Dilema complicado

No es fácil el dilema que se presenta con la decisión del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, de cursar una orden de búsqueda y captura contra el expresidente de China Jiang Zemin y otros cuatro exaltos cargos de la potencia asiática. El origen de la denuncia es la represión China sobre el Tíbet, interpuesta por Thubten Wangehen, un natural de aquella región nacionalizado español. Pekín ha amenazado con que esta actuación judicial termine dañando las relaciones económicas con España, lo que sin duda traería consecuencias muy negativas para nuestro país. No en balde, China es el segundo tenedor de la deuda española. Sí, aquella por la que hace año y medio estuvimos al borde del precipicio. Otros datos explicativos de la dependencia española es que cerca de 180.000 turistas chinos llegaron a España el año pasado y que importamos de China productos por valor de más de 17.000 millones de euros. No hay duda, pues, del problema al que nos enfrentamos. Se trata en suma de un dilema muy complicado en el que habría que ir con pies de plomo por las repercusiones económicas que para nuestra maltrecha economía puedan suponer. Dicho todo lo cual, no invalida lo siguiente. España es un Estado de Derecho y así debe seguir siéndolo por lo que debe amparar al ciudadano español llamado Thubten Wangehen.

Un sinsentido

La semana pasada varias decenas de personas pertenecientes a una organización ácrata de ultraizquierda, en concreto a la Plataforma Juventudes Libertarias, entraron en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Destrozaron el mobiliario, amedrentaron a los estudiantes e hirieron a cinco de ellos, que fueron golpeados con cascos de moto y con los extintores anti-incendios colocados en la facultad. Un Estado de Derecho no se puede permitir ésto. No se trata sólo de exigir responsabilidades a los que han cometido esa barbaridad, sino de hacerles ver el sinsentido de su actuación. Para ello sería bueno que estudiaran no solo los aspectos positivos, sino sobre todo las consecuencias negativas de las ideologías, que sembraron de terror el pasado siglo XX y, por lo que se ve, lo que llevamos de XXI.

Hechos y demagogia

El Ministerio de Hacienda de España ha cubierto los vencimientos de los bonos que la Generalitat de Cataluña puso en circulaciön entre muchos pequeños ahorradores en búsqueda de financiación. También se ha hecho con los de la deuda y con los pagos a proveedores como las farmacias. El apoyo del Estado central a Cataluña ha convertido al Ministerio de Hacienda en el banco de la Generalitat. Eso son los hechos. Luego está la demagogia del España roba a Cataluña, que determinadas elites catalanas propagan para incrementar su cuota de poder en Cataluña, envolviéndo su afán en la bandera del nacionalismo. Esta semana el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advertía de lo graves problemas para los bancos con sede en una hipotética Cataluña independiente. Caixabank, Banco Sabadell y Catalunya Banc -que ya fue rescatado por todos los españoles- no podrían seguir financiándose en el Banco Central Europeo al no formar parte su Estado de la Unión Europea. Tales bancos además padecerían un cambio muy desfavorable ya que tendrían sus activos en la moneda de la nueva nación, pero sus pasivos seguirían en euros. Para Linde se trata de un escenario que llevaría a la quiebra. Quieren más datos o seguimos con el demagógico derecho a decidir. O prefieren el igualmente espurio derecho a la carta, que se ha sacado de la chistera Alex Salmond, líder independentista escocés y ministro principal de aquella nación británica. Ante los malos resultados que le auguran los sondeos en el referéndum independentista, Salmond recula y propone mantener en una Escocia independiente a la reina como jefa del Estado, la libra como moneda y la pertenencia a la UE. Se trata de otro pretendido derecho: la independencia a la carta. Otra cosa es que satisfacerlo implique más obligaciones para el resto de británicos, que estos no parecen dispuestos a asumir, hartos de tanta demagogia.

Metáfora de una dependencia

La pareja residente de Gran Bretaña que durante más de tres décadas mantuvo en régimen de esclavitud, término que se me antoja una poco exagerado, a tres mujeres en un domicilio de Brixton, al sur de Londres, eran activistas maoistas. Las dos mujeres mayores, una malaya de 69 años y una irlandesa de 57 años, se unieron a la pareja por su sintonía política, viviendo en un régimen colectivo. De la tercera mujer, de 30 años, solo se conoce que cuenta con un certificado de nacimiento. El varon de la pareja, Balakrishnan, nacido en la India y su mujer, Chandra, tanzana, llegaron al Reino Unido en los años sesenta, vinculándose al centro londinense que propagaba la ideología de Mao Zedong, el líder comunista chino vencedor en la guerra civil que padeció aquel país tras la Segunda Guerra Mundial e impulsor de una tremenda Revolución Cultural que desató el terror y hundió a China en una brutal regresión. Esa es la ideología del matrimonio que ahora se encuentra en libertad bajo fianza. Y también de la de, al menos, dos de sus víctimas, que disponían de una cierta libertad de movimientos en el barrio donde vivían. El problema lo tenían probablemente en sus mentes, al haber permitido que una ideología las gobernase. Se trata de una cruel metáfora de los dos últimos siglos de la Humanidad.

