Nueva victoria nacionalista

Las elecciones en Hungría han mostrado una nueva victoria del nacionalismo; en este caso, magiar. El arrollador triunfo democrático de Viktor Orbán, el líder xenófobo y conservador húngaro, supone un problema añadido para la Unión Europea y su sueño de construcción de una entidad política superadora de los Estados-nación existente y basada en el Estado de derecho.

El triunfo de Orbán es incontestable, lo que le permitirá mantener su mayoría de dos tercios en el legislativo y proseguir así con las modificaciones legislativas con las que ha escorado al país magiar hacia posiciones autocráticas, tras erosionar la democracia con medidas contra la independencia judicial y reformas de un sistema electoral, que no respeta la igualdad de condiciones..

Hungría es, pues, un nuevo ejemplo de como la demagogia puede acabar con el Estado de derecho, de como un líder populista puede atraer una mayoría de votos y mediante ellos acabar con la democracia, algo que ya es una constante en muchos sitios y amenaza con propagarse por todo occidente.

Orbán ha cimentado su hegemonía  en la xenofobia, levantando vallas contra los inmigrantes, especialmente los árabes expulsados de Oriente Próximo por la guerra, y contestando a la Unión Europea por su política de acogida. Su rebelión frente a las directrices de Bruselas, fortalece el llamado Grupo de Visegrado, junto a Polonia, Chequia y Eslovaquia, que ya es todo un foco de disidencia en el seno de la Unión Europea con el objetivo de horadarla mediante el nacionalismo. Porque la hidra de las mil cabezas resurge por doquier, manifestándose en las urnas en poblaciones asustadas ante la globalización. Más de dos millones y medio de húngaros, casi el 50% de los que acudieron a votar el domingo, respaldaron las tesis nacionalistas del populista Orbán, que solo pueden traer más conflictos a Europa, atomizándola, dividiéndola con más fronteras, empequeñeciéndola y enfrentando a unos contra otros.

Gracias, `Lula´

Lula da Silva se entregó ayer a la Justicia. Arropado por miles de seguidores, que se congregaron frente a la sede del sindicato donde forjó su leyenda de luchador por los derechos de los trabajadores, vivió unos momentos épicos, ensalzado por los suyos, llevado a hombros, sintiendo el apoyo y el calor de muchos que homenajeaban su labor pasada, que tuvo su cénit en los ocho años que presidió Brasil.

El ciudadano Luiz Inàcio da Silva fue coherente con sus ideales. No se fugó, ni huyó a otro país, con la pretensión de externalizar un conflicto. No. Fue valiente. Aceptó la legalidad, se quedó y se entregó. Y eso, que, seguro, sintió la tentación de rentabilizar su popularidad y erigirse en un nuevo César, pisoteando la legalidad. Apoyos no le faltaban. Los expresados allí mismo y los que le daban las encuestas, capaces de catapultarle de nuevo al palacio de Planalto, para volver a dirigir Brasil.

Pero, Lula fue consecuente y se puso en manos de los agentes policiales que lo trasladaron a la prisión. Aquellas horas previas fueron también, sin duda, trágicas. Y Luiz Inàcio bebió aquel cáliz, convirtiendo su entrega en un acto de respeto a la legalidad y a la vez de creencia en un futuro mejor para los millones de brasileños aun indigentes: A ellos fueron dirigidas sus palabras, pronunciadas como un orador clásico, emulador de los héroes de la Antigüedad.

“Yo ya no soy un ser humano. Yo soy una idea. Mis ideas ya están flotando en el aire y nadie las podrá encerrar. Ahora vosotros sois millones de Lulas”.

Un constructor de sueños. Así se definió, quien más ha hecho en la historia de Brasil por convertir la promesa potencial de ese gigante en una realidad. Bajo su presidencia, el país creció a un ritmo anual del 7,5%, sacando de la pobreza a millones de compatriotas. Muchos de aquellos desfavorecidos pudieron, por fin, comprarse un coche y llevar a sus hijos a la universidad, haciendo de la Revolución una concreción, que mantuviera la luz del Progreso.

Gracias, Lula.

Por ser un mito, por llevar a la izquierda mundial a las mayores cotas de prestigio, y sobre todo, por aceptar que nadie, ni siquiera él mismo, está por encima de la ley. Por ser, en definitiva, un demócrata.

