Los Estados fallidos abundan por el mundo. Son aquellos en los que los instrumentos de los que disponen estos son incapaces de imponerse en la sociedad y la ley es sistemáticamente incumplida. Suele ocurrir cuando una delincuencia impone sus propias normas, como ejemplifican las mafias o las truchas centroamericanas con sus propios códigos o, incluso cuando lo hacen revestidas de ideología, como el Califato Islámico, o cualquier otro populismo.
España no es un Estado fallido, pero existen en la actualidad alarmas que convendría atender con prontitud y atajar de una manera expeditiva. Me refiero a la situación que vive el Estado en algunas zonas de Algeciras, ciudad donde el narcotráfico lleva camino de imponer sus propias normas delictivas y donde la acción de las Fuerzas de Seguridad se ve progresivamente obstaculizada, cuando no anulada. El caso, vivido este fin de semana, cuando nueve guardias civiles, de paisano, tuvieron que huir del lugar donde habían almorzado, es muy significativo. El Gobierno, como rector del Estado, debe inmediatamente redoblar la presencia de sus instrumentos para evitar perder Algeciras, lugar que como el resto del territorio nacional merece vivir bajo la legalidad existente y no por la que imponen determinados sujetos.
Pero, esta situación no es exclusiva de zonas paupérrimas, donde el narcotráfico influye en la degradación económica y social de la mayoría de sus residentes. También ocurre en otras, donde el nivel de vida es muy superior. Incluso, son consideradas lugares punteros del bienestar de su población. Me refiero a Marbella, que ya sufrió la lacra de otra quiebra del Estado como es la corrupción, donde el fin de semana un empresario fue asesinado a tiros tras salir de la iglesia, donde acababa de celebrar la primera comunión de su hijo. El hecho, de que en tal lugar residencial y de lujo, se oculte un tipo de delincuencia internacional de altos vuelos, no debe ser excusa para que el Estado no pueda imponer su ley.
Los Estados fallidos pueden empezar con grietas, que si no se atajan acaban por derrumbar la arquitectura institucional y precipitan a sus habitantes a un infierno, que los ciudadanos españoles no se merecen.
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