Fin a un régimen de 53 años

Lo que hemos visto en Siria en las últimas horas es el fin de un régimen que ha durado 53 años, desde que el padre del hasta ahora dirigente tomó el poder en 1971, instaurando una dinastía, los Asad, apoyados en un partido de izquierdas, el Baaz, y en una minoría chií, los alauíes. En cambio, los que han triunfado, ocupando Damasco, son islamistas y pertenecientes a la mayoría sunní. Los primeros tenían el apoyo de Rusia y de Irán, mientras que los segundos de la Turquía neotomana, a la par que son preferidos por Israel, el agente regional de Estados Unidos en la zona. 

La Guerra Civil que vive desde hace más de una década gran parte del mundo árabe, iniciada tras la llamada Revolución de la Primavera, ha tenido con el cambio de régimen en Damasco un jalón más, que aún es pronto para considerar definitivo en la lucha entre sunníes y chiíes.

Para entender todo esto hay que remontarse al colonialismo occidental del mundo árabe que puso punto final al Imperio otomano tras la Primera Guerra Mundial. Francia, potencia hegemónica aún entonces, y el Reino Unido se repartieron el mundo árabe. La decadencia de esos dos países facilitó que tras la Segunda Guerra Mundial, por la que Estados Unidos y la Unión Soviética se erigieron en las nuevas potencias mundiales, descolonizaran la zona, creando dos estados que tendrían mucho de fallidos, apoyándose en las dos minorías de clases medias en las que habían basado su dominio. Francia creó el Líbano, dejando como minoría en el poder a los cristianos maronitas, con los que sintonizaban por su catolicismo, y Siria, dejando a la minoría alauí al frente de un Estado de mayoría aplastantemente sunní. 

El instrumento ideológico para ello fue el Baaz, un partido panarabista que podríamos traducir como Resurrección o Renacimiento, con planteamientos laicos y socialistas. Una vez tomado el poder en Siria, un militar alauí, Hafez el Asad, se hizo con las riendas del país, instaurando una dinastía que ha llegado a su fin con su hijo Bachar. Los Asad dominaron dictatorialmente Siria durante cinco décadas, convirtiéndose en una pieza esencial en el engranaje del poder chií frente a los sunníes en la media luna árabe y apoyando a todas los movimientos de esa rama islámica, como Hizbulá. Por eso, Israel ha recibido a las nuevas autoridades sunníes sirias, tendiéndoles la mano. Ahora, habrá que ver que tipo de régimen instauran. Los primeros indicios, basados en las conexiones pasadas con el teocrático Estado Islámico, apuntan a un régimen islamista en el que la democracia, una vez más, tendrá escasas posibilidades de existir.

Juan Lobato

La actuación de Juan Lobato ante el caso del novio de Díaz Ayuso ha desconcertado a la práctica totalidad de comentaristas y políticos del país, sin que hayan aparecido explicaciones sólidas y argumentadas.

Este blog no aspira a suplir tamaña empresa, pero apunta a una hipótesis que solo es posible verla si ponemos un final al liderato de Pedro Sánchez, extremo que independientemente de la cercanía o lejanía del mismo, dependiendo de las simpatías políticas del lector, algún día tendrá que ocurrir.

Ese día, Juan Lobato podrá presentarse como el socialista adelantado que lo vio venir, discrepando con un modelo de actuación gubernamental determinado, que se hizo visible con el intercambio de chats con Sánchez Acera, y proponerse, como adelantó ayer en el Senado, para liderar la reconstrucción de un partido, el socialista, que precisará de un cura de cesarismo. Restauración que, en cualquier caso, será necesaria para la democracia en España.

Democracia y Justicia

Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, está logrando despejar su horizonte judicial, un futuro adverso que está revertiendo desde que salió elegido en las presidenciales norteamericanas. Las graves acusaciones que pesaban contra él por injerencia electoral y asalto al Capitolio han sido cerradas a petición de la fiscalía, que entiende que no se puede perseguir penalmente a un presidente.

La consecuencia que se extrae es que la democracia puede legitimar las conductas delictivas lo que representa un grave problema al Estado de Derecho. Y un error, porque los votos no debieran exonerar a nadie de los hechos cometidos, como fue, al menos a nivel indiciario, su incitación a ocupar el órgano legislativo estadounidense con la intención de acabar con una democracia bicentenaria. 

Un estado democrático debe tener la capacidad de impedir que la democracia acabe con la propia democracia. Y eso solo puede hacerse desde el respeto a la legalidad, cuya preservación incumbe a lo judicial como un poder del Estado. Lo digo porque podemos encontrar muchos ejemplos pasados, como la ascensión al poder de Adolf Hitler, pero sobre todo para evitar que lo repitamos en el futuro, no solo en Estados Unidos.