Gracias, Luiz Inàcio.

Lula, a la carcel y Puigdemont, a la calle

Como si se tratase de una conjunción del destino, los nombres de Lula da Silva y Carles Puigdemont se han entrecruzado estos días, debido a sus cuentas pendientes con la Justicia. Ambos pretenden saldarlas con el voto popular, como si tal remedio fuera compatible con el Estado de derecho. Emulan así las tragedias clásicas, como cuando Julio César pasó el Rubicón, desdeñando la legalidad republicana, en nombre del pueblo, desatando una guerra civil.

Luiz Inàcio da Silva tiene de plazo hasta esta noche para entregarse y ser encarcelado. Sobre el pesa una condena a doce años de cárcel por corrupción al haber aceptado como soborno un apartamento playero. El Tribunal Supremo brasileño confirmó la orden de ingreso en prisión, pese a que Lula es el candidato mejor situado en las encuestas para volver a presidir el país. Su efectivo encarcelamiento, supondrá cerrar esa posibilidad, por lo que todo un referente para la izquierda mundial, que durante sus años de mandato logró un crecimiento económico de Brasil nunca conocido y que fue sabiamente repartido entre millones de ciudadanos hasta entonces indigentes, quedará apartado de la vida política. Su exclusión abre el camino al segundo candidato más valorado, Jair Bolsonaro, un ultraderechista partidario de la dictadura militar, homófobo y justificador de la tortura, mientras suenan por primera vez en treinta años ruidos de sables.

Carles Puigdemont quedó hoy en libertad condicional, después de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein estimara que el delito de rebelión por el que le perseguía la Justicia española no es compatible con el de alta traición alemán. Entiende el órgano jurisdiccional que el secesionismo catalán alentó actos de violencia, pero no logró que el Estado español claudicara, condición necesaria en la legislación del país germánico. Más allá de matices, lo relevante es que la decisión alemana es un serio revés para la estrategia desarrollada por el gobierno de Mariano Rajoy, que fió todo a las gestiones de la judicatura española. Supone además un balón de oxígeno para el nacionalismo catalán y un ahogo para el español. Y en esa medida presagia mayores dificultades, que sobre todo incidirán en una mayor crispación en el seno plurinacional de la sociedad catalana, cada vez más abocada a un enfrentamiento interno, a la par que a una reacción menos limitada del Estado y de su nacionalismo más numeroso, cada vez más airado.

Malos tiempos, pues, a los que nos vemos abocados. Pero, aún sería peor si echáramos por la borda al Estado de derecho, porque en ese caso quedaríamos en manos de la demagogia, que hace dos mil años se llamó cesarismo y que llevó a algo peor: a lo que conocemos como la tragedia clásica.

Es la impunidad

Acierta el periódico El País en llevar a portada, incluso como primera noticia, la crisis que vive Brasil, agudizada esta madrugada cuando el Tribunal Supremo ha confirmado la prisión para Lula dq Silva. Quien fuera el más exitoso presidente de Brasil, bajo cuyo mandato ese gigante latinoamericano dejó de ser una promesa para convertirse en un presente, está condenado a 12 años de cárcel por un caso de corrupción. 

La decisión de la más alta corte de Justicia de Brasil supone cerrar el paso a Luiz Inàcio da Silva en la carrera a la reelección presidencial en la que anda embarcado con muchas posibilidades de triunfo, a la luz de los sondeos existentes. Nos encontramos, pues, ante un conflicto típico en una democracia, aquel que enfrenta a la ley con la voluntad popular. Los Estados de derecho se definen por la primacía de la primera, mientras que las demagogias abundan en la segunda solución.

A todo esto se añade el carisma de Lula, un referente para la izquierda no solo iberoamericana, sino mundial. Los millones de pobres que dejaron de serlo bajo su gobierno, avalan su trayectoria, que, no obstante, quedó manchada cuando diversas instancias judiciales le han considerado culpable de haber aceptado como soborno un apartamento playero.

Pero yerra El País, cuando titula que “El Ejército de Brasil amenaza con actuar si Lula queda libre”. Para ser rigurosos, este debería ser: “El Ejército de Brasil amenaza con actuar si hay impunidad para Lula” o, incluso, más rotundo: “El Ejército de Brasil amenaza con un golpe de Estado si hay impunidad para Lula”.

