La metáfora del desprecio

Lo vivido en la frustrada sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo permite varios análisis. El primero, sin duda, incide en sí era realmente necesario el intento del líder del PP para lograr la Presidencia del Gobierno, barruntando que no iba a lograr los suficientes apoyos parlamentarios. Sin embargo, Feijóo podrá alegar que en las dos jornadas de su fracasada investidura ha podido visualizar su derecho a intentarlo, al dirigir la fuerza más votada en las pasadas elecciones y, sobre todo, que ha podido situarse como la clara alternativa a Pedro Sánchez en el escenario propio de la democracia; es decir, en el Parlamento. Ello no quita, que pueda ser acusado de haber pergeñado todo ello para consolidar su posición interna en el seno del PP; es decir, en una utilización espuria de la institución democrática por antonomasia, en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, intuyo más relevante otro hecho de cara al futuro, que aunque incida en la última consideración mencionada, no justifica la ausencia de Sánchez en la réplica a Feijóo. Más allá de la alegación de querer poner ante el espejo al candidato del PP, eligiendo el PSOE como reemplazo a otro ganador, en este caso de las elecciones municipales, que no ha podido formar gobierno en su ciudad, Valladolid, la ausencia de Sánchez va más allá de una falta de cortesía parlamentaria. Es sin duda la metáfora de lo que ha estado haciendo en los últimos cuatro años: gobernar dando la espalda a una parte relevante de los electores. Con su ausencia, no ha podido formular Pedro Sánchez mejor el desprecio a once millones de ciudadanos, lo cual es un mal augurio para los próximos cuatro años.

Pedro Sánchez y el `régimen del 78´

Los primeros que denominaron al período democrático iniciado a finales de los años setenta como régimen del 78 fueron los intelectuales surgidos de la protesta del 15-M, un movimiento que cuando irrumpió en 2011 sacudió a nuestra sociedad, aunque el paso del tiempo ha sido más que amargo, pese a contar con logros, fundamentalmente en el área social y feminista. Desde un primer momento, aquellos jóvenes, algunos profesores universitarios, no ocultaron que su intención era acabar con el régimen del 78. Durante este tiempo, han llegado a compartir el poder precisamente con uno de los principales artífices del régimen del 78, el PSOE, aunque no lograron alcanzar el sueño de asaltar los cielos. Pero, indudablemente, han dejado su huella, la de una nueva generación poco generosa con aquella otra que logró la transición política desde el franquismo a la democracia.

No han sido los únicos que han socavado y pretenden todavía acabar con el régimen del 78. Mucho antes de ello, el principal enemigo con el que tuvo que lidiar dicho proceso democratizador fue el terrorismo etarra, que no admitía diferencias entre el franquismo y el posterior régimen. Un millar de personas perdieron su vida en la dialéctica ocasionada por el uso de las armas. Para su derrota, fue esencial el apoyo conjunto de los partidos que apostaron por la transición democrática: el PSOE, el PP y un PNV, que todavía es la fuerza mayoritaria entre los vascos. Hoy en día, los sucesores ideológicos de aquellos violentos, Euskal Herria Bildu, con apoyos crecientes entre la sociedad vasca, se proponen lo mismo, el fin del régimen del 78, aunque ahora desde las vías democráticas y sin violencia armada. Sus planteamientos no solo son sociales, sino que en ellos ocupa un lugar relevante lo identitario.

Esto último, lo comparte el tercer enemigo del régimen del 78. Hablo ahora del secesionismo vivido entre una significativa parte de la población catalana desde que se inició el denominado procés, en 2012, y que pretende estructurar un proceso político que construya la independencia de Cataluña. Para ello, sus dirigentes no dudaron en incurrir en la ilegalidad en la medida en que el fin ansiado justificaba los medios utilizados, incluida la proclamación en octubre de 2017 de la República catalana. Ante ello, el entonces gobierno del PP, apoyado por el PSOE, aplicó el artículo 155 de la Constitución del régimen del 78, mediante el cual el Estado se dotó de un mecanismo coactivo contra dicha proclamación. 

Desde entonces, el nuevo gobierno del PSOE, ya con Pedro Sánchez como presidente del mismo, y en coalición con la formación surgida del 15-M, adoptó una política de apaciguamiento, consistente fundamentalmente en la concesión de indultos, que benefició a parte de las condenas de los dirigentes secesionistas, pero no a las bases que secundaron dicho pronunciamiento. Tal política se vio notablemente respaldada en Cataluña en las últimas elecciones generales, celebradas el pasado 23 de julio, logrando el PSOE 19 escaños en esa comunidad autónoma de los 48 posibles. Sin embargo, en toda España, el PP fue el partido más votado, aunque es el PSOE quien tiene opciones de prolongar su mandato, manteniendo la coalición con la nueva formación heredera del 15-M y con el apoyo del secesionismo catalán.

Ahora, Pedro Sánchez abundará en esa política, aceptando una ley de amnistía para todos los condenados y procesados en el intento secesionista. Arguyen sus defensores que es la medida necesaria para superar definitivamente la fractura ocasionada por el procés, además de ser la moneda de cambio necesaria para la continuidad de un gobierno progresista. Más allá de que tal política pueda esconder un interés en la permanencia en el poder, indudablemente se trata de uno de los mayores ataques que sufrirá el régimen del 78, ya que ninguna otra norma dictada podría erosionarlo más, porque, independientemente de que sea constitucional o no, supone una deslegitimización de la democracia nacida en 1978, tal y como diversos representantes de aquella generación que la hizo posible, políticos e intelectuales, nos advierten en los últimos días. Esa es la enorme responsabilidad a la que se enfrenta Pedro Sánchez. Pero, no solo él. También, uno de los partidos que, al menos hasta ahora, había sido siempre un pilar del régimen del 78: el PSOE.