Aquí, en España, abundan las críticas al poder judicial, incluso emitidas desde los representantes de los otros poderes, sin comprender que un Estado de Derecho es aquel que preserva la Democracia y la Justicia, combinando ambos principios sin menoscabo de ninguno de ellos. Erosionar la legitimidad de la Justicia en nombre de la Democracia es una pendiente peligrosa que puede convertir a una democracia, como la estadounidense, en un Estado sin Derecho.

Ha fallado el Estado

En toda la crisis ocurrida por la Dana ha fallado claramente el Estado. Esa es la principal conclusión que ha dejado el reguero de destrucción de una gota fría que se ha llevado por delante, de momento, a más de dos centenares de vidas, decenas de miles de damnificados y un cuantioso daño económico todavía por calcular. Si quedaba alguna duda, las imágenes de la visita ayer de los reyes, del presidente del Gobierno y de la Generalitat valenciana debería despejarla ante la vista de los damnificados que identificaron sin lugar a dudas a los representantes del Estado español con su ira vehemente. 

Y cuando hablo del Estado, me refiero a todos sus superpuestos poderes, centrales y autonómicos, que todos son el Estado español. La tardanza en movilizar los medios y efectivos necesarios ante la magnitud del desastre ha sido la principal crítica recibida, emitida desde los propios afectados y desde los expertos que han hablado. Y ahí, caben las reconvenciones a un gobierno regional valenciano que tardó demasiado en alertar a la población, pero también a un gobierno central que no fue capaz de asumir el mando que demandaba una crisis de carácter evidentemente nacional. No caben excusas, la Generalitat se vio desbordada y el Gobierno no fue capaz de tomar el mando, pese a la cobertura constitucional que le hubiera amparado. Sin duda, que los complejos centralistas pesaron en la inacción gubernamental, máxime en un gabinete tan dependiente de sus socios nacionalistas. Y también, los tics contrarios existentes en el partido que sustenta al ejecutivo regional valenciano.

El resultado fue que a lo largo de al menos durante cuatro días el Estado no estuvo presente en las comarcas afectadas, más allá de los pocos efectivos de la UME que se desplegaron pronto en pocas zonas. Porque esa es otra lección que no nos convendría olvidar. El principal instrumento de un Estado es su ejército y para eso debe estar, para ayudar a los ciudadanos, que desprovistos de esa poderosa herramienta tuvieron que autoorganizarse para paliar en los primeros días la destrucción recibida. Y esa ha sido la crítica principal que ayer escucharon los reyes. Estos, por lo menos, lo hicieron, salvando la cara al Estado.

Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades políticas y de profundizar en las causas que han flotado en toda esta crisis. También, las más profundas, como la de un Estado que ha permitido construir sistemáticamente en torrenteras y al que le cuesta emprender las necesarias medidas para garantizar la vida de sus ciudadanos en una época de cambio climático como la que vivimos, para lo que será necesario acallar con argumentos científicos a los negacionistas, reconduciendo racionalmente la deliberación. Todo ello, deberá presidir el debate que debemos afrontar en el futuro, si queremos darle futuro al Estado.

Confederalización

El acuerdo entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya, cuyas bases ya han refrendado con una ajustada mayoría, supondrá, de implementarse en la realidad, un decisivo refuerzo del confederalismo en la estructura territorial española. 

Hasta ahora, solo dos comunidades autónomas disponían de una relación bilateral con el Estado español en materia financiera, uno de los elementos consustanciales del concepto político de confederación: la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Ambas en virtud de la cláusula de reconocimiento foral de nuestra Constitución de 1978, que ampara los instrumentos económicos neoforales. Aunque para ser exactos, convendría precisar que los sujetos confederales de ello son Navarra y cada una de las tres provincias vascas.

Por ello, las provincias vascas disfrutan del Concierto Económico y Navarra del Convenio Económico, consistente básicamente en que son ellas las que cobran los impuestos y, tras acordar con el Estado, cuanto han de pagar por los gastos de los organismos estatales no transferidos, y ceder una moderada contribución solidaria al resto de los españoles, deciden soberanamente donde emplear el remanente. Es lo que se conoce como el cupo, que tiene un perfil de riesgo para tales sujetos confederales, en la medida en que en situaciones de crisis económica la bonanza recaudatoria puede disminuir peligrosamente. Esa fue la razón por la que Jordi Pujol declinó asumir la fórmula de concierto, antes de la promulgación constitucional. Por ello y a falta de conocer la letra pequeña del acuerdo PSC-ERC, en el texto suscrito por los socialistas se ha intentado evitar tal escenario negativo para Cataluña, lo que convierte tramposamente en mucho más atractivo dicho planteamiento confederal. 

