La estrategia antiamericanista

Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su capacidad para olfatear, adelantarse y presentarse al frente de los estados de opinión pública. Lo ha hecho, de nuevo, con el antiamericanismo redivivo en nuestro país tras la asunción de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos y sus primeras decisiones que han desatado la repulsa en amplios sectores sociales europeos. En poco tiempo, la gradación del combate dialéctico del presidente del Gobierno se ha incrementado: lo que empezó siendo una crítica a la oligarquía tecnológica, ya es un ataque frontal contra el propio dirigente de los Estados Unidos.

No es que tal antiamericanismo sea algo nuevo en nuestro país. Sus raíces se pueden hallar en 1898 con la guerra que enfrentó a España con Estados Unidos y que supuso la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Aquella contienda suscitó el unánime rechazo de la sociedad española ante la violencia de aquel país emergente que iniciaba su andadura en la política internacional, tan solo matizada por unos incipientes partidos y sindicatos de izquierda que mostraron su rechazo al envío de tropas a aquellos territorios.  Sin embargo, el antiamericanismo no tardaría en extenderse entre esa propia izquierda, algo que al menos hasta la Segunda Guerra Mundial había sido privativo de la derecha, cuyos sectores más fundamentalistas apoyaron a Alemania, enemiga de Estados Unidos en aquella conflagración, enviando incluso al frente ruso la División Azul. No obstante, acabada la guerra, Franco, que también sabía moverse, vio que el viento había cambiado y tuvo la habilidad de posicionarse a favor de los vencedores americanos, logrando el perdón de sus mandatarios que apoyaron a un régimen que dejó de ser totalitario, sin dejar de ser dictatorial. Motivo para que la izquierda abrazara el antiamericanismo, especialmente álgido en el tardofranquismo. Recordemos las campañas contra las bases americanas y, entrando ya en la transición democrática, contra la OTAN, vista como una organización esencialmente instrumentalizada por los Estados Unidos para confirmar su mando sobre Europa.

Ahora, Sánchez asume plenamente los postulados antiamericanistas, lo que le permite reducir aún más el espacio a su izquierda, incapaz de modificar su pacifismo ingenuo que la tragedia de Ucrania hace y hará más evidente. Pero sobre todo, elimina el oxígeno de una derecha que una vez más ha sido cogida a contrapié y que se limita a enviar el débil mensaje de que lo mejor para España sería hacerse pequeñita y no destacar en las críticas al todopoderoso Trump, dando alas a la derecha fundamentalista en su devoción por el presidente de los Estados Unidos. Una estrategia política, la de Sánchez, que no parece buscar una política de Estado, que se limita a sacar réditos electorales, dejando en evidencia a Sumar y Podemos, y dividiendo aún más a la derecha y engordando el caudal de votos para Vox. Nada nuevo, por parte del presidente del Gobierno que lleva haciendo lo mismo desde el inicio de la legislatura, pero que ahora dispone de más munición, rescatando el secular antiamericanismo.  

El expansionismo de Trump

Las primeras declaraciones públicas de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos han sembrado de preocupación al mundo, también a Europa, al airear sus aspiraciones expansionistas. Tal exposición en una rueda de prensa, aunque haya sido hecha sin desarrollarlas conceptualmente al modo de una bravata, ha sido vista como la asunción por parte de Trump del imperialismo norteamericano, que tuvo su carta de nacimiento en 1898 en una guerra precisamente contra España, y su punto álgido tras la Segunda Guerra Mundial, singlando todo el siglo XX con escasísimas excepciones, como por ejemplo la presidencia de Jimmy Carter. Sin embargo, tal imperialismo contrasta con la primera presidencia del propio Trump, en la que también estuvo presente el principio contrario, el aislacionismo norteamericano, que también había tenido sus momentos preponderantes a lo largo del novecientos.

Parecería, pues, que hemos pasado del Trump aislacionista al Trump imperialista, que, de una manera fanfarrona, asegura que él solucionará en un día la Guerra de Ucrania y amenaza con convertir a Oriente Próximo en un infierno (más aún) si los palestinos no se pliegan totalmente a los intereses israelíes. Sin embargo, si solo se tratara de baladronadas, podríamos seguir admitiendo que el expansionismo anunciado permanece dentro del concepto aislacionista. No en vano, este último está basado en la doctrina Monroe, de 1823, que se fundamenta en un principio bastante simplista, muy propio de populistas: la no intervención de Europa en los asuntos americanos; resumido en el eslogan de “América para los americanos”.

