Las amnistías de nuestro pasado

La actual ley de amnistía, que todavía no ha alcanzado plenitud jurídica a falta de la publicación de su articulado en el Boletín Oficial de las Cortes y posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, fue aprobada por el Congreso de los Diputados por 177 votos a favor y 172 en contra; estos últimos del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Por tanto, suscita la mayoría absoluta del Congreso, tras ser vetada en el Senado, pero carece de un apoyo ampliamente mayoritario en el seno social de la ciudadanía española. Podría sostenerse sin ánimo polémico que cerca de la mayoría de la población la rechaza y que el debate en el seno de la sociedad no ha sido fruto de unas propuestas electorales dirimidas en las urnas.

Tal aspecto, convierte a la aprobada ley de amnistía en un dudoso instrumento conciliador en términos sociales, lo que debería ser su principal efecto balsámico en el seno de una sociedad que presenta ya demasiados síntomas de polarización, una vez que tal realidad se está extendiendo desde la clase política a la población. Otra cosa, es que a nivel geográfico, en el caso catalán, tal amnistía suscite un mayor apoyo social, difícilmente cuantificable y en cualquier caso no ampliamente mayoritario, en una sociedad que el procés polarizó hasta cotas nunca vistas antes y cuyo desgarro social aún persiste.

La ley de amnistía puede ser comparada con los dos precedentes existentes en democracia, la ley de 1977 y la de 1936. En la de 1977, al igual que en la de ahora, la iniciativa provino de la izquierda política, aunque a diferencia de ahora, el centro-derecha, representado entonces por la UCD, se sumó a ella; quedando fuera del consenso Alianza Popular, que se abstuvo. Fue por tanto, una ley refrendada por una gran mayoría social, lo que la convirtió en un poderoso instrumento conciliador con el que reparar y poner fin a las víctimas de la represión franquista, pero que también benefició a los responsables de la misma. Se trató en suma del mayor intento por cerrar las heridas abiertas desde la Guerra Civil y así fue asumida por la inmensa mayoría de los españoles.

Previa a la Guerra Civil, fue la tercera de las amnistías, la que se decretó en febrero de 1936. Al igual que las otras dos fue obra de la izquierda, pero en esta ocasión, la misma fue respaldada por unanimidad por la Diputación Permanente de las Cortes, ya que las prisas llevaron a no esperar la constitución de las nuevas Cortes surgidas tras el triunfo electoral del Frente Popular. De hecho, a diferencia de la de ahora, dicha coalición electoral se presentó a aquellos comicios con la amnistía en sus programas, al igual que haría la izquierda en 1977.  En 1936, se trataba de exonerar a los implicados en la Revolución de Octubre de 1934, una revuelta no democrática que preconizaba la implantación de un régimen socialista, a la que en Cataluña se sumó el nacionalismo con una pretensión independentista. De hecho, los integrantes del gobierno de Lluís Companys, surgido de la autonomía concedida por la Segunda República a Cataluña, fueron amnistiados y abandonaron la prisión, volviendo al poder en esa región autónoma. En cualquier caso, seis meses después, un grupo de militares protagonizó un golpe de Estado contra la Segunda República, un régimen democrático que hasta ese momento había aguantado las embestidas revolucionarias, que en unos pocos días se convirtió en una atroz guerra.

Bombardeo en Donetsk

Una noticia que ha pasado bastante desapercibida ha sido el bombardeo de un mercado en la ciudad de Donetsk, con el resultado de 27 muertos y una veintena de heridos en el curso de la Guerra de Ucrania, todos ellos civiles. Las razones de ello pueden obedecer a diversas consideraciones. Entre ellas, al cansancio existente en la sociedad española ante la prolongación de la guerra, al desplazarse el foco de atención con el conflicto en Oriente Próximo y al hecho de que la autoría de la masacre haya quedado en duda, ya que Rusia ha acusado a Ucrania del mismo, aunque el ejército de Kiev niega su implicación. En cualquier caso, el objetivo del bombardeo ha sido la ciudad de Donetsk, capital de la región del mismo nombre, cuyo territorio mayoritariamente está en manos de los separatistas prorrusos desde 2014 y que en 2022 fue anexionada por Moscú, después de un referéndum, que al ser organizado por las autoridades rusas dio tal resultado, mostrando una vez más la principal característica de tales consultas: su esencia manipulable.