Los únicos que han hablado hasta hoy de lo acordado, los independentistas de Esquerra, ante el temeroso silencio socialista, han querido mandar el mensaje de que el nuevo concierto catalán será solidario con el resto de regiones españolas, dando a entender que el vasco-navarro no lo es. Pero, menos parece que lo sea, el catalán. Me explico. Pese al anuncio solidario, este nunca sobrepasará, según lo dicho por ERC, el principio de ordinalidad; es decir, el resultado final deberá respetar que se mantengan las posiciones de los territorios de acuerdo a los recursos disponibles por habitantes. Dicho claramente, al ser Cataluña uno de los territorios de mayor capacidad fiscal, la solidaridad estará limitada a que no se altere en ningún caso dicha preeminente situación.

Tales problemas no son, sin embargo, los más preocupantes. La principal diferencia entre los territorios vasco-navarros y Cataluña incide en que el peso del País Vasco y Navarra en la economía española es hoy en día de un 8%, mientras que Cataluña alcanza el 20%. Es esa terca realidad económica la que convierte el acuerdo del PSC y ERC en lesivo para los intereses del Estado. En un planteamiento federal, como el actual, el Estado decide donde invierte el 50% de lo recaudado en todos los territorios (salvo País Vasco y Navarra). Es decir, el gobierno central dispone de una fortaleza fiscal considerable para atender los desequilibrios existentes entre las distintas comunidades autónomas. Si Cataluña, sale del régimen común fiscal (que incluye a todas las comunidades, salvo las dos forales mencionadas), el gobierno central verá notablemente reducida su potencia fiscal y consecuentemente podrá atender menos a las regiones más desfavorecidas. La resultante será que aumentarán las diferencias económicas entre Cataluña y el resto del Estado (salvo País Vasco y Navarra). Por eso, no es propio de un gobierno que tiene a gala denominarse progresista, que favorezca que los ciudadanos dispongan de menos recursos públicos según el territorio en el que vivan.

Y por supuesto, que esa política no es federal, pese a que el presidente del Gobierno haya dicho (lo único que ha expresado hasta ahora) que avanza en la federalización de la España autonómica. No. Es una regresión federal y un avance confederal, hacia un modelo que, mucho más que con el existente caso vasco-navarro, limita la fortaleza fiscal del Estado español, del 92 al 72%, en concreto, en detrimento de su construcción nacional, que en clave federal fue iniciada en la transición democrática, y en beneficio de la construcción igualmente nacional y soberana de Cataluña, avanzando en la confederación.

Tal conclusión no nos debe parecer extraña, si atendemos que el acuerdo no solo es de ERC, pese a que haya habido cerca de 3.000 independentistas catalanes que hayan votado en contra de la racionalidad, algo mucho más común de los que nos parece en el ser humano, sino también del PSC. Y aquí está una de las claves del asunto, que exonera de parte de la culpabilidad a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno es rehén del PSC, incluso del moderado dirigido por Salvador Illa. Los resultados electorales socialistas dependen del granero catalán, mucho más que del vasco-navarro. Y ahora, hay que pagar la factura. Es el PSC quien impone este acuerdo que pretende dar luz verde al concierto catalán y Pedro Sánchez es prisionero de los socialistas catalanes, que en las últimas elecciones lograron romper el pronóstico y mantenerle in extremis en la Moncloa. 

Tal hecho no quita responsabilidad política a Sánchez, quien ha basado su exiguo respaldo parlamentario en el apoyo de ERC y toda su estrategia política de supervivencia. Forma parte de la existencia de un gobierno que debilita a España y que afronta ahora, una vez que Illa sea president, una nueva reválida. No solo porque Junts debe clarificar si sigue apoyándole, una vez despejada la incógnita del futuro de Puigdemont, cuya valentía no le ha obligado a entregarse antes de que las bases de ERC votaran, sino porque la rebelión puede extenderse a otros socios: Compromís, Izquierda Unida, Chunta, sin contar con un PNV que igual empieza a despertar, ante la ofensa solidaria. También es la primera vez que el propio PSOE parece turbarse ante lo que viene, un partido hasta ahora plegado al cesarismo. Veremos, como diría el maestro Miguel Ángel Aguilar.

A desmano de Irulegi

El 14 de noviembre de 2021, se presentó a los medios de comunicación, en un acto que contó con María Chivite, la presidenta de Navarra, el hallazgo en el valle de Aranguren de una lámina de bronce, llamada la Mano de Irulegi (MdI), con una inscripción que acreditaría el testimonio escrito más antiguo existente en lengua vascónica, en concreto del siglo I a.c.

