Engaño

Cuba tiene nuevo presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, pero el poder lo mantiene Raúl Castro desde la secretaría general del Partido Comunista, cargo que ostentará durante cuatro años más y que legalmente tiene primacía sobre el otro.

De tal manera que el régimen monárquico continúa en la isla. Así, desde 1959, cuando triunfó la Revolución. Primero, fue Fidel Castro y después su hermano Raúl, transmitiéndose el poder en una misma familia, como una auténtica dinastía.

El propio Díaz-Canel lo ha explicitado en su discurso de aceptación, al señalar taxativamente que Raúl continuará al frente de la vanguardia revolucionaria. Lenguaje marxista para una realidad antiquísima, aquella que concentra el poder en una sola persona: monarquía. 

Es curiosa la Humanidad. Siempre engañándose.

De nuevo, el mismo debate

Cada vez que los ríos se desbordan y hay inundaciones, hecho que no ocurre todos los años, pero que sí es reiterativo, resurge el debate de que hacer con los fondos de los ríos: si, limpiarlos, como dicen los agricultores que plantan en sus riberas, o dejarlos tal cual, como sostienen los proteccionistas.

Un debate cíclico que se repite cada cierto tiempo. Como ahora, y como será dentro de unos años cuando vuelva a ocurrir. Porque, es una constante del ser humano su dificultad para aprender.

Los 404 casos

Es sin duda un éxito de El País haber publicado el informe de la Guardia Civil sobre la violencia del proceso independentista. El instituto cuantifica en 404 los casos constatados. Se trata sin duda de la aportación periodística que todos estábamos esperando, porque es la clave para poder sustentar la acusación de rebelión a los dirigentes separatista.

Sin embargo, al menos lo publicado por el rotativo madrileño, es decepcionante para las tesis incriminatorias o salvífico para las exculpatorias. La duda que queda, que no es menor, es si los periodistas han resumido bien o no han destacado lo más relevante.

Así, por ejemplo, el hecho de que hubo 55 guardias civiles y 56 policías nacionales que resultaron lesionados durante la jornada del 1 de octubre, cuando el independentismo forzó el referéndum, es difícilmente conceptuable como algo más que la resistencia de una multitud para poder votar. A fin de cuentas, siempre se ha descontado que haya agentes antidisturbios lesionados, porque no se va a poder probar que hubo una intención previa por parte de los manifestantes para infligirles violencia, sino que es más fácil que los jueces constaten que esas lesiones sucedieron tras intentar impedirles votar.

Tan solo hay un caso, que puede escapar a ello y que fue una imagen de la jornada: la del agente que entra en un colegio y cae abatido al impactar contra él una silla metálica tirada por un independentista.  Si tal hecho, objetivamente calificable de violencia, no está recogido expresamente en el informe, se trataría de un error grave del informe de la Guardia Civil.  

Otro hecho objetivo, que tampoco aclara el artículo periodístico, fue otra de aquellas imágenes de aquel día: la huída de varios jeeps de la Guardia Civil de un pueblo, mientras que una multitud les arrojaba piedras.

Esas son realmente los dos puntos más serios para sostener la acusación de violencia, necesaria para constituir el delito de rebelión, en lo que respecta al 1 de octubre. Mayores pruebas existen con la concentración del 27 de septiembre en la Consejería de Economía, donde una multitud coaccionó a una delegación judicial que buscaba pruebas de la malversación de fondos de la Generalitat. También con el acoso a fiscales y jueces que se han dado a lo largo de todo el proceso, así como a políticos constitucionalistas, sobre todo a través de las redes sociales.

Sin duda, que lo publicado es escaso. La duda lo resolvería el acceso directo a la fuente: el informe de la Guardia Civil.

Ada Colau y el `facha´

La metedura de pata de Ada Colau sobre el almirante Cervera es una nueva muestra de la nula preparación de la líder de la marca catalana de Podemos. No sería grave en la medida en que ella es lo que es, porque así lo han decidido una serie de personas que forman parte de una formación política determinada. Si han escogido a una persona iletrada, esa su decisión.

Pero a la vez es muy significativa de la sociedad en la que vivimos, porque Colau es alcaldesa de Barcelona, probablemente la ciudad más relevante, por encima de Madrid, de las que existen en España o en el Estado español, como ella prefiere denominarlo. Ya no se trata, pues, de una cuestión relativa a una elección privada, sino que incide en las estructura institucional y en esa medida nos afecta a todos.

Que la regidora de la capital catalana desconozca el personaje histórico de Pascual Cervera y Topete es propio de sociedades que desdeñan la cultura, todo lo contrario a lo que puede representar Barcelona, cuna de innumerables iniciativas en ese ámbito, como evidencia un mero paseo por sus calles más relevantes.