Para dilucidar, pues, si estamos en una nueva fase, claramente imperialista, conviene analizar lo dicho por Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Allí, a preguntas de un periodista, sobre si contemplaba una intervención militar par anexionar Canadá, el presidente electo descartó tal posibilidad, pero aseguró que podría hacer uso de otra fuerza, la económica, con el objetivo de suprimir la actual frontera que separa ambos países. Obviamente, tal afirmación, que implicaría que Canadá se convirtiera en el 51 estado de los Estados Unidos, no ha dejado de ocasionar incertidumbre y también oposición en el país norteño, pero no por ello se saldría de la doctrina Monroe, del aislacionismo. No en balde, el jefe de Estado de Canadá sigue siendo el rey de Inglaterra, hoy en día Carlos III. Y aquí conviene recordar que el Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2020, en un movimiento que alentó Trump en su primera presidencia.

El expansionismo anunciado por Trump tenía otros dos objetivos, estos sí claramente amenazados por una invasión mediante la fuerza militar: Groenlandia y el canal de Panamá. La primera, sí que pertenece a un país de la Unión Europea, en concreto a Dinamarca desde hace más de un milenio, pero se trata de una isla situada geográficamente mucho más cerca del continente americano que del europeo, hasta el punto que difícilmente se puede negar que sea una isla americana. El segundo, supone una vuelta de Estados Unidos al canal de Panamá, desde que en 1914 se hizo con él, después de conseguir años antes separar ese territorio de Colombia y crear un nuevo Estado, llamado Panamá. La zona del canal dominada por Estados Unidos acabó en 1979, cuando Jimmy Carter restituyó a Panamá su control. La razón aducida por Trump ahora para pretender justificar la vuelta es que, en su opinión, quien domina económicamente hoy en día el canal es China. De ahí, que una invocación a la doctrina Monroe tendría su sentido.

Independientemente de todo ello, si debemos hablar de imperialismo o de aislacionismo, lo que no se puede negar es que en los tres casos (Canadá, Groenlandia y canal de Panamá) se trataría simple y llanamente de expansionismo estadounidense, tampoco muy alejado del que reclamaba Hitler en los años treinta para Alemania, origen de la Segunda Guerra Mundial, con una salvedad: Trump aduce motivos económicos, mientras que el dictador alemán lo hacía por criterios étnicos. 

En cualquier caso, la peligrosidad de dicho expansionismo, aunque de momento solo sea anunciado, reside en que acaba con el principio de la inviolabilidad de las fronteras, lo que puede alentar más a Rusia en sus expediciones bélicas, más allá de Ucrania, y a China en Taiwán. Si el todavía país hegemónico en el mundo, Estados Unidos, se salta el principio que garantiza la estabilidad de los Estados existentes, ¿por qué razón China no puede emprender a su vez una expansión territorial y Rusia consolidar sus conquistas en Ucrania y aspirar a otras sobre los países que una vez formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? 

¿Y Europa? La Unión Europea pierde de todas maneras. Directamente, porque vería reducido el espacio soberano de uno de sus países (Dinamarca), sin plantearse futuribles más lejanos si la expansión rusa diera el paso más allá de Ucrania. Y cabe añadir que en esa misma rueda de prensa de Mar-a-Lago, Trump exigió a los socios de la OTAN que suban sus contribuciones a la defensa común al 5% de su Producto Interior Bruto (España no llega ni al 2%). En cualquier caso, malos tiempos para los europeos, aunque solo sea por aplicación de la aislacionista doctrina Monroe.

Fin a un régimen de 53 años

Lo que hemos visto en Siria en las últimas horas es el fin de un régimen que ha durado 53 años, desde que el padre del hasta ahora dirigente tomó el poder en 1971, instaurando una dinastía, los Asad, apoyados en un partido de izquierdas, el Baaz, y en una minoría chií, los alauíes. En cambio, los que han triunfado, ocupando Damasco, son islamistas y pertenecientes a la mayoría sunní. Los primeros tenían el apoyo de Rusia y de Irán, mientras que los segundos de la Turquía neotomana, a la par que son preferidos por Israel, el agente regional de Estados Unidos en la zona. 

