Clarividencia

Una vez más la clarividencia de Felipe González ha quedado demostrada con su propuesta de que no se vuelvan a presentar a las terceras elecciones los candidatos que han sido incapaces en las anteriores de ponerse de acuerdo para formar un gobierno. 

Dimisión o destitución

La explicación oficiosa que divulga el PP sobre la resolución del caso Soria pasa por atribuir a Luis de Guindos la responsabilidad en el frustrado nombramiento del exministro en el Banco Mundial. Incluso, atribuye a De Guindos haber dado información errónea al presidente del Gobierno, 

De ser así se trataría de un hecho grave que debería saldarse no con una mera comparecencia parlamentaria, sino con la dimisión del ministro de Economía.

Además supondría una descalificación del propio Rajoy en la medida en que en su gobierno se utiliza la mentira como instrumento de lucha interna y él lo permite. Se trataría de un nuevo caso de indolencia al que nos tiene tan acostumbrado el presidente del Gobierno, quien debería destituir fulminantemente a un ministro que le engaña.

Pero, si la explicación ofrecida fuera falsa y sólo pretendiera exonerar a Rajoy, descargando toda la responsabilidad en De Guindos, nos encontraríamos con algo más grave, que sólo podría ser solventado con la dimisión del propio Rajoy,

Bondad del multipartidismo

El caso Soria, incluida la rectificación gubernamental, supone la constatación de la actuación prepotente de Mariano Rajoy, además de ser estratégicamente pésima. Pero, también evidencia las bondades del fin del bipartidismo. Sin la aparición de los nuevos partidos emergentes, nos hubiéramos tragado a José Manuel Soria como delegado español en el Banco Mundial. Ahora, con un Congreso fragmentado, en el que Rajoy no logra aunar la mayoría de sus escaños, el candidato se ha visto obligado a rectificar. 

Soria

El nombramiento de José Manuel Soria como representante de España en el Banco Mundial, que ha contado con el visto bueno del gobierno, evidencia la nula preocupación de Mariano Rajoy por regenerar España de una sus lacras seculares: la corrupción. Soria dimitió como ministro tras saberse que tenía su dinero en un paraíso fiscal mientras era miembro del gobierno y tras negarlo, con lo que acumuló el demérito de mentiroso.

El gobierno se ha apresurado a explicar que se trata de un nombramiento administrativo competencia de una comisión formada por funcionarios del ministerio de Economía y que negarle tal promoción podía ser hasta ilegal. En  cambio, no ha explicado por qué se ha elegido a Soria entre todos los funcionarios públicos que podían acceder a dicho cargo.

El caso evidencia la nula sintonía de Rajoy, un candidato que no logra obtener el respaldo mayoritario de las Cortes, con la mayoría de una sociedad hastiada con el problema de la corrupción, cuando no el desdén hacia la ciudadania. 

Poderes fácticos

Hacía tiempo que no oía la expresión. Ayer Irene Montero, la jefa del gabinete de Pablo Iglesias, la volvió a emplear: los poderes fácticos. La dirigente de Podemos alababa a Pedro Sánchez por haberse resistido a ellos y mantenido su voto contrario a Mariano Rajoy.

Pero no quiero entrar en eso, sino en el concepto empleado: el de poderes fácticos. Durante la Transición Democrática fue muy usual emplearlo por la izquierda para denunciar que realmente nos dominaban unos poderes oscuros que entre bambalinas dirigían el país. Solían ser identificados como el Ejército, la Iglesia y la Banca. Según se fue asentando la democracia en nuestro país, quedó el discurso reducido a la extrema izquierda y significativamente a ETA. Era la forma de negar que vivimos en una democracia y justificar su violencia.

Ahora Podemos lo resucita. Definitivamente, la humanidad no debe tener remedio.

Despeñarse

De la frustrada sesión de investidura que terminará mañana se pueden extraer dos conclusiones principales. La primera, es que Mariano Rajoy ya está en campaña electoral, las terceras que viviremos en un año, y que Pedro Sánchez continúa despeñándose y lo que es peor, arrastrando a su venerable partido hacia el abismo.

El 20 de diciembre, el líder socialista tenía dos opciones después de haber llevado a su partido a los peores resultados electorales desde que se restauró la democracia en 1977. Una era haber negociado una abstención para que el PP gobernase, a cambio de modificaciones en la reforma laboral y educativa, además de haber abierto la reforma constitucional. Incluso, podía haber intentado obligar al PP a cambiar de líder. La otra, la que eligió, fue embarcarse en una imposible aventura, liderando a todos aquellos que o bien quieren cambiar radicalmente el más exitoso modelo de desarrollo habido en nuestro país desde el inicio de la Edad Contemporánea, o bien aquellos que apuestan por acabar lisa y llanamente con el Estado español.

