Toque de atención de Bruselas

La Comisión Europea ha dado un toque de atención al gobierno Sánchez por su intención de reformar la ley orgánica del Poder Judicial, evitando consultar a todas las partes afectadas. En una materia tan sensible, que incide en la esencia del Estado de Derecho, tal requisito es crucial, porque es lo que diferencia a una democracia de otros tipos de regímenes. De lo contrario, pese a las protestas del ejecutivo, estaríamos entrando en una senda muy peligrosa en la que podríamos ser comparados con Polonia y Hungría, algo que nos debería hacer reaccionar.

No todo vale para conseguir más poder. Al menos, en democracia.

Totalitarismo

El gobierno Sánchez pretende modificar la ley orgánica del Poder Judicial con el objetivo de superar el bloqueo que el PP ha impuesto en la renovación de los miembros del CGPJ, el consejo que dirige al tercer poder del Estado. Para ello, cree contar con una mayoría parlamentaria  suficiente, por lo que ha iniciado hoy el trámite en las Cortes.

La posición de los dos partidos al respecto ha empezado a conocerse con la presentación en el Congreso de una proposición de ley. La medida que más atención ha merecido en los medios de comunicación ha sido la propuesta de elección de doce de los veinte miembros del consejo por una mayoría de parlamentarios menos cualificada que hasta ahora: por mayoría simple, en vez de por tres quintos. En esa opción, que devalúa el respaldo de los órganos legislativos, en la medida en que los elegidos contarán con un apoyo menor de las fuerzas políticas representadas en las Cortes, participan tanto el PSOE como Podemos, sin valorar que de esa manera la intromisión gubernamental, a través de los partidos que sustentan al ejecutivo, será mayor en el Consejo General del Poder Judicial, ya que no necesitará pactar con el principal partido de la oposición para cubrir las vacantes de la mayoría de sus miembros, algo que no ha ocurrido en los cuarenta años desde la restauración democrática..

Sin embargo, hay otro aspecto de la iniciativa que es objetivamente aún más preocupante, aunque esta solo parece, de momento, responder a la iniciativa de uno de los dos socios gubernamentales, en concreto de Podemos, ya que no aparece en el texto de la proposición de ley registrada en el Congreso, aunque esta deja abierta la posibilidad de que sea finalmente apoyada por el PSOE.

Ambas formaciones son partidarias de impedir que un CGPJ en funciones pueda tomar decisiones relevantes, como la provisión de vacantes en los tribunales, el traslado de los jueces  y magistrados, así como la gestión de permisos y licencias, jubilaciones, etc. El problema es que la proposición de ley presentada, no aclara quién decidirá  esas relevantes decisiones, con las que se gobierna el Poder Judicial y que en manos de cualquiera de los otros dos poderes (gobierno o parlamento) supondría la subordinación pura y dura del tercero a uno de ellos; es decir, el fin de la separación de poderes, conceptualización formulada por Montesquieu y base del Estado de Derecho. De prosperar la iniciativa del socio de Sánchez nos adentraríamos, como Polonia o Hungría, en el iliberalismo, en la senda del totalitarismo que precisamente combate la Unión Europea. 

Podemos pretende, pues, que esas relevantes decisiones pasen al gobierno, lo que supondría un hecho de gravedad indiscutible, ya que de esa manera el ejecutivo podría premiar a los jueces y magistrados que quisiese y castigar a los que se atrevan, por ejemplo, a actuar contra los miembros del gobierno.

Fue la Constitución de 1812, la más iusracionalista de todos los textos constitucionales que hemos tenido, la que estableció la separación de poderes, evidenciando que era hija de la Revolución francesa y de la Ilustración. En el resto del siglo XIX, tan solo la de 1869, surgida de en el Sexenio Democrático, avanzó en ese presupuesto y creó por primera vez un Poder Judicial. En cambio, el resto de los textos constitucionales del novecientos, elaborados por los sectores moderados del liberalismo, enfrentados a los progresistas, apostó por una mera Administración de Justicia, que no Poder Judicial, en manos del gobierno, especialmente la de 1876, diseñada por el conservador Cánovas con el objetivo de controlar todo el poder.

Ese es el espejo en el que se mira Podemos, una formación en la que al menos parte de sus dirigentes, los que provienen de la universidad, no desconoce estos extremos. Hay que buscar en la II República, con otro texto constitucional, ya del siglo XX, en el que se reconocía taxativamente la separación de poderes, el recelo de una parte de la izquierda hacia los jueces, al considerarlos conservadores y contrarios a la revolución, la aspiración suprema a la que todo debe sacrificarse, también la democracia y el Estado de Derecho. Eso es totalitarismo.

Alarma en Madrid

Tras perder más de tres semanas en estériles discusiones políticas, el gobierno ha hecho lo que tenía que haber hecho hace ya un mes, decretando el Estado de alarma en el municipio de Madrid y en otros aledaños.