La alcaldesa ha quitado, precisamente, el nombre de una calle a Cervera, tachando al almirante de “facha”. El marino, cuyo recuerdo se mantiene en diversos monumentos diseminados por España y Cuba, fue el militar que encabezó la desesperada salida de puerto de la armada española, siendo consciente de que iban a ser masacrados por la estadounidense en la Guerra de 1898, aquella en la que la nueva potencia reemplazó a una vieja en el dominio sobre la isla. Una acción, que solo puede ser criticada por ingenua o por fatalista, pero que mostró un prurito heroico, de desprecio de la propia vida.

Hasta Fidel Castro, fiel representante de una izquierda cultivada que parece agonizar, alabó su actitud por el gesto anti-imperialista que implicaba. Cervera, no obstante, no perdió la vida. Fue hecho prisionero, pudiendo regresar a España años después, donde fue discutida su estrategia militar, muriendo como senador en 1909.

Cuando falleció, el mundo no sabía, para su fortuna, lo que era el fascismo. No existía aún. Pero, sí conocía la Ilustración, el gran sueño de la Humanidad, que convertiría a todos en sabios, en cultos, lo que les llevaría a la felicidad. 

Sin duda, ese es el gran fracaso de la Humanidad: la ilustración, como evidencia el caso de Ada Colau.

Violencia: la clave

La intervención de la fiscalía de la Audiencia Nacional para descabezar a los Comités de Defensa de la República, la vanguardia de las masas del procés independentista, es lo razonable que debe hacer un Estado de derecho contra aquellos que quieren acabar con la legalidad democrática. También el hecho de que promueva reuniones con sus homólogos alemanes de cara a explicar los aspectos ilegales de la pretensión soberanista, a raíz de la detención de Carles Puigdemont en el país germánico.

Otra cosa es las imputaciones que se hagan a los implicados. En el caso del delito de rebelión, la justicia deberá decidir si es viable inculpar de él al expresident de la Generalitat por haber empleado la violencia, cuestión que ni el Tribunal de Schleswig-Holstein ha puesto en duda, limitándose a denegar su extradición porque considera que no fue en el grado suficiente como para derrotar al Estado español. Extremo, no exento de paradoja, en la medida en que si hubiera sido así y existiese una triunfante República catalana, España ya no podría hacer nada contra Puigdemont, quien cómodamente estaría instalado en la poltrona de la jefatura del nuevo Estado, pese a que su partido no fue el más votado en las últimas elecciones.

En el caso de terrorismo, delito que la fiscalía pretendió imputar a los cabecillas de los Comités de Defensa de la República,  parece excesivo, en la medida en que homologa su actuación con los cachorros de ETA que durante décadas mantuvieron el terror callejero en el País Vasco y Navarra.  Hay que tener en cuenta que la kale borroka fue especialmente opresiva en la medida en que detrás de aquellos radicales había una organización armada que asesinó a más de ochocientas personas. Extremo que, hoy por hoy, no ocurre en Cataluña, aunque el pasado reciente nos presente antecedentes y que el futuro esperemos no desmienta. Así, parece haberlo entendido la Audiencia Nacional, que de momento solo ha imputado a la primera detenida por desordenes públicos, delito que se tipifica como aquel en el que se incurre en actos de violencia o amenaza, alterando la paz pública. 

La clave conductora de todo ello es la violencia.  Y en esa medida, el Estado español, a través de sus instituciones, debería hacer un esfuerzo para convencer a propios y extraños que en el procés, que tuvo su momento álgido el 6 y 7 de septiembre con el golpe de Estado producido en el Parlamento catalán, hubo violencia, que es precisamente lo que niega el independentismo, porque tal aceptación invalida el relato pretendidamente democrático de su movimiento, caracterizado como la Revolución de la Sonrisa.  

Magnífico

La diputación Foral de Álava y la Provincial de Burgos han acordado una serie de servicios para los ciudadanos del enclave de Treviño, unas dos mil personas, que viven en un territorio que históricamente ha pertenecido a la provincia castellana, pero que está rodeado por la alavesa y muy cercano a Vitoria.

Ese hecho ha condicionado la vida de esos dos millares de personas, sometidos a un fuego cruzado ideológico entre el irredentismo nacionalista vasco y la pretensión conservadora castellana. Especialmente, cruenta en la segunda mitad del siglo pasado, cuando unos radicales exigieron como condición sine qua non la anexión. Me refiero, claro, está, a ETA, emponzoñando como nunca la situación. Hasta el punto de traducirse en una desatención de esos ciudadanos que se ha prolongado hasta ahora y alcanzó su punto más trágico hace tres años cuando una niña de esa corta edad murió de varicela sin la atención médica mínima exigible en el primer mundo.

Ahora, las instituciones han decido firmar la pipa de la paz y establecer mecanismos de coordinación con el loable objetivo de atender a esos vecinos. Olvidarse de los territorios y atender a los ciudadanos. Magnífico. Si seguimos así, algún día alcanzaremos los cielos.

Pésima condición

De solo pensar en los miles de trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos y en las decenas de miles de titulados por esa entidad educativa, que han visto en peligro su medio de vida y la reputación de su calificación académica por la mera ambición de una persona, me reafirma en la pésima consideración de la condición humana.