Sánchez indica el camino a Podemos

La rectificación de Pedro Sánchez con respecto a la ley del solo sí es sí, después de más de tres centenares de reducciones de penas en el escaso tiempo que lleva en vigor, está indicando el camino a Podemos. 

El goteo de noticias con esas rebajas y, en algunos casos, excarcelaciones anticipadas ha colmado la paciencia del presidente del Gobierno que empieza a temer el horizonte electoral que se nos viene encima en este año. Porque si hay algo que ha afectado a las perspectivas electorales de la izquierda desde que hace cuarenta años recuperamos la democracia es la sensación, cierta o no, de que los gobiernos de esa ideología no son capaces de gobernar con acierto. Recuerden, por ejemplo, la política económica de Rodríguez Zapatero que se saldó con la derrota socialista y la instalación de Rajoy en la Moncloa por espacio de más de seis años.

La ley del solo sí es sí encaja en ese esquema, que penaliza las normas técnicamente deficientes y a sus responsables gubernamentales. Se trata de una legislación que tiene la enorme virtualidad de poner el foco de atención en el consentimiento, logro objetivamente indudable, pero cuya implementación técnica se ha revelado defectuosa, tal como alertó más de un informe previo. Y en ello, existe un responsable dentro del gobierno que es Podemos y una actitud, que se pude calificar de soberbia y que revela incapacitación para la autocrítica.

Sánchez ha tomado conciencia de ello, probablemente ante las perspectivas electorales, pero al imponer la rectificación está intentando evitar que su gobierno sea visto como incapaz e incompetente; consciente de que ello mermaría seriamente sus posibilidades en los próximos comicios generales. 

La decisión socialista de modificar la ley con el acuerdo o no de Podemos, está indicando a la formación morada el camino a tomar, también fuera de un gobierno que Sánchez siempre ha querido que fuera y pareciera competente, como ha demostrado en Europa, plegada a sus tesis por eficaces. Un giro centrista del presidente del Gobierno, cuando ya no necesita sacar adelante unos nuevos presupuestos con los frankenstein, puede ser tentador para Mr. Handsome. No en balde, desde la restauración democrática, siempre se han ganado las elecciones desde el centro.

La hybris contra el Poder Judicial

La condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ha vuelto a mostrarnos la hybris de Podemos contra el Poder Judicial. Más allá de que difícilmente la líder izquierdista de Argentina llegue a ingresar en la cárcel, las críticas de la formación española a la sentencia inciden en considerar la resolución un ataque a la democracia, en la medida en que impedirá a la dirigente volver a presentarse en unas elecciones. Para Podemos, eso supone sustraer la democracia, al entender que los votos redimen cualquier conducta ilegal, incluida la defraudación a las arcas estatales de 1.000 millones de dólares.

Ahí está el problema, que puede ilustrarnos por los paralelismos con nuestro país, máxime cuando las últimas reformas legislativas buscan exculpar a políticos. La izquierda no socialdemócrata, y especialmente Podemos, no cree en el Estado de Derecho y considera que el principio democrático invalida cualquier obstáculo legal contra los representantes políticos. Imaginemos que a Trump, quien fue elegido democráticamente presidente de los Estados Unidos y quien amenaza con lograr un segundo mandato, las leyes de su país no pudieran impedirle por un motivo lícito, como puede ser el asalto al Capitolio, volver a presentarse a unas elecciones, como intenta a contrarreloj el Partido Demócrata. ¿Deberíamos aplaudir, entonces, que en el supuesto de ganar esos comicios, regresara al despacho presidencial por muchos votos que obtuviera? También Hitler y Mussolini alcanzaron el poder tras cosechar un considerable número de votos. O los dictadores de izquierdas, como Andrés Ortega en Nicaragua, que tras conquistar el poder democráticamente han acabado con la independencia judicial en sus países y puesto fin al Estado de Derecho. Al igual que hacen los dirigentes iliberales europeos, como Viktor Orbán, que amenaza tras arrasar en cada elección con convertir a su credo nacionalista a todos los poderes de Hungría, pese a que la liberal Unión Europea intente frenar sus ansias totalitarias. 

La democracia siempre estará en peligro cuando las mayorías ponen fin a la división de poderes e instalan a sus representantes en ellos ahogando cualquier disidencia, en lo que pasa ya a denominarse un Estado totalitario. No quiero ni pensar qué haría Podemos si gobernase en solitario y con una holgada mayoría parlamentaria, porque estaríamos cerca del fin de la democracia en nuestro país.

