No es necesario añadir más

Las protestas que se viven en estos día en Cataluña, protagonizadas por funcionarios, médicos, bomberos, profesores y estudiantes, entre otros, reflejan de una manera clarividente lo que es el nacionalismo. Tan solo es necesario reproducir las palabras de Eduard Pujol, uno de los más destacados dirigentes del proceso soberanista. Ante las reclamaciones de la sociedad civil catalana, el actual portavoz de Junts per Catalunya, respondió que el debate sobre las listas de espera sanitarias no era esencial, a diferencia de la relevancia que tiene a sus ojos el “votar nuestro futuro”.

No es necesario añadir más. 

El sino de las naciones

La escalada bélica entre Rusia y Ucrania evidencia aún más el precario mundo de los Estados-nación que padecemos.  El ataque a una flotilla por parte de las fuerzas armadas rusas es un jalón más en el curso de unos enfrentamientos que se han saldado, hasta ahora, con la anexión de Crimea por parte de Rusia y la secesión de las provincias del Donetsk. 

Hasta 1990, ambos estados formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el imperio comunista que garantizó la paz durante más de siete décadas. Desde entonces, la tensión bélica ha ido creciendo entre esos dos estados y entre otros de la antigua URSS.  

Es el sino de las naciones, enfrentarse entre sí. En 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial, la doctrina Wilson impuso el fin de las grandes estructuras estatales: los imperios alemán, austro-húngaro, ruso y otomano. Nada más independizarse, los estados-nación herederos se lanzaron a una carrera destructiva de unos contra otros, que tuvo su máximo esplendor en la trágica Segunda Guerra Mundial.

Contra la violencia de género

La decisión de la Audiencia Nacional de anular los estatutos sindicales de la asociación de prostitutas OTRAS solo puede ser recibida con satisfacción para todos aquellos que creemos en el Estado de derecho. Y ello, porque no es de recibo la mercantilización de los cuerpos de los seres humanos.

El PSOE pretende implantar el modelo sueco, consistente en penalizar al consumidor y considerar ilegal tal actividad. Ante ello, solo cabe aplaudir que el partido socialista asuma una propuesta auténticamente de izquierdas.

Ambas iniciativas pueden hacer mucho en la lucha contra la violencia de género, en la medida en que la consideración de objeto de las trabajadoras sexuales propicia su deshumanización. Exactamente, lo mismo que hacían los nazis con los judíos, antes de exterminarlos.

Radiografía de la realidad

El watsapp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, alardeando de tener controlado el Tribunal Supremo muestran con toda la claridad la injerencia política en el principal órgano de Justicia. Más allá de la indignación que ha levantado, conviene reflexionar sobre la radiografía que hace sobre el estado de nuestra Justicia. Sería hora de poner fin a esta práctica de colonización de un poder sobre otro en aras de preservar el Estado de derecho.

En ese sentido, conviene alabar la renuncia de Manuel Marchena al futuro cargo de presidente de ese tribunal y del CGPJ, que el PSOE y el PP decidieron, desbaratando el enésimo intento de intromisión en el Poder Judicial,

Consecuencias del proceso soberanista

Una treintena de organismos públicos catalanes llevan más de seis meses inactivos, en algunos casos hasta cuatro años, debido al proceso independentista. Se trata de instituciones tan relevantes en un estado de Derecho como el Consejo de Garantías Estatutarias, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Audiovisual, la Autoridad de Protección de Datos o la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, de la que depende TV3. En la mayoría de los casos, se debe a que no se han renovado las vacantes producidas en sus cargos directivos, porque toda la política catalana, dependiente de la Generalitat, supedita cualquier cuestión al proceso soberanista.

Y ese es el problema cuando se hacen revoluciones: que se deja de atender el día a día que garantiza los derechos a sus ciudadanos. Así se vive en Cataluña, que se aleja de un Estado de derecho y por tanto de la democracia. Cuestión tan grave que debería ser solucionada. 

