Conclusiones sobre la Diada

Sobre la Diada celebrada ayer en cinco ciudades catalanas, algunos analistas han resaltado que la cifra de asistentes fue sensiblemente inferior a la del año pasado, evidenciando el cansancio en el proceso soberanista, mientras que otros han preferido destacar el incremento en la transversalidad social de los manifestantes, certificando que ahora llega a todas las capas de la colectividad catalana.

Ambas apreciaciones son ciertas. Pese al batiburrillo de datos ofrecidos, parece claro que un tercio de los manifestantes de 2015 se quedaron en casa en este 2016. Hace un año la concentración unitaria celebrada en Barcelona agrupó a un millón cuatrocientos mil personas, según la Guardia Urbana, mientras que sumadas las cinco de este año la cifra se reduce a 875.000, según los datos proporcionados por las policías locales de Tarragona, Lérida, Berga, Salt y Barcelona. La Delegación del Gobierno disminuyó esa cifra a 370.000 asistentes, mientras que la Asamblea Nacional de Cataluña, una de las sociedades privadas convocantes de las concentraciones, pese a su rimbombante nombre, la elevaba a más de un millón de personas, admitiendo pues un descenso respecto a 2015. En cualquier caso, éste último extremo es innegable, así como que convendría reducir a la baja las cifras aportadas por las guardias urbanas, tanto en 2015, como en 2016. A este respecto y como mera digresión llama la atención que no se empleen métodos más fiables de recuento de las manifestaciones en España, detalle al que no debe ser ajeno la tradicional labor propagandística de la utilización del espacio público.

Una menor presencia, por tanto, pero con una mayor transversalidad social. El aumento en ésta se debe a la participación ayer en las manifestaciones de En Comú Podem, partidaria del derecho de autodeterminación, pero no de la independencia que reclamaban los convocantes. Es decir, la presencia de las capas sociales más desfavorecidas en las manifestaciones de ayer se debe a una rebaja reivindicativa, aguando por tanto la declaración independentista y retornando de nuevo a la propuesta del referéndum.

Hay que recordar que éste ya se produjo. Primero, mediante una convocatoria unilateral que no fue reconocida por el Gobierno, y que sumó el respaldo de un millón ochocientos mil catalanes mayores de dieciséis años en la consulta del 9 de noviembre de 2014. El censo de catalanes mayores de 18 años en las elecciones autonómicas de 2015 fue de cuatro millones cien mil personas. En esos comicios, planteados plebiscitariamente por las formaciones independentistas, como la segunda ocasión del referendo, éstas lograron un millón novecientos sesenta mil votos. Los partidos no independentistas obtuvieron dos millones setenta mil votos, de los cuales 470.000 fueron aportados por formaciones partidarias del derecho a decidir. En resumen, la opción independentista fue nuevamente derrotada. En cambio, sí es mayoritaria, en la sociedad catalana, la opción autodeterminista: 2.430.000 votos, frente a 1.610.000.

Esa es la razón de que el independentismo haya reculado y proponga de nuevo un referéndum, que le recubra de la legitimidad democrática necesaria para continuar con su proceso soberanista. Ese es el reto de los independentistas, que inasequibles al desaliento proseguirán con su ruta, sin sensibilidad alguna a la creciente fractura social que infligen a sus conciudadanos. Este mes volverán a proponer al Estado un nuevo referendo, obviando la contradicción que supuso que el propio Parlament declarase en octubre pasado el inicio de la creación del Estado catalán independiente. Y si el Gobierno no acepta el envite, como es previsible, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, amaga para 2017 con algo que está en su exclusiva mano, sin depender del gabinete de Mariano Rajoy: la convocatoria electoral, las terceras autonómicas en cinco años, pretendiendo presentarla en clave constitucional del nuevo Estado independiente, con la aspiración de convertir unos comicios más en un nuevo referendo, el tercero en tres años. Y con el objetivo de que por fin tal plebiscito otorgue una mayoría independentista. Lograr que ese no sea el resultado, es el reto del Estado español.

Clarividencia

Una vez más la clarividencia de Felipe González ha quedado demostrada con su propuesta de que no se vuelvan a presentar a las terceras elecciones los candidatos que han sido incapaces en las anteriores de ponerse de acuerdo para formar un gobierno. 

Dimisión o destitución

La explicación oficiosa que divulga el PP sobre la resolución del caso Soria pasa por atribuir a Luis de Guindos la responsabilidad en el frustrado nombramiento del exministro en el Banco Mundial. Incluso, atribuye a De Guindos haber dado información errónea al presidente del Gobierno, 

De ser así se trataría de un hecho grave que debería saldarse no con una mera comparecencia parlamentaria, sino con la dimisión del ministro de Economía.

Además supondría una descalificación del propio Rajoy en la medida en que en su gobierno se utiliza la mentira como instrumento de lucha interna y él lo permite. Se trataría de un nuevo caso de indolencia al que nos tiene tan acostumbrado el presidente del Gobierno, quien debería destituir fulminantemente a un ministro que le engaña.

