Occidente secuestrado

Ahora, que se ha reeditado el interesante ensayo de Milan Kundera, aquel escritor que nos fascinó con La insoportable levedad del ser, sobre la tragedia de la Europa Central, bajo el título de Un Occidente secuestrado, conviene hacer una reflexión sobre la Guerra de Ucrania que pronto cumplirá un año de mortífera realidad. 

Kundera planteaba sus dudas sobre la idoneidad de la desaparición del Imperio Austro-Húngaro, algo que nos puede parecer hoy en día como extemporáneo. Se refería el intelectual checo al fracaso de aquel mundo centroeuropeo que de perseverar hubiera podido alumbrar un gran Estado federal, pero que se fragmentó en múltiples y pequeñas naciones, cuya fragilidad facilitó que Hitler y Stalin las subyugase. No en balde, los principales enemigos de aquel imperio fueron desde mucho antes otros dos, el alemán y el ruso, muy interesados en acabar con aquella identidad multicultural. A lo largo del siglo XIX e inicios del XX, las revueltas nacionales estallaron en aquel mundo bajo el grito liberador de acabar con la jaula de las naciones que suponía la misma existencia del imperio con capital en Viena. Los nacionalismos nacían entonces y acabaron con aquella entelequia bajo el principio de crear un Estado para cada nación, cuando advirtieron que primero el III Reich y luego la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se empoderaban de ellos: Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumanía y hasta parte de Polonia y también Ucrania. Su división permitió el avance, primero del Imperio ruso, y luego de su sucesor, la URSS, moviéndose las fronteras en un continuo balanceo y secuestrando a aquel Occidente, como dijo Kundera.

Ni siquiera la principal virtud de aquellas naciones, que aspiraban a constituir su Estado propio, consistente en satisfacer la cuestión nacional, se concretó satisfactoriamente, porque aquellos herederos demostraron pronto ser otras jaulas, ahora de otras minorías nacionales, contribuyendo en gran medida a la trágica hecatombe sanguinaria de la Segunda Guerra Mundial. Al término de esta, toda Ucrania quedó dentro de la URSS, pero con relevantes minorías nacionales en su seno. Y allí siguen: principalmente unos cuatrocientos mil rumano-moldavos y unos ciento cincuenta mil húngaros que siguen exigiendo sus derechos, fundamentalmente el respeto a sus lenguas. 

Ucrania, tras la caída del Muro de Berlín, osciló nuevamente hacia Occidente, levantando la ansias de Rusia por recuperar el terreno. Es más, las progresivas anexiones rusas, primero en el Donest y luego en Crimea, han tenido como contrapartida la reacción de un nacionalismo ucraniano, atisbado en las matanzas de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el punto que se puede considerar el mayor error de Putin el hecho de haber dado alas a la construcción de la propia nación ucraniana, algo a lo que estamos asistiendo en este año de guerra. Y, claro, las naciones exigen uniformidad, entre ellas la de lengua. El Estado-nación ucraniano de hoy pretende acabar con la diversidad de lenguas en su territorio, entre otras razones para impedir que la lengua rusa sea la lengua franca de toda su Estado. 

Una vez más asistimos a la constatación de que los Estados-nación siguen siendo jaulas y que el nacionalismo solo agrava esas graves problemáticas. Recuerden, siguiendo a Kundera, que siempre es mejor aspirar a las realidades multiculturales a través de articulaciones federales, cuyo ejemplo más conseguido es la Unión Europea, que caer en el ombligo nacional, torbellino que solo lleva a la violencia.

Sánchez indica el camino a Podemos

La rectificación de Pedro Sánchez con respecto a la ley del solo sí es sí, después de más de tres centenares de reducciones de penas en el escaso tiempo que lleva en vigor, está indicando el camino a Podemos. 

El goteo de noticias con esas rebajas y, en algunos casos, excarcelaciones anticipadas ha colmado la paciencia del presidente del Gobierno que empieza a temer el horizonte electoral que se nos viene encima en este año. Porque si hay algo que ha afectado a las perspectivas electorales de la izquierda desde que hace cuarenta años recuperamos la democracia es la sensación, cierta o no, de que los gobiernos de esa ideología no son capaces de gobernar con acierto. Recuerden, por ejemplo, la política económica de Rodríguez Zapatero que se saldó con la derrota socialista y la instalación de Rajoy en la Moncloa por espacio de más de seis años.

La ley del solo sí es sí encaja en ese esquema, que penaliza las normas técnicamente deficientes y a sus responsables gubernamentales. Se trata de una legislación que tiene la enorme virtualidad de poner el foco de atención en el consentimiento, logro objetivamente indudable, pero cuya implementación técnica se ha revelado defectuosa, tal como alertó más de un informe previo. Y en ello, existe un responsable dentro del gobierno que es Podemos y una actitud, que se pude calificar de soberbia y que revela incapacitación para la autocrítica.

Sánchez ha tomado conciencia de ello, probablemente ante las perspectivas electorales, pero al imponer la rectificación está intentando evitar que su gobierno sea visto como incapaz e incompetente; consciente de que ello mermaría seriamente sus posibilidades en los próximos comicios generales. 

