La investidura de Quim Torra ha devuelto a los españoles la dura realidad de un problema no resuelto, como una bofetada, y que solo había quedado aplazado durante los más de seis meses que ha durado la aplicación del 155 en Cataluña. De hecho, estamos igual que en aquel mes de octubre de 2017, cuando desde las instituciones catalanas se propició un golpe de Estado contra el ordenamiento constitucional y se llevó a cabo un referéndum de independencia que el gobierno de Mariano Rajoy fue incapaz de impedir.
Igual o, incluso peor, en la medida en que durante este medio año, el gabinete se ha limitado a administrar directamente Cataluña de una manera en nada intrusiva, exquisita en gran medida, dejando y confiando a los órganos judiciales, especialmente el Tribunal Supremo, el grueso de la respuesta del Estado al secesionismo de una parte de la sociedad catalana. Los reveses sufridos por la Justicia en Europa han envalentonado al independentismo, como vuelve a mostrar el sondeo del Centre d´Estudis d´Opinió, confirmando una vez más la volubilidad humana, siempre expectante y receptiva ante el triunfador.
Y lo peor no es eso. Son las perspectivas futuras, con un nacionalismo catalán, que niega la evidencia de que no tiene la mayoría en el seno de su sociedad, pero es consciente de que puede ser suficiente para forzarla si mantiene la presión al rojo vivo, y un nacionalismo español in crescendo, que Ciudadanos alimenta sabiendo que le llevará a la Moncloa. Un verdadero choque de trenes que, por experiencia todos deberíamos saber, lo mal que acaba.
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