Porque eso es lo que han hecho, varios altos mandos militares. El jefe de las Fuerzas Armadas ha amagado con un golpe, pero no porque el idolatrado Lula quede libre, sino ante la posibilidad de que el ciudadano Luiz Inàcio da Silva esté por encima de la ley. 

Esa es la relevante cuestión, que debería estar clara, al menos desde hace más de doscientos años, en concreto desde 1789, cuando sucedió la Revolución francesa, inicio de una Edad Contemporánea, en la que los retrocesos superan en demasiadas ocasiones a los avances.

La violencia y el `procés´

Toda la estrategia independentista, elaborada por su elite dirigente, pasaba por presentar el procés como una acción sin violencia, como un movimiento amable. Se trataba de la revolución de la sonrisa, como algunos miembros de esa oligarquía explicitaron en diversas ocasiones a los medios de comunicación, mientras publicitaban su actuación. Frente a ellos, sostenían, la brutal España, encadenada a su sanguinolento pasado, perpetraría la única violencia existente antes de vivir el ansiado sueño de una Cataluña independiente. Ese era el relato difundido.

Basta recordar, la utilización de la torpe violencia de la Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de octubre, en la que los propios servicios de emergencias de la administración catalana, evidenciando toda una organización y estructura del proceso soberanista, hablaron de miles de heridos, cuando ni una decena de ellos merecía, desgraciadamente, tal calificativo y el resto solo el de contusionados o meramente afectados psicológicamente ante las cargas policiales. En cambio, las imágenes de la agresión a un agente con una silla cuando entraba en un colegio electoral o la huida de la Guardia Civil de un pueblo a pedradas pasaban inadvertidas, ante el poderoso relato construido por esa oligarquía dirigente, que además había conseguido que hasta entonces todas sus anteriores movilizaciones, algunas de ellas de centenares de miles de personas convocadas por ese instrumento denominado Asamblea Nacional Catalana, fueran pacíficas e incluso festivas. Ellos eran la gente normal, frente a los represores.  

La elite independentista siempre fue consciente de que la repercusión penal a su actuación delictiva, consistente en subvertir el orden constitucional, sería escasa si eran inimputables como instigadores de violencia, ya que en ese caso decaía el delito de rebelión, limitando su responsabilidad a la malversación de caudales públicos, penado con solo ocho años de cárcel, y a la desobediencia, sancionada de una manera meramente administrativa.

Es por ello, que será muy relevante la consideración jurídica de si hubo o no violencia en el procés, ya que en caso afirmativo los reos podrán ser imputados por rebelión y condenados hasta a treinta años de cárcel. Ayer, la Fiscalía alemana apreció alta traición y estimó que la acusación de rebelión se sostiene con lo alegado por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, que entiende que en el referéndum del 1 de octubre hubo violencia por parte del separatismo. Finalmente será el Tribunal Supremo como tal el que deberá considerar o no acreditado tal delito de rebelión, precisamente al estimar o no si existió violencia.

Eso es lo que se juega hoy en día.  De cara al futuro, esas elites soberanistas parecen haber renunciado a la sonrisa. Al menos, si no a la suya, sí a las de sus bases. De hecho, cada día el nivel de violencia aumenta. Pero eso se lo dejan a las masas, como hicieron con la concentración a las puertas de la Consejería de Economía para intimidar a una comitiva judicial el 20 de septiembre, preludio del golpe de Estado perpetrado en el Parlamento catalán. En concreto, ese papel se lo dan a la vanguardia de las masas. A los pomposamente denominados Comités de Defensa de la República.  

¿Y quienes forman esos CDR? Gente de la izquierda nacionalista que en muchos casos comparten militancia con las CUP y sus diversas corrientes internas, los mismos que han amenazado a jueces como Llarena, señalando a todo aquel que no merece vivir en la distopía que ellos construyen.

¿Y cuántos son? Las estimaciones policiales hablan de unos 350 comités, repartidos territorialmente no solo por Cataluña, sino por lo que ellos entienden como Cataluña, es decir, incluyendo a los que otros muchos llamamos Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Si adjudicamos la modesta cifra de diez o quince activistas por comité, estaríamos hablando de unas cinco mil personas, radicalizadas ideológicamente hasta extremos, que nos recuerdan borrascosas épocas pasadas.