La Sociedad de Ciencias Aranzadi, responsable de las excavaciones del poblado de Irulegi, habitado desde la Edad del Bronce Medio-Tardío, siglos XV-XI a.c., presentó dicho descubrimiento con el boato apropiado que acreditaba dos milenios de la lengua vasca, señalando como todavía aparece en su página web que se trataba de un objeto ritual que se colgaba en la puerta de entrada de una vivienda del poblado con el fin de que protegiera el hogar. Para ello, se basaba en una perforación que presenta la lámina y en la primera palabra de la inscripción que leía como Sorioneku, traduciéndola como `de buena fortuna´. La analogía con el zorion del euskera actual, `fortuna´, hizo el resto, a la hora de trasladar a la población la relevancia de lo descubierto por una de las instituciones culturales que más ha hecho por la construcción nacional vasca.

Sin embargo, después de dos años, los estudios que lógicamente han suscitado la MdI han relativizado y contextualizado el mensaje propagado. El objeto de este artículo que ahora leen es trasladar a la opinión pública, las aportaciones de un elenco de eruditos sobre la MdI que aparecieron en el número del segundo semestre de 2023 en la revista Fontes Linguae Vasconum, como resultado de un seminario celebrado en la Universidad del País Vasco (UPV) que reunió a los más granado de especialistas en el asunto.

Dichos eruditos en diversas disciplinas y áreas de conocimiento, como son la paleohispanística y la vascología, coinciden en destacar algo que para ser justos no fue ocultado en la presentación de Aranzadi, el hecho de que el poblado de Irulegi fue abandonado tras un conflicto bélico en el primer cuarto del siglo I a.c., que identificaron con las guerras sertorianas romanas, aquellas que siendo en su origen un conflicto civil de la metrópoli, terminaron por implicar a las poblaciones que habitaban la península ibérica, como una consecuencia más del dominio de Roma sobre estas tierras. 

Francisco Beltrán, de la Universidad de Zaragoza, señala que la casa donde apareció la MdI quedó destruida: “La carencia de la muñeca y la disposición invertida de la mano (…) aleja la MdI del gesto habitual de saludo o adoración que presenta siempre la mano abierta con los dedos hacía arriba e induce a explorar otras vías interpretativas”. Entre estas, el autor hace referencia a las “manos diestras amputadas a los enemigos vencidos y exhibidas como trofeos de guerra”, costumbre atestiguada entre los celtíberos. No se trataría, pues, el MdI de un simpático objeto ritual de salutación colgado en una puerta, sino de una expresión de la violencia de aquella época, lo que inevitablemente desluciría, a nivel del relato, la aparición más antigua de la lengua vascónica. La ausencia de la muñeca y los dedos hacia abajo diferenciaría, pues, a la MdI de las manos representadas en las denominadas teseras de hospitalidad, que entonces empezaban a propagarse en aquel mundo ya influido por Roma. Unas teseras que nos hablaban de pactos, no de violencia, diferenciándose, según esta hipótesis, de la MdI.

Opinión similar mantienen Joaquín Gorrochategui, el catedrático de la UPV y miembro de Euskaltzaindia considerado el mayor experto en el antiguo aquitano, antecesor del euskara, y Javier Velaza, catedrático de la Universitat de Barcelona, quienes relacionan las palabras escritas en la MdI “con el grave conflicto bélico del momento expresado mediante el símbolo de la mano cortada, que hace referencia al enemigo vencido y por consiguiente la victoria”. Otra interpretación ofrece Eduardo Orduña, compañero de Velaza en la universidad catalana, quien considera que la MdI es “un texto de carácter votivo”; es decir, la lámina de bronce sería un ofrecimiento, ya que “sigue el típico formulario de las inscripciones votivas: nombre del dedicante, teónimo y verbo de dedicación”. Para Orduña, el signario -el conjunto de caracteres escritos- es una adaptación específicamente vascona del signario ibérico, “en un territorio en el que se atestiguan al menos dos lenguas, vascónico y celtibérico”. Sorion sería pues un nombre propio, en concreto del donante a una divinidad, Otzirtanes, completada con un verbo de dedicación: eraukon, palabra que, coincidiendo con Gorrochategui y Velaza, podría relacionarse con el verbo vasco actual eradun, que significa `dar´ o `hacer tener´.

Pese a las dificultades para aislar las palabras que aparecen en la MdI y en superar el galimatías de que la inscripción fue hecha en dos fases, la primera mediante esgrafiado -con un punzón- y la segunda punteada, no coincidentes en todos sus signos, la mayoría de los autores reunidos en el seminario se inclinaban por considerar vascónica la lengua empleada, aunque Julen Manterola, de la UPV, y Céline Mounele, de la Université de Pau et des Pays de l´Adour, sostienen que una filiación vasca del texto no puede ser comprobada; y Eneko Zuloaga y Borja Ariztimuño, ambos de la UPV, entienden que “no es posible descifrar” el texto “a través de lo que sabemos sobre el vasco histórico y sobre el protovasco”, ni siquiera en la divinidad apuntada por Orduña, Otzirtanes, del que niegan que pueda relacionarse con Ortzi, `cielo´, del euskera actual, aunque admiten que se puede aislar alguna palabra como zori on. Extremo que no comparte Joseba Lakarra, también de la UPV, para quien zorioneko no puede ser anterior al siglo X d.c., ya que es un vocablo muy tardío, de comienzos o mediados del siglo XVIII, una vez difundido por el padre Larramendi. Especialmente, desmoralizadora es la opinión de Iván Igartua, igualmente de la UPV, quien señala taxativamente: “Pese a las expectativas generadas por el descubrimiento de la mano de Irulegi, un texto -vascónico o de la lengua que sea- que no aporta algo de luz sobre ningún aspecto histórico de su relación con formas lingüísticas posteriores o sobre su propia naturaleza, es un testimonio fastidiosamente estéril”.

