente. Antes, contra los sureños, a los que tildaban de vagos y maleantes, y ahora contra los inmigrantes que la inestabilidad del norte africano y de oriente próximo empujan hacia Europa. 

Esa sería, pues, la explicación: Salvini ha reconvertido al enemigo. Ahora es el extranjero que llega a Italia. Y lo ha hecho con tal pericia que, según los sondeos, no ha perdido el apoyo de sus bases en la Padania, que han dejado, como por ensalmo, de considerar al sureño italiano como el origen de sus males y  proyectar todo su odio contra el emigrante extranjero.

No dudo que el populismo es capaz de tamaño artificio, pero no deja de ser llamativo que los nacionalistas padanos se hayan convertido ahora en unos patriotas italianos, que solo comparten la xenofobia de su pasado. ¿No influirá en ello el caudillismo de su líder, de Matteo Salvini?  De ser así, de confirmarse tal hipótesis, estaríamos ante un nuevo ejemplo de la pésima condición humana, necesitada de fuertes liderazgos, que encaucen sus aprensiones y temores. Salvini habría logrado así presentarse como un dirigente capaz de suscitar entre sus seguidores esa condición de caudillaje, capaz de transmutar las ideologías, lo que, insisto, dice muy poco del ser humano.

Tampoco pensemos que se trata de un defecto de los italianos, recurriendo a su pasado y recordando a  personajes históricos como el Duce. No. Es un mal extendido por toda la humanidad, también el pensar que siempre es el de fuera el que ocasiona el mal. Lo hemos visto estos días en Bilbao, culpando exclusivamente de los graves incidentes que han ocasionado la muerte de un ertzaina a los ultras del Spartak de Moscú, sin darnos cuenta que tan descerebrados son los seguidores de Herri Norte, sin olvidar su parafernalia proetarra. 

Un último ejemplo de bandazos en la opinión pública lo muestra el cambio significativo de apoyo a la independencia de Cataluña, observado en el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat.  Del 48,7% de octubre pasado hemos pasado ahora al 40,8%, casi ocho puntos menos, de respaldo a la opción separatista, mientras que los que defienden una Cataluña dentro de España han subido del 43,6 al 53,9%, más de diez puntos.

Evidentemente, tales cifras implican que había independentistas que ahora ya no lo son. Sin duda, que tan relevante cambio se deberá en gran medida a ciudadanos que, tras la grave crisis vivida, con miles de empresas sacando su sede social de Cataluña, han recapacitado y, tras un análisis racional, han optado por olvidarse de ensoñaciones emocionales, que solo llevaban a la pobreza. Pero también los habrá que se hayan dejado llevar por otros estímulos, entre los que cabe plantear aquellos derivados de la influencia de los liderazgos. Y aquí, no está de más relacionar esa relevante variación con la exhibición de músculo que ha hecho en los últimos meses el nacionalismo español, del que Ciudadanos ha sabido sacar excelentes réditos.

Un nuevo ejemplo de judicializar la política

La decisión del Tribunal Constitucional de anular parte de la ley educativa promovida por el exministro José Ignacio Wert es una muestra más de la vitalidad del Estado de derecho español, eso que no entiende tanto totalitario contrario a la división de poderes. Sin embargo, en esta ocasión la decisión del tribunal ha sido saludada con alborozo por esos mismos que de imponer sus sueños, convertirían la vida de los demás en una distopía.

El Constitucional considera contrario a la carta magna que el gobierno pueda pasar la factura a la Generalitat de los gastos derivados de matricular a estudiantes en colegios privados, cuyos padres opten por el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Y el tribunal lo ha estimado, además, en un momento en que desde el ejecutivo se ha amagado con forzar la inclusión del castellano en la enseñanza de Cataluña. Es decir, ha judicializado la política, algo reiteradamente criticado no solo por aquellos, sino también  por todos los que, respetando el Estado de derecho, se sienten seducidos por los cantos de sirena de la omnipotencia de la voluntad popular sobre la ley.

Sin embargo, los demócratas que creemos que la ley puede ser transformada, pero nunca incumplida, aplaudimos este nuevo ejemplo de judicializar la política, que pese al mantra despectivo reiterado por todos aquellos Ulises, es una saludable práctica de las sociedades más inteligentes.

El debate lingüístico

El debate identitario en Cataluña y por extensión en España ha llegado al punto esencial: la lengua. 