Pero, si la explicación ofrecida fuera falsa y sólo pretendiera exonerar a Rajoy, descargando toda la responsabilidad en De Guindos, nos encontraríamos con algo más grave, que sólo podría ser solventado con la dimisión del propio Rajoy,

Bondad del multipartidismo

El caso Soria, incluida la rectificación gubernamental, supone la constatación de la actuación prepotente de Mariano Rajoy, además de ser estratégicamente pésima. Pero, también evidencia las bondades del fin del bipartidismo. Sin la aparición de los nuevos partidos emergentes, nos hubiéramos tragado a José Manuel Soria como delegado español en el Banco Mundial. Ahora, con un Congreso fragmentado, en el que Rajoy no logra aunar la mayoría de sus escaños, el candidato se ha visto obligado a rectificar. 

Soria

El nombramiento de José Manuel Soria como representante de España en el Banco Mundial, que ha contado con el visto bueno del gobierno, evidencia la nula preocupación de Mariano Rajoy por regenerar España de una sus lacras seculares: la corrupción. Soria dimitió como ministro tras saberse que tenía su dinero en un paraíso fiscal mientras era miembro del gobierno y tras negarlo, con lo que acumuló el demérito de mentiroso.

El gobierno se ha apresurado a explicar que se trata de un nombramiento administrativo competencia de una comisión formada por funcionarios del ministerio de Economía y que negarle tal promoción podía ser hasta ilegal. En  cambio, no ha explicado por qué se ha elegido a Soria entre todos los funcionarios públicos que podían acceder a dicho cargo.

El caso evidencia la nula sintonía de Rajoy, un candidato que no logra obtener el respaldo mayoritario de las Cortes, con la mayoría de una sociedad hastiada con el problema de la corrupción, cuando no el desdén hacia la ciudadania. 

Poderes fácticos

Hacía tiempo que no oía la expresión. Ayer Irene Montero, la jefa del gabinete de Pablo Iglesias, la volvió a emplear: los poderes fácticos. La dirigente de Podemos alababa a Pedro Sánchez por haberse resistido a ellos y mantenido su voto contrario a Mariano Rajoy.

Pero no quiero entrar en eso, sino en el concepto empleado: el de poderes fácticos. Durante la Transición Democrática fue muy usual emplearlo por la izquierda para denunciar que realmente nos dominaban unos poderes oscuros que entre bambalinas dirigían el país. Solían ser identificados como el Ejército, la Iglesia y la Banca. Según se fue asentando la democracia en nuestro país, quedó el discurso reducido a la extrema izquierda y significativamente a ETA. Era la forma de negar que vivimos en una democracia y justificar su violencia.

Ahora Podemos lo resucita. Definitivamente, la humanidad no debe tener remedio.

Despeñarse

De la frustrada sesión de investidura que terminará mañana se pueden extraer dos conclusiones principales. La primera, es que Mariano Rajoy ya está en campaña electoral, las terceras que viviremos en un año, y que Pedro Sánchez continúa despeñándose y lo que es peor, arrastrando a su venerable partido hacia el abismo.

El 20 de diciembre, el líder socialista tenía dos opciones después de haber llevado a su partido a los peores resultados electorales desde que se restauró la democracia en 1977. Una era haber negociado una abstención para que el PP gobernase, a cambio de modificaciones en la reforma laboral y educativa, además de haber abierto la reforma constitucional. Incluso, podía haber intentado obligar al PP a cambiar de líder. La otra, la que eligió, fue embarcarse en una imposible aventura, liderando a todos aquellos que o bien quieren cambiar radicalmente el más exitoso modelo de desarrollo habido en nuestro país desde el inicio de la Edad Contemporánea, o bien aquellos que apuestan por acabar lisa y llanamente con el Estado español.

La fracasada sesión de investidura de Sánchez obligó a unas segundas elecciones, en las que el PSOE fue castigado con cien mil votos menos y la pérdida de cinco escaños. Pese a ello, el líder socialista no aprendió y siguió con su numantina oposición a la posibilidad de que Rajoy, el único candidato que había ganado votos y escaños, fuera presidente del gobierno. Sánchez no entendió que los nuevos comicios que él había propiciado legitimaron a su rival. Ya no sólo no podría imponer su relevo, sino incluso tendría menos fuerza parlamentaria para obligar a las reformas que pretendía.

Pese a ello, ayer optó por mantener su negativa. Y es más anunció que nunca dará los votos a Rajoy, cerrando incluso la posibilidad de que mediante una abstención éste sea presidente del gobierno en una nueva investidura, abocando a unos terceros comicios. Salvo suicidio consciente, Sánchez debe creer que con su empecinamiento asegura su liderazgo en la izquierda, aunque eso le impida mostrar el rol de estadista necesario para gobernar algún día. De ahí, esa postura moralista, de profeta desdeñado, que ayer adoptó en su réplica a Rajoy. 

Pero no necesitamos adalides maniqueos, convencidos de la pureza de su bien propugnado, sino políticos flexibles que sean capaces de traducir el consenso exigido por los ciudadanos en las últimas elecciones y que previsiblemente se repetirá grosso modo en las terceras. Y sobre todo, urge encontrar líderes que no estén tan apegados a sus poltronas.