Si el bombardeo fuera responsabilidad de las fuerzas rusas, estaríamos ante un nuevo caso de victimización por parte de Moscú, que rápidamente solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Si lo fuera de Kiev, nos encontraríamos con un escenario que denota la creciente debilidad de Ucrania en la guerra, que ante el flaqueo en la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea ve como las tornas están cambiando en el desenlace del conflicto a favor de Moscú. Y no solo eso, sino la desesperación de las autoridades de Ucrania que habrían admitido que el Donetsk y en general todo el Donbás, el territorio al este de Ucrania más cercano a Rusia, es territorio ruso. No de otra manera se podría interpretar el hecho de un bombardeo contra su población, con el consiguiente efecto negativo en el proceso identitario que padecen todos los habitantes de Ucrania desde que Rusia decidió invadir tal país. Circunstancia, no obstante, que también podría explicar la autoría rusa de la masacre, ya que las identidades son, también, enormemente manipulables. En cualquier caso, no podía ser de otra manera, ya que estamos hablando de nacionalismos, algo que incide siempre en la subjetividad emocional, algo alejado de la racionalidad que se le presume al Homo sapiens.

Los hutíes

La milicia huti ha saltado al foco de atención occidental tras el ataque de una coalición internacional, liderada por los Estados Unidos, en represalia por haber puesto en peligro el tránsito comercial en el sensible mar Rojo, lo que ha llevado a numerosas navieras a verse obligadas a optar por la ruta mucho más larga de la circunvalación de África doblando el cabo de Nueva Esperanza. Tal consecuencia tensiona los mercados e incrementa la espiral inflacionista que padece prácticamente el planeta entero y repercute en el aumento de la pobreza, especialmente de los más desfavorecidos. Se desconocen aún el número de fallecidos en el ataque de ayer contra seis decenas de instalaciones militares de la milicia Ansar Allá, los Partidarios de Dios, como formalmente se denomina el brazo armado de los hutíes, quienes habían respondido al ataque israelí en Gaza, con más de 20.000 muertos, tres meses después del golpe perpetrado por Hamas contra colonos judíos que se saldó el 7 de octubre pasado con más de un millar de fallecidos. Hoy, proseguían las represalias contra los hutíes.

Los hutíes componen más del 30%  de la población de Yemen, un estado fallido -uno más- del sur de la península arábiga, especialmente numerosos cuanto más al norte del país, aunque controlan desde 2014 Saná, la capital. Un año después, Arabia Saudí, el país árabe que encarna la ortodoxia sunní musulmana, entabló una guerra, que formalmente aún perdura, con el objetivo de reducir a los hutíes, algo que se ha mostrado infructuoso, e impedir que se hicieran con el control total del país ocupando el relevante puerto de Adén, desde donde un gobierno, heredero del que gobernó todo Yemen antes de la descrita guerra civil y que se ha aliado con los separatistas del sur del país, mantiene la resistencia contra Ansar Allá, que ha impuesto un régimen teocrático y fundamentalista en la zona norte de Yemen. Los hutíes están considerados chiíes, una de las dos principales ramas musulmanas, y su gobierno en Saná es apoyado por Irán, el país que encarna el liderazgo chií musulmán. De hecho, la guerra civil yemení, que devasta el país desde hace una década, es estudiada como una parte más de la gran confrontación civil que padece el mundo musulmán desde que en 2011 los opositores sunníes al régimen de Bachar al Assad, al calor de las revoluciones denominadas como primavera árabe, retaron al formalmente laico régimen Baazista apoyado por Irán. El principal frente sunní y chií pasa por la otra costa de la península arábiga, por el golfo Pérsico, donde otro brazo de mar, en cuyo subsuelo abunda el petróleo, separa a Irán de Arabia Saudí y de otras pequeñas monarquías (Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos) con emires sunníes, pero con poblaciones chiíes. 

Los hutíes representan hoy en día la última expresión del zaidismo, un movimiento religioso que desde el siglo IX ha creado diversos protoestados en el Yemen y en el sur del mar Caspio. Según los estudiosos de la diversidad religiosa musulmana, los zaidís son el grupo chií más próximo a la sunna, es decir, a los sunníes. A diferencia de los chiíes, rechazan la taqiya el recurso del musulmán a disimular de su fe en grave peligro. Tampoco otorgan a sus dirigentes cualidades sobrehumanas, a las que han sido en la historia tan propensos sus congéneres duodecimanos iraníes. Su racionalidad se muestra también en su propia escuela jurídico-doctrinal, ya que junto al Corán y a los hadices (dichos) del Profeta Mahoma, consideran el ichma, el consenso, como fuente de interpretación islámica.