Identidades

La entrevista al historiador Serhii Plokhy, publicada recientemente por El País, clarifica la controversia identitaria de los ucranianos. El propio autor, profesor en la Universidad de Harvard, nació en una localidad rusa, pero se crió en Ucrania. Hoy en día, lejos de tener pasaporte ruso, mantiene una doble nacionalidad: ucraniana y norteamericana, el país donde trabaja.

Sus reflexiones son muy interesantes, entre ellas su crítica a una Europa que durante décadas ha financiado a Rusia con su dependencia energética. De entrada, sostiene que la guerra empezó en 2014 cuando Rusia invadió Crimea, momento en el que cambiaron las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al aceptarse en el debate político que una potencia se apoderase de territorios más allá de sus fronteras, lo que evocaba paralelismos con el expansionismo alemán dirigido por Hitler antes de dicha conflagración.

Plokhy considera además que el destino de Crimea y el Donbás dependerá del frente bélico; es decir, que el futuro de esos territorios lo decidirá la propia guerra; pero el fracaso de Putin es indiscutible en la medida en que Ucrania, con mayor o menor territorio, seguirá siendo independiente, cuando el autócrata ruso perseguía el control del espacio pos-soviético, meta en la que aún persevera.

Sin embargo, el mayor error de Putin ha sido contribuir como nadie a establecer una identidad separada de Ucrania y Rusia. Desde 2014, los ucranianos, divididos por diferencias religiosas, lingüísticas y étnicas, han fortalecido su identidad nacional a lo largo de estos crueles ocho años. El nacimiento de la nación ucraniana, más allá de los precedentes de los partidarios filonazis de la Segunda Guerra Mundial, se ha efectuado ahora, gracias a la invasión rusa. Hecho indudable que remarca la importancia de las construcciones nacionales, como algo vivo que afecta a las identidades, desprovistas de todo naturalismo perenne y sujetas a las subjetividades del acontecer.

Sedición

Sobre la controvertida iniciativa gubernamental cabe hacer diversas consideraciones. La primera es que el Gobierno Sánchez no ha propuesta la modificación del delito de sedición, sino su supresión, poniendo fin, si las Cortes así lo ratifican, a un delito incluido en nuestro código penal desde el Trienio Liberal, cuando la burguesía liberal y en algunas circunstancias revolucionaria, dirigió desde el poder la construcción del Estado que hoy en día está vigente, modificado por la democratización del mismo, en otros momentos históricos, fundamentalmente en época de la Segunda República y tras la transición vivida después de la muerte del último dictador.

No se trata, pues, de una modificación, sino de la anulación de un instrumento que el Estado se otorgó para penalizar las conductas destinadas a poner en riesgo la construcción nacional española, el principal objetivo de esos liberales decimonónicos que iluminaron al mundo  con la Constitución de 1812, modelo en el que, con sus sombras, se vio confortado el progresismo de la Edad Contemporánea. 

En segundo lugar, cabría poner en cuestión el argumento de que tal delito de sedición no tiene equivalente en el resto del mundo occidental, en la medida en que en Estados Unidos, cuya Constitución de 1787 inició el liberalismo y la democratización, existe tal instrumento punitivo, con el que un tribunal popular acaba de condenar a un ultra pro Trump por el asalto al Capitolio de 2021, al que le puede caer la friolera de 20 años de cárcel.

En nuestro ordenamiento jurídico, el delito de sedición conforma junto al de rebelión el valladar punitivo contra aquellos que pretendan la deconstrucción nacional mencionada. Sin embargo, tal como puso de relieve hace escasos días en una tribuna en el diario El País, el exministro socialista Tomás de la Quadra Salcedo, la última redacción en el Código Penal del delito de rebelión, hecha en 1995, liga esta con la violencia. Por ello, el Tribunal Supremo no pudo condenar a los alzados en el proces por ese delito. De tal manera, que una repetición de tal situación, solo podría ser sancionada con la sedición, siempre que tal delito no sea suprimido, como parece, por el Parlamento.

De ser finalmente así, el Estado español se verá desprotegido, máxime porque su sustitución por el de desórdenes públicos con violencia, como ha pergeñado el gobierno, solo afectaría a los soldados independentistas, no a sus dirigentes; es decir, a los políticos del proces, lo que permite ligar la maniobra política en curso con un resabio de corporativismo político muy alejado de los ideales que anidan en la sociedad actual.

