Seguridad privada

La derecha de este país; es decir, el PP, CiU y PNV, ha aprobado un proyecto de ley que, si nadie lo repara, facultará a los vigilantes de seguridad privada para detener a los ciudadanos en las calles, en el espacio público. Sin duda que tal medida redundará en beneficio del sector de la Seguridad Privada, en concreto, en los propietarios de las empresas que prestan este servicio. Ya saben que hay una ideología, denominada liberalismo económico, que pretende la sustitución del Estado por la empresa privada. Y los defensores de tal planteamiento llevan aprovechando la brutal crisis económica que hemos vivido para erosionar el Estado de Bienestar, sin recordar que, aparte de incompetentes, el origen de aquella fue el escaso control de los Estados en los mercados. Ahora, parece que, pertrechados de las oportunas anteojeras ideológicas, asistimos a una nueva fase, consistente en poner en peligro el mismo Estado de Derecho. Y si no vean Argentina, donde unas devaluadas fuerzas policiales públicas son presa de la corrupción, expulsando al Estado del control de las calles.  Conseguirán así, esos defensores de ésta ideología, que la seguridad solo se garantice a quienes puedan pagarla. Ese día habrán logrado acabar con el Estado de Derecho y regresaremos al estado primitivo en el que la fuerza lo decidía todo.

Radiografía política catalana

El bloque soberanista catalán no atraviesa su mejor momento. Las divisiones pueden terminar aguando la épica independentista, lo que a más de un convencido puede resultar inconcebible. Ya se sabe que los relatos nacionales son tan poderosos que su fracaso solo puede crear frustración, aumentando aun si cabe el sentimiento de padecer una permanente opresión. La izquierda y extrema izquierda nacionalista, representada por Esquerra Republicana de Catalunya y la Candidatura d'Unitat Popular, exigen una pregunta clara en el pretendido referéndum secesionista. Hay que admitirles a ERC y la CUP una coherencia que se echa en falta en otros grupos políticos. Ambas formaciones arriesgan apostando por lo diáfano. Luego tenemos a la extrema izquierda teoricamente no nacionalista, representada por Iniciativa per Catalunya Verds, lo que en origen fue la Izquierda Unida de Cataluña, que prefiere una pregunta no tan clara, que induzca al pueblo a optar por soluciones intermedias entre la independencia y la actual autonomía. Similar planteamiento sostiene una parte de la derecha nacionalista, representada por Unió Democràtica de Catalunya. Ambas formaciones han reivindicado el sacrosanto derecho de autodeterminación como estrategia para imponer al resto de españoles una fórmula más rentable de permanencia en España. Y por ùltimo en el bloque separatista está el resto de la derecha nacionalista, la de Convergència Democràtica de Catalunya, que probablemente deberá asumir el coste de decidir entre una y otra opción, entre la claridad y la maniobra. Es impresionante la capacidad de Artur Mas para meterse en callejones de difícil salida. Por lo demás, tenemos otra derecha, esta no nacionalista, representada por el PP. Y tenemos un centro izquierda, tampoco nacionalista, el de Ciutadans. Ambas formaciones son indudablemente partidarias del actual status quo autonómico. Mantienen un discurso muy diáfano, muy claro. Y por último, tenemos a una izquierda, el Partit del Socialistes de Catalunya, que le cuesta aclararse sobre lo que el marxismo calificó como la "cuestión nacional". Su posición, tras varias maniobras confusas, sigue sin proyectar un mensaje claro. Aparentemente se proclaman federalistas, abogando por una profundización autonómica. Para ello plantean el principio de ordinalidad. Es decir, que una comunidad autónoma no vea disminuida su posición en la clasificación de riqueza después de hacer su aportación a las arcas comunes. Por tanto, se trata de un partido de izquierdas que quiere limitar la solidaridad a las comunidades más pobres. En cambio, otras cosas que pide el PSC no son tan claras. Exige un mayor reconocimiento de las singularidades de Cataluña, sobre todo lo referido a la lengua catalana. Se trata de que Cataluña vea mejor reconocidas sus diferencias, de tal manera que más que un federalismo parece que se trata de un confederalismo. Y, para terminar de confundir, el PSC se declara partidario del derecho de autodeterminación, perdón, del derecho a decidir, como se formula eufemísticamente. Pero, dudo que sepan si lo hacen para chantajear o no al resto de españoles.

