Carmena versus Colau

Si bien es cierto que una cosa es lo que se hace y otra lo que queda reflejada a través de los medios de comunicación, no hay duda de que a cualquier gestor público se le va a juzgar por lo segundo. Y aquí quiero hacer una comparativa de las alcaldesas que gobiernan las dos ciudades más importantes de España. Ambas fueron elegidas en candidaturas plurales, pero con fuerte presencia de Podemos, una de las formaciones alternativas aparecidas en el horizonte político español.

Ada Colau, la regidora de Barcelona, se ha perdido entre retiradas de simbología monárquica y estrategias para cambiar los nombres relacionadas con ésta, además de bochornosas guerras de banderas. Al menos eso es lo que ha trascendido de su labor, independientemente -como he dicho- de que haya llevado a cabo otras actuaciones de las que apenas hemos conocido.

Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, se ha centrado sobre todo, o al menos eso es lo que ha trascendido, en resolver uno de los problemas más acuciantes que padece la capital desde su antecesora en el cargo, Ana Botella: la suciedad de sus calles. Puede decirse sin exagerar que Madrid carece de la limpieza exigible en un país desarrollado. Por ello, razonablemente, el nuevo ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para recuperar ambientalmente la ciudad.

La mera comparación es altamente opinativa, por lo que no merece la pena escribir más. Yo prefiero que los gestores públicos dediquen su tiempo para arreglar las cosas cotidianas que afectan a los ciudadanos.

La gran pirueta del funambulista

En los próximo días asistiremos a la gran pirueta del funambulista. No sabemos si será la última o tan solo el inicio de un nuevo recorrido político.

El personaje tiene un reconocido prestigio. Como malabarista hay pocos en todo el mundo que puedan evocar mayores éxitos.

Entre sus logros en el pasado destaca haberse transformado en un apasionado independentista cuando hace años consideraba que tal planteamiento estaba desfasado en el mundo moderno. Solo tuvo que observar desde la ventana a varios miles de personas manifestándose para vertirse con la bandera. De esa manera, el gran funambulista logró mantenerse en el poder, que en definitiva era su objetivo irrenunciable.

Ahora, los comunistas libertarios juran y perjuran que impedirán su próximo salto, con el que pretende mantenerse en el sillón. Hay quienes creen que esta vez caerá de la cuerda, pero no saben lo buen funambulista que es. Si es necesario añadirá a la bandera una estrella e incluso la hoz y el martillo. Todo por seguir en el poder.

Claves tras las elecciones:

Las coaliciones independentistas han perdido el plebiscito que habían planteado. Un 52% de los catalanes han votado por opciones que apuestan por el mantenimiento de la región dentro de España, aunque con diversos matices. Así, cerca de un 9% han apoyado a una coalición, Catalunya sí que es Pot, la marca de Podemos, que aboga por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña. Y cerca de un 13% apuesta por un modelo federal en toda España, tal como los socialistas pretenden. El 30% restante, repartido entre Ciutadans y el PP, abogan por un encaje de Cataluña en España similar al existente. Datos todos estos que revelan que aún siendo mayoritarios los no independentistas, no representan un bloque homogéneo.
Esta constatación supone una evidente debilidad del proyecto unitario español, que además tiene otro grave problema: cerca de dos millones de catalanes quieren independizarse o, al menos, han votado a formaciones que llevaban esa premisa en su programa, más allá de que una parte de ellos -no mayoritaria, pero sí significativa- habrán planteado su voto como un mero reforzamiento de la posición negociadora frente al gobierno central.
La fractura social en Cataluña es evidente. Su electorado se encuentra partido en dos mitades, una de ellas, la independentista, más cohesionada y que disfruta de todas las ayudas posibles de las instituciones autonómicas catalanas y de unos medios de comunicación subvencionados, tras cinco años de gobierno de Artur Mas volcado en la construcción nacional de Euskadi. La ocupación del espacio público y del debate político son expresiones de esa ventaja.
La otra mitad se ha mantenido hasta ahora oculta y presenta dificultades para construir su mensaje unitario. El tiempo dirá si el ascenso de Ciutadans augura un cambio en este sentido, capaz de articular y cohesionar a la gran mayoría de los no independentistas.
Las dificultades de los independentistas provienen fundamentalmente de las dificultades en su liderazgo. El rechazo a Artur Mas de la formación libertaria de la CUP evidencia la dependencia de Junts pel Sí respecto a la formación de extrema izquierda y constata el fracaso del clásico catalanismo burgués nacionalista ante una izquierda independentista.
Todas las formaciones han perdido en estas elecciones, salvo Ciutadans. Entre ellos hay que destacar a Podemos, que se desinfla a pasos agigantados como alternativa en toda España. Pero sin duda el gran derrotado es el PP que sólo conserva 350.000 votos en Cataluña, lo que se antoja muy escaso para un partido que pretende mantenerse en el gobierno de toda España. Dentro de tres meses habrá unas unas elecciones generales que ya han quedado marcadas por su sabor catalán.

La nación foral

El lehendakari Iñigo Urkullu lanzó ayer en el Parlamento vasco el concepto reivindicativo que va a presidir la estrategia del PNV en sus relaciones con el Estado español. A diferencia de Artur Mas cuyo objetivo es forzar la independencia de Cataluña, soslayando la Constitución española, el presidente del Gobierno vasco pretende alcanzar un nuevo estatus con el Estado, caracterizado por la bilateralidad y el confederalismo. Y para ello, quiere apoyarse en la propia Constitución de 1978.