El lector de este artículo, a estas alturas, estará a punto de desistir de su lectura, pero le pido un esfuerzo y que continue con él, porque estamos a punto de llegar a lo más relevante. Ni más ni menos que al cuestionamiento de una de las principales tesis de la mayor autoridad lingüística del vasco. Me refiero a Luis Michelena y a la relación con las lenguas ibéricas. 

Joan Ferrer i Jané, el especialista en epigrafía paleohispánica de la Universitat de Barcelona, considera que “lo esperable era que una inscripción vascónica fuera inteligible desde el protovasco reconstruido [precisamente por Michelena]. Sin embargo, eso no ocurre con esta inscripción, que presenta un mayor grado de afinidad con lo ibérico de lo esperado. Según mi interpretación, esta situación sería favorable a la inclusión del ibérico en la familia de la lengua vasca”.  Y prosigue Ferrer: “La MdI ha aparecido en un poblado vascongado de Navarra; por lo tanto, a tenor de que nada apunta a otra dirección, la lengua usada en la inscripción debería ser la vascónica, que identificaría las variedades del continuo lingüístico vasco-aquitano al sur de los Pirineos. Uno de los dialectos del continuo debería ser el protovasco, el ancestro directo del vasco común antiguo, que, a su vez, sería el ancestro común más reciente de los diferentes dialectos del vasco”. Es decir, Ferrer está intentando incluir la inscripción de la MdI en el continuo dialectal vasco-aquitano de las dos vertientes pirenaicas, pero para ello echa mano de otra lengua: la ibérica, que a su parecer, “también pertenece a la familia lingüística del vasco”.  El modelo teórico que plantea, pues, refleja un mapa de lenguas que desde la actual Aquitania francesa a la costa mediterránea española, formaría un “continuo dialectal” de una lengua, sumando la ibérica a la vasca.

Ferrer no oculta que tal hipótesis refutaría a Michelena. “El argumento tradicional de la lingüística histórica vasca expresada en su día por Michelena es que, ante un texto sencillo del siglo I a.c [como sería el ahora descubierto de la MdI], escrito en protovasco o en una lengua estrechamente emparentada, tendríamos que ser capaces de entender su sentido general y reconocer muchos de sus componentes mediante el vasco o el protovasco reconstruido [precisamente por Michelena]”. Sin embargo, la realidad es que no es así. “La [escasa] comprensibilidad del texto desde el vasco es casi la misma que la de un texto ibérico, lengua en la que con frecuencia aparecen elementos aislados que podrían ser interpretados mediante el vasco, como también pasa con la MdI”, añade. Esto hubiera sido un anatema para Michelena, porque la lengua ibérica “no cumplía dicha condición de inteligibilidad”, lo que llevaba al mayor erudito del vasco a excluir el ibérico de la familia vasca. “En conclusión, antes de la aparición de la MdI, las expectativas apuntaban a que una inscripción vascónica sería inteligible desde el protovasco reconstruido. Sin embargo, (…) eso no ocurre con la inscripción de la MdI, que, además presenta un mayor grado de afinidad con el ibérico de lo esperado”. 

“El dilema que plantea es, o bien rechazar que la inscripción de la MdI y el vascónico sean parte de la familia del vasco -en la forma extrema del postulado de Michelena, o, en todo caso, no su ancestro directo, en su forma moderada, por no encajar en los paradigmas del protovasco reconstruido-, o bien aceptar que la hipótesis de Michelena no era correcta y que el protovasco del siglo I a.c., ininteligible desde el vasco actual, no existe y que, probablemente, fuera una lengua más cerca al ibérico de lo previsto”.

Tal consideración nos lleva a la última aportación del seminario, la de Mikel Martínez-Areta, de la UPV, quien confirma que es “muy difícil trazar una continuidad entre la lengua de la MdI (…) y el euskera que emerge en la Alta Edad Media”. Y termina su contribución a la revista, lanzando esta hipótesis: “siendo así, creo que habría que considerar como plausible la opción de que sea el aquitano (…) y no el paleoeuskera de territorio vascónico -que posiblemente desapareció con la latinización- el antecesor directo del euskera histórico”.