La Guerra Civil que vive desde hace más de una década gran parte del mundo árabe, iniciada tras la llamada Revolución de la Primavera, ha tenido con el cambio de régimen en Damasco un jalón más, que aún es pronto para considerar definitivo en la lucha entre sunníes y chiíes.

Para entender todo esto hay que remontarse al colonialismo occidental del mundo árabe que puso punto final al Imperio otomano tras la Primera Guerra Mundial. Francia, potencia hegemónica aún entonces, y el Reino Unido se repartieron el mundo árabe. La decadencia de esos dos países facilitó que tras la Segunda Guerra Mundial, por la que Estados Unidos y la Unión Soviética se erigieron en las nuevas potencias mundiales, descolonizaran la zona, creando dos estados que tendrían mucho de fallidos, apoyándose en las dos minorías de clases medias en las que habían basado su dominio. Francia creó el Líbano, dejando como minoría en el poder a los cristianos maronitas, con los que sintonizaban por su catolicismo, y Siria, dejando a la minoría alauí al frente de un Estado de mayoría aplastantemente sunní. 

El instrumento ideológico para ello fue el Baaz, un partido panarabista que podríamos traducir como Resurrección o Renacimiento, con planteamientos laicos y socialistas. Una vez tomado el poder en Siria, un militar alauí, Hafez el Asad, se hizo con las riendas del país, instaurando una dinastía que ha llegado a su fin con su hijo Bachar. Los Asad dominaron dictatorialmente Siria durante cinco décadas, convirtiéndose en una pieza esencial en el engranaje del poder chií frente a los sunníes en la media luna árabe y apoyando a todas los movimientos de esa rama islámica, como Hizbulá. Por eso, Israel ha recibido a las nuevas autoridades sunníes sirias, tendiéndoles la mano. Ahora, habrá que ver que tipo de régimen instauran. Los primeros indicios, basados en las conexiones pasadas con el teocrático Estado Islámico, apuntan a un régimen islamista en el que la democracia, una vez más, tendrá escasas posibilidades de existir.

Juan Lobato

La actuación de Juan Lobato ante el caso del novio de Díaz Ayuso ha desconcertado a la práctica totalidad de comentaristas y políticos del país, sin que hayan aparecido explicaciones sólidas y argumentadas.

Este blog no aspira a suplir tamaña empresa, pero apunta a una hipótesis que solo es posible verla si ponemos un final al liderato de Pedro Sánchez, extremo que independientemente de la cercanía o lejanía del mismo, dependiendo de las simpatías políticas del lector, algún día tendrá que ocurrir.

Ese día, Juan Lobato podrá presentarse como el socialista adelantado que lo vio venir, discrepando con un modelo de actuación gubernamental determinado, que se hizo visible con el intercambio de chats con Sánchez Acera, y proponerse, como adelantó ayer en el Senado, para liderar la reconstrucción de un partido, el socialista, que precisará de un cura de cesarismo. Restauración que, en cualquier caso, será necesaria para la democracia en España.

Democracia y Justicia

Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, está logrando despejar su horizonte judicial, un futuro adverso que está revertiendo desde que salió elegido en las presidenciales norteamericanas. Las graves acusaciones que pesaban contra él por injerencia electoral y asalto al Capitolio han sido cerradas a petición de la fiscalía, que entiende que no se puede perseguir penalmente a un presidente.

La consecuencia que se extrae es que la democracia puede legitimar las conductas delictivas lo que representa un grave problema al Estado de Derecho. Y un error, porque los votos no debieran exonerar a nadie de los hechos cometidos, como fue, al menos a nivel indiciario, su incitación a ocupar el órgano legislativo estadounidense con la intención de acabar con una democracia bicentenaria. 

Un estado democrático debe tener la capacidad de impedir que la democracia acabe con la propia democracia. Y eso solo puede hacerse desde el respeto a la legalidad, cuya preservación incumbe a lo judicial como un poder del Estado. Lo digo porque podemos encontrar muchos ejemplos pasados, como la ascensión al poder de Adolf Hitler, pero sobre todo para evitar que lo repitamos en el futuro, no solo en Estados Unidos.

Aquí, en España, abundan las críticas al poder judicial, incluso emitidas desde los representantes de los otros poderes, sin comprender que un Estado de Derecho es aquel que preserva la Democracia y la Justicia, combinando ambos principios sin menoscabo de ninguno de ellos. Erosionar la legitimidad de la Justicia en nombre de la Democracia es una pendiente peligrosa que puede convertir a una democracia, como la estadounidense, en un Estado sin Derecho.