En todo este tiempo perdido, se han producido centenares de muertes, se han infectado del virus miles de ciudadanos y hemos vuelto a ver cuestionada la capacidad de nuestro sistema hospitalario. Mientras todo eso pasaba, se daba una incesante plática crispada entre los miembros de dos instituciones estatales, los gobiernos nacional y de Madrid, sin lograr el acuerdo entre ellas.

De todo ello son responsables ambos ejecutivos, sin duda. Pero ambos incurren además en otras. El de Madrid por no haber hecho lo que aconsejaban los expertos sanitarios cuando en junio pasado se puso fin a los primeros estados de alarma: fortalecer la atención primaria sanitaria e incrementar el número de rastreadores de infectados. En cambio, el gobierno de Ayuso se ha dedicado desde entonces a poner trabas al ejecutivo de la Nación y a amagar con una rebeldía que ha recordado en demasiadas ocasiones a la que practicaba Quim Torra.

Y el gobierno Sánchez ha dejado pasar seis meses sin presentar ante el parlamento una ley orgánica de salud pública que permita a los ejecutivos limitar derechos individuales en aras del combate epidémico, evitando así diversos varapalos de los tribunales y verse obligado a recurrir de nuevo al Estado de alarma.

Es ciertamente triste, comprobar como en un escenario dramático, en sí por las consecuencias sanitarias y también porque la gravedad de estas posponen la apremiante recuperación económica, políticos de los dos principales partidos de nuestro país no solo han sido incapaces de ayudar en las soluciones, sino que de hecho las han agravado.

El Rey, en Cataluña

Por fin, ayer, el gobierno dio una explicación sobre porqué había vetado la presencia del Rey en Cataluña el pasado domingo en la entrega de despachos de los nuevos jueces. Lo hizo, según comentó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para preservar la convivencia.

Entendía el ejecutivo de Pedro Sánchez que la convivencia de los ciudadanos en esa comunidad autónoma se podía ver alterada por la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra, que el Tribunal Supremo hizo pública un día después, y por la próxima coincidencia en el aniversario , el 1 de octubre, del referéndum que los separatistas celebraron en Cataluña hace tres años.

La protesta contra la notificación al ya expresidente de la Generalitat de su inhabilitación se saldó ayer con varios centenares de personas concentradas en la plaza de San Jaime, lugar que no consiguieron llenar, y con un millar de manifestantes en la plaza Urquinaona y posteriormente frente al Parlamento catalán. Se quemaron contenedores y algunos de los concentrados tiraron piedras contra la policía autónoma. En Girona, otro millar de manifestantes se manifestó por algunas de sus calles.

Esa ha sido la protesta por la sentencia contra Quim Torra, que no se puede calificar en ningún caso de grave alteración de la convivencia ciudadana, más allá de que los concentrados de ayer no guardaran la distancia de seguridad necesaria para evitar la propagación del Covid-19. Es verdad, que no sabemos, lo que ocurrirá de aquí al 1 de octubre, pero los motivos alegados por el gobierno parecen, a día de hoy, cuando menos exagerados, pese a lo mantenido por la vicepresidenta Carmen Calvo insistiendo en que el veto al Rey era una decisión muy bien tomada por el gobierno. Un ejecutivo, que dicho sea de pasada, podía haber supuesto que el Tribunal Supremo pospondría la comunicación de su decisión a que hubiera acabado el acto previsto del Rey en Barcelona, como así ha sido, dilatándolo un día y esperando al primer día laborable siguiente.

Todo ello, revela una posición gubernamental vergonzosa con la presencia del jefe del Estado en Cataluña, que independientemente de que sea satisfactoria para sus socios de gobierno (Podemos) y también para sus apoyos parlamentarios (ERC), puede interpretarse como debilidad ante el secesionismo catalán, que no está de más recordar que no supone la mitad de los ciudadanos que residen en esa comunidad.

Este hecho unido a la tramitación de los expedientes de indultos a los condenados por el proceso soberanista puede facilitar la gobernabilidad del ejecutivo, atrayendo de nuevo el apoyo de ERC, pero difícilmente puede ser entendido como una estrategia coherente ante el secesionismo.  

Dictamen científico

La revista The Lancet, que difunde contenidos científicos, ha puesto el dedo en la llaga, reabriendo el crucial asunto de determinar las responsabilidades por la gestión de la pandemia, algo que oportunamente en un principio fue aplazado a la espera de la prevista normalidad, pero que conviene ya afrontarla ante el hecho de que nos encontramos ante un escenario de nueva oleada de contagios, que además puede no ser la última, por lo que adelantaremos algo si somos capaces de tasarlas, evitando volver a equivocarnos.

The Lancet señala a España y critica el hecho de haber levantado apresuradamente las restricciones al final de la primera ola, lo que nos ha llevado al resurgimiento de la epidemia y, algo no menos importante, a poner en peligro la recuperación económica, como está ocurriendo ahora mismo en nuestro país.

