Estado de Derecho

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios racionales de delito en el rey emérito Juan Carlos I. El hecho, que no deja de ser relevante, no debe impedirnos valorar la muestra del Estado de Derecho existente en nuestro país, cuando un exjefe de Estado puede ser investigado por unos hechos ocurridos una vez perdida su inmunidad. 

Dos cuestiones deben ser mencionadas además. La primera, rechazar cualquier tesis conspirativa que haga de Pedro Sánchez y de su fiel Dolores Delgado, los instigadores en la sombra de la investigación al anterior rey. Juan Carlos I ha sido investigado por su presunta vinculación con los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, al entender los fiscales anticorrupción, unos profesionales del Derecho, que existen indicios de ello. Ahora, deberán ser sus compañeros del Supremo los que tomen el caso, al ser el rey emérito aforado. Y finalmente, serán otros profesionales del Derecho, los jueces del propio Tribunal Supremo, la más alta corte de Justicia del Estado, la que dictará la última palabra al respecto.

Y un segundo aspecto. Juan Carlos I hizo mucho por la transición de la dictadura que heredó a la democracia. Aquello siempre estará en su haber, lo que no impide que se escrute todo su quehacer. La grandeza del Estado de Derecho permite ahora investigar en el debe del que fue monarca.

Banderas

El Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial de España, ha dictaminado que las banderas no oficiales no pueden ser izadas en edificios de instituciones públicas. Tal jurisprudencia, elaborada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho tribunal, no debería extrañar en un Estado de Derecho, como lo es nuestro país, pero me temo que esta decisión traerá consecuencias perturbadoras, en la medida en que en nuestra sociedad  las emociones y los sentimientos logran una desmedida carta de naturaleza.

Piensen ustedes en lo que significa la decisión del Supremo. Por ejemplo, que no podrá ondear en los balcones consistoriales la estelada. Tampoco la bandera arcoiris que ha hecho suya el movimiento gay. Ni cualquier otra seña de identidad que no alcance el rango de oficial, pero que adopte cualquier colectivo del romántico ser humano del siglo XXI.

En fin, un torrente de problemas se avecinan. Será vano evitarlo, pero piensen, aunque solo sea 

un segundo, en lo maravilloso que sería un mundo sin banderas.

Decadencia

La ola de violencia desatada en los Estados Unidos a raíz de la enésima muerte de un afroamericano a manos de una policía que no desdeña actuaciones represivas desproporcionadas, no supone una novedad. Desgraciadamente, estas situaciones se repiten con demasiada frecuencia. Sin embargo, las imágenes que nos llegan, aderezadas de protestas y saqueos, muestran un plus de violencia que no puede dejar de preocupar.

Es cierto, que la inserción de la población descendiente  de los esclavos en el Estado-nación norteamericano presenta un déficit histórico como las marchas por la igualdad de la década de los sesenta del pasado siglo denunciaron. Circunstancia que no ha mejorado en la medida necesaria a tenor de la situación que se vive en muchos Estados de dicha unión. 

Las consecuencias negativas de tal conflicto no podrán obviarse en un Estados Unidos que además presenta en la actualidad otros dos problemas acuciantes, lo que hace de la ola de violencia que sacude hoy en día a numerosas ciudades estadounidenses algo diferente y mucho más grave.

El primero de ellos es la evidente decadencia que sufre Estados Unidos desde que acabó el siglo XX, el denominado siglo americano. El ascenso de China, cuyo gobierno cada vez disimula menos, como estamos viendo con Hong-Kong, se traduce en una progresiva pérdida del papel de Estados Unidos como fuerza hegemónica mundial. 

La segunda de ellas es algo más circunstancial, pero no por ello menos grave. Históricamente, la decadencia suele acompañar a los problemas de selección de los dirigentes en las potencias que las sufren. La elección de Donald Trump es una muestra de ello. 

Navarra

El gobierno de Pedro Sánchez ha cedido la gestión del ingreso mínimo a las comunidades autónomas vasca y navarra, después de que la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, acordaran dicho traspaso, que ha puesto bálsamo a las relaciones entre el PSOE y el partido nacionalista después del desaguisado provocado por los socialistas negociando con Bildu.

Sobre el tema de fondo, hay poco que señalar, máxime cuando una de las trasferencias negociadas previamente entre el gobierno central y el vasco era el traspaso antes del 31 de octubre de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, cuestión espinosa que ha envenenado durante cuarenta años las relaciones entre ambas partes, en la medida en que la Constitución y el Estatuto de Gernika podían entrar en colisión sobre la  administración competente en materia de Seguridad Social. La solución a la que se llegó, poco antes de la epidemia del Covid-19, fue mantener la caja única de la Seguridad Social en manos estatales y la cesión de la gestión a la comunidad autónoma. Ahora, con lo pactado por Calvo y Ortuzar, se adelantará la gestión concreta del Ingreso Mínimo Vital.

Estas decisiones, además, encajan perfectamente con la relación bilateral económico-fiscal existente entre España y las provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, derivadas de la foralidad de esos territorios históricos, hecho anterior a la propia construcción del Estado-nación español, acaecido a partir de 1808.

Por tanto, a ese respecto nada que objetar. Sin embargo, sí cabe un debate crítico, eso sí constructivo, sobre el hecho de que sea el PNV el que negocie sobre algo que afecta a Navarra. Y sobre todo a que sea un gobierno socialista el que se pliegue a ello. 