La decisión socialista de modificar la ley con el acuerdo o no de Podemos, está indicando a la formación morada el camino a tomar, también fuera de un gobierno que Sánchez siempre ha querido que fuera y pareciera competente, como ha demostrado en Europa, plegada a sus tesis por eficaces. Un giro centrista del presidente del Gobierno, cuando ya no necesita sacar adelante unos nuevos presupuestos con los frankenstein, puede ser tentador para Mr. Handsome. No en balde, desde la restauración democrática, siempre se han ganado las elecciones desde el centro.

La hybris contra el Poder Judicial

La condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ha vuelto a mostrarnos la hybris de Podemos contra el Poder Judicial. Más allá de que difícilmente la líder izquierdista de Argentina llegue a ingresar en la cárcel, las críticas de la formación española a la sentencia inciden en considerar la resolución un ataque a la democracia, en la medida en que impedirá a la dirigente volver a presentarse en unas elecciones. Para Podemos, eso supone sustraer la democracia, al entender que los votos redimen cualquier conducta ilegal, incluida la defraudación a las arcas estatales de 1.000 millones de dólares.

Ahí está el problema, que puede ilustrarnos por los paralelismos con nuestro país, máxime cuando las últimas reformas legislativas buscan exculpar a políticos. La izquierda no socialdemócrata, y especialmente Podemos, no cree en el Estado de Derecho y considera que el principio democrático invalida cualquier obstáculo legal contra los representantes políticos. Imaginemos que a Trump, quien fue elegido democráticamente presidente de los Estados Unidos y quien amenaza con lograr un segundo mandato, las leyes de su país no pudieran impedirle por un motivo lícito, como puede ser el asalto al Capitolio, volver a presentarse a unas elecciones, como intenta a contrarreloj el Partido Demócrata. ¿Deberíamos aplaudir, entonces, que en el supuesto de ganar esos comicios, regresara al despacho presidencial por muchos votos que obtuviera? También Hitler y Mussolini alcanzaron el poder tras cosechar un considerable número de votos. O los dictadores de izquierdas, como Andrés Ortega en Nicaragua, que tras conquistar el poder democráticamente han acabado con la independencia judicial en sus países y puesto fin al Estado de Derecho. Al igual que hacen los dirigentes iliberales europeos, como Viktor Orbán, que amenaza tras arrasar en cada elección con convertir a su credo nacionalista a todos los poderes de Hungría, pese a que la liberal Unión Europea intente frenar sus ansias totalitarias. 

La democracia siempre estará en peligro cuando las mayorías ponen fin a la división de poderes e instalan a sus representantes en ellos ahogando cualquier disidencia, en lo que pasa ya a denominarse un Estado totalitario. No quiero ni pensar qué haría Podemos si gobernase en solitario y con una holgada mayoría parlamentaria, porque estaríamos cerca del fin de la democracia en nuestro país.

Identidades

La entrevista al historiador Serhii Plokhy, publicada recientemente por El País, clarifica la controversia identitaria de los ucranianos. El propio autor, profesor en la Universidad de Harvard, nació en una localidad rusa, pero se crió en Ucrania. Hoy en día, lejos de tener pasaporte ruso, mantiene una doble nacionalidad: ucraniana y norteamericana, el país donde trabaja.

Sus reflexiones son muy interesantes, entre ellas su crítica a una Europa que durante décadas ha financiado a Rusia con su dependencia energética. De entrada, sostiene que la guerra empezó en 2014 cuando Rusia invadió Crimea, momento en el que cambiaron las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al aceptarse en el debate político que una potencia se apoderase de territorios más allá de sus fronteras, lo que evocaba paralelismos con el expansionismo alemán dirigido por Hitler antes de dicha conflagración.

Plokhy considera además que el destino de Crimea y el Donbás dependerá del frente bélico; es decir, que el futuro de esos territorios lo decidirá la propia guerra; pero el fracaso de Putin es indiscutible en la medida en que Ucrania, con mayor o menor territorio, seguirá siendo independiente, cuando el autócrata ruso perseguía el control del espacio pos-soviético, meta en la que aún persevera.

Sin embargo, el mayor error de Putin ha sido contribuir como nadie a establecer una identidad separada de Ucrania y Rusia. Desde 2014, los ucranianos, divididos por diferencias religiosas, lingüísticas y étnicas, han fortalecido su identidad nacional a lo largo de estos crueles ocho años. El nacimiento de la nación ucraniana, más allá de los precedentes de los partidarios filonazis de la Segunda Guerra Mundial, se ha efectuado ahora, gracias a la invasión rusa. Hecho indudable que remarca la importancia de las construcciones nacionales, como algo vivo que afecta a las identidades, desprovistas de todo naturalismo perenne y sujetas a las subjetividades del acontecer.

