De bruces con la realidad

Donald Trump ha vuelto a darse de bruces con la realidad. En concreto, con la complejidad que supone gobernar no solo a un Estado, sino a la primera potencia mundial. Su proyecto estrella, consistente en eliminar la mínima asistencia médica lograda por su antecesor Obama, ha vuelto a naufragar en el legislativo estadounidense.

Quedan así evidenciadas diversas consideraciones. La primera y más elemental es que una cosa es criticar desde fuera del sistema y otra gobernar atendiendo las múltiples dificultades existentes en un Estado de Derecho.

La segunda valora el sistema de contrapoderes consagrado por la constitución estadounidense. El presidente, por mucha legitimación democrática que tenga, tiene que gobernar con los representantes del poder parlamentario. Sin su apoyo, no consigue que sus decisiones tengan el respaldo legislativo, por lo que su Presidencia se convertirá en anodina.

Y la tercera hace referencia a lo saludable que sería para la Humanidad que el máximo dirigente de la primera potencia mundial tuviera una capacidad intelectual y académica adecuada, no fiando todo a la mera elección de sus ciudadanos, los únicos que disfrutan del derecho de voto en un país, cuya hegemonía mundial es incuestionable. Al menos, hasta ahora, ya que el presidente Trump acelerará su decadencia.

Los soldados del referéndum

La decisión de abandonar la dirección de la policía catalana de Albert Batlle y el consiguiente control por parte de la Generalitat de los Mossos d`Esquadra supone en la práctica una grave erosión del Estado de Derecho en Cataluña. Batlle había expresado en público algo de perogrullo en una sociedad democrática: la policía está a las órdenes de los jueces y en esa medida si un magistrado le pedía la detención del mismísimo presidente de la Generalitat, los agentes cumplirían con su deber. El principio de que nadie está por encima de la ley, básico en un Estado de derecho, estaba, pues, garantizado.

Eso queda ahora invalidado. Al frente de los Mossos, la Generalitat ha situado al independentista Pere Soler. Más allá de su ideario, algo que no debería ni favorecer ni perjudicar sus aspiraciones político-institucionales, existen unas sombras inquietantes en el nuevo director de la policía, quien siente pena por los españoles y no mantiene ninguna duda que el 1 de octubre habrá un referéndum que dará la independencia a Cataluña, independientemente de que se quiebre definitivamente el Estado de Derecho.

Según se incrementa el tono épico en el independentismo, decrece la calidad democrática de su proyecto. Otro ejemplo: el de Marta Pascal, la coordinadora del PDECAT, la antigua Convergència, uno de los partidos que sustentan al gobierno de Puigdemont, que ha hecho un llamamiento a los fieles de prietas las filas, invocando a los soldados del referéndum.

Terrible, porque es evidente que las instituciones catalanas se deslizan hacia el totalitarismo.

Dejemos de echar balones fuera

Emmanuel Macron, el flamante presidente de Francia, ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias, reconociendo ante una visita de autoridades israelíes a París la responsabilidad de su país en las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sin intentar ampararse en los nazis alemanes. 

"Fue Francia la que organizó la redada y la deportación, y por tanto la muerte de 13.152 personas de confesión judía, arrancada de sus domicilios el 16 y el 17 de julio de 1942", ha señalado taxativamente el jefe de Estado francés. Aquellos sucesos, conocidos como los del Velódromo de Invierno de París, finalizaron con el envío al campo de exterminio de Auschwitz de los detenidos, entre los que había 4.115 niños.

Durante años y en aras del discurso oficial basado en una Francia heroica que luchó en la Resistencia contra los nazis, cualquier sospecha de colaboracionismo con los alemanes durante aquel conflicto era silenciada. El relato canónigo hablaba de una Francia cuasi homogénea que le plantó cara al Tercer Reich, cuando de hecho los colaboracionistas abundaron, como evidencia el Régimen de Vichy. Pero, no solo eso, sino que, tal como la redada del velódromo atestigua, los propios franceses, por propia iniciativa, sin ampararse en la colaboración, enviaron en los trenes de la muerte a más de una decena de miles de judios.

Y no lo hicieron cumpliendo órdenes de los nazis, como unos meros colaboracionistas, sino porque creían en la superioridad étnica y consideraban justificable exterminar a los judíos. Por racismo, en suma.

Y no solo con los judíos, como evidencia el ejemplo del trato dado a los centenares de miles republicanos españoles en 1939, antes de la ocupación nazi, que vivieron un segundo infierno tras la Guerra Civil. Los campos de internamiento habilitados cerca de la frontera, como el de Argelès sur Mer, relatado por Sonsoles Ónega en su última novela, muestran con toda crudeza hasta que punto los prejuicios racistas estaban instalados en la sociedad francesa.

A la par que la magnífica Francia, nacida de los ideales de la revolución de 1789, el gran logro de la Ilustración, en los que muchos nos seguimos identificando, ha existido otra, anclada en el peor pasado de la Humanidad. Y sigue existiendo. Si alguien lo duda que reflexione sobre el Frente Nacional, capaz de colocar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a una candidata propia.

Lo digo porque no querer ver la realidad suele traer funestas consecuencias. En Francia, pero también en todos los países de nuestro entorno, así como en la propia España, anidan las peores expresiones de la condición humana, que pese al propio sueño ilustrado, continúan siendo hoy en día muy abundantes. El mal está dentro. Dejemos, como Macron, de echar balones fuera. 

