Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, está logrando despejar su horizonte judicial, un futuro adverso que está revertiendo desde que salió elegido en las presidenciales norteamericanas. Las graves acusaciones que pesaban contra él por injerencia electoral y asalto al Capitolio han sido cerradas a petición de la fiscalía, que entiende que no se puede perseguir penalmente a un presidente.
La consecuencia que se extrae es que la democracia puede legitimar las conductas delictivas lo que representa un grave problema al Estado de Derecho. Y un error, porque los votos no debieran exonerar a nadie de los hechos cometidos, como fue, al menos a nivel indiciario, su incitación a ocupar el órgano legislativo estadounidense con la intención de acabar con una democracia bicentenaria.
Un estado democrático debe tener la capacidad de impedir que la democracia acabe con la propia democracia. Y eso solo puede hacerse desde el respeto a la legalidad, cuya preservación incumbe a lo judicial como un poder del Estado. Lo digo porque podemos encontrar muchos ejemplos pasados, como la ascensión al poder de Adolf Hitler, pero sobre todo para evitar que lo repitamos en el futuro, no solo en Estados Unidos.
Aquí, en España, abundan las críticas al poder judicial, incluso emitidas desde los representantes de los otros poderes, sin comprender que un Estado de Derecho es aquel que preserva la Democracia y la Justicia, combinando ambos principios sin menoscabo de ninguno de ellos. Erosionar la legitimidad de la Justicia en nombre de la Democracia es una pendiente peligrosa que puede convertir a una democracia, como la estadounidense, en un Estado sin Derecho.
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