Kosovo y Cataluña

Las declaraciones de Ramush Haradinaj, excomandante de la guerrilla albanesa y primer ministro de un Kosovo, cuya independencia fue declarada unilateralmente, asegurando que nunca reconocerían una secesión de Cataluña, acusan el impacto negativo para la construcción nacional de tal territorio que tiene el hecho de que haya estados de la Unión Europea, como España, que no lo reconozcan.

Se evidencia así la importancia que tiene en los procesos independentistas el apoyo de la comunidad internacional. Si los líderes independentistas catalanes fracasaron en ese empeño, Kosovo se ve lastrado por no disfrutar de un apoyo unánime, pese al empeño a favor de Estados Unidos, hoy por hoy la potencia hegemónica.

Por ello, era una oportunidad de oro para Kosovo que en la próxima cumbre de la Unión Europea fuese reconocido como otro Estado, apareciendo su primer ministro en la foto oficial junto a los mandatarios europeos, Rajoy entre ellos. España ha vetado tal posibilidad por temor a los paralelismos que se pudiesen establecer con Cataluña.

De nada ha servido que Haradinaj proclamase que “nunca reconoceríamos la independencia de Cataluña. Kosovo y Cataluña no tienen nada en común y establecer cualquier analogía es un sinsentido. Kosovo nació de la desintegración de la Federación Yugoslava, en un proceso sangriento de todos contra todos. No es el caso de España, donde se respetan los derechos civiles y políticos. No se puede comparar la represión bajo el régimen de Milosevic con el Estado de derecho español; hacerlo resulta incluso ofensivo. Y no se trata de obviar los parecidos, es que no existen”.

Palabras que no está de más airear ante tanta confusión existente, mucha de ella propagada interesadamente, que pretenden presentar a la España actual como un jalón más de su leyenda negra. No, no es el caso. Pero, el problema que presenta Kosovo para España es que aquella independencia, basada en un opresión manifiesta del régimen nacionalista serbio, fue adoptada unilateralmente, aprovechando el interés de Estados Unidos por reducir la influencia rusa en los Balcanes.

Ese fue el pecado original. el unilateralismo No el hecho de que existan razones poderosas para simpatizar con los albano-kosovares en su lucha, nacionalista, con los serbios-eslavos, ante la represión sufrida por los primeros a manos de los segundos en las fratricidas guerras que volvieron en la última década del siglo XX , una vez más, a ensangrentar los Balcanes. 

La solución pasa, pues, porque toda Europa, incluida España, presionen a Serbia para que llegue a un acuerdo con Kosovo, que o bien reconozca bilateralmente la independencia de facto existente o bien se busque un compromiso de cosoberanía, dentro de un marco resolutorio de la UE, que evite las injerencias norteamericanas y rusas. 

Para ello, será fundamental proseguir en el camino que lleve a todos los Balcanes a integrarse en Europa, volviendo a reencontrarse serbios albaneses, bosnios y croatas, cambiando la dirección que irracionalmente iniciaron en 1991 y que les llevó a la destrucción. Unidad frente al nacionalismo. Esa es siempre la única solución,.

Bajeza moral y execrable

Las circunstancias que rodean la ineludible dimisión de Cristina Cifuentes traslucen  un descorazonador paisaje: el de una bajeza moral y execrable difícilmente superable. A lo que estamos asistiendo, impávidos, es propio de la Chicago de los años treinta, con bandas de gánsteres dejando una siembra de cadáveres.

Ese el panorama que tenemos en Madrid, el de unas elites que no solo practican las puñaladas traperas, sino que recurren a todo tipo de vilezas para ajustarse las cuentas.  ¿Donde queda el ideal de unos gobernantes, cultos y comprometidos, que optan siempre por el bien público, en vez de por sus intereses egoístas?

La tremenda distancia entre lo que debería ser y lo que es, calibra la degeneración a la que hemos llegado. 

Hurto de unas cremas

Las imágenes de Cristina Cifuentes devolviendo unos productos cosméticos tras ser requerida por ello por un guarda de seguridad en un supermercado son lo suficientemente gráficas para que la presidenta de la Comunidad de Madrid abandone inmediatamente toda responsabilidad institucional y deje la política.

