Descrédito Supremo

La rectificación del Tribunal Supremo sobre las hipotecas solo puede incidir en su descrédito. Más que por el fondo de la sentencia, por la forma de haber tramitado este polémico asunto. Tanto Carlos Lesmes, presidente del alto tribunal, como Luis Díez-Picazo, el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, harían un favor dimitiendo. Asumirían así la grave negligencia que ha supuesto que este asunto envenene aún más el debate social, abundando en las críticas a la banca desde que las consecuencias de la crisis de 2008 facilitaran aflorar un sentimiento contrario a tales agentes económicos.

Diluir la Historia

La polémica sobre la unidad didáctica que se estudiará en algunos centros educativos del País Vasco, para alumnos de ESO y Bachillerato, sobre la historia reciente marcada por la actividad de ETA, presenta diversas perspectivas interesantes para el análisis.

Lo primero que cabe señalar es lo acertado de la misma, en la medida en que los jóvenes vascos deben conocer el medio siglo de violencia que se desató en esas tierras y las perniciosas consecuencias que arrastró. También es preciso resaltar que el contenido fue revisado por un equipo de asesores, entre los que se encontraba el reputado historiador Juan Pablo Fusi, uno de los mayores expertos en el País Vasco.

Donde caben mayores reparos es en el medio elegido para trasladar a los alumnos el contenido de la unidad didáctica. Esta se hace a través de vídeos. La propia idiosincracia de tal instrumento pedagógico obliga a que la narrativa explicativa esté basada en declaraciones de los protagonistas. Más allá de que lamentablemente se haya orillado la opinión de asociaciones de víctimas especialmente críticas con el gobierno vasco, el hecho de que hablen otros protagonistas, como exetarras y víctimas de la guerra sucia contra ETA, conlleva necesariamente un predominio de la Memoria sobre la Historia, lo cual aleja de la objetividad.

Y ahí esta el problema. Tal vez otro medio pedagógico, hubiera sido más acertado, aunque probablemente fuese menos atractivo. Por ejemplo, clases explicativas impartidas por historiadores, que no solo cuenten lo que pasó, como hacen los protagonistas, sino también las omisiones que ocultan los que se amparan en la Memoria para diluir la Historia.

Estrategia deslegitimadora

El gesto del gobierno hacia el independentismo, consistente en que la Abogacía del Estado no imputase rebelión a sus presos, no ha servido de nada. Los Presupuestos diseñados por el ejecutivo no tienen futuro, acortando el tiempo en el que Pedro Sánchez prorrogue su estancia en la Moncloa sin mediar elecciones. Los soberanistas consideran que los 25 años pedidos por la Fiscalía del Estado a Oriol Junqueras por rebelión, sedición y malversación, impiden que la mayoría actual del Congreso prosiga sus labores, haciendo aguas la estrategia del gabinete.

Más allá de ello,  quiero reflexionar sobre algo que vuelve a poner en evidencia la colonización partidista del Estado. No es admisible en un Estado de derecho, que dos instrumentos estatales difieran en sus conclusiones sobre algo tan trascendente como la calificación jurídica del proceso independentista. No es razonable que la Abogacía del Estado, siguiendo indicaciones del gobierno, cambie el criterio hasta ahora mantenido y reduzca la petición a doce años, al estimar que no existió la rebelión, mientras que la Fiscalía, actuando autónomamente del mismo ejecutivo, insista en imputar tal rebelión. 

No se quien tendrá razón, pero la rebelión no es baladí. Es un delito de una enorme gravedad como para que haya disparidad de criterios, máxime cuando desde diversos organos judiciales europeos se ha puesto en entredicho la posibilidad de que haya rebelión sin violencia. O existió tal delito, o no existió. Ya se que eso deberá dilucidarlo el Tribunal Supremo y que su fallo será escrutado por propios y extraños. Pero, no cabe que la Abogacía y la Fiscalía difieran en su calificación, más aún cuando la imputación provisional de la rebelión ha sido lo que ha mantenido en la cárcel preventivamente a Oriol Junqueras y a otros presos del procés, así como la búsqueda y captura de los huidos, entre ellos a Puigdemont. La propia actuación del Estado ha quedado, pues, en entredicho.

Cuestiones muy serias que afectan a la credibilidad del Estado español y que la estrategia del gobierno no ha ayudado a preservar. La gravedad de tal hecho no deja lugar a dudas, porque lo peor que puede ocurrir es que el proceso soberanista contamine al propio Estado, restando a este legitimidad; camino que, me temo, andamos ya. Por ello, sería bueno que los gobiernos mantuvieron sus manos alejadas, dejando el partidismo fuera del Estado. El mantra repetido por el gobierno de hacer política debe tener sus límites, aquel que deja al Estado aparte de los intereses gubernamentales, porque nos estamos cargando al propio Estado. A su legitimidad. Precisamente lo que quieren los independentistas.  

Imprevisión

Se lo llevo anunciando desde que el gobierno de Sánchez tomó sus primeras decisiones, que la exhumación de Franco se convertiría en un calvario para el gabinete. En una carrera de despropósitos, el ejecutivo ha conseguido en los últimos días que el Vaticano le desmienta. Ahora, pretende ampararse en la ley de la Memoria Histórica para intentar impedir que los restos del dictador sean enterrados en la Almudena.