Y todos estos hechos contrastados científicamente tienen unos responsables:  el PP y Vox clamaron contra el fin del Estado de alarma en nombre del sacrosanto principio liberal de la libertad individual. Los nacionalistas vascos y catalanes se indignaron contra lo mismo en aras  de la autonomía de sus territorios. Necesitados de sus votos parlamentarios, el PSOE y su socio Podemos abdicaron de las responsabilidades del gobierno con la pandemia en cuanto acabó dicho confinamiento, a la par que muchos de los ejecutivos autonómicos, especialmente el de Madrid, no implementaban a un nivel de suficiencia las medidas necesarias (potenciación de la asistencia primaria e incremento del número de rastreadores) que los científicos habían dictaminado, como también recuerda The Lancet. 

Todo ello en nombre de la ideología, que una vez más en nuestra época contemporánea, se ha mostrado letal, arrinconando los criterios científicos. El fatal resultado lo tenemos ya antes nuestros ojos. 

División de poderes

El Parlamento de Cataluña ha considerado en una resolución apoyada por la mayoría independentista que la destitución de Quim Torra solo la puede decidir el propio órgano legislativo y no el poder judicial. Tamaña proposición solo la pueden compartir aquellos que no creen en el Estado de Derecho y que confían demagógicamente en subvertir la democracia.

En un Estado de Derecho, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Tampoco el presidente de la Generalitat. Y ningún órgano legislativo es plenamente soberano, ni tiene en consecuencia competencias para saltarse la ley, porque existe la división de poderes, desde que en el siglo XVIII Montesquieu la conceptualizó, permitiendo que poco después la Revolución francesa pusiese las bases de la democracia, acabando con los privilegios y dando paso a la Edad Contemporánea.

Son los demagogos los que pretenden subvertir la democracia mediante los votos, ya sea en los órganos parlamentarios o mediante ese instrumento tan querido por ellos como son los referendos, con el objetivo de estar por encima de la ley, como lo estaban los poderosos del Antiguo Régimen.

Por una Unión Europea de la Salud

Los medios de comunicación españoles apenas han recogido una parte a mi juicio sustancial del discurso de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea ante el parlamento de la UE. La parte omitida hace referencia al llamamiento por la construcción de una sanidad europea, lo que ya se denomina Unión Europea de la Salud, extremo que con su solo enunciado debería interesarnos a todos, máxime con la pandemia que padecemos.

Los fracasos ante la epidemia del Covid-19 nos están enseñado las limitaciones de los Estados-nación. Es verdad, que en unos países más que en otros, pero las estrategias nacionales han sido en general un fiasco, como comprobamos según pasan los días, debido, en cualquier caso, a algo obvio: el virus no reconoce y mucho menos respeta esa articulación tan artificial, creada por el ser humano, que es la frontera.

Ante una epidemia mundial, las soluciones deben tender a ser de la misma escala, con lo que cuanto más descendamos en la parcelación, menos posibilidades de éxito tendremos. Por esa razón, la propuesta europea será siempre más sensata que la de cada Estado miembro pueda ofrecer. Lo hemos visto este verano con el cierre de fronteras y las medidas cuando menos arbitrarias e improvisadas que muchos países han tomado. Todo ello evidencia la ineptitud de los Estados-nación ante la realidad que nos ha mostrado, con toda su crudeza, el coronavirus.

Soy consciente que tal aseveración plantea en España, una cuestión no baladí, al ser un Estado constitucionalmente descentralizado, en el que las competencias sanitarias residen fundamentalmente en las comunidades autónomas, lo que evidentemente dificulta su resolución. También, la superación de la pandemia, como estamos comprobando día tras día.

En los últimos cuarenta años, hemos visto la reducción progresiva de las competencias nacionales en dos sentidos, hacia el exterior, la Unión Europea, e interior, hacia las comunidades autónomas. Tal evolución, enormemente positiva en muchos aspectos,  no necesariamente debe ser unidireccional. Tal vez, la dura experiencia actual, nos obligue a pensar que  no solo los estados-nación, sino también las comunidades autónomas, deben confluir en Europa. 

De hecho, la sanidad pública fue implementada en España  tan tarde como en el último tercio del ochocientos, con poco retraso con respecto a otros países europeos, quedando en manos municipales, hasta que progresivamente la asumió la administración estatal. La Constitución de 1978 supuso un cambio de orientación, descentralizándola en las comunidades autónomas. El principio de que lo más cercano es más útil se impuso entonces, lo cual no debe llevarnos a invalidarlo plenamente. La asistencia primaria y probablemente gran parte de la red hospitalaria deben quedar en manos de las administraciones más locales, pero el Estado debe disponer de mecanismos  de coordinación sin tener que recurrir a estados de alarma. Pero, aún así, no sería suficiente para hacer frente a pandemias como la que vivimos. Necesitamos una industria sanitaria más robusta, capaz de garantizar la producción de una serie de instrumentos, desde respiradores hasta mascarillas, pasando por vacunas, para abastecer rápidamente a la población. También deberíamos contar con redes hospitalarios trasnacionales y todo tipo de refuerzos sanitarios públicos. Y, por supuesto, instituciones que puedan tomar decisiones que no se vean limitadas por fronteras y egoísmos nacionales. Necesitamos, en suma, más Europa. Ese es el nuevo camino, que nos enseña el virus.