Sedición

Sobre la controvertida iniciativa gubernamental cabe hacer diversas consideraciones. La primera es que el Gobierno Sánchez no ha propuesta la modificación del delito de sedición, sino su supresión, poniendo fin, si las Cortes así lo ratifican, a un delito incluido en nuestro código penal desde el Trienio Liberal, cuando la burguesía liberal y en algunas circunstancias revolucionaria, dirigió desde el poder la construcción del Estado que hoy en día está vigente, modificado por la democratización del mismo, en otros momentos históricos, fundamentalmente en época de la Segunda República y tras la transición vivida después de la muerte del último dictador.

No se trata, pues, de una modificación, sino de la anulación de un instrumento que el Estado se otorgó para penalizar las conductas destinadas a poner en riesgo la construcción nacional española, el principal objetivo de esos liberales decimonónicos que iluminaron al mundo  con la Constitución de 1812, modelo en el que, con sus sombras, se vio confortado el progresismo de la Edad Contemporánea. 

En segundo lugar, cabría poner en cuestión el argumento de que tal delito de sedición no tiene equivalente en el resto del mundo occidental, en la medida en que en Estados Unidos, cuya Constitución de 1787 inició el liberalismo y la democratización, existe tal instrumento punitivo, con el que un tribunal popular acaba de condenar a un ultra pro Trump por el asalto al Capitolio de 2021, al que le puede caer la friolera de 20 años de cárcel.

En nuestro ordenamiento jurídico, el delito de sedición conforma junto al de rebelión el valladar punitivo contra aquellos que pretendan la deconstrucción nacional mencionada. Sin embargo, tal como puso de relieve hace escasos días en una tribuna en el diario El País, el exministro socialista Tomás de la Quadra Salcedo, la última redacción en el Código Penal del delito de rebelión, hecha en 1995, liga esta con la violencia. Por ello, el Tribunal Supremo no pudo condenar a los alzados en el proces por ese delito. De tal manera, que una repetición de tal situación, solo podría ser sancionada con la sedición, siempre que tal delito no sea suprimido, como parece, por el Parlamento.

De ser finalmente así, el Estado español se verá desprotegido, máxime porque su sustitución por el de desórdenes públicos con violencia, como ha pergeñado el gobierno, solo afectaría a los soldados independentistas, no a sus dirigentes; es decir, a los políticos del proces, lo que permite ligar la maniobra política en curso con un resabio de corporativismo político muy alejado de los ideales que anidan en la sociedad actual.

Crímenes de guerra

Las sospechas de que contingentes del ejército ucraniano hayan cometido un crimen de guerra en la zona de Lugansk, fusilando a diez militares rusos que se habían rendido, supondrán una inmersión realista para los que, aquejados de visión maniquea, habían reducido la guerra a una lucha entre buenos y malos. Lo presuntamente sucedido en la granja de Makiivka no es la primera alerta que diversos organismos, como Amnistía Internacional, han aireado en los últimos meses, como evidencia otro suceso en la localidad de Mala Rohan, cuando tres soldados rusos fueron ametrallados en las piernas tras ser apresados, o las detenciones de acusados de ser colaboradores prorrusos en la provincia de Jerson tras su reconquista por las fuerzas ucranianas. 

Independientemente de que cuantitativamente tales hechos sean menores que los desmanes rusos en Ucrania, no dejan de evidenciar los peligros del nacionalismo, en este caso ucraniano. Tampoco el hecho de que el recurso a tales extralimitaciones no es nuevo en el nacionalismo ucraniano como demuestra la memoria de Stepan Bandera, el líder ucraniano que durante la Segunda Guerra Mundial apoyó a los nazis.

Sin embargo, la construcción del nacionalismo ucraniano actual, relanzado indudablemente por Putin con su injustificado ataque, avanza en la dirección de tantos otros, una ruta en la que la violencia también ocupa su lugar. Es, dirán, condición humana, pero sin duda tales hechos son achacables a la mayor lacra de la contemporaneidad: el nacionalismo.

Incompetencia

El alud de revisiones de penas a condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, tiene una única explicación y esta incide en la incompetencia de aquellos que la alumbraron. No caben excusas sobre el machismo de los jueces, una descalificación categórica sobre un colectivo que, independientemente de casos particulares, trasluce una irresponsable deslegitimación de uno de los poderes del Estado de Derecho, fruto de las anteojeras ideológicas de quién las formula. La razón reside, en cambio, en la ineptitud de aquellos que la propusieron, especialmente de los responsables del ministerio de Igualdad regido por Podemos. También en sus socios gubernamentales del PSOE que fueron incapaces de hacer comprender a Podemos los fallos de la norma, que a todas luces eran conocidas tras informes y opiniones de diversos colectivos judiciales, desde el Consejo General del Poder Judicial a asociaciones judiciales.

Ante el grave resultado, consistente en que agresores sexuales abandonen las cárceles o vean reducidas sus condenas, cabe exigir responsabilidades políticas, entre ellas la de la titular del departamento que impulsó la normativa: Irene Montero. Y si esta no presenta su dimisión, es exigible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la destituya, si no quiere ver como el descrédito arrastra a toda la izquierda.