Lucha descarnada por el poder

La lucha descarnada por el poder que protagonizan Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso es un síntoma del orden de prioridades que caracteriza a muchos de nuestros políticos, dejando incluso en mantillas a quien ha sido el paradigma en esas lides en los últimos años, a Pedro Sánchez.

Nada importan ya ni las formas ni el servicio a unos proyectos ideológicos. Solo, decidir quien será el líder de la formación opositora que tarde o temprano tendrá que enfrentarse con la que encarna hoy en día la mayoría parlamentaria. 

Ocupar la Moncloa se ha convertido no ya en un objetivo, sino en la razón de la lucha política, una muestra más de la degeneración populista en la que nos vemos inmersos.

Cultura política de mayor altura

Es discutible cual de los dos socios de gobierno se ha impuesto al otro en la crisis vivida con la reforma laboral. Por un lado, la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha doblado el pulso al presidente Pedro Sánchez al quedarse al frente del equipo gubernamental que negociará con los agentes sociales el contenido de la misma, y, por otro, ministros y altos cargos socialistas formarán parte de tal equipo, laminando la pretensión inicial de Unidas Podemos de ostentar el monopolio en dichas conversaciones. En este segundo aspecto, el PSOE ha ganado claramente en el rifirrafe vivido en el seno del gobierno.

La solución alcanzada, en cualquier caso, muestra perfiles positivos, lo que redunda en mérito gubernamental, especialmente de su presidente, Pedro Sánchez. Con la presencia socialista en el núcleo negociador parece alejarse la perspectiva de una reforma laboral sin el acuerdo de todos los agentes sociales, en concreto de la CEOE, algo que Yolanda Díaz ya hizo con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional. Sería un error, impropio de un estado avanzado, que la nueva legislación laboral no fuera respaldada por todos los agentes sociales, extremo que sería inasumible por la Unión Europea.

A la par hay otro elemento igualmente positivo, no solo para el gobierno, y que incide en la consolidación de Yolanda Díaz como nueva referente del liderazgo en la formación política situada a la izquierda del PSOE. Las formas de la vicepresidenta y ministra de Trabajo en la crisis vivida evidencian otra manera de hacer política, alejada de la crispación de su antecesor Pablo Iglesias. Revelan una cultura política de mucha mayor altura, enraizada en la tradición del PCE de la transición democrática, frente al ruido y escaso bagaje de los que vinieron del 15-M.

Espectáculo Rodríguez

El espectáculo dado por Alberto Rodríguez después de ser condenado por el Tribunal Supremo retrata uno de los problemas fundamentales que presenta Unidas Podemos, la incapacidad de la formación política para comprender el Estado de Derecho. Más allá de la estrategia errática del ya exdiputado, que en un primer momento había anunciado hasta una querella contra la presidenta del Congreso, el verdadero problema reside en el respaldo ofrecido por su formación, exigiendo la dimisión de Maritxell Batet.

El Estado de Derecho se basa en la separación de poderes y en la existencia de tres diferentes, uno de ellos el Judicial. La presidenta del Congreso, que junto al Senado conforma otro de esos poderes, se ha limitado a cumplimentar el criterio del tribunal que condenó a Rodríguez. De hecho, rectificó su inicial posición contraria a retirarle el acta de diputado, una vez que el Tribunal Supremo expresó que la condena obligaba a ello.

Alimentar la desconfianza hacia el Poder Judicial ha sido un motivo doctrinal recurrente de la izquierda política que no comprende que sea independiente, invocando para ello a la democracia. De tal manera, que solo puede admitir la existencia de una administración judicial sometida al poder político, ya sea del ejecutivo o del legislativo. Y ese es el grave error, porque invalida la separación de poderes y por tanto destruye la democracia. Es lamentable que la nueva izquierda que representa Podemos incurra en ese planteamiento que evidencia la atracción por un poder fuerte capaz de desequilibrar los contrapesos institucionales, lo que es propio de regímenes revolucionarios donde no tienen cabida ni el Estado de Derecho, ni en consecuencia la democracia.

