Puigdemont, ante el Senado

Muchas de las iniciativas que los dirigentes independentistas catalanes han tomado en los últimos años solo han conseguido liar aún más el laberinto en el que vive el proceso soberanista. Sin embargo, la última decisión de Carles Puigdemont muestra una mayor inteligencia. Podríamos formularla de la siguiente manera: todo aquello que incide en lo unilateral dificulta el propio camino a la independencia, mientras que las iniciativas que tienen en cuenta la existencia de otra parte pueden facilitar a medio plazo más poder para las instituciones autonómicas y en consecuencia para las elites que las dirigen, objetivo en definitiva del propio proceso.

Así, la petición del presidente de la Generalitat de dar una conferencia en el Senado sobre la demanda plebiscitaria supone la iniciativa más lograda de cara a desbloquear la situación en la que el propio independentismo se ha encerrado. Por múltiples razones, entre ellas por la consideración del Senado como cámara territorial, aserto que no queda desmerecido por el escaso desarrollo de tal cámara y que, frente a posturas populistas, deberíamos potenciar, nunca hacerla desaparecer. 

El Senado español es así el lugar idóneo donde el presidente de la Generalitat catalana exponga sus demandas. Y donde sea escuchado por los otros representantes de los españoles. PP y PSOE parecen haber consensuado el formato para ello, que difiere de lo pretendido por Puigdemont. No será una conferencia, sino un debate en la Comisión General de la Comunidades Autónomas, donde también intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios e, incluso, si así lo quieren, otros presidentes regionales. Se trataría de proseguir por la estela abierta en la última Conferencia de Presidentes, a la que por cierto Puigdemont rehusó asistir, cometiendo uno de sus mayores errores políticos.

También el inhabilitado Artur Mas parece haber extraído lecciones de sus últimos errores. Ayer, vino a Madrid a explicar su posición en uno de los foros más prestigios y de mayor solera del Estado-nación español: el Ateneo. Se le escuchó con el debido respeto, salvo por medio centenar de descerebrados que a las puertas de aquella institución abuchearon al expresidente de la Generalitat, ayudando a separar las dos orillas del Ebro.  

Grave problema moral

No deja de ser sorprendente que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido cuatro años de cárcel para Narcís Serra, quien fuera vicepresidente del Gobierno. Me dirán ustedes que no es ni siquiera una novedad que un vicepresidente español sea acusado por la fiscalía. Ahí tienen el caso de Rodrigo Rato, incluso ya condenado.

En el caso de Serra, se le investiga por su actuación al frente de Catalunya Caixa, cuando autorizó un aumento salarial para dos de sus directivos, mientras la entidad financiera estaba en crisis con expedientes de regulación de empleo en la plantilla y cuando el Estado ya había inyectado dinero público para salvarla.

Indudablemente, no se juzga a quien fue todopoderoso hombre fuerte de los últimos gobiernos de Felipe González por su actuación gubernamental, sino por hechos posteriores, como pasó también con Rodrigo Rato. Y a diferencia de quien fue el responsable de la política económica con José María Aznar, Serra no se lucró personalmente. Pero, ambos casos, son síntoma del grave problema moral que padece esta sociedad en la que vivimos.

Límites a la épica

La épica independentista, llena de soflamas y banderas al viento, tiene su límites. Al menos, en el caso catalán. Esquerra Republicana de Catalunya deja tirada a la antigua Convergència. Después de haberla exprimido y utilizado en el último lustro, comportamiento propiciado por la deficiencia estratégica empleada por su último dirigente, Artur Mas, el partido de Oriol Junqueras dará el puntapié definitivo al actual Partit Democráta Europeo Catalá y con ello pretende asegurarse la poltrona de la presidencia de la Generalitat, cuando unas nuevas elecciones, las cuartas en ocho años, reemplacen al pseudo-democrático referéndum.

El mundo al revés

Esa era la imagen que hoy ofrecía el Congreso de los Diputados, cuando tras rechazar el decreto-ley gubernamental sobre la estiba, una parte del hemiciclo aplaudía la decisión, mirando a los representantes sindicales del sector, presentes en las gradas de invitados.

Quienes jaleaban a los estibadores, trabajadores que ganan 60.0000 euros al año, eran los diputados de Podemos y una parte de los socialistas. El resto guardaba silencio tras la derrota de una norma que, más allá de que fuera mejorable, pretendía adecuar la estiba a la legislación comunitaria, basándose en que el Progreso no es compatible con monopolios laborales, transmitiendo el puesto de trabajo a los hijos, como en los gremios medievales.

Eso, el mundo al revés. 

La trama por la casta

Los dirigentes de Podemos han variado su estrategia, relegando la crítica al concepto de casta, cambiándolo por el de trama. Entienden que este segundo término es más potente porque es más inclusivo contra la red de corrrupción política y empresarial que pretende centrar como eje principal de su denuncia la formación emergente. El reajuste se debería a que Podemos ha entrado en las instituciones, lo que a ojos de su electorado puede hacer difícil diferenciar a sus dirigentes de la propia casta.

Tras el giro de Vistalegre II, el término de trama es más acorde con la ortodoxia marxista adoptada. Esa trama de políticos y banqueros corruptos sería la que ostentaría el verdadero poder en el Estado español. Y por tanto, ese debe ser el objetivo de Podemos: derrocarla.

