Madrid

La preocupación por los datos de contagio por Covid-19 en la Comunidad de Madrid no es baladí. Cerca de 15.000 nuevos positivos han sido detectados en la última semana, casi un tercio de los registrados en toda España. Además, de los cerca de 7.000 enfermos hoy en día están hospitalizados en todo el país, un 30% está en Madrid. Ello ha supuesto que la Comunidad registre ya una tasa de ocupación hospitalaria por el coronavirus del 15% de su capacidad total.

Son datos, que sin alcanzar la situación crítica vivida en la pasada primavera, reflejan una tendencia muy negativa, que es preciso corregir con urgencia, salvo que queramos volver a un escenario de saturación de los centros hospitalarios, extremo que llevó entonces al gobierno de la nación a decretar el Estado de alarma. Medida que, no seamos ingenuos, se tomó, no tanto por los muertos, como por la imagen terrorífica de un sistema sanitario desbordado.

No debemos entrar ahora en dirimir la responsabilidad de las diferentes administraciones, nacional o autonómica, ni siquiera en enjuiciar la falta de lealtad necesaria entre ellas. Ya habrá tiempo para ello. Ahora, tan solo cabe lamentar que en el escaso tiempo en el que la pandemia nos dio una tregua, en la Comunidad de Madrid no se reforzó la asistencia primaria del sistema sanitario ni se puso en marcha una legión de rastreadores capaz de minimizar los contagios. Y el gobierno de la comunidad autónoma no lo hizo por sus anteojeras ideológicas, que le impiden comprender la necesidad de una robusta Sanidad Pública, más si cabe aún en situaciones de crisis epidémicas.

Y ese es el problema, muy reiterado en la historia de la humanidad, cuando unas autoridades iluminadas no son capaces de ver la realidad.

Fuera del foco electoral

Los analistas de la opinión pública norteamericana empiezan a alertar de que la pandemia del Covid-19 está saliendo del foco electoral y algunos incluso advierten de que tal hecho abona el camino de Donald Trump para la reelección.

De hecho, la convención republicana confirmatoria de la candidatura de Trump a la reelección se centró en el mensaje de que este garantiza el orden ante la oleada de protestas antiracistas que sacude los Estados Unidos desde que en mayo pasado George Floyd muriera asfixiado por un policía.

El candidato conservador ha conseguido colocar la preservación del orden como la primera preocupación para muchos electores, que ven aterrados las imágenes de saqueos e incendios que viven algunas ciudades norteamericanas. Ese es el logro de los asesores de imagen de Trump, sobre el que apenas ya oímos meteduras de pata sobre la epidemia. Y de esa manera, creen que pueden dar la vuelta a las encuestas electorales y conseguir que el menos preparado de los presidentes de Estados Unidos del último siglo continúe otros cuatro años en la Casa Blanca.

Facilita tal extremo, la opinión extendida entre la izquierda, no solo norteamericana, de que el antiracismo es una poderosa arma de debate. Eso sería así, en sociedades que mantienen vivo el recuerdo de las catástrofes que conlleva el racismo, caso de la europea de la segunda mitad del siglo XX tras el horror del nazismo. Pero, dudo, que ese recuerdo sea ya efectivamente preventivo no solo entre los europeos de hoy en día (véase, el incremento de formaciones nacionalistas o directamente racistas que sufre el viejo continente), sino fundamentalmente entre el cuerpo electoral que analizamos, el de los Estados Unidos de América, donde tal vacuna fue menos generalizada, máxime siendo un estado-nación construido identitariamente sobre la esclavitud de los negros. 

En suma, los demócratas de Biden deberían poner el foco de atención en una pandemia que dejaba claro hasta a algunos de los propios seguidores de Trump la incompetencia de su candidato.

Ideología letal

La Comunidad de Madrid se ha convertido ya en la gran preocupación a nivel nacional por el incremento de contagios de Covid-19. En los últimos días, las cifras de nuevos casos diagnosticados crecen exponencialmente, planteándose dudas razonables sobre si la sanidad de la región podrá hacer frente a la nueva oleada de enfermos que se vislumbra. 

Indudablemente, el gobierno de la  Comunidad de Madrid no ha sido capaz de mantener una tasa de contagios aceptable en la nueva normalidad, cuando, a diferencia del período de los estados de alarma, es él el competente para hacer frente a la pandemia. Las autoridades madrileñas han sido incapaces de implementar los dos instrumentos que todos los expertos científicos consideran esenciales para reducir los contagios: el reforzamiento de la asistencia primaria y la creación de equipos de rastreadores. En el caso de los rastreadores, es vergonzoso que Madrid cuente con solo 400 de ellos, cuando tienen que vigilar una población de unos seis millones setecientas mil personas. Y, para mayor inri, la consejería de Sanidad decide ampliar en una veintena su número, acudiendo a la externalización de servicios.