Tal bombazo, aunque sea a nivel hipotético, suscita numerosos interrogantes. Entre ellos, una posible vuelta al vasco-iberismo, la desprestigiada tesis de la estrecha relación entre la lengua íbera y la vasca, abandonada en el siglo XX, y el hecho de que la romanización en Hispania fuese tan intensa que conllevó la desaparición de todas las lenguas previas, no solo la ibérica, como sabíamos, sino también la vascónica, que reaparecería ya en la Alta Edad Media, pero por influencia del aquitano del otro lado de los Pirineos, permitiendo así certificar la ascendencia del antiguo aquitano en el vasco actual, como Gorrochategui lleva años defendiendo. ¿Implicaría eso un trasvase de poblaciones, del lado francés al español de los Pirineos, una vez agotado el Imperio romano? Confirmaría también que los vascones previos “eran un grupo humano multiétnico y multilingüístico”, donde habrían convergido el celtíbero, el íbero y el vascónico, como aporta el propio Martínez-Areta.

Aunque solo sea a nivel hipotético, la mano de Irulegui ya ha quedado irremediablemente a desmano de discursos interesados, como el propagado en este caso por el nacionalismo vasco, que utiliza relatos embaucadores para gentes sencillas, consistente en presentar la supuesta primera muestra del euskera en un contexto encantador de hospitalidad, salutación y bienvenida. 

Las amnistías de nuestro pasado

La actual ley de amnistía, que todavía no ha alcanzado plenitud jurídica a falta de la publicación de su articulado en el Boletín Oficial de las Cortes y posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, fue aprobada por el Congreso de los Diputados por 177 votos a favor y 172 en contra; estos últimos del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Por tanto, suscita la mayoría absoluta del Congreso, tras ser vetada en el Senado, pero carece de un apoyo ampliamente mayoritario en el seno social de la ciudadanía española. Podría sostenerse sin ánimo polémico que cerca de la mayoría de la población la rechaza y que el debate en el seno de la sociedad no ha sido fruto de unas propuestas electorales dirimidas en las urnas.

Tal aspecto, convierte a la aprobada ley de amnistía en un dudoso instrumento conciliador en términos sociales, lo que debería ser su principal efecto balsámico en el seno de una sociedad que presenta ya demasiados síntomas de polarización, una vez que tal realidad se está extendiendo desde la clase política a la población. Otra cosa, es que a nivel geográfico, en el caso catalán, tal amnistía suscite un mayor apoyo social, difícilmente cuantificable y en cualquier caso no ampliamente mayoritario, en una sociedad que el procés polarizó hasta cotas nunca vistas antes y cuyo desgarro social aún persiste.

La ley de amnistía puede ser comparada con los dos precedentes existentes en democracia, la ley de 1977 y la de 1936. En la de 1977, al igual que en la de ahora, la iniciativa provino de la izquierda política, aunque a diferencia de ahora, el centro-derecha, representado entonces por la UCD, se sumó a ella; quedando fuera del consenso Alianza Popular, que se abstuvo. Fue por tanto, una ley refrendada por una gran mayoría social, lo que la convirtió en un poderoso instrumento conciliador con el que reparar y poner fin a las víctimas de la represión franquista, pero que también benefició a los responsables de la misma. Se trató en suma del mayor intento por cerrar las heridas abiertas desde la Guerra Civil y así fue asumida por la inmensa mayoría de los españoles.

Previa a la Guerra Civil, fue la tercera de las amnistías, la que se decretó en febrero de 1936. Al igual que las otras dos fue obra de la izquierda, pero en esta ocasión, la misma fue respaldada por unanimidad por la Diputación Permanente de las Cortes, ya que las prisas llevaron a no esperar la constitución de las nuevas Cortes surgidas tras el triunfo electoral del Frente Popular. De hecho, a diferencia de la de ahora, dicha coalición electoral se presentó a aquellos comicios con la amnistía en sus programas, al igual que haría la izquierda en 1977.  En 1936, se trataba de exonerar a los implicados en la Revolución de Octubre de 1934, una revuelta no democrática que preconizaba la implantación de un régimen socialista, a la que en Cataluña se sumó el nacionalismo con una pretensión independentista. De hecho, los integrantes del gobierno de Lluís Companys, surgido de la autonomía concedida por la Segunda República a Cataluña, fueron amnistiados y abandonaron la prisión, volviendo al poder en esa región autónoma. En cualquier caso, seis meses después, un grupo de militares protagonizó un golpe de Estado contra la Segunda República, un régimen democrático que hasta ese momento había aguantado las embestidas revolucionarias, que en unos pocos días se convirtió en una atroz guerra.

