Solo lleva dos semanas y ha creado cuatro problemas.
El primero hace referencia al principal problema estatal. Me refiero al territorial. Pedro Sánchez ha decidido no afrontarlo. Más allá de demagogias, consustanciales a su toma del poder, no afrontar la necesaria reforma del reparto económico, es cuando menos frívolo, lo cual define a nuestro presidente del gobierno.
No se entiende tamaña dilación, cuando la reforma de la financiación autonómica puede ser una de las pocas posibilidades reales para plantear soluciones al grave y perenne problema territorial español, tan difícil como el de otros muchos estados. De momento, la negativa de Sánchez a buscar soluciones a corto y mediano plazo se ha saldado con el malestar de los socialistas andaluces y valencianos. Especialmente, grave es el segundo, en la medida en que la Comunidad Valenciana es probablemente la región que sale más perjudicado con el actual reparto, lo que casa mal con el relato manido de que es Cataluña el que más lo sufre. Ahí, puede encontrarse la razón de la moratoria del actual sistema: no contradecir los imaginados argumentarios de los independentistas, cuando la actuación gubernamental debería ser la contraria. Ejemplifica ello, que Compromís, la versión valenciana de Podemos, ya ha dicho bien claro que se siente decepcionado por haber apoyado la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa.
El segundo incide en el decreto de RTVE, con el que el ejecutivo pretende resolver el impasse que el filibusterismo del PP practica, impidiendo una reforma necesaria. El concurso de méritos del futuro presidente de la entidad pública es, sin duda, la mejor opción. Ha sido un avance que, por fin, el Parlamento, como entidad propia o como mero delegado de las mayorías que sostienen al gobierno, reconsidere su papel en ello, renunciando a llevar a las máximas consecuencias el argumento de que RTVE debe ser expresión de la soberanía nacional, lo que se traducía en la mayoría de las ocasiones en que el gobierno de turno colocaba a su cancerbero con el objetivo de controlar la información. No cabe duda, que elegir, con criterios objetivos, a quien disponga de más méritos, para que de una manera profesional, no ideológica, se articule la información, dejando la confirmación del elegido al pleno del Congreso, como expresión precisamente de la soberanía nacional. Así, estábamos hasta hace pocos días. Ahora, en cambio, el gobierno Sánchez nombrará una cúpula provisional, que me temo se alargará en el tiempo, sobre la que invariablemente empezarán a recaer sospechas de parcialidad, mientras seguirá languideciendo el concurso de méritos. Una vez más la demagogia se habrá impuesto a la meritocracia, invocando a la democracia.
El tercero radica en el Valle de los Caídos. No por sacar los restos del dictador de allí, sino por la intención, explicitada por el propio Sánchez, de convertir Cuelgamuros en un memorial anti-fascista. ¿No sería mejor transformar ese adefesio monumental en un espacio de recuerdo a todas las víctimas de la Guerra Civil y posterior represión franquista? ¿No ganaríamos así todos, ochenta años después del fin de la contienda?
Y el cuarto no es un problema originado por el gobierno, sino heredado: el machismo existente en una sociedad, que la nueva resolución sobre la Manada ha vuelto a poner crudamente de relieve. Pero las soluciones, como el cumplimiento efectivo de condenas sin esperar a que estas sean firmes y la lucha contra todas las formas de consideración femenina como objeto sexual, incluida la prostitución, casan mal con el ideario trasnochado de la izquierda. El gabinete se quedará con la formación igualitaria de los jueces, notable propósito, pero cuya aplicación práctica no fructificará hasta dentro de muchos años.
