El valor del voto

Según los estudios del BBVA, la Comunidad de Madrid ha adelantado a Cataluña, convirtiéndose en la primera economía regional española. El dato es más relevante aún, si atendemos al siguiente hecho: la primera acoge a seis millones y medio de personas, y la segunda a siete millones y medio. 

Para que luego digan que no influye en la vida cotidiana lo que votamos.

Anuncio del futuro

Lo vivido hoy en la Diputación Permanente del Congreso nos anuncia como puede ser la próxima legislatura, condicionada por el problema territorial, si sale adelante un gobierno de coalición con Podemos, investido por Esquerra Republicana de Catalunya. Decisiones de Estado propuestas por el PSOE y respaldadas por el PP y Ciudadanos, que reciben la abstención de la formación de Pablo iglesias y el voto contrario de los soberanistas catalanistas.

No sería más sencillo una gran coalición o, si tal planteamiento sigue siendo un anatema en una democracia en la que el partidismo predomina sobre cualquier otra consideración,  un gobierno en solitario socialista, investido con la abstención del PP y Ciudadanos. No encararíamos mejor así un futuro ensombrecido por negros nubarrones.

El abrazo

La viñeta de El Roto recreando el abrazo más comentado de los últimos días, el protagonizado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, bajo la leyenda “Parecía que se abrazaban, pero era para no caerse”, es, una vez más en este caricaturista, genial.

Eso es exactamente lo que han hecho los líderes del PSOE y Podemos después del retroceso electoral en unos comicios que se adelantaron porque fueron incapaces de llegar al acuerdo que ahora sí han alcanzado. Con ese abrazo, literalmente, pretenden evitar su caída política.

Veremos si lo consiguen y si ese acuerdo se traduce en una investidura, algo que hoy por hoy, no está asegurado. En cualquier caso, deberíamos preguntarnos si un abrazo interesado puede ser de provecho general.

Primer análisis

La ciudadanía ha castigado en las elecciones de hoy a los dos políticos que primaron en la anterior legislatura los intereses partidistas sobre los generales. 

De los dos, sin duda alguna, el más malparado ha sido Albert Rivera, que debería presentar su dimisión inmediatamente e irse a su casa, algo que no ha concretado en su primera comparecencia tras el varapalo de las urnas: la pérdida de dos millones y medio de votos. Rivera es responsable de haber acabado con la esencia de Ciudadanos, ser la formación bisagra capaz de regenerar el antiguo bipartidismo, por la pretensión de convertirse en la primera fuerza de la derecha con la esperanza de alcanzar a medio plazo el palacio de la Moncloa. Por ello, primó el interés partidista y se negó a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, lo que paradójicamente le hubieras abierto las puertas de la Moncloa, aunque  a corto plazo como subalterno.

Y el segundo es Pedro Sánchez, quien primó lo que veía como intereses partidistas forzando nuevas elecciones, lo que paradójicamente se ha traducido en un descenso en votos, ochocientos mil, y escaños, tres. Sin embargo, si no Sánchez, al menos el PSOE, sigue siendo necesario en el futuro gobierno que desbloquee la situación crítica actual que vive España. Y esta no es otra que el auge de la ultraderecha, hasta el punto de que un 15% de los votantes ha respaldado a los neofranquistas de Vox, y la consolidación del voto independentista en Cataluña. Por tanto, se trata del triunfo de los radicalismos, que indudablemente aumentan los malos presagios sobre nuestro Estado que se instauraron desde la gran crisis de 2008. Por todo ello, el PP de Pablo Casado debería dejar de mirar el retrovisor, a Vox, y hacer posible un gobierno socialista, a fin de cuentas la primera fuerza electoral, que nos permita salir de la pesadilla.

Incoherencia

Lo peor de la resolución de la Asamblea de Madrid pidiendo la ilegalización de los partidos independentistas no es su imprecisión (¿cabría ilegalizar a una formación como el PNV?), ni que sea una propuesta de un partido ultraderechista (Vox), a la que se han sumado el PP y Ciudadanos, sino el hecho de que supera el nivel competencial de la Comunidad Autónoma de Madrid.

No podemos indignarnos porque el Parlamento catalán vote resoluciones que exceden su capacidad, como reprobar al rey o apoyar la autodeterminación, y respaldar la decisión de una asamblea regional sobre decisiones nacionales.  

Una máscara menos, una preocupación más

La Asamblea Nacional de Cataluña, una entidad particular, pese a su ostentoso nombre, se ha quitado una máscara, una más, y de paso ha desvestido aún más al independentismo del que son partidarios una parte de los catalanes. Su dirigente, Elisenda Palazui, ha valorado los enfrentamientos violentos que jalonan las dos últimas semanas en Cataluña, porque permiten visualizar en el extranjero el conflicto existente.

La ANC rompe así el tabú independentista de la invocación a ultranza del pacifismo del proceso soberanista, de la autoproclamada revolución de la sonrisa. Es, sin duda, de agradecer, que se arrojen las máscaras, pero también es preocupante ver como avanza la justificación de la violencia, aunque solo sea como mera estrategia propagandística. 

Una semana de revuelta

Tras una semana en la que hemos presenciado una nueva revuelta en Cataluña, algo que se ha repetido a lo largo de la historia, es difícil calibrar cuanto tiempo se extenderá  y cual  será su intensidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la augura larga, lo que nos puede dar una indicación de la idea que manejan los servicios de inteligencia del Estado, que, dicho sea de paso, parece que han vuelto a fracasar a la hora de predecir el brote actual. Ellos o el gobierno a la hora de implementar la respuesta.

Más allá de los seis centenares de heridos y de los elevados costes económicos por los destrozos materiales ya ocasionados, cerca de tres millones de euros, cabe analizar dos aspectos que dirimirán el éxito o el fracaso de dicha revuelta. Uno de ellos incide en la legitimidad democrática que el independentismo ha tratado de atribuirse desde que empezó hace ya casi una década el proceso soberanista catalán. Los intentos por parte del Estado de contrarrestar las sucesivas campañas por el derecho de autodeterminación no han logrado apenas éxito, como demuestra que Bélgica y otros países europeos se hayan negado hasta ahora a entregar a los dirigentes independentistas huidos. Tal tara coloca a España en una situación de desventaja que el Estado debería refutar si pretende acabar con el secesionismo, apelando a los aspectos más demagógicos que implica ejercer la autodeterminación sin respetar las normas.

Mayor éxito ha conseguido el Estado en apenas una semana, referido al segundo aspecto, que incide en la violencia. Más que por acción estatal, por demérito del independentismo. Lo visto en solo una semana ha hundido el relato que el proceso soberanista tuvo a gala desde su inicio, presentándose ante el mundo como la revolución de la sonrisa hecha por gente de paz.  Las imágenes que nos han inundado en estos días y que ha visto el planeta  entero reflejan una revuelta violenta y organizada por una vanguardia revolucionaria: los CDRs y su versión online, el Tsunami, que no dudan en subvertir la ley con todos los medios a su alcance, poniendo fin al Estado de Derecho.

España debería incidir, en el plano argumentativo, en el hecho de que acabar con el Estado de Derecho es el camino más directo para acabar con la democracia, como también la Historia nos enseña. De tal manera, que así reforzar su posición en el debate del primer aspecto referido, argumentando la necesaria imbricación de la Democracia y del Estado de Derecho, y condenando la violencia de los que quieren acabar con ambas.