Cataluña dispone de una singularidad, que no es otra que su lengua, el catalán. Junto a otros aspectos diferenciales, como el derecho civil catalán, que entre sus más destacadas particularidades se encuentra un sistema de reparto de las herencias concentrado en un único heredero, el hereu, a diferencia del castellano donde la legítima reparte entre todos los hijos, es sin duda la lengua el aspecto más revelador de la particularidad catalana. Así, es visto en toda España y especialmente en la propia Cataluña. De ahí, la cohesionada defensa del catalán, ofrecida por casi todas las fuerzas políticas de la comunidad autónoma, como lengua vehicular en la enseñanza. Se trata, pues de un referente en la protección de dicha singularidad y así ha quedado demostrado una vez más cuando el gobierno, amparándose en el artículo 155 de la Constitución, ha amagado con introducir el castellano como lengua vehicular para los catalanes que así lo quieran.

Antes de nada, conviene precisar que en España, Cataluña no es una excepción. Singularidad lingüística y derecho civil propio también lo tiene Galicia, donde la diversidad identitaria no genera apenas conflictos. Asimismo, es el caso de Baleares. También, 

en el País Vasco y Navarra, pero en estas dos comunidades autónomas, el sistema judicial propio se completa con un potente ordenamiento político-institucional, los famosos fueros, hasta el punto que es precisamente la foralidad, más que la lengua, la singularidad vasca más relevante.  En la Comunidad Valenciana, perdido su derecho foral, la particularidad reside solo en su lengua, compartida con un castellano, que no crea problemas, a diferencia de su vecino del norte. Por último, en otras comunidades no hay una lengua diferente, pero sí un derecho civil propio, como Aragón. Todo ello, muestra la diversidad existente en España, amparada por tradiciones históricas, que han confluido en los dos últimos siglos, época en la que se ha construido el Estado-nación español. El problema, pues, no debe residir en estas diferencias, sino en convertir tales singularidades en el instrumento de una construcción nacional, basándose en la existencia de un pueblo diferenciado con atributos que le hacen acreedor de un futuro independiente.

La unívoca reacción de todas las formaciones políticas catalanas, salvo Ciudadanos, defendiendo el sistema educativo de su comunidad autónoma, basado en que solo hay una lengua vehicular, es significativa. Argumentan que así se evita la segregación, ya que ampliando el número de lenguas vehiculares, habría dos clases de estudiantes, aquellos que estudian en colegios que enseñan en catalán y los que acudirían a escuelas para aprender en castellano. Se trata de una reflexión que no conviene desechar, máxime en una región donde existen dos grupos diferenciados por sus orígenes: inmigrantes de baja renta y autóctonos de superior posición económica. Eso explica, la férrea defensa del PSC del modelo actual.

Pero, los favorables a que el castellano también pueda ser una lengua vehicular en la educación en Cataluña disponen también de una argumentación poderosa, que se podría sintetizar en lo siguiente: ¿qué sociedad amante de las libertades va a impedir que los padres puedan elegir la lengua en la que se educa a sus hijos? Negarse a ello, alegan con mucho sentido, sería propio de tiranías o de proyectos totalizadores que priorizan el concepto de pueblo, sobre el de ciudadanos.

Porque, es este aspecto, el de la lengua y la educación, en el que las dos construcciones nacionales rivales: la española y la catalana, se juegan mucho. Durante las pasadas tres décadas y media, los gobiernos del Estado español no han objetado nada al hecho del modelo educativo imperante. Tan solo ha sido el poder judicial, quien ha planteado leves modificaciones, cuya implementación ha sido de difícil concreción por la resistencia de las estructuras autonómicas catalanas. El pujolismo, considerado como uno de los hitos más relevantes de la construcción nacional catalana, conformó conscientemente tal sistema educativo, en aras de construir la nación catalana, sin pestañear ante el hecho de que en la práctica suponía imponer a centenares de miles de niños aprender en una lengua que no era la suya materna.  Los gobiernos de España, en muchas ocasiones sostenidos en el poder por el nacionalismo catalán, miraron para otro lado ante esa tropelía. 

Ahora, cuando el nacionalismo catalán ha pretendido dar la puntilla al Estado español, los efectos de tal conflicto se revelan en toda su amplitud. 

La lengua vehicular

El anuncio del gobierno de permitir que los padres catalanes puedan elegir la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos, abriendo tal posibilidad al castellano, es hoy por hoy una mera estratagema para presionar a un independentismo desnortado que acusa el callejón sin salida en el que se ha metido. Otra cosa es que en un régimen de libertades, tal iniciativa no debería extrañar, incluso a los más reacios a ello. 

