Noticias indignas

Hay noticias cuya publicación me provoca repulsión por su indignidad, como la aparecida hoy en El Mundo sobre la paternidad del hijo de Alicia Sánchez-Camacho. En 2005, cuando la líder del PP en Cataluña no ocupaba un puesto relevante en política, decidió someterse a un programa de fecundación artificial ante la tesitura de dejar atrás la edad fertil. El donante de semen fue en principio anónimo. Hasta ahora, en que El Mundo ha publicado que fue Manuel Pimentel. Ambos coincidieron en 1999 en el Ministerio de Trabajo, el como responsable del mismo y ella como directora general del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. En cualquier caso, las relaciones entre Primentel y Sánchez-Camacho entran dentro de la órbita de lo privado y así hay que respetarlo, independientemente de que militen, o en el caso del exministro de que haya militado, en un partido partidario del modelo familiar tradicional. Primero por el respeto a los derechos de los protagonistas y también por el hijo de ambos. Sobre todo por este último, de siete años de edad.

Trasvase Tajo-Segura

El Gobierno ha logrado poner de acuerdo a las cinco comunidades autónomas con intereses en el trasvase Tajo-Segura, lo cual no es que sea solo una noticia muy relevante, desgraciadamente muy poco difundida por los medios de comunicación, sino que supone todo un hito para el Estado español. Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia han llegado a un acuerdo sobre el agua, un bien escaso en el sureste peninsular. Ahora, el convenio deberá ser plasmado en una regulación con carácter de ley, que considerará trasvasable todo volumen de agua que esté por encima de la reserva de 400 hectómetros, hasta 600 al año. Aquí es donde puede estar el problema, ya que hay años en los que la escasa pluviosidad no permitirá alcanzar el límite fijado. En cualquier caso, se trata de un sustancial avance en la medida en que todas las partes implicadas han sido capaces de ponerse de acuerdo en un endiablado tema con unos limitados recursos. 

Tiempo para la moralidad

España ya vuelve a tener dinero barato. Un año despues de situarnos en el filo del abismo, nuestro Estado consigue ya préstamos financiados a un interés razonable. Mientras la bolsa española marcaba ayer su quinto máximo anual consecutivo. Es evidente que a finales del segundo semestre, tal como se predijo en este blog, tocamos fondo en la caída a los infiernos iniciada en 2008. Ahora viene una más que previsible lentísima recuperación y debe ser obligación de los diferentes poderes del Estado volcarse para que los más débiles, los que más han pagado esta brutal crisis, empiecen a notar que el viento ha cambiado de dirección. Lo contrario sería sencillamente inmoral. 

Aforados

El Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha impedido una iniciativa de Unión Progreso y Democracia, UPyD, apoyada por el PSOE e Izquierda Unida, para revisar restrictivamente la figura del aforado. Actualmente, en la Comunidad de Madrid, gozan del aforamiento el presidente, los miembros de su gobierno y los 129 diputados regionales. El aforamiento impide que cualquiera de estos políticos sean investigados judicialmente por su juez natural, siendo competencia de ello el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Salvo algunos casos, el aforamiento supone una perversión del sistema democrático, por lo que debería reducirse el número de sus beneficiarios. Puede tener alguna razón con los miembros del Poder Ejecutivo, pero no le alcanzo a ver ninguna para los del Legislativo, una vez que está garantizada su inmunidad parlamentaria. Por ello, mantener estos privilegios, como ha hecho el PP, solo puede tener una consecuencia negativa: ahondar en la cada vez mayor fractura entre los ciudadanos y los políticos.

Un gramo de sensatez

Las televisiones autonómicas han necesitado cerca de tres décadas para llegar a algo obvio: la necesidad de compartir productos audiovisuales. Se empezó a hacer de una manera muy limitada al poco del nacimiento de dichas televisiones con la creación de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, la FORTA, que ofrecía a sus asociados resúmenes televisivos de información. Ahora, la FORTA y el externo Canal Extremadura dan un paso de enorme relevancia produciendo series televisivas comunes. El viernes pasado presentaron El Faro, que desde este lunes se emitirá en algunas de las televisiones autonómicas. La crisis económica ha obligado a ello. Es decir, la realidad se ha impuesto a los prejuicios ideológicos, lo cual no es mala noticia. Al revés, la sensatez parece imponerse. ¿Seremos capaces de desprendernos de más anteojeras políticas y construir un modelo de televisión autonómico en el que una potente estructura estatal maximice los gastos y sirva sus productos a todos los entes regionales? Ese el único camino que garantizará la subsistencia de las televisiones autonómicas. Hace treinta años ningún político tuvo la valentía de proponer un desarrollo televisivo regional a partir de la única estructura existente entonces, Radio Televisión Española, potenciando el carácter público de la misma, así como su descentralización. Pero para eso se hubiera necesitado más periodistas y menos comisarios políticos.

Error sindical

Se equivocan los sindicatos cuando se manifiestan frente a la juez Alaya, que investiga el fraude de los ERE, al grito de "libertad", mientras la abuchean. Un requisito previo para la libertad es la Justicia. Sin ley no es posible la libertad en una sociedad post industrial como la nuestra, salvo que retomemos los sueños frustrados del anarquismo. Y de nada sirve abuchear a la persona que encarna la actuación judicial. Si no estuviera la juez Mercedes Alaya, estaría otra persona, que llevaría el caso de manera diferente, pero previsiblemente no muy dispar en cuanto a sus resultados.  El Estado de Derecho debe investigar y castigar en su caso una serie de conductas que pese a la cotidianidad en el tiempo de las mismas, parecen fuera del ordenamiento jurídico. Y los sindicatos deben defender a los trabajadores, a todos, no solo a los que tienen empleo y cotizan. Esa es su misión. No saltarse la legalidad, porque entonces queda en suspenso la libertad de muchos. Y ya se sabe a donde lleva el camino de la tiranía.

Independencia traumática

Hace dos años la comunidad internacional recibió como nuevo Estado a Sudán del Sur, que había mantenido durante muchos años un conflicto armado con Sudán. La secesión del sur fue finalmente aceptada por el norte, por lo que la Organización de Naciones Unidas aceptó al nuevo país como miembro. Dos años después se registran en Sudán del Sur graves violaciones de los derechos humanos. Human Rights Watch documentó en septiembre pasado un centenar de muertes a manos de las fuerzas gubernamentales. El ejército sursudanés está librando duras batallas contra los rebeldes de Yau Yau, que no aceptaron ser incorporados al nuevo Estado tras la independencia. En esa guerra, como en todas, abundan las víctimas civiles, en este caso de la etnia Murle, enfrentada a la rival Lou Nuer, apoyada esta última por el gobierno nacido de la independencia. Algunos dirán que es un triste caso de África y rápidamente olvidarán estas líneas. Pero la realidad es tuzuda. Siempre es igual. Y en cualquier sitio del planeta.