Ningún Estado de derecho puede permitirse que una persona con tan alto cometido político continúe en su puesto después de conocerse que hurtó en un establecimiento comercial.  No. No se trata de una opinión sustentada en una reacción puritana propia de las sociedades de cultura protestante. Incluso, en la nuestra, donde el catolicismo aún imperante tiene una capacidad de perdón superior a la culpa, se debe desconfiar de alguien que incurre en tal actitud. Nadie que haga eso puede dirigir un gobierno.

La laxitud moral de la que todavía es presidenta de la Comunidad de Madrid quedó en evidencia con el asunto del Máster, no importándole comprometer y hundir a toda una universidad. Ahora, con el hurto de unas cremas ha quedado confirmado que carece de los más elementales principios éticos.  

Condición humana

La represión del Régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua con tres decenas de muertos es un nuevo ejemplo de la pésima condición humana.

Daniel Ortega fue uno de los líderes revolucionarios y exponente de una generación muy ideologizada en prácticamente todo el planeta, que lucharon contra la dinastía de los Somoza, patrocinadora de una elite corrupta que se perpetuaba en el poder de Nicaragua. Una vez instalados al frente del país, los sandinistas triunfantes mantuvieron durante un tiempo la recién conquistada democracia, hasta que consideraron que lo primordial era perpetuarse en sus poltronas, derivando en un nuevo Régimen dictatorial.

Condición humana.

No aprendemos

Que ETA esté preparando un acto de defunción que atraiga la atención internacional, permitiéndole presentarse como una parte de un conflicto, con plena bilateralidad con respecto al Estado que combatió, era algo previsible. Desde sus inicios, hace casi sesenta años, asumió tal aspiración, arrogándose representar a todo un pueblo al que nunca preguntó por tal asunción.

Pero que desde los medios de comunicación se disponga a participar, sin ningún cuidado en el lenguaje, de tal propaganda, que amenaza con extenderse con toda fanfarria hasta el 4 de mayo, en vez de contextualizar que se trata de la mera derrota de un planteamiento ideológico que trajo la desolación a muchos vascos, no deja de ser frustrante. Desgraciadamente, no aprendemos del pasado.

Las llamas de Gernika

El comunicado con el que ETA precede a su fin es de nuevo una sarta de falsedades, algo usual en todos sus escritos desde que en 1959 se fundó.  Más allá de que siga intitulándose  como un movimiento de liberación nacional y que lleve el victimismo al paroxismo, calificando de “sufrimiento desmedido” el padecido, cuando tal sentimiento puede ser desgraciadamente compartido por casi todos los pueblos, llama la atención el tono lírico con el que finaliza su texto con el objetivo de “apagar definitivamente las llamas de Gernika”.

Una de las presunciones de todo nacionalismo es considerarse el ombligo del mundo.  Es más, es consustancial a ellos, no solo verse como lo mejor (supremacismo), sino también como los que más han sufrido a lo largo de la Historia. Sirva como ejemplo, el dolido pueblo judío, desde que hace tres milenios padeció las iras del faraón.

Al respecto, solo mencionar que el número de asesinatos cometidos por ETA en estos casi sesenta años (857) triplica, cuando menos, la cifra de víctimas mortales en el bombardeo de Guernica.  Lo cual no quiere decir que ninguna víctima no merezca el lamento. Ninguna de ellas debió producirse.  Tampoco, los sesenta millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, otra tragedia provocada por el nacionalismo. 

Engaño

Cuba tiene nuevo presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, pero el poder lo mantiene Raúl Castro desde la secretaría general del Partido Comunista, cargo que ostentará durante cuatro años más y que legalmente tiene primacía sobre el otro.

De tal manera que el régimen monárquico continúa en la isla. Así, desde 1959, cuando triunfó la Revolución. Primero, fue Fidel Castro y después su hermano Raúl, transmitiéndose el poder en una misma familia, como una auténtica dinastía.

El propio Díaz-Canel lo ha explicitado en su discurso de aceptación, al señalar taxativamente que Raúl continuará al frente de la vanguardia revolucionaria. Lenguaje marxista para una realidad antiquísima, aquella que concentra el poder en una sola persona: monarquía. 

Es curiosa la Humanidad. Siempre engañándose.

De nuevo, el mismo debate

Cada vez que los ríos se desbordan y hay inundaciones, hecho que no ocurre todos los años, pero que sí es reiterativo, resurge el debate de que hacer con los fondos de los ríos: si, limpiarlos, como dicen los agricultores que plantan en sus riberas, o dejarlos tal cual, como sostienen los proteccionistas.