Lugar y fecha de la declaración de Bildu

El coordinador general de Euskal Herritarok Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodriguez, han presentado una declaración en la que por primera vez la izquierda abertzale hace una mención específica a toda la violencia causada por ETA, trasladando su pesar y dolor por el sufrimiento padecido a las víctimas y comprometiéndose a mitigarlo en la medida de sus posibilidades.

Se trata sin duda de un paso en la dirección correcta, porque por primera vez la izquierda independentistas vasca incluye a toda la violencia provocada por ETA, no solo a los que se vieron afectados colateralmente, como ya hizo la propia organización terrorista hace tres años, pero el pronunciamiento sigue presentando carencias. De hecho, como se ha observado ya desde las asociaciones de víctimas, no incluye la condena del terrorismo empleado por ETA, lo que es una limitación relevante. 

También se puede argumentar que se trata de un paso necesario para que EHBildu aspire a ser una fuerza política en la que la ética presida su actuación, sobre todo para influir en la política estatal, como de hecho ya empieza a serlo, y para aspirar a presidir el gobierno vasco, circunstancia que probablemente subyace en la declaración hecha pública y que evidencia el verdadero interés de EH Bildu. Es decir, la motivación reside en despejar el camino para lograr más poder, apartando las piedras del camino.

Además, conviene apuntar otro detalle, no menos relevante. Primero la fecha de la declaración, 18 de octubre, y el lugar elegido, el palacio de Ayete. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese de su actividad. Dos días antes, el 18 de octubre, una conferencia internacional, compuesta por particulares y algunos partidos, celebrada en ese palacio donostiarra, pidió a ETA que abandonara su actuación, extremo al que se agarró la banda terrorista para acceder a poner fin a su violencia. Es decir, la izquierda abertzale sigue con su relato, consistente en que la desaparición de ETA no se debió a la victoria del estado democrático español, sino a una petición de la comunidad internacional que habría sido acordada en la Conferencia de Paz de Ayete.

Ya se sabe que lo peor es seguir sin querer ver la realidad, porque el dolor de las víctimas del terrorismo solo podrá sanarse con la verdad.

 

Las colas del nacionalismo inglés

Habíamos conocido las colas de judíos para ser embarcados en trenes con destino a Auschwitz, siguiendo el delirio del nacionalismo alemán. También, las colas del hambre que provocó en España su nacionalismo. Y ahora, vemos las colas para acaparar gasolina provocadas por el nacionalismo inglés.

Indudablemente, la malignidad de unas y de otras es de diferente calibre, pero en todas ellas vemos la expresión de la estulticia del mayor de los males contemporáneos.

El nacionalismo inglés no solo avanza hacia la desmembración del Reino Unido, después de un referéndum, que usualmente es el mejor instrumento posible para la división social, sino que ahora ha creado, de la nada, una crisis de suministros en la isla sin parangón.

¡Y lo que veremos!

Acierto electoral

Las negociaciones para formar gobierno en Alemania se inician ahora después de unos resultados electorales, donde los socialdemócratas han logrado la primera posición, desplazando a los cristianodemócratas, que pierden casi nueve puntos porcentuales y logran sus peores resultados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese al avance en cinco puntos  del SPD, su victoria no le garantiza ocupar la Cancillería, la presidencia gubernamental, lo cual no es extraordinario en una democracia parlamentaria, donde gobiernan los que más respaldo obtienen en el Parlamento. 