Crímenes de guerra

Las sospechas de que contingentes del ejército ucraniano hayan cometido un crimen de guerra en la zona de Lugansk, fusilando a diez militares rusos que se habían rendido, supondrán una inmersión realista para los que, aquejados de visión maniquea, habían reducido la guerra a una lucha entre buenos y malos. Lo presuntamente sucedido en la granja de Makiivka no es la primera alerta que diversos organismos, como Amnistía Internacional, han aireado en los últimos meses, como evidencia otro suceso en la localidad de Mala Rohan, cuando tres soldados rusos fueron ametrallados en las piernas tras ser apresados, o las detenciones de acusados de ser colaboradores prorrusos en la provincia de Jerson tras su reconquista por las fuerzas ucranianas. 

Independientemente de que cuantitativamente tales hechos sean menores que los desmanes rusos en Ucrania, no dejan de evidenciar los peligros del nacionalismo, en este caso ucraniano. Tampoco el hecho de que el recurso a tales extralimitaciones no es nuevo en el nacionalismo ucraniano como demuestra la memoria de Stepan Bandera, el líder ucraniano que durante la Segunda Guerra Mundial apoyó a los nazis.

Sin embargo, la construcción del nacionalismo ucraniano actual, relanzado indudablemente por Putin con su injustificado ataque, avanza en la dirección de tantos otros, una ruta en la que la violencia también ocupa su lugar. Es, dirán, condición humana, pero sin duda tales hechos son achacables a la mayor lacra de la contemporaneidad: el nacionalismo.

Incompetencia

El alud de revisiones de penas a condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, tiene una única explicación y esta incide en la incompetencia de aquellos que la alumbraron. No caben excusas sobre el machismo de los jueces, una descalificación categórica sobre un colectivo que, independientemente de casos particulares, trasluce una irresponsable deslegitimación de uno de los poderes del Estado de Derecho, fruto de las anteojeras ideológicas de quién las formula. La razón reside, en cambio, en la ineptitud de aquellos que la propusieron, especialmente de los responsables del ministerio de Igualdad regido por Podemos. También en sus socios gubernamentales del PSOE que fueron incapaces de hacer comprender a Podemos los fallos de la norma, que a todas luces eran conocidas tras informes y opiniones de diversos colectivos judiciales, desde el Consejo General del Poder Judicial a asociaciones judiciales.

Ante el grave resultado, consistente en que agresores sexuales abandonen las cárceles o vean reducidas sus condenas, cabe exigir responsabilidades políticas, entre ellas la de la titular del departamento que impulsó la normativa: Irene Montero. Y si esta no presenta su dimisión, es exigible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la destituya, si no quiere ver como el descrédito arrastra a toda la izquierda.

Iconoclastas del siglo XXI

La moda de poner en peligro las obras de arte para reivindicar el ecologismo ha llegado a España. El Museo del Prado ha visto como dos de sus mejores obras, las Majas, eran objeto de una acción de activistas que exigen medidas más efectivas para combatir el cambio climático, en una muestra más de de que la imitación es un comportamiento ampliamente seguido por los primates.

Indudablemente, que el motivo de la lucha de todos aquellos que en el último mes han protagonizado actuaciones en diversos museos del mundo es no solo respetable, sino conveniente. Las pruebas del cambio climático solo son discutidas por negacionistas del conocimiento, algo que igualmente les aproxima a nuestros parientes primates. También, es cierto, al menos hasta el momento, el hecho de que tales activistas no han puesto en peligro las obras de arte atacadas, tratándose más de llamar la atención, alertando así sobre las consecuencias ambientales a las que nos enfrentamos.

Pero, es igualmente fehaciente que la evolución del ser humano nos ha enseñado que no vale cualquier medio para alcanzar unos buenos fines. Es más, la sabiduría nos indica que precisamente en las formas se descalifican muchas buenas intenciones. Porque los ataques a las obras de arte revelan una intolerancia muy preocupante que se puede calibrar pensando en la desaparición, por ejemplo, de Los Girasoles de Van Gogh; es decir, imposibilitando que la humanidad pudiera seguir contemplándolos.

No quiero ni pensar en un mundo gobernado por unos intolerantes que trivializan siglos y siglos de cultura, porque ya lo hemos sufrido en el pasado. En el más cercano, proclamando la muerte o la degeneración del arte, pero también siglos atrás, cuando unos fanáticos exigían la destrucción en nombre del Dios cristiano de todas las representaciones pictóricas de todos los Santos, de Jesús y de la Virgen. Fueron llamados iconoclastas, actitud que triunfó en el entonces naciente Islam y cuyos más radicales prosélitos son capaces de aterrorizar hasta a aquellos que en nombre de la cultura caricaturizan a sus respetados precursores.

En cualquier caso, tentar a la suerte, poniendo en peligro las obras de arte, nos confirma que en este siglo XXI estamos enterrando a la Ilustración, cuando el ser humano soñó en convertir en sabios a todos sus integrantes.