Un debate cíclico que se repite cada cierto tiempo. Como ahora, y como será dentro de unos años cuando vuelva a ocurrir. Porque, es una constante del ser humano su dificultad para aprender.

Los 404 casos

Es sin duda un éxito de El País haber publicado el informe de la Guardia Civil sobre la violencia del proceso independentista. El instituto cuantifica en 404 los casos constatados. Se trata sin duda de la aportación periodística que todos estábamos esperando, porque es la clave para poder sustentar la acusación de rebelión a los dirigentes separatista.

Sin embargo, al menos lo publicado por el rotativo madrileño, es decepcionante para las tesis incriminatorias o salvífico para las exculpatorias. La duda que queda, que no es menor, es si los periodistas han resumido bien o no han destacado lo más relevante.

Así, por ejemplo, el hecho de que hubo 55 guardias civiles y 56 policías nacionales que resultaron lesionados durante la jornada del 1 de octubre, cuando el independentismo forzó el referéndum, es difícilmente conceptuable como algo más que la resistencia de una multitud para poder votar. A fin de cuentas, siempre se ha descontado que haya agentes antidisturbios lesionados, porque no se va a poder probar que hubo una intención previa por parte de los manifestantes para infligirles violencia, sino que es más fácil que los jueces constaten que esas lesiones sucedieron tras intentar impedirles votar.

Tan solo hay un caso, que puede escapar a ello y que fue una imagen de la jornada: la del agente que entra en un colegio y cae abatido al impactar contra él una silla metálica tirada por un independentista.  Si tal hecho, objetivamente calificable de violencia, no está recogido expresamente en el informe, se trataría de un error grave del informe de la Guardia Civil.  

Otro hecho objetivo, que tampoco aclara el artículo periodístico, fue otra de aquellas imágenes de aquel día: la huída de varios jeeps de la Guardia Civil de un pueblo, mientras que una multitud les arrojaba piedras.

Esas son realmente los dos puntos más serios para sostener la acusación de violencia, necesaria para constituir el delito de rebelión, en lo que respecta al 1 de octubre. Mayores pruebas existen con la concentración del 27 de septiembre en la Consejería de Economía, donde una multitud coaccionó a una delegación judicial que buscaba pruebas de la malversación de fondos de la Generalitat. También con el acoso a fiscales y jueces que se han dado a lo largo de todo el proceso, así como a políticos constitucionalistas, sobre todo a través de las redes sociales.

Sin duda, que lo publicado es escaso. La duda lo resolvería el acceso directo a la fuente: el informe de la Guardia Civil.

Ada Colau y el `facha´

La metedura de pata de Ada Colau sobre el almirante Cervera es una nueva muestra de la nula preparación de la líder de la marca catalana de Podemos. No sería grave en la medida en que ella es lo que es, porque así lo han decidido una serie de personas que forman parte de una formación política determinada. Si han escogido a una persona iletrada, esa su decisión.

Pero a la vez es muy significativa de la sociedad en la que vivimos, porque Colau es alcaldesa de Barcelona, probablemente la ciudad más relevante, por encima de Madrid, de las que existen en España o en el Estado español, como ella prefiere denominarlo. Ya no se trata, pues, de una cuestión relativa a una elección privada, sino que incide en las estructura institucional y en esa medida nos afecta a todos.

Que la regidora de la capital catalana desconozca el personaje histórico de Pascual Cervera y Topete es propio de sociedades que desdeñan la cultura, todo lo contrario a lo que puede representar Barcelona, cuna de innumerables iniciativas en ese ámbito, como evidencia un mero paseo por sus calles más relevantes.

La alcaldesa ha quitado, precisamente, el nombre de una calle a Cervera, tachando al almirante de “facha”. El marino, cuyo recuerdo se mantiene en diversos monumentos diseminados por España y Cuba, fue el militar que encabezó la desesperada salida de puerto de la armada española, siendo consciente de que iban a ser masacrados por la estadounidense en la Guerra de 1898, aquella en la que la nueva potencia reemplazó a una vieja en el dominio sobre la isla. Una acción, que solo puede ser criticada por ingenua o por fatalista, pero que mostró un prurito heroico, de desprecio de la propia vida.