Ha fallado el Estado

En toda la crisis ocurrida por la Dana ha fallado claramente el Estado. Esa es la principal conclusión que ha dejado el reguero de destrucción de una gota fría que se ha llevado por delante, de momento, a más de dos centenares de vidas, decenas de miles de damnificados y un cuantioso daño económico todavía por calcular. Si quedaba alguna duda, las imágenes de la visita ayer de los reyes, del presidente del Gobierno y de la Generalitat valenciana debería despejarla ante la vista de los damnificados que identificaron sin lugar a dudas a los representantes del Estado español con su ira vehemente. 

Y cuando hablo del Estado, me refiero a todos sus superpuestos poderes, centrales y autonómicos, que todos son el Estado español. La tardanza en movilizar los medios y efectivos necesarios ante la magnitud del desastre ha sido la principal crítica recibida, emitida desde los propios afectados y desde los expertos que han hablado. Y ahí, caben las reconvenciones a un gobierno regional valenciano que tardó demasiado en alertar a la población, pero también a un gobierno central que no fue capaz de asumir el mando que demandaba una crisis de carácter evidentemente nacional. No caben excusas, la Generalitat se vio desbordada y el Gobierno no fue capaz de tomar el mando, pese a la cobertura constitucional que le hubiera amparado. Sin duda, que los complejos centralistas pesaron en la inacción gubernamental, máxime en un gabinete tan dependiente de sus socios nacionalistas. Y también, los tics contrarios existentes en el partido que sustenta al ejecutivo regional valenciano.

El resultado fue que a lo largo de al menos durante cuatro días el Estado no estuvo presente en las comarcas afectadas, más allá de los pocos efectivos de la UME que se desplegaron pronto en pocas zonas. Porque esa es otra lección que no nos convendría olvidar. El principal instrumento de un Estado es su ejército y para eso debe estar, para ayudar a los ciudadanos, que desprovistos de esa poderosa herramienta tuvieron que autoorganizarse para paliar en los primeros días la destrucción recibida. Y esa ha sido la crítica principal que ayer escucharon los reyes. Estos, por lo menos, lo hicieron, salvando la cara al Estado.

Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades políticas y de profundizar en las causas que han flotado en toda esta crisis. También, las más profundas, como la de un Estado que ha permitido construir sistemáticamente en torrenteras y al que le cuesta emprender las necesarias medidas para garantizar la vida de sus ciudadanos en una época de cambio climático como la que vivimos, para lo que será necesario acallar con argumentos científicos a los negacionistas, reconduciendo racionalmente la deliberación. Todo ello, deberá presidir el debate que debemos afrontar en el futuro, si queremos darle futuro al Estado.

Confederalización

El acuerdo entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya, cuyas bases ya han refrendado con una ajustada mayoría, supondrá, de implementarse en la realidad, un decisivo refuerzo del confederalismo en la estructura territorial española. 

Hasta ahora, solo dos comunidades autónomas disponían de una relación bilateral con el Estado español en materia financiera, uno de los elementos consustanciales del concepto político de confederación: la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Ambas en virtud de la cláusula de reconocimiento foral de nuestra Constitución de 1978, que ampara los instrumentos económicos neoforales. Aunque para ser exactos, convendría precisar que los sujetos confederales de ello son Navarra y cada una de las tres provincias vascas.

Por ello, las provincias vascas disfrutan del Concierto Económico y Navarra del Convenio Económico, consistente básicamente en que son ellas las que cobran los impuestos y, tras acordar con el Estado, cuanto han de pagar por los gastos de los organismos estatales no transferidos, y ceder una moderada contribución solidaria al resto de los españoles, deciden soberanamente donde emplear el remanente. Es lo que se conoce como el cupo, que tiene un perfil de riesgo para tales sujetos confederales, en la medida en que en situaciones de crisis económica la bonanza recaudatoria puede disminuir peligrosamente. Esa fue la razón por la que Jordi Pujol declinó asumir la fórmula de concierto, antes de la promulgación constitucional. Por ello y a falta de conocer la letra pequeña del acuerdo PSC-ERC, en el texto suscrito por los socialistas se ha intentado evitar tal escenario negativo para Cataluña, lo que convierte tramposamente en mucho más atractivo dicho planteamiento confederal. 