Tal vez no sean un número suficiente para llevar a cabo una revolución, pero, como demostró la de Octubre de 1917, nunca hay que subestimar la capacidad de una vanguardia a la hora de arrastrar al resto de la sociedad, máxime si una parte considerable de ella se encuentra predispuesta a sus postulados. De todo ello es plenamente consciente esa elite directora del procés, que mantiene helada su sonrisa y sigue pretendiendo pagar un escaso peaje a su actuación, pero que parece haber decidido dejar a sus vanguardias que se partan la cara por ellos, en búsqueda, sí, de un hecho violento especialmente grave, a ser posible rentable desde la óptica del victimismo, que lleve a una dialéctica de acción/reacción, que cohesione el independentismo y extienda el número de sus adeptos hasta la victoria final.

¿Les suena? 

Enseñe su TFM

Mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá por fin en la Asamblea regional para dar explicaciones de la revelación periodística de eldiario.es sobre su Máster. 

Trece días después de la primera información, Cifuentes sigue sin dar explicaciones convincentes. Tampoco la Universidad Rey Juan Carlos, quien le otorgó tal título académico. Mientras, día a día han ido apareciendo más detalles sospechosos, entre ellos que se matriculó tres meses después del plazo establecido, o que el día de la defensa del Trabajo Fin de Máster, el proyecto más relevantes con el que culminan los posgrados, coincidió con el recibimiento de la selección española de fútbol tras ganar una Eurocopa, cuando Cifuentes era Delegada del Gobierno, es decir, responsable de todas las medidas que se tomaron en aquella jornada para garantizar la seguridad de tal evento. Cuesta entender que tal día pueda compatibilizarse con la serena comparecencia ante un tribunal académico en el que te juegas todo el Máster emprendido.

Pero, todo ello, quedaría solventado con un sencillo gesto, consistente en que la presidenta de la Comunidad enseñe su Trabajo Fin de Máster, un proyecto académico que en esencia supone una contribución al saber intelectual y que como tal debe estar disponible para toda aquel que quiera aprender. Sin más, señora Cifuentes, entregue su TFM.

Dos Coronas

Publicaron hace unos días Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano, y Alejandro del Valle, catedrático de derecho internacional de la Universidad de Cádiz, una interesante tribuna en El País, proponiendo una novedosa solución para el contencioso gibraltareño. Desgraciadamente, no ha tenido continuidad el debate.

Uno de los elementos más originales de su propuesta incide en la superación de la concepción del Estado-nación, ya sea español o británico, ante el que han encallado otros muchos de los  remedios aportados en el pasado. El peñón no tendría una soberanía británica, como ahora, ni española, como infructuosamente ha pretendido el nacionalismo español. Ni siquiera una cosoberanía hispano-británica, como pensaron Aznar y Blair. 

Gibraltar sería una ciudad de las dos Coronas, de la británica y de la española, a modo de un principado, integrado eso sí en la Unión Europea. La solución, que supondría que el peñón tendría dos jefes de Estado, Isabel II y Felipe VI, podría contentar a los gibraltareños, que lamentan profundamente la salida del Reino Unido de la UE.

La iniciativa presenta, pues, perfiles interesantes, merecedores de una discusión, aunque tiene a mi criterio dos obstáculos. El primero, es el de la dialéctica Monarquía/República, con el problema que conlleva que la opinión pública considere la primera opción como del pasado y la segunda del futuro, independientemente de su acierto. No es este un aspecto que expresamente traten los dos intelectuales que han suscrito la propuesta, a diferencia del segundo obstáculo. Consideran los autores que la iniciativa no es trasladable “a las pretensiones de nuestros nacionalismos” periféricos. 

No creo que sea así. La aún no concretada propuesta de Nación Foral Vasca del lendakari Iñigo Urkullu busca una relación bilateral entre España y Euskadi, cuyo broche de unión podría ser la propia Corona, como lo fue en el pasado foral. Paradojas, pues, de la vida, en la que las monarquías ofrecen mayor margen de solución a problemáticas de difícil solución, frente a planteamientos republicanos, que creemos más acordes con el progreso.