Me explico. Es sorprendente que el ejecutivo Sánchez acepte que el PNV se constituya en el valedor de Navarra ante el gobierno central, máxime cuando el viejo reino tiene un gobierno propio, presidido precisamente por una socialista. No se, ya que la prensa no aclara esta crucial circunstancia, si en dichas negociaciones ha tenido parte el ejecutivo navarro. Quiero pensar que sí, que el gobierno navarro ha tenido que ver y que se trata solo de una deficiente información de unos medios de comunicación nacionales que demuestran una ignorancia que en este caso es demasiado supina. Y que por tanto se trata solo de que el PSOE ha permitido que públicamente, de cara a la opinión pública el PNV se lleve el gato al agua y aparezca como el defensor de la foralidad navarra.

Eso sí que me parece criticable y me recuerda lo que pasó en la Transición Democrática, cuando un Partido Socialista de Euskadi, la federación vasca del PSOE, enormemente influido por el nacionalismo vasco se dejó arrastrar y agrupó en su seno a los socialistas navarros en un intento de lograr por primera vez la aspiración nacionalista vasca de integración de Navarra en Euskadi. De aquella situación, salió escaldado aquel gato. Esperemos que ahora, cuarenta años después, no sea así, al confundir los socialistas, al menos por desconocimiento, los derechos históricos de unos territorios, incluida Navarra, con la pretensión nacionalista de Euskal Herria.

Como siempre

El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, se niega a negociar la independencia de su país en el marco propiciado por la Unión Europea, alianza a la que que el territorio desgajado de Serbia aspira a pertenecer. La UE entiende con toda lógica que debe haber primero un acuerdo entre Kosovo y Serbia, antes de proseguir con la incorporación de ambos territorios al mercado común.

El argumento empleado por el que fue fundador de la principal organización militar independentista albanesa, a la que se ha acusado de participar en el tráfico de drogas con el objetivo de financiarse, radica en que en el foro de debate diseñado por la UE no participa Estados Unidos, el principal país que reconoce la independencia de Kosovo. En cambio, en la UE no hay unanimidad al respecto, destacando España y Eslovaquia como Estados contrarios a reconocer una unilateral proclamación de independencia como hizo Kosovo con respecto a Serbia.

Es decir, los independentistas kosovares solo se muestran favorables a negociar si de entrada los demás aceptan su independencia. Si no es así, no quieren dialogar. Es lo de siempre. ¿Se acuerdan de Puigdemont y su exigencia de negociar, eso sí una vez aceptada por España la independencia de Cataluña?

Los fallos gubernamentales

Una vez que superemos la primera arremetida del Covid-19 y a la espera de un nuevo rebrote, será el momento de analizar los fallos del gobierno en toda esta crisis. Desde la escasez de test que marcó la rápida propagación del virus hasta el sonrojante baile de cifras de muertos, al que asistimos perplejos en los últimos días y que es impropio de un Estado como el que aspiramos en el siglo XXI.

El principio de proximidad y buen gobierno

Es un argumento favorable a la descentralización del poder, y así fue invocado en nuestra Transición Democrática cuando España dejó de ser un Estado centralizado, que la resolución de los problemas se afrontaban con más garantías de éxito si se abordaban desde una óptica de proximidad; es decir, por los responsables locales, más que por las autoridades estatales, debido al mayor conocimiento que podían tener los primeros al tratarse de realidades más cercanas. 

No niego que tal máxima contenga en líneas generales indudables visos de certeza, pero no siempre es necesariamente así. El mejor ejemplo lo tenemos en el combate contra el Covid-19 y la desastrosa gestión de los gobiernos de dos comunidades autónomas que han demostrado trabajar en una misma línea de oposición frontal al ejecutivo estatal  con evidentes sesgos de deslealtad: Madrid y Cataluña.

Precisamente, ambas comunidades van a la zaga en la desescalada, sin duda que por haber sufrido una alta tasa de contagios desde el inicio de la pandemia, pero también por la deficiente gestión de sus dirigentes locales, que precisamente se les ha llenado la boca durante estas semanas insistiendo en que ellos lo hubieran hecho mejor si el Estado de alarma no les impidiese ejercer sus competencias sanitarias.

La realidad es que la Comunidad de Madrid no ha pasado hasta ahora a la fase 1 de la desescalada porque las autoridades locales no habían sido capaces de dotar a la asistencia primaria sanitaria de la fortaleza necesaria para poder atender a los enfermos de la epidemia y reclutar a los rastreadores necesarios para combatir futuros rebrotes. En este sentido, el Colegio de Médicos de Madrid ha expresado sus dudas sobre la capacidad del sistema sanitario madrileño ante un eventual rebrote, después de décadas de desmantelamiento de la sanidad pública llevada a cabo por unas autoridades imbuidas de una ideología liberal, que como todas conllevan unas anteojeras que son más gruesas cuanto más ideologizados se comportan sus impulsores.

En Cataluña, esas anteojeras obedecen a otra ideología, en este caso la nacionalista, que ha llevado a sus dirigentes locales a dar bandazos continuos sobre la necesidad de mayor rigor en el confinamiento y flexibilidad en las actividades económicas, sin contar con el afloramiento de 635 muertos y sin recordar el pésimo estado de las residencias de mayores, sector en el que la Generalitat disponía de competencias exclusivas.

En definitiva, Madrid y Cataluña muestran que el principio de proximidad y buen gobierno hace agua cuando una fuerte ideologización anula la capacidad de gestión.