La actual ley de amnistía, que todavía no ha alcanzado plenitud jurídica a falta de la publicación de su articulado en el Boletín Oficial de las Cortes y posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, fue aprobada por el Congreso de los Diputados por 177 votos a favor y 172 en contra; estos últimos del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Por tanto, suscita la mayoría absoluta del Congreso, tras ser vetada en el Senado, pero carece de un apoyo ampliamente mayoritario en el seno social de la ciudadanía española. Podría sostenerse sin ánimo polémico que cerca de la mayoría de la población la rechaza y que el debate en el seno de la sociedad no ha sido fruto de unas propuestas electorales dirimidas en las urnas.
Tal aspecto, convierte a la aprobada ley de amnistía en un dudoso instrumento conciliador en términos sociales, lo que debería ser su principal efecto balsámico en el seno de una sociedad que presenta ya demasiados síntomas de polarización, una vez que tal realidad se está extendiendo desde la clase política a la población. Otra cosa, es que a nivel geográfico, en el caso catalán, tal amnistía suscite un mayor apoyo social, difícilmente cuantificable y en cualquier caso no ampliamente mayoritario, en una sociedad que el procés polarizó hasta cotas nunca vistas antes y cuyo desgarro social aún persiste.
La ley de amnistía puede ser comparada con los dos precedentes existentes en democracia, la ley de 1977 y la de 1936. En la de 1977, al igual que en la de ahora, la iniciativa provino de la izquierda política, aunque a diferencia de ahora, el centro-derecha, representado entonces por la UCD, se sumó a ella; quedando fuera del consenso Alianza Popular, que se abstuvo. Fue por tanto, una ley refrendada por una gran mayoría social, lo que la convirtió en un poderoso instrumento conciliador con el que reparar y poner fin a las víctimas de la represión franquista, pero que también benefició a los responsables de la misma. Se trató en suma del mayor intento por cerrar las heridas abiertas desde la Guerra Civil y así fue asumida por la inmensa mayoría de los españoles.
Previa a la Guerra Civil, fue la tercera de las amnistías, la que se decretó en febrero de 1936. Al igual que las otras dos fue obra de la izquierda, pero en esta ocasión, la misma fue respaldada por unanimidad por la Diputación Permanente de las Cortes, ya que las prisas llevaron a no esperar la constitución de las nuevas Cortes surgidas tras el triunfo electoral del Frente Popular. De hecho, a diferencia de la de ahora, dicha coalición electoral se presentó a aquellos comicios con la amnistía en sus programas, al igual que haría la izquierda en 1977. En 1936, se trataba de exonerar a los implicados en la Revolución de Octubre de 1934, una revuelta no democrática que preconizaba la implantación de un régimen socialista, a la que en Cataluña se sumó el nacionalismo con una pretensión independentista. De hecho, los integrantes del gobierno de Lluís Companys, surgido de la autonomía concedida por la Segunda República a Cataluña, fueron amnistiados y abandonaron la prisión, volviendo al poder en esa región autónoma. En cualquier caso, seis meses después, un grupo de militares protagonizó un golpe de Estado contra la Segunda República, un régimen democrático que hasta ese momento había aguantado las embestidas revolucionarias, que en unos pocos días se convirtió en una atroz guerra.