Debido a ello, quienes van a disfrutar de un poder político superior a sus resultados van a ser los ecologistas y los liberales, que han visto también incrementados sus apoyos. Ambas formaciones se van a convertir en los hacedores del nuevo gobierno. Los primeros prefieren la alianza con el SPD, mientras que los segundos muestran una mayor sintonía con la CDU derrotada. El problema es que la fragmentación del voto, que también ha llegado a Alemania, obliga a un acuerdo de esas dos formaciones con el SPD o la CDU, ya que solo así se alcanzará una mayoría en el Bundestag, la cámara baja alemana. Es sin duda una de las paradojas de las democracias parlamentarias, que, salvo mayorías absolutas, obliga a los grandes partidos a olvidar sus planteamientos maximalistas y gobernar contentando a las minorías, lo que en cualquier caso es una consecuencia enormemente positiva para el Estado de Derecho y la propia democracia. También el hecho de que los partidos radicales de derecha e izquierda han perdido representatividad parlamentaria.

Alemania, una vez más, ha demostrado su acierto electoral.

La independencia judicial

La Comisión Europea, a través de su responsable en materia de Justicia, pidió ayer a España que adecue el método de elección del órgano de gobierno de los jueces a los parámetros europeos del Estado de Derecho. Para Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, eso supone que la mayoría de los miembros de tal órgano sean elegidos por los jueces, no por el Parlamento. Tal medida evitaría la politización de la justicia a la que asistimos secularmente en España y se lograría una verdadera independencia del Poder Judicial, evitando que los partidos políticos, a través de la suma de mayorías del Parlamento, colonicen el órgano de gobierno de los jueces, lo que en España llamamos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La batalla política a la que asistimos en España desde hace años con respecto a la renovación del CGPJ que tanto lastra nuestro Estado de Derecho y en consecuencia nuestra democracia, debe cesar en aras a la urgente sustitución de los miembros del mismo que han concluido su período de mandato, tal como ha expresado el comisario europeo. Eso debería obligar al PP a desbloquear la renovación del CGPJ y negociar con el resto de partidos parlamentarios su nueva composición.

Pero a su vez, Didier reclamó un urgente compromiso para variar el formato de elección y garantizar para el siguiente CGPJ que la mayoría de sus miembros sean elegidos directamente por los jueces, no por los políticos. Es decir, exactamente lo contrario a lo que mantuvo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien negó que los jueces pudiesen elegir a los jueces, argumentando que al igual pasaba con los políticos que no eran elegidos por los políticos, sino por los ciudadanos.

Tamaña demagogia de un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez queda retratada por la opinión de la Comisión Europea. Los políticos, al menos los que se sientan en el Parlamento, deben ser elegidos por los ciudadanos, como establece la democracia. Pero, los detentadores del tercer poder del Estado, o al menos la mayoría de sus miembros, no lo deberían ser, porque al final reproducimos las mayorías parlamentarias en ese órgano, restándole la capacidad de ser un contrapoder, algo que es necesario en todo Estado de Derecho, condición esencial para que exista la democracia parlamentaria. A tal consideración ha sido históricamente refractaria la izquierda al entender que los jueces son una casta oligárquica de pensamiento conservador.

Tal opinión es hoy en día discutible. Para ser juez se necesitan unos estudios a los que puede acceder todo joven a través del sistema público de educación y de las becas existentes, algo que sin duda debería potenciarse más, pero la situación actual permite que lleguen a la magistratura, jueces de toda condición social. Y, en cualquier caso, la labor de esos jueces no es legislar. Eso lo hace el Parlamento. Los jueces aplican las leyes que dictamina el órgano elegido por los ciudadanos y establecen una jurisprudencia que desarrolla la implementación de las mismas.

No sometamos los jueces a la elección de los políticos, porque su independencia se verá menoscabada, máxime en un país como el nuestro donde los partidos son unas estructuras de lealtades disciplinadas, donde se prima la obediencia sobre la discrepancia, proyectando e incluso colonizando muchos de los organismos públicos. Elijamos a los jueces mejores y a ser posible por criterios profesionales y académicos, libres de ataduras y mediante un mecanismo dirigido por los propios jueces, que prime la sabiduría y la experiencia. Solo así combatiremos con efectividad la corrupción, erigiendo al Judicial en un verdadero poder y cumpliendo así la máxima de Montesquieu sobre la división de poderes. Como nos indica Europa.