En manos de la Revolución

Lo que propone la CUP es sencillamente la Revolución. Su apuesta por la ruptura con lo que denominan el Régimen español, es llana y simplemente acabar con el Estado de Derecho en esa comunidad autónoma. Y consecuentemente con la democracia existente allí desde hace casi cuarenta años, largo período que ha permitido a esa región alcanzar las mayores cotas de progreso de toda su historia.

Habrá gente que se muestren conformes con ello, en nombre de la igualdad social, como las hubo que apoyaron los regímenes totalitarios de Europa del este durante la aegunda mitad del siglo XX. Porque no nos engañemos, el ideal de la CUP es reeditar algo parecido a la Albania comunista. Sí, convertir Cataluña en aquel país balcánico caracterizado por la pobreza generalizada y la represión de las libertades. Todo ello en nombre de una idolatrada utopía: la igualdad social de todos.

Y de ello debemos ser todos conscientes, especialmente aquellos burgueses que el otro día aplaudían en el Liceo a Artur Mas. Unos burgueses, por cierto, herederos de aquellos que a principios del XX pretendieron y en gran medida lograron convertir a Cataluña en la locomotora del progreso de toda España. Herederos, incluso de sangre, como descendientes de aquellas grandes familias que industrializaron esa región y toda España. Muchos de elos nietos de aquellos que en 1939 salieron a recibir al ejército sublevado, brazo en alto, que les había liberado de la Revolución.

Con la foralidad hemos topado

Los deseos de acomodar mejor a Cataluña en el seno de España han chocado ya con el hecho foral, reconocido en nuestra Constitución como un derecho histórico de las provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.

Independientemente de que el pulso mantenido por las formaciones independentistas catalanas, que a la luz de las últimas elecciones siguen sin ser mayoritarias en aquella comunidad autónoma, ha condicionado el haber llegado a la situación actual, alguna adecuación tendrá que negociarse para contentar a una parte relevante de la población catalana, que ha secundado -probablemente por una cuestión emocional- la apuesta monetaria de sus dirigentes, consistente en aportar menos esfuerzo fiscal a las arcas estatales y lograr una articulación confederal con el resto de España.

Y aquí es donde está el problema, porque la demostración de fuerza organizada por Artur Mas a lo largo de estos últimos años colisiona con un problema cuantitativo fácil de explicar. No es lo mismo que un instrumento fiscal determinado afecte sólo a dos millones setecientos mil habitantes, que residen en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, que éste se amplíe a diez millones ochocientos mil, incluyendo a los catalanes. La población española es de 46 millones cuatrocientos mil. Con lo que la cuenta es muy sencilla: no es igual que un sistema se aplique a algo menos del 6% de la población, que se haga a algo más del 23%. O lo que es lo mismo, sustraer de la Hacienda estatal a uno de cada cuatro españoles.

La diferencia es sustancial y no necesita de mayor explicación, en la medida en que las dudas sobre la viabilidad del Estado español estarían más que justificadas. Por ello, el margen de negociación es muy reducido y las posibilidades de acuerdo escasas. Y por supuesto, la más conflictiva sería apuntar para otro lado y pretender igualar en un sentido federal, aboliendo los derechos forales. Tanto Iñigo Urkullu como Uxue Barkos ya han advertido que los matices confederales de los que disfrutan sus comunidades autónomas no son negociables.

La solución, pues, no es nada fácil. Es más, abrir el melón de la reforma constitucional, algo a lo que inevitablemente creo que estamos abocados, puede traer repercusiones tremendamente complicadas a la hora de concretar. En cualquier caso, algo ganaremos si hablamos con propiedad. Federalismo es igualar desde la diversidad y confederalismo es lo contrario, además de donde partimos históricamente.

Hipocresía

Tras la oleada de refugiados de Oriente Próximo que ha perturbado a Europa, los organismos unitarios empiezan a reaccionar. La Comisión Europea se ha acordado ahora de una Turquía a la que desdeñó como futuro miembro, ofreciéndole un acuerdo que pretende frenar a los migrantes en aquel país asentado entre Europa y Asia.