Hasta Fidel Castro, fiel representante de una izquierda cultivada que parece agonizar, alabó su actitud por el gesto anti-imperialista que implicaba. Cervera, no obstante, no perdió la vida. Fue hecho prisionero, pudiendo regresar a España años después, donde fue discutida su estrategia militar, muriendo como senador en 1909.

Cuando falleció, el mundo no sabía, para su fortuna, lo que era el fascismo. No existía aún. Pero, sí conocía la Ilustración, el gran sueño de la Humanidad, que convertiría a todos en sabios, en cultos, lo que les llevaría a la felicidad. 

Sin duda, ese es el gran fracaso de la Humanidad: la ilustración, como evidencia el caso de Ada Colau.

Violencia: la clave

La intervención de la fiscalía de la Audiencia Nacional para descabezar a los Comités de Defensa de la República, la vanguardia de las masas del procés independentista, es lo razonable que debe hacer un Estado de derecho contra aquellos que quieren acabar con la legalidad democrática. También el hecho de que promueva reuniones con sus homólogos alemanes de cara a explicar los aspectos ilegales de la pretensión soberanista, a raíz de la detención de Carles Puigdemont en el país germánico.

Otra cosa es las imputaciones que se hagan a los implicados. En el caso del delito de rebelión, la justicia deberá decidir si es viable inculpar de él al expresident de la Generalitat por haber empleado la violencia, cuestión que ni el Tribunal de Schleswig-Holstein ha puesto en duda, limitándose a denegar su extradición porque considera que no fue en el grado suficiente como para derrotar al Estado español. Extremo, no exento de paradoja, en la medida en que si hubiera sido así y existiese una triunfante República catalana, España ya no podría hacer nada contra Puigdemont, quien cómodamente estaría instalado en la poltrona de la jefatura del nuevo Estado, pese a que su partido no fue el más votado en las últimas elecciones.

En el caso de terrorismo, delito que la fiscalía pretendió imputar a los cabecillas de los Comités de Defensa de la República,  parece excesivo, en la medida en que homologa su actuación con los cachorros de ETA que durante décadas mantuvieron el terror callejero en el País Vasco y Navarra.  Hay que tener en cuenta que la kale borroka fue especialmente opresiva en la medida en que detrás de aquellos radicales había una organización armada que asesinó a más de ochocientas personas. Extremo que, hoy por hoy, no ocurre en Cataluña, aunque el pasado reciente nos presente antecedentes y que el futuro esperemos no desmienta. Así, parece haberlo entendido la Audiencia Nacional, que de momento solo ha imputado a la primera detenida por desordenes públicos, delito que se tipifica como aquel en el que se incurre en actos de violencia o amenaza, alterando la paz pública. 

La clave conductora de todo ello es la violencia.  Y en esa medida, el Estado español, a través de sus instituciones, debería hacer un esfuerzo para convencer a propios y extraños que en el procés, que tuvo su momento álgido el 6 y 7 de septiembre con el golpe de Estado producido en el Parlamento catalán, hubo violencia, que es precisamente lo que niega el independentismo, porque tal aceptación invalida el relato pretendidamente democrático de su movimiento, caracterizado como la Revolución de la Sonrisa.  

Magnífico

La diputación Foral de Álava y la Provincial de Burgos han acordado una serie de servicios para los ciudadanos del enclave de Treviño, unas dos mil personas, que viven en un territorio que históricamente ha pertenecido a la provincia castellana, pero que está rodeado por la alavesa y muy cercano a Vitoria.

Ese hecho ha condicionado la vida de esos dos millares de personas, sometidos a un fuego cruzado ideológico entre el irredentismo nacionalista vasco y la pretensión conservadora castellana. Especialmente, cruenta en la segunda mitad del siglo pasado, cuando unos radicales exigieron como condición sine qua non la anexión. Me refiero, claro, está, a ETA, emponzoñando como nunca la situación. Hasta el punto de traducirse en una desatención de esos ciudadanos que se ha prolongado hasta ahora y alcanzó su punto más trágico hace tres años cuando una niña de esa corta edad murió de varicela sin la atención médica mínima exigible en el primer mundo.

Ahora, las instituciones han decido firmar la pipa de la paz y establecer mecanismos de coordinación con el loable objetivo de atender a esos vecinos. Olvidarse de los territorios y atender a los ciudadanos. Magnífico. Si seguimos así, algún día alcanzaremos los cielos.