Lo grande que le queda el traje

El espectáculo que está dando Podemos con la candidatura de Manuela Carmena, tras suspender de militancia a seis ediles, no tiene desperdicio. Más allá de que la formación morada evidencie los resabios estalinistas de su conceptualidad, no deja de sorprender la nula habilidad estratégica con la que se enfrenta a un asunto en la que se juega el principal cargo de responsabilidad del que disfruta en todo el Estado. Todo ello evidencia, lo grande que le queda el traje.

Otro sistema de elección

La nueva elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a poner sobre el tapete el grave problema que aqueja a España, pero también a otros estados democráticos. Me refiero al relativo a la necesaria preservación de la independencia del Poder Judicial.

La cuestión se centra en resolver quién elige a los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, de uno de los tres poderes de todo estado democrático. Si el legislativo es elegido mediante elecciones y el ejecutivo por el parlamento, gozando los dos de una indudable legitimidad democrático, ¿debe hacerlo también el tercer poder?

Es común al pensamiento progresista responder afirmativamente a ello, considerando que así los jueces estarán en mayor sintonía con la ciudadanía que, a través de las cámaras legislativas, los eligen. Sin embargo, tal sistema se traduce en la práctica en una colonización política de la Justicia, en la medida en que al final son los partidos políticos los que deciden la composición del CGPJ, como ha quedado evidenciado una vez más con el reparto de las vocalías del consejo y la elección de Manuel Marchena como presidente del mismo, sin guardar las mínimas formas.

Incide ello en uno de los males del Estado español: la influencia de las organizaciones partidistas en la estructura estatal, origen del clientelismo, que recuerda el secular caciquismo padecido. Por tanto, si pretendemos, más allá de la democracia, garantizar la independencia judicial, base del Estado de derecho, como estableció Montesquieu, necesitamos otro sistema de elección del Poder Judicial.

Dos visiones contrapuestas

Ayer, domingo, Europa asistió a dos conmemoraciones, quedando nítidamente separadas dos visiones opuestas del futuro. Por un lado, el acto de los Campos Elíseos y por otro, la manifestación celebrada en Varsovia. En el primero, se conmemoró el fin de la I Guerra Mundial con mensajes tendentes a superar el nacionalismo, que hace cien años ocasionó diez millones de muertos. En el segundo, se celebró el día de la independencia polaca, surgida de las cenizas de los imperios que desaparecieron en aquella misma contienda. En este caso, el objetivo pretendido era el contrario al acto de París, ensalzando los nacionalismos.

Quedó así muy claro las dos concepciones que aspiran a dominar en Europa. Dependiendo del triunfo de una u otra, el futuro será muy diferente. Lo digo para que todos tengamos muy presente la tesitura en la que nos encontramos.

Decisión acertada

La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de decretar que el impuesto de actos jurídicos documentados repercuta a partir de ahora en la banca, es acertada. Otra cosa será como se las apañárán los bancos para terminar repercutiendo ese gasto entre sus clientes. Pero, tras el escándalo del Tribunal Supremo, no cabía otra opción, que la ocurrida: el gobierno democrático saliendo en defensa de los ciudadanos. Por ciento, no se entiende que Carlos Lesmes y Luis María Diíez-Picazo, responsables del Supremo y de su sala contencioso-administrativa, respectivamente, no hayan presentado ya su dimisión, después de haber sometido al alto tribunal a un descrédito desconocido hasta ahora.

Descrédito Supremo

La rectificación del Tribunal Supremo sobre las hipotecas solo puede incidir en su descrédito. Más que por el fondo de la sentencia, por la forma de haber tramitado este polémico asunto. Tanto Carlos Lesmes, presidente del alto tribunal, como Luis Díez-Picazo, el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, harían un favor dimitiendo. Asumirían así la grave negligencia que ha supuesto que este asunto envenene aún más el debate social, abundando en las críticas a la banca desde que las consecuencias de la crisis de 2008 facilitaran aflorar un sentimiento contrario a tales agentes económicos.