Hoy en día, a nivel geoestrátegico, se analiza la guerra civil yemení y el apoyo hutí a Hamas como un eslabón más de la media luna chií que desde el sur de la península arábiga hasta el Líbano de Hezbolá, presiona al sunnismo, a la par que al Estado de Israel, creado en 1948 después de décadas de oleadas de inmigrantes que huían de los progromos antijudíos y en definitiva de la Shoá, infringidos por los movimientos totalitarios europeos de la primera mitad del siglo XX. 

Ello, permite plantearnos una vieja discusión, si las ideologías o las religiones que las precedieron son producto de las condiciones históricas, o al revés. Es decir, si en una interpretación marxista los condiciones materiales de la existencia producen las ideas o si en una interpretación idealista son estas las que hacen la realidad. Respaldando la segunda, estaría la concatenación de apoyos enraizados en el sistema común doctrinario de ideas, que el universo chií irradia desde un Irán que se acerca a la posesión de la bomba atómica. En apoyo de la primera, estaría el hecho de que Hamas es una organización teocrática y fundamentalista sunní, no chií, que sin embargo es apoyada por Irán, Hezbolá y los hutíes. Y el hecho de que la pobreza gazatí, al igual que la yemení, es un indudable caldo de cultivo de la violencia, alimentada por una globalización que permite al instante -mediante un mero click- comprobar a los desheredados del mundo la diferencia con las condiciones de vida de las que gozamos en Occidente.

Los límites de la democracia

La decisión del Tribunal Supremo israelí de tumbar la reforma judicial que pretendía el gobierno de Netanyahu apenas ha sido comentada por las fuerzas políticas de nuestro país, lo cual no deja de ser sorprendente por los paralelismos que se podrían aplicar con respecto a la polémica que enfrenta al PSOE y al PP en cuanto a la renovación del Poder Judicial, un cambio a todas luces necesario por la parálisis que vive el Consejo de los jueces debido al escandaloso retraso en implementarla por la resistencia conservadora a ello.

Pero volvamos a Israel y al motivo que ha llevado al máximo tribunal de aquel país a denegar el recorte de poder que pretendía el ejecutivo derechista sobre el Poder Judicial, satisfaciendo a la oposición izquierdista que ha mantenido durante meses continuas movilizaciones contra el proyecto gubernamental. El motivo aducido por el Supremo no es otro que considerar perfectamente compatible con la democracia la capacidad de los magistrados para paralizar las decisiones del gobierno que considere irrazonables. Es decir,  que frente a los argumentos de un gobierno, el Poder Judicial puede parar sus decisiones si entiende que no son razonables. La resolución judicial supone no solo la exaltación de la liberal separación de poderes, alumbrada por Montesquieu, sino que pone limites a la democracia, ya que implica en la práctica que el Poder Judicial puede paralizar decisiones tomadas democráticamente, como pueden ser las que emita un gobierno elegido y respaldado democráticamente por el Parlamento.

La decisión judicial establece así una indagación sobre los dos principios que conforman los estados de derecho, el liberal y el democrático, dando a entender que ambos no deben ser absolutos.

Indudablemente que hay muchas diferencias entre Israel y España, más allá de la obvia de como responde a la violencia el primero y que incide en la desgracia que asuela Gaza. También, en el hecho de que Israel carezca de una constitución, a diferencia de España. Pero, ¿ustedes se imaginan que, en España, el Tribunal Supremo anulase una ley presentada por el gobierno, legítimamente democrático, y aprobada democráticamente por el Parlamento, bajo el argumento de que es irrazonable? Antes de responder o sorprenderse, reflexionen sobre la importancia que tiene renovar el Consejo General del Poder Judicial, como insiste el PSOE, y de encontrar una fórmula democrática y liberal, a la vez, para la elección de sus miembros, que a su vez, escogen a los del Tribunal Supremo, como pretende el PP. Sin duda que la polémica sobre el Poder Judicial es una de las más relevantes que debe afrontar nuestro país y que incide en la esencia de la estructura demo-liberal de los Estados occidentales.

