No es necesario añadir más

Las protestas que se viven en estos día en Cataluña, protagonizadas por funcionarios, médicos, bomberos, profesores y estudiantes, entre otros, reflejan de una manera clarividente lo que es el nacionalismo. Tan solo es necesario reproducir las palabras de Eduard Pujol, uno de los más destacados dirigentes del proceso soberanista. Ante las reclamaciones de la sociedad civil catalana, el actual portavoz de Junts per Catalunya, respondió que el debate sobre las listas de espera sanitarias no era esencial, a diferencia de la relevancia que tiene a sus ojos el “votar nuestro futuro”.

No es necesario añadir más. 

El sino de las naciones

La escalada bélica entre Rusia y Ucrania evidencia aún más el precario mundo de los Estados-nación que padecemos.  El ataque a una flotilla por parte de las fuerzas armadas rusas es un jalón más en el curso de unos enfrentamientos que se han saldado, hasta ahora, con la anexión de Crimea por parte de Rusia y la secesión de las provincias del Donetsk. 

Hasta 1990, ambos estados formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el imperio comunista que garantizó la paz durante más de siete décadas. Desde entonces, la tensión bélica ha ido creciendo entre esos dos estados y entre otros de la antigua URSS.  

Es el sino de las naciones, enfrentarse entre sí. En 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, la doctrina Wilson impuso el fin de las grandes estructuras estatales: los imperios alemán, austro-húngaro, ruso y otomano. Nada más independizarse, los estados-nación herederos se lanzaron a una carrera destructiva de unos contra otros, que tuvo su máximo esplendor en la trágica Segunda Guerra Mundial.

Contra la violencia de género

La decisión de la Audiencia Nacional de anular los estatutos sindicales de la asociación de prostitutas OTRAS solo puede ser recibida con satisfacción para todos aquellos que creemos en el Estado de derecho. Y ello, porque no es de recibo la mercantilización de los cuerpos de los seres humanos.

El PSOE pretende implantar el modelo sueco, consistente en penalizar al consumidor y considerar ilegal tal actividad. Ante ello, solo cabe aplaudir que el partido socialista asuma una propuesta auténticamente de izquierdas.

Ambas iniciativas pueden hacer mucho en la lucha contra la violencia de género, en la medida en que la consideración de objeto de las trabajadoras sexuales propicia su deshumanización. Exactamente, lo mismo que hacían los nazis con los judíos, antes de exterminarlos.

Radiografía de la realidad

El watsapp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, alardeando de tener controlado el Tribunal Supremo muestran con toda la claridad la injerencia política en el principal órgano de Justicia. Más allá de la indignación que ha levantado, conviene reflexionar sobre la radiografía que hace sobre el estado de nuestra Justicia. Sería hora de poner fin a esta práctica de colonización de un poder sobre otro en aras de preservar el Estado de derecho.

En ese sentido, conviene alabar la renuncia de Manuel Marchena al futuro cargo de presidente de ese tribunal y del CGPJ, que el PSOE y el PP decidieron, desbaratando el enésimo intento de intromisión en el Poder Judicial,

Consecuencias del proceso soberanista

Una treintena de organismos públicos catalanes llevan más de seis meses inactivos, en algunos casos hasta cuatro años, debido al proceso independentista. Se trata de instituciones tan relevantes en un estado de Derecho como el Consejo de Garantías Estatutarias, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Audiovisual, la Autoridad de Protección de Datos o la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, de la que depende TV3. En la mayoría de los casos, se debe a que no se han renovado las vacantes producidas en sus cargos directivos, porque toda la política catalana, dependiente de la Generalitat, supedita cualquier cuestión al proceso soberanista.

Y ese es el problema cuando se hacen revoluciones: que se deja de atender el día a día que garantiza los derechos a sus ciudadanos. Así se vive en Cataluña, que se aleja de un Estado de derecho y por tanto de la democracia. Cuestión tan grave que debería ser solucionada. 

Lo grande que le queda el traje

El espectáculo que está dando Podemos con la candidatura de Manuela Carmena, tras suspender de militancia a seis ediles, no tiene desperdicio. Más allá de que la formación morada evidencie los resabios estalinistas de su conceptualidad, no deja de sorprender la nula habilidad estratégica con la que se enfrenta a un asunto en la que se juega el principal cargo de responsabilidad del que disfruta en todo el Estado. Todo ello evidencia, lo grande que le queda el traje.

Otro sistema de elección

La nueva elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a poner sobre el tapete el grave problema que aqueja a España, pero también a otros estados democráticos. Me refiero al relativo a la necesaria preservación de la independencia del Poder Judicial.

La cuestión se centra en resolver quién elige a los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, de uno de los tres poderes de todo estado democrático. Si el legislativo es elegido mediante elecciones y el ejecutivo por el parlamento, gozando los dos de una indudable legitimidad democrático, ¿debe hacerlo también el tercer poder?

Es común al pensamiento progresista responder afirmativamente a ello, considerando que así los jueces estarán en mayor sintonía con la ciudadanía que, a través de las cámaras legislativas, los eligen. Sin embargo, tal sistema se traduce en la práctica en una colonización política de la Justicia, en la medida en que al final son los partidos políticos los que deciden la composición del CGPJ, como ha quedado evidenciado una vez más con el reparto de las vocalías del consejo y la elección de Manuel Marchena como presidente del mismo, sin guardar las mínimas formas.

Incide ello en uno de los males del Estado español: la influencia de las organizaciones partidistas en la estructura estatal, origen del clientelismo, que recuerda el secular caciquismo padecido. Por tanto, si pretendemos, más allá de la democracia, garantizar la independencia judicial, base del Estado de derecho, como estableció Montesquieu, necesitamos otro sistema de elección del Poder Judicial.