Ucrania, una realidad binacional

En Europa Occidental tenemos una óptica manida sobre Ucrania, basada en la prolongación de la continuación de la guerra fría y el arrinconamiento de Rusia, y propiciada por los intereses de Estados Unidos, de los que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial somos unos entusiastas defensores. A ello se suma hoy en día, las aspiraciones de una Alemania cada vez más hegemónica que extiende su mercado por los países de la antigua órbita de la Unión Soviética en los que obtiene múltiples beneficios. Es decir, tanto por influencia estadounidense como alemana, la Unión Europea pretende reducir el área de influencia de Rusia, a lo que ésta como es obvio se opone. Ucrania nació como Estado independiente tras la implosión de la Unión Soviética en la década de los noventa del siglo pasado, poniendo fin así a once siglos de unidad, articulada incluso inicialmente en torno a Kiev, la primera capital rusa, y no de Moscú.  La caída de los imperios tras la Primera Guerra Mundial no supuso alteración significativa para Ucrania que pasó de estar incluida en el de los zares a pertenecer a la recién constituida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formalmente como un República que gozaba de esa entelequía denominada derecho de autodeterminación, pero de hecho como una mera región más del nuevo Estado comunista creado por Lenin, cuya efigie fue ayer derrocada en Kiev. En cambio, el expansionismo estalinista impuesto en Yalta tras el fin de la Segunda Guerra Mundial confirió a la Ucrania soviética, que seguía igualmente controlada con mano de hierro desde Moscú, nuevos territorios al occidente que alguna vez habìan pertenecido al Imperio austro-húngaro o a Polonia. De hecho, Alemania ahora encabeza el movimiento pendular de regreso germano a esas latitudes. Por último, fue Nikita Jruschev, sucesor de Stalin al frente del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien transfirió en 1954 la estrategia península sureña de Crimea de la federación rusa a Ucrania, ampliando sustancialmente su territorio. Un territorio que se convirtió en independiente cuando se desintegró la URSS. Pero a diferencia de otras regiones de la Unión Soviética, que alcanzaron la soberanía tras la caída del Muro de Berlín, Ucrania no es un Estado-nación. Más bien es un Estado binacional.  Dos comunidades culturales separadas por dos lenguajes: el ucraniano y el ruso, y situadas grosso modo en ambos lados del país: al oeste -en la zona de expansionismo estalinista y en Kiev- los ucranianos, y al este y al sur los rusos. En cambio, como factores que pueden facilitar la cohesión están el hecho de que comparten la misma religión, la ortodoxa, y que étnicamente ambos grupos forman parte de la gran familia eslava. El problema está en las apetencias de Occidente y de Rusia que amenazan con desgajar el país en una lucha tiránica por imponerse en el Estado ucraniano. Obviamente ambos tienen intereses espurios para ello, aunque también hay diferencias: la aproximación de Ucrania a la Unión Europea redundaría en una mayor democratización y respeto a los principios del Estado de Derecho por parte de Kiev, mientras que la recuperación rusa de Ucrania supondría un incremento del autoritarismo y de la arbitrariedad. 

Reforma de la Constitución

Con motivo del 35 aniversario de la Constitución que celebraremos mañana han arreciado las peticiones de su reforma. El problema es que, salvo en el detalle de la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en la sucesión a la Corona, no parece que haya un consenso amplio para emprenderla. Es incluso desalentador observar como en el pasado reciente se ha desaprovechado la oportunidad de reformarla en el sentido expresado por las disputas partidistas. Y ahora cualquier cambio referido a la monarquía sería considerado un auténtico plebiscito sobre esa forma de gobierno, lo que crea temor en muchos. No lo sería o al menos se diluiría  si se presentase junto a otras iniciativas. Por ejemplo, la encaminada a limitar la concentración de poder en las direcciones de los grandes partidos y favorecer su democracia interna, cuya perversas consecuencias se detectan en la vida parlamentaria y en la colonización que sufre el poder judicial a manos de los políticos. Ambas propuestas mejorarían nuestra Constitución y por ende nuestra democracia. Efectos contrarios tendría una serie de iniciativas que podríamos definir como demagógicas. Una de ellas incide en la denominada democracia directa, según la cual las nuevas tecnologías permiten obviar la democracia representativa, lo cual es falso. La división social del trabajo lo impide. Muchos ciudadanos renunciarían a su participación ante la carga de trabajo que tienen que desempeñar a diario, lo que dejaría el camino abierto a una minoría que monopolizaría tal democracia directa. Estaríamos reproduciendo, pues, el mecanismo de ascensión al poder de una elite, fenómenos que ya hemos visto en muchas otras ocasiones en el pasado. Y por último está el derecho a decidir, ese eufemismo del Derecho de Autodeterminación. No existe en ningún ordenamiento jurídico serio. Salvo en los supuestos establecidos por la ONU, de opresión y colonización, su mero planteamiento conlleva una carga demagógica patente, ante la evidencia de que quién establece al sujeto emancipador ya tiene ganada gran parte de la partida. Eso no quiere decir que el problema territorial no exiga soluciones en España. De hecho, es tal vez el gran lastre de nuestro Estado desde finales del siglo XIX. Pero, la iniciativa socialista de avanzar en la federalización de España no creo que contente a los nacionalismos periféricos, que buscarán siempre una diferenciación, una confederación. Y una cosa y la otra son muy diferentes.