La metáfora del desprecio

Lo vivido en la frustrada sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo permite varios análisis. El primero, sin duda, incide en sí era realmente necesario el intento del líder del PP para lograr la Presidencia del Gobierno, barruntando que no iba a lograr los suficientes apoyos parlamentarios. Sin embargo, Feijóo podrá alegar que en las dos jornadas de su fracasada investidura ha podido visualizar su derecho a intentarlo, al dirigir la fuerza más votada en las pasadas elecciones y, sobre todo, que ha podido situarse como la clara alternativa a Pedro Sánchez en el escenario propio de la democracia; es decir, en el Parlamento. Ello no quita, que pueda ser acusado de haber pergeñado todo ello para consolidar su posición interna en el seno del PP; es decir, en una utilización espuria de la institución democrática por antonomasia, en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, intuyo más relevante otro hecho de cara al futuro, que aunque incida en la última consideración mencionada, no justifica la ausencia de Sánchez en la réplica a Feijóo. Más allá de la alegación de querer poner ante el espejo al candidato del PP, eligiendo el PSOE como reemplazo a otro ganador, en este caso de las elecciones municipales, que no ha podido formar gobierno en su ciudad, Valladolid, la ausencia de Sánchez va más allá de una falta de cortesía parlamentaria. Es sin duda la metáfora de lo que ha estado haciendo en los últimos cuatro años: gobernar dando la espalda a una parte relevante de los electores. Con su ausencia, no ha podido formular Pedro Sánchez mejor el desprecio a once millones de ciudadanos, lo cual es un mal augurio para los próximos cuatro años.

Pedro Sánchez y el `régimen del 78´

Los primeros que denominaron al período democrático iniciado a finales de los años setenta como régimen del 78 fueron los intelectuales surgidos de la protesta del 15-M, un movimiento que cuando irrumpió en 2011 sacudió a nuestra sociedad, aunque el paso del tiempo ha sido más que amargo, pese a contar con logros, fundamentalmente en el área social y feminista. Desde un primer momento, aquellos jóvenes, algunos profesores universitarios, no ocultaron que su intención era acabar con el régimen del 78. Durante este tiempo, han llegado a compartir el poder precisamente con uno de los principales artífices del régimen del 78, el PSOE, aunque no lograron alcanzar el sueño de asaltar los cielos. Pero, indudablemente, han dejado su huella, la de una nueva generación poco generosa con aquella otra que logró la transición política desde el franquismo a la democracia.

No han sido los únicos que han socavado y pretenden todavía acabar con el régimen del 78. Mucho antes de ello, el principal enemigo con el que tuvo que lidiar dicho proceso democratizador fue el terrorismo etarra, que no admitía diferencias entre el franquismo y el posterior régimen. Un millar de personas perdieron su vida en la dialéctica ocasionada por el uso de las armas. Para su derrota, fue esencial el apoyo conjunto de los partidos que apostaron por la transición democrática: el PSOE, el PP y un PNV, que todavía es la fuerza mayoritaria entre los vascos. Hoy en día, los sucesores ideológicos de aquellos violentos, Euskal Herria Bildu, con apoyos crecientes entre la sociedad vasca, se proponen lo mismo, el fin del régimen del 78, aunque ahora desde las vías democráticas y sin violencia armada. Sus planteamientos no solo son sociales, sino que en ellos ocupa un lugar relevante lo identitario.

Esto último, lo comparte el tercer enemigo del régimen del 78. Hablo ahora del secesionismo vivido entre una significativa parte de la población catalana desde que se inició el denominado procés, en 2012, y que pretende estructurar un proceso político que construya la independencia de Cataluña. Para ello, sus dirigentes no dudaron en incurrir en la ilegalidad en la medida en que el fin ansiado justificaba los medios utilizados, incluida la proclamación en octubre de 2017 de la República catalana. Ante ello, el entonces gobierno del PP, apoyado por el PSOE, aplicó el artículo 155 de la Constitución del régimen del 78, mediante el cual el Estado se dotó de un mecanismo coactivo contra dicha proclamación. 