Todo ello, evidencia una vez más la ceguera que provoca la ideología. En este caso, la ultraliberal de un gobierno incapaz de entender que debe ser la Sanidad Pública y la fortaleza que debe tener. Pero, el resultado en esta ocasión puede ser trágico y ocupar un relevante puesto en la ignominia de la criminalidad ideológica. 

Y ello en una comunidad que. junto a la catalana, otra con índices de contagio preocupantes y otra sumamente afectada por la ideologización de sus dirigentes independentistas, fue de lo más desleal al gobierno de la nación en la gestión inicial de la crisis del coronavirus, Todo ello, nos debería ayudar a reflexionar sobre la capacidad letal que conllevan las ideologías. Todas.

Otro Borbón, otro exilio

La decisión del rey emérito de abandonar España y marchar fuera era esperada y también es acertada. Juan Carlos I, el monarca que contribuyó decisivamente a la vuelta de la democracia en nuestro país, tenía pocas más opciones, después de conocerse detalles inquietantes de sus operaciones financieras. La Historia le juzgará y tendrá que descender a unos claroscuros que quien fue el rey de nuestro país en las mejores cuatro décadas de los dos últimos siglos podría haberse evitado. Y, no solo podría, sino que debería haber obviado.

Dicho esto conviene contextualizar y recordar que la Monarquía española desde la llegada de la Edad Contemporánea se ha visto regularmente sacudida por los exilios de sus protagonistas. Carlos IV abandonó España en 1808, convertido en un juguete de Napoleón Bonaparte, viviendo con una pensión sus últimos años en Roma y Nápoles. Su hijo, Fernando VII, otro pelele en manos del heredero de la Revolución francesa, pasó seis años en el castillo de Valençay, en las riberas del Loira, pudiendo regresar en 1812 a una España ya muy distinta de la que había abandonado, donde se había proclamado la soberanía nacional, contra la que se revolvió durante todo su reinado.

Su hija, Isabel II, aceptó finalmente el Estado liberal, pero su escasa preparación y su conducta amoral la arrojaron al exilio francés en 1868.  A consecuencia de ello, su heredero, Alfonso XII, vivió también en el país vecino y luego inició un peregrinaje por Suiza, Austria e Inglaterra, hasta que en 1874 pudo regresar a España, poniendo fin a las guerras carlistas y convirtiéndose en el monarca de la Restauración. Bajo su reinado, España tuvo la Constitución más longeva de su historia, que con el tiempo permitió el sufragio universal masculino.

Su hijo póstumo, Alfonso XIII dilapidó poco a poco el legado del Pacificador, llegando a instaurar una dictadura, tras cuyo fracaso abandonó España, residiendo en Roma.  Su nieto, Juan Carlos, vivió sus primeros años en Portugal y luego estudió en España bajo la atenta  vigilancia del segundo dictador del siglo XX. A la muerte de Franco, rompió con la herencia de aquel régimen, facilitando el cambio democrático y los mejores años de bienestar que se recuerdan en este país. Ahora, Juan Carlos I  abandona España.

Su hijo, Felipe VI no se ha visto obligado a abandonar nunca su país y ha sido preparado como ninguno de sus antecesores.  Su reinado será juzgado por el bienestar de sus conciudadanos.

Algo se mueve en Gibraltar

Las autoridades de Gibraltar han llegado a la conclusión de que el futuro del peñón no puede estar muy alejado de la Unión Europea, por lo que han enviado claras señales a sus interlocutores españoles a favor de algún tipo de unidad aduanera con la UE y un libre tránsito al modo de libre circulación existente entre los Estados europeos de Schengen.

Todo ello es más que razonable, aunque solo sea atendiendo a la geografía del enclave británico en Europa. Y los males entrevistos  del Peñón tienen un solo culpable: el nefasto referéndum del brexit, instrumento malhadado para la unidad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el que, como suele ser usual en todos los plebiscitos, ganó un nacionalismo, en este caso el inglés, y perdieron muchos ciudadanos británicos, entre ellos infinidad de escoceses, irlandeses y también gibraltareños.