Incluso, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dado su palabra de que el general no será inhumado en la catedral de Madrid, pese a que los Franco disponen allí de sepultura, extremo que el gobierno al parecer ignoraba.  La falta de previsión gubernamental fue tal que tampoco se debió plantear esa posibilidad cuando decretó la exhumación del Valle de los Caídos, lo que no deja de sorprender, en la medida en que lo mínimo que se puede exigir a un gobierno es que sea reflexivo.

La número dos del gobierno viajó el fin de semana a Roma para implorar que la iglesia apoye al  gobierno e impida el entierro en la Almudena. La misma iglesia que no puso problemas a la exhumación, pero que no moverá un dedo para evitar que la catedral de Madrid se convierta en un centro de peregrinación y de homenaje al franquismo. Gracias, eso sí, a la imprevisión del gobierno socialista de Pedro Sánchez.

A las pruebas me remito

El ultraderechista, racista y homófobo Jair Bolsonaro ha sido elegido democráticamente presidente de Brasil, con el respaldo de más de 57 millones de ciudadanos de ese país suramericano.  

No es la primera vez que un antidemócrata llega al poder a través del sufragio de sus conciudadanos. Antes que él, lo hizo Hitler. Es, incluso, relativamente frecuente, que sea así. Un candidato que pretende acabar con el Estado de derecho se sirve de la democracia para acabar con ella. Es lo que hacen los populistas hoy en día: mientras se les llena la boca hablando de democracia, hacen todo lo posible para acabar con ella.

Ante ello, la respuesta de los demócratas no debería ser deslegitimarla, considerándola un instrumento peligroso capaz de aupar en el poder a cualquier sujeto sin escrúpulos, sino relativizar su concepción. Es decir, asumir que el pueblo no solo se equivoca, sino que tiende a hacerlo. 

La democracia representativa toma mucho de su concepción del protestantismo anglosajón, que hacía de la doctrina de la gracia su piedra angular. Una comunidad tocada por la gracia divina no puede equivocarse. Por lo tanto, siempre acierta a la hora de tomar decisiones democráticamente, porque es la palabra divina la que se pronuncia a través de toda la colectividad. 

El despropósito del axioma queda en evidencia con tan solo colegir que Donald Trump fue una buena elección.  Es preciso, pues, relativizar tal concepción teocrática y negarnos a admitir que Trump o Bolsonaro sean elecciones acertadas. No, no lo son, porque el pueblo, al que debemos despojar de cualquier halo sobrenatural, se puede equivocar. A las pruebas me remito. 

Demagogia

El gobierno populista de Italia pretende que los europeos paguemos la desviación de su déficit público. Para ello, el ejecutivo, formado por un partido nacionalista y una formación alternativa, ha enviado un proyecto de presupuestos que ha recibido el rechazo de la Unión Europea, por exceder en dos puntos el déficit estructural, lo que supone un punto y medio del PIB italiano, calculado para este año en 2.000 billones de euros.  Es decir, la factura que ha pasado el gabinete, un genuino representante de la oleada de la nueva política que padece el mundo, es de 30 billones de euros. Ante ello, las autoridades comunitarias ya han anunciado que Roma se enfrenta a sanciones comunitarias y un recorte de los fondos estructurales europeos, pero el gobierno italiano no se arredra, denunciando que Bruselas ataca al pueblo italiano. 

Tenemos, pues, a un gobierno populista que recurre al victimismo, algo usual a todos los nacionalismos. Recuerden el Madrid nos roba o Roma nos roba, que hasta hace poco gritaba esa misma Liga que ahora comparte el poder en Italia. Su socio de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas, ha impuesto en dicho presupuesto unos gastos sociales, convencido de que los pagaremos los europeos.

¿Y el argumento cual es? Pues, la soberanía nacional. Pero, tamaña demagogia es posible por la popularidad democrática de las dos formaciones, que han desplazado a los partidos tradicionales italianos de los centros de poder. Es más, no descarten que en los próximos días, según se enquiste el enfrentamiento entre Italia y Europa, la Liga o el Movimiento propongan un referéndum en Italia en apoyo a los presupuestos presentados. No se atreverán a hacer una pregunta sincera, del tipo: ¿Está usted a favor de los europeos nos paguen las deudas?, pero en cualquier caso tal plebiscito arrasaría, como probablemente lo hagan esas formaciones en las próximas elecciones, agravando el problema.

Crisis de desprestigio

Lo vivido la semana pasada en el Tribunal Supremo es enormemente preocupante. Y lo es, porque, estamos acostumbrados a que ese tipo de situaciones lamentables sean protagonizadas por los gobiernos, ya sea el central o los autonómicos, o los parlamentos, nacional o regionales, donde la dinámica partidista alcanza su máxima dimensión, pero no en una institución en donde sus integrantes deben acceder a ella por méritos jurídicos.

Pero lo sucedido el jueves y viernes en el más alto tribunal de Justicia de este país es bochornoso. No solo por la mala imagen que proyecta del tribunal, rectificando una decisión popular, sino por la inseguridad jurídica que ha creado. No en balde, a día de hoy nadie sabe muy bien como actuar a la hora de firmar una hipoteca. Y la inseguridad jurídica es el peor hecho para un Estado de Derecho.

El Tribunal Supremo debe decidir en breve si el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe ser pagado por el banco o por los hipotecados. Y no solo no debe hacerlo rápido, sino de una manera inequívoca, fundamentada en Derecho. Sin que ninguna otra consideración afecte a unos magistrados que han visto como las últimas luchas de poder en el seno de la institución priorizaban otros considerandos sobre los jurídicos.

No podemos permitirnos que el Tribunal Supremo sufra una crisis de desprestigio, que ya ha experimentado una erosión en Europa.