La detención de Eduardo Zaplana ha debido extrañar a muy pocos. Era una cosa anunciada y tarde o temprano iba a ocurrir. De hecho, sorprendía que el que fue ministro y presidente de la Generalitat valenciana hubiera conseguido hasta ahora eludir la acción de la Justicia, ganándose la fama de escurridizo.
Pero lo más relevante es que la investigación que se ha abierto confirma un escenario tremendo. Aquel que confirma que bajo el mandato local del PP en la Comunidad Valenciana, se convirtió aquella región en un nido de corrupción. Hecho al que hay que añadir que no se trata de un territorio aislado, como evidencia el caso de Madrid. Los gobiernos del PP en esas dos comunidades han supuesto un envilecimiento de tal calibre que sería irresponsable dejar pasar.
Cuando en la década de los setenta se planteó la descentralización de España y especialmente en la siguiente cuando se decidió el café para todos, el argumento empleado para ello era que así los ciudadanos participarían de una manera más directa en la gestión de los servicios públicos.
Tamaña previsión parece infundada. Incluso, cabe preguntarse si no se entregó esos territorios a las mismas oligarquías locales que desde un siglo antes dominaban el poder, practicando el caciquismo -lacra de España denunciada desde antiguo- y saltándose la ley que obligaban a los demás a cumplir. Como ahora.
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