Milagro chileno

En los últimos 23 años, Chile ha experimentado un magnífico desarrollo socioeconómico. En 1990 el 40% de la población vivìa en niveles de pobreza. Hoy en día ese porcentaje se ha reducido al 14%. La renta per capita es de 20.000 dólares, cuando en 1990 era de 5.000. Desde 2010, Chile crece un 5,5% anual. Su desempleo es solo del 5,7% y la inflación no supera el 3%. Todo éste espectacular avance lo ha protagonizado una sociedad que salió terriblemente fracturada de la dictadura de Augusto Pinochet. Pese a ello, ya sea con gobiernos de centro izquierda o de derecha, Chile se ha colocado en el pelotón de cabeza de los países emergentes, pese a sus problemas aún no resueltos. Entre ellos destaca negativamente un deficiente acceso a la educación de las clases más desfavorecidas. La ex presidenta y candidata a la reelección por la coalición centro-izquierdista de La Concertación, Michelle Bachelet, pretende revertir esta situación, mediante una reforma fiscal que grave más impuestos a quienes más tienen. Pura socialdemocracia, alejada de peligrosos populismos.

Educar en la violencia

Los libros de texto que Hamas reparte entre la comunidad educativa de Gaza ignoran la existencia de Israel. En sus mapas, Palestina ocupa  toda la tierra al oeste del río Jordán y entre sus ciudades no solo se encuentra Jerusalén, sino también Haifa y Acre. Esos son los manuales que el partido islamista impone en las escuelas palestinas de la franja. Hamas sigue así la lógica del fanatismo: que la realidad no te impida desprenderte de tus anteojeras ideológicas o religiosas. Igual comportamiento ofrece su archienemigo: Israel. Un 76% de los manuales del Estado judío muestra los mapas de la zona sin demarcar los territorios palestinos. Así se educa a las nuevas generaciones de palestinos e israelíes, por lo que no debe extrañarnos que la violencia se perpetue en el futuro en Oriente Próximo.  Otro ejemplo más cercano hace referencia a la ciudad de Granada, tan actual debido a la popular serie de televisión sobre Isabel la Católica, que anoche puso fin a su segunda temporada. La portavoz del gobierno de Gaza, Isra al Modallal, declaró la semana pasada a El País: "Granada fue nuestra ciudad". Y curiosamente las palabras de la portavoz del ejecutivo de Hamas dejaron imperturbable al periodista. Es más no levantaron crítica alguna. Efectivamente, Granada fue capital del reino musulmán nazarí en los siglos XIII, XIV y XV, pero no creo justificado que una islamista palestina del siglo XXI utilice el posesivo, aunque sea en pasado. Nada que decir si se hubiera limitado a señalar que Granada fue una ciudad musulmana. En rigor histórico, es como si un fanático católico español reclamase hoy en día una ciudad del antiguo Flandes, como por ejemplo Brujas, en recuerdo de cuando los tercios españoles se paseaban por allí, destruyendo los Países Bajos. Granada de entrada es una joya de toda la humanidad en la que muchas culturas dejaron su huella. Y ninguna anteojera religiosa debe apropiársela, error que por cierto ya cometieron los Reyes Católicos.

Demasiado tiempo

Italia por fin ha pasado página, relegando a Berlusconi a la humillación que se merece. Pero para ello ha necesitado de mucho tiempo, de demasiado tiempo. Se ha necesitado de una condena a cuatro años de prisión confirmada por el Tribunal Supremo en el llamado caso Mediaset para que el Senado haya expulsado a tan indigno parlamentario. No es la única sentencia adversa que acumula el exprimer ministro. Un tribunal de Milán le ha condenado a siete años por abuso de poder e inducción a la prostitución en el caso Ruby, la menor marroquí que animaba sus fiestas privadas. Y al magnate le esperan otros procesos abiertos, como la supuesta compra de un senador para derribar el gobierno de su gran enemigo político Romano Prodi. Lo que escapa al sentido común es que haya habido que esperar a que el Tribunal Supremo ratificase su primera condena para iniciar la inhabilitación de quien es a todas luces un delincuente. Demasiado tiempo, justo lo opuesto a los beneficios penitenciarios de los que gozará por su edad. De la condena a cuatro años solo cumplirá menos de un año de trabajos en servicios sociales.