Los únicos que han hablado hasta hoy de lo acordado, los independentistas de Esquerra, ante el temeroso silencio socialista, han querido mandar el mensaje de que el nuevo concierto catalán será solidario con el resto de regiones españolas, dando a entender que el vasco-navarro no lo es. Pero, menos parece que lo sea, el catalán. Me explico. Pese al anuncio solidario, este nunca sobrepasará, según lo dicho por ERC, el principio de ordinalidad; es decir, el resultado final deberá respetar que se mantengan las posiciones de los territorios de acuerdo a los recursos disponibles por habitantes. Dicho claramente, al ser Cataluña uno de los territorios de mayor capacidad fiscal, la solidaridad estará limitada a que no se altere en ningún caso dicha preeminente situación.

Tales problemas no son, sin embargo, los más preocupantes. La principal diferencia entre los territorios vasco-navarros y Cataluña incide en que el peso del País Vasco y Navarra en la economía española es hoy en día de un 8%, mientras que Cataluña alcanza el 20%. Es esa terca realidad económica la que convierte el acuerdo del PSC y ERC en lesivo para los intereses del Estado. En un planteamiento federal, como el actual, el Estado decide donde invierte el 50% de lo recaudado en todos los territorios (salvo País Vasco y Navarra). Es decir, el gobierno central dispone de una fortaleza fiscal considerable para atender los desequilibrios existentes entre las distintas comunidades autónomas. Si Cataluña, sale del régimen común fiscal (que incluye a todas las comunidades, salvo las dos forales mencionadas), el gobierno central verá notablemente reducida su potencia fiscal y consecuentemente podrá atender menos a las regiones más desfavorecidas. La resultante será que aumentarán las diferencias económicas entre Cataluña y el resto del Estado (salvo País Vasco y Navarra). Por eso, no es propio de un gobierno que tiene a gala denominarse progresista, que favorezca que los ciudadanos dispongan de menos recursos públicos según el territorio en el que vivan.

Y por supuesto, que esa política no es federal, pese a que el presidente del Gobierno haya dicho (lo único que ha expresado hasta ahora) que avanza en la federalización de la España autonómica. No. Es una regresión federal y un avance confederal, hacia un modelo que, mucho más que con el existente caso vasco-navarro, limita la fortaleza fiscal del Estado español, del 92 al 72%, en concreto, en detrimento de su construcción nacional, que en clave federal fue iniciada en la transición democrática, y en beneficio de la construcción igualmente nacional y soberana de Cataluña, avanzando en la confederación.

Tal conclusión no nos debe parecer extraña, si atendemos que el acuerdo no solo es de ERC, pese a que haya habido cerca de 3.000 independentistas catalanes que hayan votado en contra de la racionalidad, algo mucho más común de los que nos parece en el ser humano, sino también del PSC. Y aquí está una de las claves del asunto, que exonera de parte de la culpabilidad a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno es rehén del PSC, incluso del moderado dirigido por Salvador Illa. Los resultados electorales socialistas dependen del granero catalán, mucho más que del vasco-navarro. Y ahora, hay que pagar la factura. Es el PSC quien impone este acuerdo que pretende dar luz verde al concierto catalán y Pedro Sánchez es prisionero de los socialistas catalanes, que en las últimas elecciones lograron romper el pronóstico y mantenerle in extremis en la Moncloa. 

Tal hecho no quita responsabilidad política a Sánchez, quien ha basado su exiguo respaldo parlamentario en el apoyo de ERC y toda su estrategia política de supervivencia. Forma parte de la existencia de un gobierno que debilita a España y que afronta ahora, una vez que Illa sea president, una nueva reválida. No solo porque Junts debe clarificar si sigue apoyándole, una vez despejada la incógnita del futuro de Puigdemont, cuya valentía no le ha obligado a entregarse antes de que las bases de ERC votaran, sino porque la rebelión puede extenderse a otros socios: Compromís, Izquierda Unida, Chunta, sin contar con un PNV que igual empieza a despertar, ante la ofensa solidaria. También es la primera vez que el propio PSOE parece turbarse ante lo que viene, un partido hasta ahora plegado al cesarismo. Veremos, como diría el maestro Miguel Ángel Aguilar.