El gobierno de ese adalid del nacionalismo inglés, el populista Boris Jonson, tuvo que transigir que Irlanda del Norte disponga de unas aduanas propias, en aras del mantenimiento del plan de paz con la República sureña y por propio interés comercial de sus habitantes. Ahora, empieza el turno para Gibraltar, cuya entrevista de su ministro principal, Fabian Picardo, con la ministra de exteriores española, Arancha González Laya, ha levantado el recelo en un Johnson que puso en cuarentena a todos los que viajen desde España, actuando una vez más como todo el populista y, por tanto, nacionalista, que es.

La opinión internacional

La gravedad de los rebrotes de coronavirus en nuestro país, que nuestras autoridades relativizan, ha sido puesta en evidencia por los principales países de nuestro entorno, más allá de que estos se muevan por intereses propios y que sus gobernantes tengan que tomar decisiones dejándose llevar por sus respectivas opiniones públicas. Es el caso del Reino Unido de Boris Johnson, un político que toma decisiones, contradictorias muchas veces, según sople el viento entre sus votantes. Pero también, ocurre en Estados donde el populismo aún no ha inundado su gobernanza. Francia ha aconsejado a sus connacionales no viajar a Cataluña por la situación allí de la epidemia, mientras que Alemania -cuya mandataria, Angela Merkel ha demostrado la solidaridad con España por la crisis económica derivada de la pandemia- acaba de extender la recomendación también a Aragón y Navarra.

España presenta graves problemas de rebrotes en al menos esas tres comunidades, que a juicio de mandatarios europeos responsables -caso de Macron y Merkel- obligan a cerrar el flujo transfronterizo. Y sin contar con la situación de otras comunidades, como Madrid, a cuyos gobernantes les cuesta poner en práctica las dos recomendaciones básicas de las autoridades sanitarias por anteojeras ideológicas: aumentar el número de rastreadores de contagios y potenciar la red primaria de asistencia pública.

En muchas de estas comunidades ha quedado en evidencia la quiebra del argumento de que los problemas se enfrentan mejor con la cercanía de los gobernantes, uno de los principios invocados hace cuarenta años para la necesaria descentralización del poder en España, lo que tampoco nos debe llevar a un debate recentralizador, salvo en cuestiones globales, como el cambio climático o propiamente las epidemias, como es el caso.

Por ello, se echa en falta una actuación más decidida del gobierno de España en la fase actual de la pandemia. Tras el fin del Estado de alarma, el gobierno Sánchez parece haberse desatendido de la crisis sanitaria, delegando en las comunidades, y centrarse en la recuperación económica, aspecto que evidentemente es crucial, pero que no debe impedir olvidar la perspectiva de la salud pública, donde sería necesaria una intervención mayor del ejecutivo. Así, al menos nos lo piden desde fuera.

Freno de emergencia

Una de los puntos acordados en la histórica -sin exageración- cumbre desarrollada por la Unión Europea estos días en Bruselas es la implementación de un denominado freno de emergencia a la hora de transferir los fondos acordados para la recuperación económica, según la cual un Estado puede activarlo si entiende que el país beneficiado no cumple con las directrices europeas para salir de la crisis que vivimos. 

Tal instrumento tiene más de propaganda que de utilidad y está destinado al consumo interno de los países que en esta cumbre han sido tildados de frugales, especialmente de Holanda el Estado que se ha erigido en estos días en el campeón de la ortodoxia económica. Eso es así, porque tal freno de emergencia solo es posible utilizarlo transitoriamente -tres meses- y no de una manera definitiva, siempre que no cuente con el apoyo mayoritario de Estados que representen el 55% de la unión y que dispongan del 65% de la población europea.

Se impide así que uno solo de esos Estados, Austria, o acompañado del resto de los frugales -Suecia, Austria y Dinamarca- pueda vetar indefinidamente una transferencia de fondos a España o Italia. Necesitará el respaldo de una mayoría cualificada.

Y eso es así, porque la concepción de la Unión Europea es federal, no confederal. Es decir, la UE es una asociación de naciones que aspiran a una unión federal futura, alejada de instrumentos como el veto, propio de concepciones confederales, donde las partes originarias se reservan su capacidad esencial distintiva. Tales términos, seguro, que son entendidos en un país como el nuestro, tan mediatizado por el debate territorial, donde los nacionalismos abogan por la confederación y el unionismo por la federación.

Estos días en Bruselas ha triunfado, pues, la federación europea, aunque tampoco ha estado de más el toque de atención que nos han dado los frugales y su anecdótico freno de emergencia. Porque a la hora de repartir dinero entre los europeos, es razonable que los países más ricos levanten la voz cuando los más pobres prometen a sus ciudadanos medidas que no han implementado en sus propios países por prudencia económica. Es sin duda, un tirón de orejas a quienes tienen la tentación de basar su política en el populismo, hecho que nos debería llamar a la reflexión.