Desde entonces, el nuevo gobierno del PSOE, ya con Pedro Sánchez como presidente del mismo, y en coalición con la formación surgida del 15-M, adoptó una política de apaciguamiento, consistente fundamentalmente en la concesión de indultos, que benefició a parte de las condenas de los dirigentes secesionistas, pero no a las bases que secundaron dicho pronunciamiento. Tal política se vio notablemente respaldada en Cataluña en las últimas elecciones generales, celebradas el pasado 23 de julio, logrando el PSOE 19 escaños en esa comunidad autónoma de los 48 posibles. Sin embargo, en toda España, el PP fue el partido más votado, aunque es el PSOE quien tiene opciones de prolongar su mandato, manteniendo la coalición con la nueva formación heredera del 15-M y con el apoyo del secesionismo catalán.

Ahora, Pedro Sánchez abundará en esa política, aceptando una ley de amnistía para todos los condenados y procesados en el intento secesionista. Arguyen sus defensores que es la medida necesaria para superar definitivamente la fractura ocasionada por el procés, además de ser la moneda de cambio necesaria para la continuidad de un gobierno progresista. Más allá de que tal política pueda esconder un interés en la permanencia en el poder, indudablemente se trata de uno de los mayores ataques que sufrirá el régimen del 78, ya que ninguna otra norma dictada podría erosionarlo más, porque, independientemente de que sea constitucional o no, supone una deslegitimización de la democracia nacida en 1978, tal y como diversos representantes de aquella generación que la hizo posible, políticos e intelectuales, nos advierten en los últimos días. Esa es la enorme responsabilidad a la que se enfrenta Pedro Sánchez. Pero, no solo él. También, uno de los partidos que, al menos hasta ahora, había sido siempre un pilar del régimen del 78: el PSOE.

Navarra o el reto del PNV

La gobernabilidad de Navarra, donde el partido derechista UPN logró una vez más ser la formación más votada en las elecciones autonómicas del 28-M, debería llevar al PNV a replantearse su estrategia a medio plazo, ya que la apresurada negativa del partido jeltzale a la investidura de Feijóo hace ya inviable un cambio más temprano. 

En la decisión del PNV influyó sin duda el hecho de que el próximo año habrá elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, donde Bildu le pisa los talones. El miedo al sorpasso en el campo nacionalista obliga al partido presidido por Ortuzar a seguir la máxima ignaciana de no hacer mudanza en tiempos de desolación y mantener su estrategia de apoyo al PSOE de Pedro Sánchez. Pero con ello, el PNV prioriza al País Vasco y desatiende a Navarra, contradiciendo el sueño nacionalista de una Euskadi en la que la comunidad foral ocupa un lugar tanto o más relevante.

Los resultados del 28-M dieron a UPN 15 escaños en las Cortes navarras frente a 11 de los socialistas. La candidata de estos últimos, presidenta en funciones del gobierno navarro, María Chivite, podía revalidar su cargo apoyándose en los 3 diputados de Contigo Zurekin, donde se agrupa el complejo universo de Podemos, Izquierda Unida y otras agrupaciones locales, y sobre todo en los 7 de Geroa Bai, la marca electoral del PNV en el viejo reino, siempre que EH Bildu se abstuviera. 

Sin embargo, Geroa Bai y el Partido Socialista de Navarra no llegan a un acuerdo respecto al reparto de consejerías lo que hace peligrar el acuerdo de investidura, a diferencia de en el País Vasco donde PNV y Partido Socialista de Euskadi se reparten el gobierno y numerosas instituciones provinciales y municipales, con una estrategia exitosa desde hace siete años y que a su vez, salvo gobiernos monocolores, ha sido la tradicional desde la grave escisión vivida entre los jeltzales en 1986. Una escisión que llevó a la creación de Eusko Alkartasuna y a la ruina del PNV en Navarra, y posteriormente a la confluencia de las huestes de Carlos Garaikoetxea en EH Bildu.

Ante la posibilidad de que el 28 de agosto no haya acuerdo entre socialistas y jelkides en Navarra, EH Bildu se ha apresurado a ofrecer su apoyo a María Chivite, encubierto en una consulta a sus bases, procedimiento tan caro y tan manipulable de aquellas formaciones que se les llenan la boca con los referendos.

Navarra puede así marcar la pauta de toda Euskadi, en terminología nacionalista, reorientando estrategias y convirtiendo a socialistas y herederos de Herri Batasuna en compañeros de viaje, priorizando el eje izquierdista, frente a dos desorientadas derechas: el PNV y el PP. Pese a la desolación ignaciana, la mudanza puede estar más cerca de lo pensado en aquellos que todavía priorizan el eje nacionalista.