Existe un precedente de ello: el sistema educativo vigente en el País Vasco, donde las familias pueden escolarizar a sus hijos estudiantes en castellano. Se trata del modelo A, diferenciado del D, donde la lengua vehicular es el euskara y del B, donde se ofrece una posibilidad intermedia. El resultado de tal aplicación en Euskadi, es que la inmensa mayoría de personas prefieren el vasco como lengua vehicular, siendo una minoría los que optan por los otros dos modelos. Pero, una cosa es dejar elegir y otra imponer. Sin duda, que lo primero es más apropiado para una sociedad que se dice amante de las libertades.

Un consuelo que nubla la razón

La alcaldesa de Barcelona organizará un acto de homenaje a los familiares de los presos y fugados independentistas, pese a que su situación se debe a la aplicación del Estado de derecho, en el caso de los primeros, o al intento de eludirlo, en el segundo. La noticia podrá gustar más o menos, pero no debiera sorprender a nadie. La socia política de Pablo Iglesias y la formación que la sustenta se han significado a los largo de estos años por apoyar el proceso soberanista, especialmente cuando este se encontraba en horas bajas, como parece ser el momento actual.

Por tanto, no merece más comentario lo hecho por Ada Colau, salvo por un detalle del comunicado del Ayuntamiento de Barcelona dando cuenta del recibimiento preparado. Textualmente, el consistorio municipal señala que “se compromete a recibirlos y a ponerse a su disposición para facilitarles el apoyo emocional y psicológico que necesitan”.

Uno de los valores más excelsos de la izquierda política ha sido la solidaridad, que ofrece multitud de ejemplos en los dos siglos de la contemporaneidad transcurridos cada cual más noble. Pero, ya no se trata de ello, sino de consuelo, entrando de lleno en el terreno de los sentimientos, incorporando condicionantes emocionales al análisis. Esta característica parece ser consustancial a una nueva izquierda que además tiene a gala despreciar la hasta ahora existente. Esa es la novedosa guía que condiciona toda actuación. 

Un consuelo que, no lo duden, nubla la razón. 

Embalados

Dicen que el ser humano es incapaz de aprender y deben tener razón. 

Después de la terrible crisis vivida de 2008 a 2010, que supuso la explosión de la burbuja inmobiliaria, ya estamos otra vez embalados construyendo casas.  El número de ventas supone la mitad de lo alcanzado antes de que todo se fuera al garete.

Hemos salido de una brutal crisis, pero no hemos sabido crear otro sistema productivo que no esté tan ligado al ladrillo. No, no aprendemos.

Memoria e Historia

Defínese el oxímoron como la combinación de dos palabras con significado opuesto. Anoche, el célebre historiador estadounidense Stanley Payne estuvo en Madrid e impartió una conferencia en el Club Financiero Génova, en la que abundó en su conocida tesis de que la memoria histórica es, precisamente, uno de los ejemplos más representativas de dicha contradicción.

La memoria histórica como instrumento historiográfico, como análisis de nuestro pasado, ha gozado en las últimas décadas de un inusitado beneplácito por parte del mundo académico. Ello ha sido debido a la primacía que se ha dado a las fuentes orales y a la defensa, encomiable en cualquier caso, de los sectores sociales más desfavorecidos, tradicionalmente más iletrados, que al no consignar por escrito sus cuitas, han visto como su pasado quedaba enmudecido.

Especialmente, la memoria histórica ha sido utilizada para desentrañar en nuestro país la época  republicana, la trágica Guerra Civil y la consiguiente represión franquista, permitiendo llevar a primer término los planteamientos de los perdedores. Todos aquellos jalones han sido también estudiados por Payne, desde que llegó a España a finales de la década de los cincuenta como un joven estudiante de doctorado para realizar su tesis sobre la Falange a la que equiparó con los fascismos de entreguerras, no pudiendo ser difundida en aquella España sórdida, porque el franquismo la censuró, teniendo que ser publicada en París en 1965 por Ruedo Ibérico. 

La memoria, no solo la de los reprimidos, carece de la objetividad necesaria, por lo que no puede convertirse, en el marco de las ciencias sociales, en el único relato de una determinada época, al igual que sería caer en el mismo error, haciendo de las de los vencedores otro dogma. El historiador ha de saber acudir a todas esas fuentes, incluyendo por supuesto a las orales, para alcanzar unas conclusiones racionales, lo suficientemente explicativas de un determinado período. También de los más trágicos e injustos de nuestro pasado. 

Mi experiencia, como investigador de la Transición Democrática, redunda en ello. He necesitado relativizar mis recuerdos de aquella época para poder escribir como historiador. Un saludable ejercicio, que incide en disputar al yo subjetivo la desmedida relevancia adquirida en la Edad Contemporánea.

De eso y de otras cuestiones, habló ayer Payne, un hispanista de 83 años que no fue grato al franquismo, pero tampoco a otras maniqueas versiones políticas más actuales. 