Bombardeo en Donetsk

Una noticia que ha pasado bastante desapercibida ha sido el bombardeo de un mercado en la ciudad de Donetsk, con el resultado de 27 muertos y una veintena de heridos en el curso de la Guerra de Ucrania, todos ellos civiles. Las razones de ello pueden obedecer a diversas consideraciones. Entre ellas, al cansancio existente en la sociedad española ante la prolongación de la guerra, al desplazarse el foco de atención con el conflicto en Oriente Próximo y al hecho de que la autoría de la masacre haya quedado en duda, ya que Rusia ha acusado a Ucrania del mismo, aunque el ejército de Kiev niega su implicación. En cualquier caso, el objetivo del bombardeo ha sido la ciudad de Donetsk, capital de la región del mismo nombre, cuyo territorio mayoritariamente está en manos de los separatistas prorrusos desde 2014 y que en 2022 fue anexionada por Moscú, después de un referéndum, que al ser organizado por las autoridades rusas dio tal resultado, mostrando una vez más la principal característica de tales consultas: su esencia manipulable.

Si el bombardeo fuera responsabilidad de las fuerzas rusas, estaríamos ante un nuevo caso de victimización por parte de Moscú, que rápidamente solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Si lo fuera de Kiev, nos encontraríamos con un escenario que denota la creciente debilidad de Ucrania en la guerra, que ante el flaqueo en la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea ve como las tornas están cambiando en el desenlace del conflicto a favor de Moscú. Y no solo eso, sino la desesperación de las autoridades de Ucrania que habrían admitido que el Donetsk y en general todo el Donbás, el territorio al este de Ucrania más cercano a Rusia, es territorio ruso. No de otra manera se podría interpretar el hecho de un bombardeo contra su población, con el consiguiente efecto negativo en el proceso identitario que padecen todos los habitantes de Ucrania desde que Rusia decidió invadir tal país. Circunstancia, no obstante, que también podría explicar la autoría rusa de la masacre, ya que las identidades son, también, enormemente manipulables. En cualquier caso, no podía ser de otra manera, ya que estamos hablando de nacionalismos, algo que incide siempre en la subjetividad emocional, algo alejado de la racionalidad que se le presume al Homo sapiens.

Los hutíes

La milicia huti ha saltado al foco de atención occidental tras el ataque de una coalición internacional, liderada por los Estados Unidos, en represalia por haber puesto en peligro el tránsito comercial en el sensible mar Rojo, lo que ha llevado a numerosas navieras a verse obligadas a optar por la ruta mucho más larga de la circunvalación de África doblando el cabo de Nueva Esperanza. Tal consecuencia tensiona los mercados e incrementa la espiral inflacionista que padece prácticamente el planeta entero y repercute en el aumento de la pobreza, especialmente de los más desfavorecidos. Se desconocen aún el número de fallecidos en el ataque de ayer contra seis decenas de instalaciones militares de la milicia Ansar Allá, los Partidarios de Dios, como formalmente se denomina el brazo armado de los hutíes, quienes habían respondido al ataque israelí en Gaza, con más de 20.000 muertos, tres meses después del golpe perpetrado por Hamas contra colonos judíos que se saldó el 7 de octubre pasado con más de un millar de fallecidos. Hoy, proseguían las represalias contra los hutíes.

Los hutíes componen más del 30%  de la población de Yemen, un estado fallido -uno más- del sur de la península arábiga, especialmente numerosos cuanto más al norte del país, aunque controlan desde 2014 Saná, la capital. Un año después, Arabia Saudí, el país árabe que encarna la ortodoxia sunní musulmana, entabló una guerra, que formalmente aún perdura, con el objetivo de reducir a los hutíes, algo que se ha mostrado infructuoso, e impedir que se hicieran con el control total del país ocupando el relevante puerto de Adén, desde donde un gobierno, heredero del que gobernó todo Yemen antes de la descrita guerra civil y que se ha aliado con los separatistas del sur del país, mantiene la resistencia contra Ansar Allá, que ha impuesto un régimen teocrático y fundamentalista en la zona norte de Yemen. Los hutíes están considerados chiíes, una de las dos principales ramas musulmanas, y su gobierno en Saná es apoyado por Irán, el país que encarna el liderazgo chií musulmán. De hecho, la guerra civil yemení, que devasta el país desde hace una década, es estudiada como una parte más de la gran confrontación civil que padece el mundo musulmán desde que en 2011 los opositores sunníes al régimen de Bachar al Assad, al calor de las revoluciones denominadas como primavera árabe, retaron al formalmente laico régimen Baazista apoyado por Irán. El principal frente sunní y chií pasa por la otra costa de la península arábiga, por el golfo Pérsico, donde otro brazo de mar, en cuyo subsuelo abunda el petróleo, separa a Irán de Arabia Saudí y de otras pequeñas monarquías (Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos) con emires sunníes, pero con poblaciones chiíes. 