Inestabilidad permanente

Asistimos a la enésima crisis de los dirigentes del proceso independentista catalán. Una pugna en la que hay de todo: personalismos, miedos, suspicacias, etc. Nada ajeno a la condición humana. Pero hoy quiero denunciar la inestabilidad permanente que vive Cataluña desde hace cinco años, cuando se inició la deriva independentista, cuya marejada amenaza ya a la propia Cataluña.

Trágica condena

La condena a nueve años de cárcel para el expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva por corrupción debe movernos a reflexión sobre la condición humana.

Vayamos primero con los hechos. Un juez ha considerado culpable al exmandatario por haber aceptado y reformado una casa de tres plantas en la zona costera de Sao Paulo, valorada en un millón de euros, pagada por una constructora a cambio de la concesión de contratos públicos. Es verdad que el tal magistrado, llamado Sergio Moro, es un viejo enemigo personal de Lula da Silva, pero tiene pendientes otras cuatro sentencias, todas ellas relacionadas con el caso Petrobras, en las que la fiscalía brasileña investiga a la empresa petrolera estatal. Tanto la sentencia condenatoria, como las restantes, son recurribles, por lo que no son firmes a día de hoy. motivo por el que Da Silva no ha ido a la cárcel.

También es relevante señalar que Lula fue el primer presidente de la historia brasileña genuinamente de izquierdas y que en sus ocho años de mandato sacó de la pobreza a unos 30 millones de brasileños, sobre una población total de 200 millones. Ese es sin duda su mayor logro, que podría ayudarle a volver en 2018 a la Presidencia de Brasil, siempre y cuando no sea firme ninguna de las condenas que acumule. 

Y ahora hablemos de las miserias humanas. A preguntarnos como es posible que un mandatario que fue la luz del progresismo a finales del siglo XX pueda incurrir en la bajeza de la corrupción, siempre que se confirmen los hechos mencionados. ¿Qué lleva a un gobernante respetado a venderse por una casa en la playa?

Es difícil responder a ello. La Ilustración negó que el ser humano fuera malo por naturaleza y abrigó la esperanza de que la cultura y el progreso llevarían a la Humanidad a un estadio superior en la que se alcanzaría así la moralidad en las actuaciones de sus integrantes. Pero tal axioma presenta erosiones, que el ejemplo de Lula pone en evidencia. ¡Trágicamente!

Al final, el dinero

Parece que el principal, o al menos el más inteligente, instrumento del que dispone el gobierno para impedir que la Generalitat imponga un referéndum es de carácter crematístico e incide en el temor de sus promotores a tener que devolver de su bolsillo el dinero público empleado en tal convocatoria.

De tal manera que las desavenencias entre los dos socios gubernamentales del ejecutivo catalán son debidas a la decisión de quién asume tal responsabilidad, tal como ha quedado evidenciado en la enésima disputa entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. 

La iniciativa de la fiscalía de acudir al Tribunal de Cuentas para reclamar a Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega los más de cinco millones de euros gastados en el referéndum de 2014, ha sembrado de intranquilidad las filas independentistas, resquebrajando aún más la cohesión entre ellas.

No ha sido por tanto el miedo a aplicar el artículo 155 de la Constitución, aquel que reserva al gobierno, mediante su aprobación por el Senado, la capacidad de suspender competencias autonómicas, sino el temor a perder dinero, lo que está suponiendo mayores problemas para el proceso independentista.

De ello, extraigo dos consecuencias. La primera incide en aprovechar la experiencia e imbricar legalmente aún más la relación entre gasto público y responsables políticos, de tal manera que en cualquier administración exista una claridad máxima sobre quién decide el más mínimo empleo de dinero público. Sin duda, que tal medida facilitaría la lucha contra la corrupción.

La segunda incide en la miseria de la condición humana. Ni la épica de la liberación nacional, ni la lucha contra la opresión, ni la defensa de los derechos, entre ellos por supuesto el más importante de todos, el de autodeterminación, ni ninguna otra patraña que llevamos escuchando desde hace tiempo, tiene nada que hacer, ante lo único que parece importar: el bolsillo.

Ridículo ante el referéndum

El ridículo que las formaciones de la órbita de Podemos están haciendo con respecto al referéndum que pretende imponer la Generalitat el 1 de octubre en Cataluña, parece inagotable. Hay unos, como la federación orgánica de Podemos en aquella comunidad, que anima a participar en la consulta y le otorga todas las garantías plebiscitarias, extremo este último que no respalda el propio secretario general de la formación, Pablo Iglesias. En cambio, los socios de Podemos, Catalunya en Comú, liderado por Xavier Domènech, solo considera la consulta prevista como una manifestación más del defendido derecho de autodeterminación. Sin embargo, el activo político más relevante de los citados comunes, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, va más allá y anuncia que el ayuntamiento de la ciudad condal dará todas las facilidades para el referéndum.

Tal galimatías solo puede pasar factura a la nueva izquierda, aunque haya analistas que lo consideran calculado para lograr hacerse con más votos en las inevitables nuevas elecciones que se celebrarán tras el fallido 1 de octubre.

Veremos. El único precedente existente fue la posición de la izquierda clásica, la representada por el PSC, que en el anterior proceso refrendario, el de 2014, sufrió lo indecible por no adoptar una posición clara frente al demagógico derecho a decidir y condenó a los socialistas a unos resultados desastrosos en los siguientes comicios.