Pésima condición

De solo pensar en los miles de trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos y en las decenas de miles de titulados por esa entidad educativa, que han visto en peligro su medio de vida y la reputación de su calificación académica por la mera ambición de una persona, me reafirma en la pésima consideración de la condición humana.

Nueva victoria nacionalista

Las elecciones en Hungría han mostrado una nueva victoria del nacionalismo; en este caso, magiar. El arrollador triunfo democrático de Viktor Orbán, el líder xenófobo y conservador húngaro, supone un problema añadido para la Unión Europea y su sueño de construcción de una entidad política superadora de los Estados-nación existente y basada en el Estado de derecho.

El triunfo de Orbán es incontestable, lo que le permitirá mantener su mayoría de dos tercios en el legislativo y proseguir así con las modificaciones legislativas con las que ha escorado al país magiar hacia posiciones autocráticas, tras erosionar la democracia con medidas contra la independencia judicial y reformas de un sistema electoral, que no respeta la igualdad de condiciones..

Hungría es, pues, un nuevo ejemplo de como la demagogia puede acabar con el Estado de derecho, de como un líder populista puede atraer una mayoría de votos y mediante ellos acabar con la democracia, algo que ya es una constante en muchos sitios y amenaza con propagarse por todo occidente.

Orbán ha cimentado su hegemonía  en la xenofobia, levantando vallas contra los inmigrantes, especialmente los árabes expulsados de Oriente Próximo por la guerra, y contestando a la Unión Europea por su política de acogida. Su rebelión frente a las directrices de Bruselas, fortalece el llamado Grupo de Visegrado, junto a Polonia, Chequia y Eslovaquia, que ya es todo un foco de disidencia en el seno de la Unión Europea con el objetivo de horadarla mediante el nacionalismo. Porque la hidra de las mil cabezas resurge por doquier, manifestándose en las urnas en poblaciones asustadas ante la globalización. Más de dos millones y medio de húngaros, casi el 50% de los que acudieron a votar el domingo, respaldaron las tesis nacionalistas del populista Orbán, que solo pueden traer más conflictos a Europa, atomizándola, dividiéndola con más fronteras, empequeñeciéndola y enfrentando a unos contra otros.

Gracias, `Lula´

Lula da Silva se entregó ayer a la Justicia. Arropado por miles de seguidores, que se congregaron frente a la sede del sindicato donde forjó su leyenda de luchador por los derechos de los trabajadores, vivió unos momentos épicos, ensalzado por los suyos, llevado a hombros, sintiendo el apoyo y el calor de muchos que homenajeaban su labor pasada, que tuvo su cénit en los ocho años que presidió Brasil.

El ciudadano Luiz Inàcio da Silva fue coherente con sus ideales. No se fugó, ni huyó a otro país, con la pretensión de externalizar un conflicto. No. Fue valiente. Aceptó la legalidad, se quedó y se entregó. Y eso, que, seguro, sintió la tentación de rentabilizar su popularidad y erigirse en un nuevo César, pisoteando la legalidad. Apoyos no le faltaban. Los expresados allí mismo y los que le daban las encuestas, capaces de catapultarle de nuevo al palacio de Planalto, para volver a dirigir Brasil.

Pero, Lula fue consecuente y se puso en manos de los agentes policiales que lo trasladaron a la prisión. Aquellas horas previas fueron también, sin duda, trágicas. Y Luiz Inàcio bebió aquel cáliz, convirtiendo su entrega en un acto de respeto a la legalidad y a la vez de creencia en un futuro mejor para los millones de brasileños aun indigentes: A ellos fueron dirigidas sus palabras, pronunciadas como un orador clásico, emulador de los héroes de la Antigüedad.

“Yo ya no soy un ser humano. Yo soy una idea. Mis ideas ya están flotando en el aire y nadie las podrá encerrar. Ahora vosotros sois millones de Lulas”.

Un constructor de sueños. Así se definió, quien más ha hecho en la historia de Brasil por convertir la promesa potencial de ese gigante en una realidad. Bajo su presidencia, el país creció a un ritmo anual del 7,5%, sacando de la pobreza a millones de compatriotas. Muchos de aquellos desfavorecidos pudieron, por fin, comprarse un coche y llevar a sus hijos a la universidad, haciendo de la Revolución una concreción, que mantuviera la luz del Progreso.