Al compromiso turco para acoger en campos de refugiados a los que huyen de la guerra siria, Bruselas correspondería con el desembolso de dinero: de los mil millones de euros ya comprometidos se podría pasar a cerca de diez mil. Además, la oferta europea incluye algo acariciado durante muchos años por los turcos: que se les exima de visado para entrar en la Unión Europea.

Nuestras autoridades comunitarias aceptan así liberalizar el tránsito turco en Europa, posibilidad barajada hace pocos años y que provocó el que muchos líderes nacionales europeos se rasgaran las vestiduras, negándose tajantemente a ello. Ahora aceptamos a los turcos, pero para evitar a los sirios, afganos y otros que aspiran a mejorar su vida en el primer mundo. Una muestra más de la hipocresía humana.

Un gran pacto comercial

Estados Unidos, Japón y otros once países ribereños del Pacífico han suscrito un gran pacto comercial, la Asociación Transpacífica, TPP, en sus siglas en inglés. La relevancia del bloque constituido lo indica que todos los estados constituyentes representan el 40 por ciento de la economía mundial y un tercio de los intercambios comerciales.

Barack Obama culmina así el giro asiático impulsado desde su presidencia, constatándose la nueva realidad geoestratégica que relega a Europa a un lugar secundario. Una Europa aquejada además de populismos y nacionalismos que traban cada vez más a la Unión e impiden la consolidación del gigante económico que es.

En cambio, Estados Unidos ha logrado forjar un espacio económico, en el que ha incluido a antiguos enemigos como la comunista Vietnam, con el que hacer frente a una China que empieza a mostrar más debilidades de las previstas.

Queda mucho por hacer

Entre las noticias conocidas en las últimas horas destaca una que no ha sido suficientemente resaltada, las personas en pobreza extrema en todo el mundo se han reducido a menos del diez por ciento de la población. 

Pese a ello todavía hay setecientos millones de personas que no alcanzan los cerca de dos dólares diarios que se consideran necesarios para salir de tal situación. En tres años unos doscientos millones han logrado abandonar la extema pobreza, sobre todo gracias al desarrollo de los países emergentes, que ahora ven amenazada su evolución con la crisis económica.

En cualquier caso, queda mucho por hacer.

La crisis de los emergentes

Tras más de dos décadas de fuerte crecimiento, que les ha permitido sacar de la pobreza a muchos de sus ciudadanos, los países emergentes se enfrentan ahora a un cambio de ciclo con perspectivas negativas. El caso de China con la crisis bursátil vivida sería una muestra más de los negros nubarrones que aparecen en la hontonanza, lo que unido al parón de una China más debilitada y con menos inversiones en el resto de emergentes no  hacen presagiar nada bueno. Además, la bajada del precio de las materias primas añade gravedad para unos países que han basado gran parte de su prosperidad en la exportación de las mismas. Pero lo peor será el camino de vuelta hacia la pobreza de muchos de sus habitantes.

Salvaguardar los instrumentos del Estado

Hoy hemos constatado algo que ya sabíamos hace once años: que la dimisión de Jorge Dezcallar, el máximo responsable del servicio de inteligencia español, el CNI, fue debida a la manipulación que hizo el gobierno de José María Aznar de la información de los atentados del 11-M.

Unos hechos criminales, que pese a la aviesa interpretación que se hizo de los mismos, no eran imputables a ETA, sino al terrorismo islamista. Esto conviene recordarlo, porque todavía circulan espurias intenciones al respecto. No. No fue ETA, pese a que también sea una banda terrrorista con un pasado y un presente execrable. Pero, en aquella ocasión, hubo otros culpables: los yihadistas que pretendían vengar la intervención española en Iraq.

Por eso, es muy bueno, constatar hoy que el Estado no se dejó engañar en ningún momento y que fue el gobierno de turno quien intentó influir en los ciudadanos. Y eso es lo grave, que los políticos puedan tergiversar lo que los organismos estatales dicen. Deberíamos aprenderlo para impedir que tamaña utilización pueda ser repetida y articular los mecanismos para preservar los instrumentos del Estado de la utilización partidista.