Dilema complicado

No es fácil el dilema que se presenta con la decisión del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, de cursar una orden de búsqueda y captura contra el expresidente de China Jiang Zemin y otros cuatro exaltos cargos de la potencia asiática. El origen de la denuncia es la represión China sobre el Tíbet, interpuesta por Thubten Wangehen, un natural de aquella región nacionalizado español. Pekín ha amenazado con que esta actuación judicial termine dañando las relaciones económicas con España, lo que sin duda traería consecuencias muy negativas para nuestro país. No en balde, China es el segundo tenedor de la deuda española. Sí, aquella por la que hace año y medio estuvimos al borde del precipicio. Otros datos relevantes de la dependencia española es que cerca de 180.000 turistas chinos llegaron a España el año pasado y que importamos de China productos por valor de más de 17.000 millones de euros. No hay duda, pues, del problema al que nos enfrentamos. Se trata en suma de un dilema muy complicado en el que habría que ir con pies de plomo por las repercusiones económicas que para nuestra maltrecha economía puedan suponer. Dicho todo lo cual, no invalida lo siguiente. España es un Estado de Derecho y así debe seguir siéndolo por lo que debe amparar al ciudadano español llamado Thubten Wangehen.

Aprender de Camus

Aprender de Camus es tan necesario ahora como hace sesenta años, dice Antonio Muñoz Molina en su artículo semanal que publica en Babelia. Yo voy a más, creo que es ahora mucho más necesario que nunca el camino de la racionalidad escéptica y de la bùsqueda de modestas soluciones tangibles que hagan mejor la vida, en vez de grandilocuentes planteamientos revolucionarios. Máxime en el mundo convulso que se avecina, donde las injusticias, me temo, no pararán de crecer. Es el momento de poner a enfriar las ideologías, porque como señala Muñoz Molina no hay tiranías legítimas, ni es lícito borrar la individualidades para someterlas a la siniestra uniformidad de las identidades colectivas. Como decía Camus, marcado por la violencia de la independencia de su Argelia natal, ni todos los árabes eran terroristas fanáticos ni todos los europeos eran unos funcionarios o terratenientes tiránicos. La mayor esperanza para todos hubiera sido, en vez de despeñarse por el camino de la violencia, convertirse en eiudadanos iguales ante la ley.

Clientelismo caudillista

Cristina Fernández de Kirchner ha reaparecido esta semana tras el mes largo de convalecencia obligado por su operación. Y lo ha hecho remodelando el gobierno argentino, contentando a los más radicales y a los más burócratas del peronismo. El nuevo ministro de Economía es Axel Kicillof, el que impulsó la expropiación a Repsol del 51% de sus acciones en YPF. Y el nuevo jefe de gabinete de la Presidencia es Jorge Capitanich, un peronista a la vieja usanza, hasta ahora gobernador del Chaco. Tanto Kicillof como Capitanich son economistas. La presidenta de Argentina esta en su perfecto derecho de elegir a quien quiera, ya que está investida democráticamente. Sin duda, aunque algunos de sus nombramientos creen perplejidad. Es el caso de la designación del abogado Juan Ignacio Forlón al frente del Banco Nación, la mayor entidad financiera pública. Forlón es íntimo amigo de Máximo Kirchner, el hijo de Cristina y lider del ala izquierdista peronista, La Cámpora, cuyo grito de guerra es "Cristina, corazón, acá tenés los pibes para la Revolución". Otro caso de extrañeza es el nombramiento de Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Central, una institución teoricamente independiente del gobierno. Fábrega entró a trabajar hace 45 años en dicho banco como auxiliar, recorriendo todo el escalafón. Además acumula otro "mérito". De joven jugaba al fútbol en Río Gallegos con quien terminaría  siendo presidente argentino e iniciador de la saga familiar, Nestor Kirchner. El problema es que el nuevo presidente del Banco Central no tiene estudios universitarios.  ¿Es lìcito que una mandataria eliga como presidente del Banco Central a una persona sin estudios? Podrá ser lícito, pero es un síntoma preocupante de una sociedad que prima las relaciones de fidelidad personal sobre los conocimientos, estableciendo un sistema clientelar caudillista más propio de la monarquía que de la democracia. Y lo más lamentable es que esa perversión se puede hacer a través de las urnas. De eso hay muchos ejemplos en la Historia.