En cambio, la casta ha pasado de ser un término fetiche a uno silenciado. Una pena porque era muy ilustrativo del verdadero problema social español: las dificultades de funcionamiento del ascensor social. Algo que impide la regeneración tan evidente en los países de nuestro entorno. Aquí se perpetúan, sin méritos las oligarquías. De padres a hijos se transmiten las posiciones relevantes por falta de competencia, debido a que la educación la vamos convirtiendo en un coto cerrado solo accesible a determinadas rentas. Una casta cerrada y que se prolonga generación tras generación.

Una pena, abandonar tal concepto. 

El Reino Unido, en su laberinto

Las tensiones territoriales se han incrementado en el Reino Unido desde que la irreflexiva decisión de David Cameron de convocar un referéndum sobre la Unión Europea, abriera la caja de Pandora. Escocia, Irlanda del Norte y hasta Gales, en una vuelta a las monarquías medievales que jalonaban las islas Británicas. Y todo por un primer ministro que quiso acabar con las disidencias en el seno del partido conservador, incrementando así su poder, y forzar de paso una negociación ventajosa con sus hasta entonces socios europeos, mediante la demagogia del recurso a la democracia. Primó así Cameron los intereses particulares, partidistas y estratégicos frente a los intereses colectivos, demostrando que no era un estadista.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ya ha advertido que pedirá un nuevo referéndum de independencia para su región. De nada vale que hace solo tres años saliera derrotada la secesión  en un anterior plebiscito. La mandataria escocesa entiende que al votar Escocia mayoritariamente por la permanencia en la Unión Europa y el Reino Unido por la salida, irrumpe una nueva circunstancia que invalida el primer resultado. Precisamente, la estrategia de Sturgeon, la lideresa del partido nacionalista escocés, ha consistido en presentar la democrática decisión de la primera ministra británica, basada en que brexit es brexit, como una actitud antidemocrática que no respeta que la mayoría de los escoceses votaron por mantenerse en la UE, cuestión que el gobierno británico no atiende. Ahora, forzará con el apoyo de los verdes, que la mayoría de los parlamentarios de la cámara regional de Edimburgo apoyen un nuevo plebiscito con argumentos basados en el derecho a decidir y Westminster se encontrará con la patata caliente de qué hacer. Ya los laboristas han declarado que en Edimburgo votarán que no al nuevo referéndum, pero que si la cámara lo respalda, ellos no se opondrán en el Parlamento británico. En éste, la mayoría pertenece al partido conservador, que incrementa su impopularidad en Escocia negando el referéndum o sucumbe a los cantos de sirena, propiciando un resultado aún más incierto que el de 2014.

Por su parte, el primer ministro galés, Carwyn Jones, un laborista que gobierna con el apoyo nacionalista, ha dejado abierta la posibilidad de que Gales, como Escocia, pueda retornar al mercado común europeo, criticando a Theresa May por su postura de un brexit duro.

Y en la isla de Irlanda la vuelta de las fronteras entre el norte y el sur está provocando un verdadero tsunami político, donde al igual que Escocia ganó la permanencia en Europa. Por primera vez en el Ulster los partidos republicanos han vencido en número de escaños, confirmando que el voto unionista (hacia Londres) decae, mientras aumenta el voto de los partidos que abogan por incrementar los vínculos con el sur de la isla y con Europa. El Sinn Féin, el brazo político del IRA hasta su disolución, y los socialdemócratas estarán ahora más representados en la cámara regional que las dos formaciones que abogan por mantener los lazos con Londres: la DUP y el UUP. La torpeza gubernamental británica está haciendo posible alentar en la lontananza el sueño violento del IRA provisional: una isla reunificada, ahora bajo el paraguas europeo.

EL Reino hasta ahora Unido se ve cada vez más perdido en su propio laberinto. Y en vez de abundar personajes de talla, como el mítico rey Arturo, aquel que en el imaginario unificó el reino, solo se vislumbran los que miran por sus cortos intereses.

Obvio

El informe elaborado por orden gubernamental sobre las consecuencias del brexit, que hoy publica El País, es obvio. ¿Alguien tenía alguna duda de que la decisión de salida de la Unión Europea tomada en referéndum por los británicos tendría consecuencias negativas?

Para los que mayoritariamente lo decidieron y para el resto de europeos que ahora sufriremos los efectos nocivos de la vuelta al proteccionismo. En el caso español se pueden perder hasta 4.000 millones de euros de crecimiento en PIB. En otros 900 millones habrá que incrementar la factura a la Unión Europea, asumiendo más gastos tras el abandono del Reino Unido. Las regiones más desfavorecidas, como Murcia y Melilla, perderán ayudas comunitarias. Sectores como el turismo, el alimentario y el automovilístico se verán especialmente afectadas con una caída de hasta 1.000 millones en exportaciones. Diversos bancos, como el Santander, y grandes empresas, como Telefónica e Iberdrola, verán reducidos sus ingresos.

También por parte británica habrá desventajas, entre ellas las que sufrirán los ochocientos mil ciudadanos del Reino Unido que residen en España, la tercera colonia en importancia tras rumanos y marroquíes, y los treinta y tres mil gibraltarereños que volverán a la época oscura del aislamiento.

Estas son las cosas que tienen la anti-globlalización y los plebiscitos. Y la torpeza humana.