Las estrategias de Mas y Urkullu no pueden ser, pues, más divergentes. Mientras el presidente de la Generalitat huye de la legalidad, el lehendakari pretende en su singladura no salirse de ella para transformarla.

La base de la concepción de Urkullu radica en un relevante hecho: la Constitución de 1978 es la única de todas las cartas magnas de las que ha gozado España que reconoce la singularidad foral. Esos son los derechos históricos que invoca el lehendakari, unos derechos a los que el nacionalismo de raíz sabiniana considera preexistentes al propio régimen constitucional español iniciado en el siglo XIX, además del legado de una pretendida soberania originaria vasca.

Pero, insisto, Urkullu pretende engarzar su reivindicación en la Constitución de 1978 con lo que muestra un intachable perfil de respeto a la legalidad vigente en su estrategia. La carta magna existente hoy en día en España reconoce la foralidad de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. E inserta su actualización en el propio marco constitucional y en los esttautos que la han desarrollado: el Estatuto de Guernica y la Ley de Amejoramiento de Navarra.

El nacionalismo vasco, desde su aparición en la última dëcada del siglo XIX, hace tan solo ciento veiniticinco años, pretendió trascender la realidad provincial de los fueros en busca de la construcción de Euskadi. En esa labor hubo un estadio regional, cuya primera experiencia fue en la Segunda República y cuya plasmación plenamente confirmada se vive hoy en día. Ahora, Urkullu pretende alcanzar ahora un escalón superior: la nación foral, cuyas raíces fueron originariamente provinciales, como demuestra el poder que aún comservan las diputaciones vascas y el hecho, maldito para el nacionalismo, de la defección de Navarra, cuestión que en las últimas elecciones se ha puesto en entredicho.

Paz y Justicia

El acuerdo sobre Justicia alcanzado entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla más antigua de sudamérica Rodrigo Londoño, Timochenko, es el quinto pacto entre los dos actores políticos y supone un avance significativo en el proceso de paz que tienen que cerrar definitivamente antes del 23 de marzo de 2016. De lograrse, se abrirá la posibilidad de concluir una guerra de más de medio siglo que ha ocasionado 220.000 muertes.

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ya habían cerrado las negociaciones sobre la reforma agraria- origen del conflicto-, participación política de la guerrilla en el entramado político e institucional colombiano, erradicación del narcotráfico y de los cultivos ilícitos; y reparación a las víctimas.

Ahora, se ha anunciado el más delicado de todos, el referido a la articulación de la Justicia y las consiguientes responsabilidades de los participantes en el conflicto. El acuerdo ofrece un sistema jurídico basado más que en el castigo, en la verdad y el reconocimiento del daño inferido. Y ahí es donde presenta más sombras y dudas, en la medida en que lo más complicado es casar la Paz y la Justicia.

Derrota, pero no final

La nueva operación contra ETA ha permitido la detención de los dos últimos responsables de la banda: el pamplonica David Pla Martín, el típico producto etarra fogueado en la organización juvenil Jarrai, y la irundarra Iratxe Sorzabal Diez, con experiencia en matar tras su paso por diversos comandos de la organización a la par que también desempeñó la portavocía de las Gestoras Proamnistía, la estructura dependiente de ETA destinada a alimentar el señuelo de una rápida excarcelación de sus presos.

Sin duda, que la actuación de la Guardia Civil, operación bautizada con el significativo nombre de Pardines, la primera víctima mortal de ETA constatada, supone la certificación de la derrota sin paliativos de la banda terrorista. Simbolizaría la letra Omega, mientras que la Alfa fue aquel tiro gratuito en el ya lejano 1968 contra un agente de la agrupación de tráfico que tan solo pretendía comprobar el bastidor de un coche. En medio 47 años de violencia y desolación.

Pero considerar la redada de ayer como el fin de ETA, tal como ha declarado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, puede denotar demasiado optimismo. Fundamentalmente porque aún queda libre Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, más conocido como Josu Ternera, incorporado a la banda un par de años después del asesinato de José Antonio Pardines y dirigente de la misma durante muchas décadas. Tampoco ha sido detenido su hijo Egoitz, quien asegura la continuidad generacional de una organización con más de medio siglo de existencia, cuyos presupuestos ideológicos consideran que España colonizó el País Vasco (sic).

Occidente cambia el paso

Occidente ha cambiado el paso frente al régimen de Bachar el Asad, mientras Rusia ha mantenido sus posiciones sin variar ni un milímetro. Vladimir Putin no ha tenido nunca ningún reparo en apoyar desde el inicio de la guerra civil al sátrapa sirio. En cambio, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido denunciaron las violaciones de derechos humanos perpetrados por el régimen del partido Baaz, que propugna un socialismo laico árabe, pero que se apoya de hecho en la minoría chiíta Alauí para reprimir a la mayoría sunita. En consecuencia, Washington, Londres y París exigieron la destitución de Asad, pero ahora ante el auge logrado por el Ejército Islámico y otras guerrillas islamistas, han cambiado de opinión y empiezan a aceptar que Asad debe continuar al frente del poder en Damasco, al menos durante un cierto tiempo, en aras de propiciar una reconciliación nacional mediante gobiernos de unidad.

Entre una y otra postura se ha producido la mayor ola migratoria vivida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los que llegan a Europa son sirios que huyen de la devastadora guerra que inunda ya gran parte de Oriente Próximo. Dicha conflagración se inició con los ataques norteamericanos a Afganistán, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y se avivó con la invasión estadounidense a Irak para derrocar precisamente a otro régimen baazista.