Gracias, Lula.

Por ser un mito, por llevar a la izquierda mundial a las mayores cotas de prestigio, y sobre todo, por aceptar que nadie, ni siquiera él mismo, está por encima de la ley. Por ser, en definitiva, un demócrata.

Gracias, Luiz Inàcio.

Lula, a la carcel y Puigdemont, a la calle

Como si se tratase de una conjunción del destino, los nombres de Lula da Silva y Carles Puigdemont se han entrecruzado estos días, debido a sus cuentas pendientes con la Justicia. Ambos pretenden saldarlas con el voto popular, como si tal remedio fuera compatible con el Estado de derecho. Emulan así las tragedias clásicas, como cuando Julio César pasó el Rubicón, desdeñando la legalidad republicana, en nombre del pueblo, desatando una guerra civil.

Luiz Inàcio da Silva tiene de plazo hasta esta noche para entregarse y ser encarcelado. Sobre el pesa una condena a doce años de cárcel por corrupción al haber aceptado como soborno un apartamento playero. El Tribunal Supremo brasileño confirmó la orden de ingreso en prisión, pese a que Lula es el candidato mejor situado en las encuestas para volver a presidir el país. Su efectivo encarcelamiento, supondrá cerrar esa posibilidad, por lo que todo un referente para la izquierda mundial, que durante sus años de mandato logró un crecimiento económico de Brasil nunca conocido y que fue sabiamente repartido entre millones de ciudadanos hasta entonces indigentes, quedará apartado de la vida política. Su exclusión abre el camino al segundo candidato más valorado, Jair Bolsonaro, un ultraderechista partidario de la dictadura militar, homófobo y justificador de la tortura, mientras suenan por primera vez en treinta años ruidos de sables.

Carles Puigdemont quedó hoy en libertad condicional, después de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein estimara que el delito de rebelión por el que le perseguía la Justicia española no es compatible con el de alta traición alemán. Entiende el órgano jurisdiccional que el secesionismo catalán alentó actos de violencia, pero no logró que el Estado español claudicara, condición necesaria en la legislación del país germánico. Más allá de matices, lo relevante es que la decisión alemana es un serio revés para la estrategia desarrollada por el gobierno de Mariano Rajoy, que fió todo a las gestiones de la judicatura española. Supone además un balón de oxígeno para el nacionalismo catalán y un ahogo para el español. Y en esa medida presagia mayores dificultades, que sobre todo incidirán en una mayor crispación en el seno plurinacional de la sociedad catalana, cada vez más abocada a un enfrentamiento interno, a la par que a una reacción menos limitada del Estado y de su nacionalismo más numeroso, cada vez más airado.

Malos tiempos, pues, a los que nos vemos abocados. Pero, aún sería peor si echáramos por la borda al Estado de derecho, porque en ese caso quedaríamos en manos de la demagogia, que hace dos mil años se llamó cesarismo y que llevó a algo peor: a lo que conocemos como la tragedia clásica.

Es la impunidad

Acierta el periódico El País en llevar a portada, incluso como primera noticia, la crisis que vive Brasil, agudizada esta madrugada cuando el Tribunal Supremo ha confirmado la prisión para Lula dq Silva. Quien fuera el más exitoso presidente de Brasil, bajo cuyo mandato ese gigante latinoamericano dejó de ser una promesa para convertirse en un presente, está condenado a 12 años de cárcel por un caso de corrupción. 

La decisión de la más alta corte de Justicia de Brasil supone cerrar el paso a Luiz Inàcio da Silva en la carrera a la reelección presidencial en la que anda embarcado con muchas posibilidades de triunfo, a la luz de los sondeos existentes. Nos encontramos, pues, ante un conflicto típico en una democracia, aquel que enfrenta a la ley con la voluntad popular. Los Estados de derecho se definen por la primacía de la primera, mientras que las demagogias abundan en la segunda solución.

A todo esto se añade el carisma de Lula, un referente para la izquierda no solo iberoamericana, sino mundial. Los millones de pobres que dejaron de serlo bajo su gobierno, avalan su trayectoria, que, no obstante, quedó manchada cuando diversas instancias judiciales le han considerado culpable de haber aceptado como soborno un apartamento playero.