Los hutíes representan hoy en día la última expresión del zaidismo, un movimiento religioso que desde el siglo IX ha creado diversos protoestados en el Yemen y en el sur del mar Caspio. Según los estudiosos de la diversidad religiosa musulmana, los zaidís son el grupo chií más próximo a la sunna, es decir, a los sunníes. A diferencia de los chiíes, rechazan la taqiya el recurso del musulmán a disimular de su fe en grave peligro. Tampoco otorgan a sus dirigentes cualidades sobrehumanas, a las que han sido en la historia tan propensos sus congéneres duodecimanos iraníes. Su racionalidad se muestra también en su propia escuela jurídico-doctrinal, ya que junto al Corán y a los hadices (dichos) del Profeta Mahoma, consideran el ichma, el consenso, como fuente de interpretación islámica.

Hoy en día, a nivel geoestrátegico, se analiza la guerra civil yemení y el apoyo hutí a Hamas como un eslabón más de la media luna chií que desde el sur de la península arábiga hasta el Líbano de Hezbolá, presiona al sunnismo, a la par que al Estado de Israel, creado en 1948 después de décadas de oleadas de inmigrantes que huían de los progromos antijudíos y en definitiva de la Shoá, infringidos por los movimientos totalitarios europeos de la primera mitad del siglo XX. 

Ello, permite plantearnos una vieja discusión, si las ideologías o las religiones que las precedieron son producto de las condiciones históricas, o al revés. Es decir, si en una interpretación marxista los condiciones materiales de la existencia producen las ideas o si en una interpretación idealista son estas las que hacen la realidad. Respaldando la segunda, estaría la concatenación de apoyos enraizados en el sistema común doctrinario de ideas, que el universo chií irradia desde un Irán que se acerca a la posesión de la bomba atómica. En apoyo de la primera, estaría el hecho de que Hamas es una organización teocrática y fundamentalista sunní, no chií, que sin embargo es apoyada por Irán, Hezbolá y los hutíes. Y el hecho de que la pobreza gazatí, al igual que la yemení, es un indudable caldo de cultivo de la violencia, alimentada por una globalización que permite al instante -mediante un mero click- comprobar a los desheredados del mundo la diferencia con las condiciones de vida de las que gozamos en Occidente.

Los límites de la democracia

La decisión del Tribunal Supremo israelí de tumbar la reforma judicial que pretendía el gobierno de Netanyahu apenas ha sido comentada por las fuerzas políticas de nuestro país, lo cual no deja de ser sorprendente por los paralelismos que se podrían aplicar con respecto a la polémica que enfrenta al PSOE y al PP en cuanto a la renovación del Poder Judicial, un cambio a todas luces necesario por la parálisis que vive el Consejo de los jueces debido al escandaloso retraso en implementarla por la resistencia conservadora a ello.

Pero volvamos a Israel y al motivo que ha llevado al máximo tribunal de aquel país a denegar el recorte de poder que pretendía el ejecutivo derechista sobre el Poder Judicial, satisfaciendo a la oposición izquierdista que ha mantenido durante meses continuas movilizaciones contra el proyecto gubernamental. El motivo aducido por el Supremo no es otro que considerar perfectamente compatible con la democracia la capacidad de los magistrados para paralizar las decisiones del gobierno que considere irrazonables. Es decir,  que frente a los argumentos de un gobierno, el Poder Judicial puede parar sus decisiones si entiende que no son razonables. La resolución judicial supone no solo la exaltación de la liberal separación de poderes, alumbrada por Montesquieu, sino que pone limites a la democracia, ya que implica en la práctica que el Poder Judicial puede paralizar decisiones tomadas democráticamente, como pueden ser las que emita un gobierno elegido y respaldado democráticamente por el Parlamento.

La decisión judicial establece así una indagación sobre los dos principios que conforman los estados de derecho, el liberal y el democrático, dando a entender que ambos no deben ser absolutos.

Indudablemente que hay muchas diferencias entre Israel y España, más allá de la obvia de como responde a la violencia el primero y que incide en la desgracia que asuela Gaza. También, en el hecho de que Israel carezca de una constitución, a diferencia de España. Pero, ¿ustedes se imaginan que, en España, el Tribunal Supremo anulase una ley presentada por el gobierno, legítimamente democrático, y aprobada democráticamente por el Parlamento, bajo el argumento de que es irrazonable? Antes de responder o sorprenderse, reflexionen sobre la importancia que tiene renovar el Consejo General del Poder Judicial, como insiste el PSOE, y de encontrar una fórmula democrática y liberal, a la vez, para la elección de sus miembros, que a su vez, escogen a los del Tribunal Supremo, como pretende el PP. Sin duda que la polémica sobre el Poder Judicial es una de las más relevantes que debe afrontar nuestro país y que incide en la esencia de la estructura demo-liberal de los Estados occidentales.