Aprender, porque nunca es tarde

Alemania nos ha vuelto a dar una lección sobre como se gobierna en una democracia. Democristianos y socialdemócratas, derecha e izquierda, han acordado de nuevo formar una gran coalición gubernamental.

Ambos partidos han sacrificado sus intereses particulares en aras del bien común. Especialmente el SPD, que la pasada legislatura sufrió un fuerte desgaste por haber entrado en el gobierno. Ahora, desde los ministerios de Finanzas y de Trabajo podrá hacer la política social que lleva en su ADN y recuperar a sus electores perdidos.

En España, durante los cuarenta años de democracia recuperada que llevamos, nunca han formado un gobierno conjunto el PP y el PSOE, otorgando a las pequeñas formaciones un peso extraordinario en relación con sus escasos votos. Ello ha supuesto en demasiadas ocasiones, excesivas concesiones.

No está de más aprender, porque nunca es tarde.

La sombra de Cataluña es alargada

La encuesta última del CIS confirma que los bloques derecha e izquierda están sufriendo unos reajustes internos, pero también que el primero logra avanzar sobre el segundo. Si en las elecciones del 26 de junio, el PP y Ciudadanos fueron votados por el 46% de los que acudieron a las urnas, ahora logran un punto más, mientras que cerca de dos baja la suma del PSOE y Podemos.

Ese dato consolida la percepción de la existencia desde tiempo atrás de una crisis de la izquierda, que afecta  a todo el primer mundo, pero que, además, en el caso español experimentó un combate cainita entre la formación hegemónica tradicional, desde la recuperación de la democracia, hace cuarenta años, y otra emergente nacida de la protesta del 15-M. Tal duelo parece decantarse claramente a favor del PSOE, que gana casi medio punto con respecto a los últimos comicios, mientras que Podemos pierde más de dos.

En la derecha, las tornas han cambiado. Es la emergente Ciudadanos la que gana más de siete puntos con respecto al 26-J, los que casi pierde el PP.  Diversas causas explican tal relevante mutación, que algunos traducen ya viendo un nuevo inquilino de la Moncloa. Entre ellas la corrupción, pero sin duda que también la política territorial. 

La formación de Albert Rivera no oculta ya su pretensión de centralizar España, después del fiasco de Cataluña, donde se ha convertido en la única fuerza unionista con peso. Indudablemente, el proceso independentista catalán ha traído una reacción identitaria española, que también se experimenta en Cataluña, de la que Ciudadanos ha sabido aprovecharse, frente a un PP y, sobre todo, un gobierno que entre dudas y errores ha dejado desamparados a una parte considerable de sus votantes. La sombra de Cataluña es, sin duda, alargada.

Soledad

Iniciativas como la desarrollada por padres franciscanos en la localidad gallega de Betanzos de ofrecer un antiguo convento como lugar de encuentro de personas que sufren de la soledad, merecen todos los elogios.

La sociedad actual, tan telemática, donde lo virtual ocupa ya un lugar relevante y donde las relaciones sociales se encauzan a través de redes informáticas, induce a un abandono de los antiguos instrumentos de sociabilidad, incidiendo en una mayor soledad, especialmente extendida entre los más mayores.

El que será considerado, en las próximas décadas, como uno de los males más extendidos de los humanos del primer mundo, merece una mayor atención del Estado social de nuestras democracias. El Reino Unido ya ha creado un organismo, con rango de Secretaría de Estado, para analizar y proponer soluciones.

No deberíamos quedarnos atrás.

Respuesta judicial

Mientras el juez Pablo Llanera ha vuelto a dejar en su sitio a Puigdemont, al rechazar las pretensiones de este de negociar su investidura con la Justicia, ERC parece avanzar en la resolución del callejón sin salida del proceso soberanista, aireando que solo votarán por el expresidente si eso no implica consecuencias penales.

Las mayores actuaciones decisivas en estos años de desafío soberanista han sido propiciada por el poder judicial, mediante las decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional, que han dejado en evidencia a un ejecutivo, que salvo por la aplicación del 155, ha mostrado demasiadas torpezas. Entre ellas, la respuesta al 1 de octubre.

Ello demuestra la importancia de la división de poderes y enseña el camino a seguir: respuesta judicial. Eso es lo que debe hacer un Estado de derecho.

Hipocresía

Los mensajes filtrados de Carles Puigdemont solo tienen a mi entender una relevancia, desprendido todo morbo sobre ellos. Y esta no es otra que aquella que alumbra la capacidad hipócrita de las elites políticas de este país, en el que incluyo a Cataluña, porque tampoco en este aspecto veo diferencia alguna con el resto de España.