La fracasada sesión de investidura de Sánchez obligó a unas segundas elecciones, en las que el PSOE fue castigado con cien mil votos menos y la pérdida de cinco escaños. Pese a ello, el líder socialista no aprendió y siguió con su numantina oposición a la posibilidad de que Rajoy, el único candidato que había ganado votos y escaños, fuera presidente del gobierno. Sánchez no entendió que los nuevos comicios que él había propiciado legitimaron a su rival. Ya no sólo no podría imponer su relevo, sino incluso tendría menos fuerza parlamentaria para obligar a las reformas que pretendía.

Pese a ello, ayer optó por mantener su negativa. Y es más anunció que nunca dará los votos a Rajoy, cerrando incluso la posibilidad de que mediante una abstención éste sea presidente del gobierno en una nueva investidura, abocando a unos terceros comicios. Salvo suicidio consciente, Sánchez debe creer que con su empecinamiento asegura su liderazgo en la izquierda, aunque eso le impida mostrar el rol de estadista necesario para gobernar algún día. De ahí, esa postura moralista, de profeta desdeñado, que ayer adoptó en su réplica a Rajoy. 

Pero no necesitamos adalides maniqueos, convencidos de la pureza de su bien propugnado, sino políticos flexibles que sean capaces de traducir el consenso exigido por los ciudadanos en las últimas elecciones y que previsiblemente se repetirá grosso modo en las terceras. Y sobre todo, urge encontrar líderes que no estén tan apegados a sus poltronas.

La campaña de Rajoy

El discurso de Rajoy en las Cortes ha tenido múltiples interpretaciones, desde la que enfatiza que el candidato se limitó a cubrir el expediente, abundando en su fama de indolente, hasta aquella más propagandística que incide en resaltar la necesidad de gobernabilidad, evidenciando la actitud empecinada del principal partido de la oposición. Del éxito de la consolidación en la opinión pública de uno u otro relato, depende algo crucial: la reponsabilidad del fracaso de la sesión investidura recaería en Pedro Sánchez o en el candidato; detalle muy relevante si terminamos abocados a unas nuevas elecciones, las terceras que viviríamos en un año, anormalidad que el entorno democrático europeo vería con estupor.

Sin embargo, la interpretación más obvia ha pasado más desapercibida: aquella que apunta que Rajoy ya ha iniciado la campaña electoral. Avalan tal consideración diversas circunstancias. La más relevante es que Rajoy no hizo un discurso de investidura, propiamente hablando. No presentó un programa de gobierno, ni apeló a otras formaciones a sumarse a la minoría mayoritaria de 170 escaños, cifra insuficiente para superar el listón.

Rajoy no parecía dirigirse a quienes tenía enfrente, sino más bien a los electores. Así dedicó casi la mitad de su discurso a la gobernabilidad, otorgándose el papel de estadista y negándoselo al líder del PSOE. La economía ocupó el segundo lugar, resaltando así la importancia de la misma para una sociedad que ha salido muy tocada de la grave crisis padecida. En cambio, el combate contra la corrupción, el flanco más débil de Rajoy, fue despachado en dos minutos.

El último indicador que confirma que el presidente del PP está en campaña lo apunta el tono emotivo que empleó para hablar de la unidad de España. De repente, Rajoy dejó la frialdad que había caracterizado hasta entonces su discurso para adentrarse en los vericuetos de la épica del Estado-nación español, pese a que eso le cerrase la posibilidad de que el PNV cambiase su voto y facilitase su investidura. Su objetivo era otro: cohesionar a los fieles votantes del PP y arañar votos socialistas, convencido de que en unas terceras elecciones la alta abstención otorgue actas parlamentarias mucho más baratas en sufragios.

El horizonte, pues, de unos terceros comicios se afianza en la lontananza. Tan solo cabe ya una última posibilidad que impida que los ciudadanos se han convocados por tercera vez. Y ésta pasa por la circunstancia de que el PNV necesite, tras las elecciones vascas del 25 de septiembre, del apoyo socialista y del PP para poder formar gobierno, frente a la opción que encarnarían Podemos y EH-Bildu. Eso podría suponer que el PNV diese sus cinco diputados para una tercera votación de investidura de Rajoy. Aún así, faltaría un escaño más. Tan sólo un pacto PNV-PSE-PP en Euskadi podría hacer cambiar a Pedro Sánchez.

En cualquier caso, tanto Rajoy como Sánchez se juegan su continuidad si finalmente hay nuevas elecciones, en la medida en que difícilmente cambiaría el panorama político existente. Un descenso en escaños de cualquiera de ellos debería traducirse en la muerte política de uno u otro, o de los dos.