Democracia y Justicia

Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, está logrando despejar su horizonte judicial, un futuro adverso que está revertiendo desde que salió elegido en las presidenciales norteamericanas. Las graves acusaciones que pesaban contra él por injerencia electoral y asalto al Capitolio han sido cerradas a petición de la fiscalía, que entiende que no se puede perseguir penalmente a un presidente.

La consecuencia que se extrae es que la democracia puede legitimar las conductas delictivas lo que representa un grave problema al Estado de Derecho. Y un error, porque los votos no debieran exonerar a nadie de los hechos cometidos, como fue, al menos a nivel indiciario, su incitación a ocupar el órgano legislativo estadounidense con la intención de acabar con una democracia bicentenaria. 

Un estado democrático debe tener la capacidad de impedir que la democracia acabe con la propia democracia. Y eso solo puede hacerse desde el respeto a la legalidad, cuya preservación incumbe a lo judicial como un poder del Estado. Lo digo porque podemos encontrar muchos ejemplos pasados, como la ascensión al poder de Adolf Hitler, pero sobre todo para evitar que lo repitamos en el futuro, no solo en Estados Unidos.

Aquí, en España, abundan las críticas al poder judicial, incluso emitidas desde los representantes de los otros poderes, sin comprender que un Estado de Derecho es aquel que preserva la Democracia y la Justicia, combinando ambos principios sin menoscabo de ninguno de ellos. Erosionar la legitimidad de la Justicia en nombre de la Democracia es una pendiente peligrosa que puede convertir a una democracia, como la estadounidense, en un Estado sin Derecho.

Ha fallado el Estado

En toda la crisis ocurrida por la Dana ha fallado claramente el Estado. Esa es la principal conclusión que ha dejado el reguero de destrucción de una gota fría que se ha llevado por delante, de momento, a más de dos centenares de vidas, decenas de miles de damnificados y un cuantioso daño económico todavía por calcular. Si quedaba alguna duda, las imágenes de la visita ayer de los reyes, del presidente del Gobierno y de la Generalitat valenciana debería despejarla ante la vista de los damnificados que identificaron sin lugar a dudas a los representantes del Estado español con su ira vehemente. 

Y cuando hablo del Estado, me refiero a todos sus superpuestos poderes, centrales y autonómicos, que todos son el Estado español. La tardanza en movilizar los medios y efectivos necesarios ante la magnitud del desastre ha sido la principal crítica recibida, emitida desde los propios afectados y desde los expertos que han hablado. Y ahí, caben las reconvenciones a un gobierno regional valenciano que tardó demasiado en alertar a la población, pero también a un gobierno central que no fue capaz de asumir el mando que demandaba una crisis de carácter evidentemente nacional. No caben excusas, la Generalitat se vio desbordada y el Gobierno no fue capaz de tomar el mando, pese a la cobertura constitucional que le hubiera amparado. Sin duda, que los complejos centralistas pesaron en la inacción gubernamental, máxime en un gabinete tan dependiente de sus socios nacionalistas. Y también, los tics contrarios existentes en el partido que sustenta al ejecutivo regional valenciano.

El resultado fue que a lo largo de al menos durante cuatro días el Estado no estuvo presente en las comarcas afectadas, más allá de los pocos efectivos de la UME que se desplegaron pronto en pocas zonas. Porque esa es otra lección que no nos convendría olvidar. El principal instrumento de un Estado es su ejército y para eso debe estar, para ayudar a los ciudadanos, que desprovistos de esa poderosa herramienta tuvieron que autoorganizarse para paliar en los primeros días la destrucción recibida. Y esa ha sido la crítica principal que ayer escucharon los reyes. Estos, por lo menos, lo hicieron, salvando la cara al Estado.

Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades políticas y de profundizar en las causas que han flotado en toda esta crisis. También, las más profundas, como la de un Estado que ha permitido construir sistemáticamente en torrenteras y al que le cuesta emprender las necesarias medidas para garantizar la vida de sus ciudadanos en una época de cambio climático como la que vivimos, para lo que será necesario acallar con argumentos científicos a los negacionistas, reconduciendo racionalmente la deliberación. Todo ello, deberá presidir el debate que debemos afrontar en el futuro, si queremos darle futuro al Estado.