Pero yerra El País, cuando titula que “El Ejército de Brasil amenaza con actuar si Lula queda libre”. Para ser rigurosos, este debería ser: “El Ejército de Brasil amenaza con actuar si hay impunidad para Lula” o, incluso, más rotundo: “El Ejército de Brasil amenaza con un golpe de Estado si hay impunidad para Lula”.

Porque eso es lo que han hecho, varios altos mandos militares. El jefe de las Fuerzas Armadas ha amagado con un golpe, pero no porque el idolatrado Lula quede libre, sino ante la posibilidad de que el ciudadano Luiz Inàcio da Silva esté por encima de la ley. 

Esa es la relevante cuestión, que debería estar clara, al menos desde hace más de doscientos años, en concreto desde 1789, cuando sucedió la Revolución francesa, inicio de una Edad Contemporánea, en la que los retrocesos superan en demasiadas ocasiones a los avances.

La violencia y el `procés´

Toda la estrategia independentista, elaborada por su elite dirigente, pasaba por presentar el procés como una acción sin violencia, como un movimiento amable. Se trataba de la revolución de la sonrisa, como algunos miembros de esa oligarquía explicitaron en diversas ocasiones a los medios de comunicación, mientras publicitaban su actuación. Frente a ellos, sostenían, la brutal España, encadenada a su sanguinolento pasado, perpetraría la única violencia existente antes de vivir el ansiado sueño de una Cataluña independiente. Ese era el relato difundido.

Basta recordar, la utilización de la torpe violencia de la Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de octubre, en la que los propios servicios de emergencias de la administración catalana, evidenciando toda una organización y estructura del proceso soberanista, hablaron de miles de heridos, cuando ni una decena de ellos merecía, desgraciadamente, tal calificativo y el resto solo el de contusionados o meramente afectados psicológicamente ante las cargas policiales. En cambio, las imágenes de la agresión a un agente con una silla cuando entraba en un colegio electoral o la huida de la Guardia Civil de un pueblo a pedradas pasaban inadvertidas, ante el poderoso relato construido por esa oligarquía dirigente, que además había conseguido que hasta entonces todas sus anteriores movilizaciones, algunas de ellas de centenares de miles de personas convocadas por ese instrumento denominado Asamblea Nacional Catalana, fueran pacíficas e incluso festivas. Ellos eran la gente normal, frente a los represores.  

La elite independentista siempre fue consciente de que la repercusión penal a su actuación delictiva, consistente en subvertir el orden constitucional, sería escasa si eran inimputables como instigadores de violencia, ya que en ese caso decaía el delito de rebelión, limitando su responsabilidad a la malversación de caudales públicos, penado con solo ocho años de cárcel, y a la desobediencia, sancionada de una manera meramente administrativa.

Es por ello, que será muy relevante la consideración jurídica de si hubo o no violencia en el procés, ya que en caso afirmativo los reos podrán ser imputados por rebelión y condenados hasta a treinta años de cárcel. Ayer, la Fiscalía alemana apreció alta traición y estimó que la acusación de rebelión se sostiene con lo alegado por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, que entiende que en el referéndum del 1 de octubre hubo violencia por parte del separatismo. Finalmente será el Tribunal Supremo como tal el que deberá considerar o no acreditado tal delito de rebelión, precisamente al estimar o no si existió violencia.

Eso es lo que se juega hoy en día.  De cara al futuro, esas elites soberanistas parecen haber renunciado a la sonrisa. Al menos, si no a la suya, sí a las de sus bases. De hecho, cada día el nivel de violencia aumenta. Pero eso se lo dejan a las masas, como hicieron con la concentración a las puertas de la Consejería de Economía para intimidar a una comitiva judicial el 20 de septiembre, preludio del golpe de Estado perpetrado en el Parlamento catalán. En concreto, ese papel se lo dan a la vanguardia de las masas. A los pomposamente denominados Comités de Defensa de la República.  

¿Y quienes forman esos CDR? Gente de la izquierda nacionalista que en muchos casos comparten militancia con las CUP y sus diversas corrientes internas, los mismos que han amenazado a jueces como Llarena, señalando a todo aquel que no merece vivir en la distopía que ellos construyen.

¿Y cuántos son? Las estimaciones policiales hablan de unos 350 comités, repartidos territorialmente no solo por Cataluña, sino por lo que ellos entienden como Cataluña, es decir, incluyendo a los que otros muchos llamamos Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Si adjudicamos la modesta cifra de diez o quince activistas por comité, estaríamos hablando de unas cinco mil personas, radicalizadas ideológicamente hasta extremos, que nos recuerdan borrascosas épocas pasadas.

Tal vez no sean un número suficiente para llevar a cabo una revolución, pero, como demostró la de Octubre de 1917, nunca hay que subestimar la capacidad de una vanguardia a la hora de arrastrar al resto de la sociedad, máxime si una parte considerable de ella se encuentra predispuesta a sus postulados. De todo ello es plenamente consciente esa elite directora del procés, que mantiene helada su sonrisa y sigue pretendiendo pagar un escaso peaje a su actuación, pero que parece haber decidido dejar a sus vanguardias que se partan la cara por ellos, en búsqueda, sí, de un hecho violento especialmente grave, a ser posible rentable desde la óptica del victimismo, que lleve a una dialéctica de acción/reacción, que cohesione el independentismo y extienda el número de sus adeptos hasta la victoria final.

¿Les suena? 

Enseñe su TFM

Mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá por fin en la Asamblea regional para dar explicaciones de la revelación periodística de eldiario.es sobre su Máster. 

Trece días después de la primera información, Cifuentes sigue sin dar explicaciones convincentes. Tampoco la Universidad Rey Juan Carlos, quien le otorgó tal título académico. Mientras, día a día han ido apareciendo más detalles sospechosos, entre ellos que se matriculó tres meses después del plazo establecido, o que el día de la defensa del Trabajo Fin de Máster, el proyecto más relevantes con el que culminan los posgrados, coincidió con el recibimiento de la selección española de fútbol tras ganar una Eurocopa, cuando Cifuentes era Delegada del Gobierno, es decir, responsable de todas las medidas que se tomaron en aquella jornada para garantizar la seguridad de tal evento. Cuesta entender que tal día pueda compatibilizarse con la serena comparecencia ante un tribunal académico en el que te juegas todo el Máster emprendido.

Pero, todo ello, quedaría solventado con un sencillo gesto, consistente en que la presidenta de la Comunidad enseñe su Trabajo Fin de Máster, un proyecto académico que en esencia supone una contribución al saber intelectual y que como tal debe estar disponible para toda aquel que quiera aprender. Sin más, señora Cifuentes, entregue su TFM.

Dos Coronas

Publicaron hace unos días Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano, y Alejandro del Valle, catedrático de derecho internacional de la Universidad de Cádiz, una interesante tribuna en El País, proponiendo una novedosa solución para el contencioso gibraltareño. Desgraciadamente, no ha tenido continuidad el debate.

Uno de los elementos más originales de su propuesta incide en la superación de la concepción del Estado-nación, ya sea español o británico, ante el que han encallado otros muchos de los  remedios aportados en el pasado. El peñón no tendría una soberanía británica, como ahora, ni española, como infructuosamente ha pretendido el nacionalismo español. Ni siquiera una cosoberanía hispano-británica, como pensaron Aznar y Blair. 

Gibraltar sería una ciudad de las dos Coronas, de la británica y de la española, a modo de un principado, integrado eso sí en la Unión Europea. La solución, que supondría que el peñón tendría dos jefes de Estado, Isabel II y Felipe VI, podría contentar a los gibraltareños, que lamentan profundamente la salida del Reino Unido de la UE.

La iniciativa presenta, pues, perfiles interesantes, merecedores de una discusión, aunque tiene a mi criterio dos obstáculos. El primero, es el de la dialéctica Monarquía/República, con el problema que conlleva que la opinión pública considere la primera opción como del pasado y la segunda del futuro, independientemente de su acierto. No es este un aspecto que expresamente traten los dos intelectuales que han suscrito la propuesta, a diferencia del segundo obstáculo. Consideran los autores que la iniciativa no es trasladable “a las pretensiones de nuestros nacionalismos” periféricos. 

No creo que sea así. La aún no concretada propuesta de Nación Foral Vasca del lendakari Iñigo Urkullu busca una relación bilateral entre España y Euskadi, cuyo broche de unión podría ser la propia Corona, como lo fue en el pasado foral. Paradojas, pues, de la vida, en la que las monarquías ofrecen mayor margen de solución a problemáticas de difícil solución, frente a planteamientos republicanos, que creemos más acordes con el progreso.