Diluir la Historia

La polémica sobre la unidad didáctica que se estudiará en algunos centros educativos del País Vasco, para alumnos de ESO y Bachillerato, sobre la historia reciente marcada por la actividad de ETA, presenta diversas perspectivas interesantes para el análisis.

Lo primero que cabe señalar es lo acertado de la misma, en la medida en que los jóvenes vascos deben conocer el medio siglo de violencia que se desató en esas tierras y las perniciosas consecuencias que arrastró. También es preciso resaltar que el contenido fue revisado por un equipo de asesores, entre los que se encontraba el reputado historiador Juan Pablo Fusi, uno de los mayores expertos en el País Vasco.

Donde caben mayores reparos es en el medio elegido para trasladar a los alumnos el contenido de la unidad didáctica. Esta se hace a través de vídeos. La propia idiosincracia de tal instrumento pedagógico obliga a que la narrativa explicativa esté basada en declaraciones de los protagonistas. Más allá de que lamentablemente se haya orillado la opinión de asociaciones de víctimas especialmente críticas con el gobierno vasco, el hecho de que hablen otros protagonistas, como exetarras y víctimas de la guerra sucia contra ETA, conlleva necesariamente un predominio de la Memoria sobre la Historia, lo cual aleja de la objetividad.

Y ahí esta el problema. Tal vez otro medio pedagógico, hubiera sido más acertado, aunque probablemente fuese menos atractivo. Por ejemplo, clases explicativas impartidas por historiadores, que no solo cuenten lo que pasó, como hacen los protagonistas, sino también las omisiones que ocultan los que se amparan en la Memoria para diluir la Historia.

Estrategia deslegitimadora

El gesto del gobierno hacia el independentismo, consistente en que la Abogacía del Estado no imputase rebelión a sus presos, no ha servido de nada. Los Presupuestos diseñados por el ejecutivo no tienen futuro, acortando el tiempo en el que Pedro Sánchez prorrogue su estancia en la Moncloa sin mediar elecciones. Los soberanistas consideran que los 25 años pedidos por la Fiscalía del Estado a Oriol Junqueras por rebelión, sedición y malversación, impiden que la mayoría actual del Congreso prosiga sus labores, haciendo aguas la estrategia del gabinete.

Más allá de ello,  quiero reflexionar sobre algo que vuelve a poner en evidencia la colonización partidista del Estado. No es admisible en un Estado de derecho, que dos instrumentos estatales difieran en sus conclusiones sobre algo tan trascendente como la calificación jurídica del proceso independentista. No es razonable que la Abogacía del Estado, siguiendo indicaciones del gobierno, cambie el criterio hasta ahora mantenido y reduzca la petición a doce años, al estimar que no existió la rebelión, mientras que la Fiscalía, actuando autónomamente del mismo ejecutivo, insista en imputar tal rebelión. 

No se quien tendrá razón, pero la rebelión no es baladí. Es un delito de una enorme gravedad como para que haya disparidad de criterios, máxime cuando desde diversos organos judiciales europeos se ha puesto en entredicho la posibilidad de que haya rebelión sin violencia. O existió tal delito, o no existió. Ya se que eso deberá dilucidarlo el Tribunal Supremo y que su fallo será escrutado por propios y extraños. Pero, no cabe que la Abogacía y la Fiscalía difieran en su calificación, más aún cuando la imputación provisional de la rebelión ha sido lo que ha mantenido en la cárcel preventivamente a Oriol Junqueras y a otros presos del procés, así como la búsqueda y captura de los huidos, entre ellos a Puigdemont. La propia actuación del Estado ha quedado, pues, en entredicho.

Cuestiones muy serias que afectan a la credibilidad del Estado español y que la estrategia del gobierno no ha ayudado a preservar. La gravedad de tal hecho no deja lugar a dudas, porque lo peor que puede ocurrir es que el proceso soberanista contamine al propio Estado, restando a este legitimidad; camino que, me temo, andamos ya. Por ello, sería bueno que los gobiernos mantuvieron sus manos alejadas, dejando el partidismo fuera del Estado. El mantra repetido por el gobierno de hacer política debe tener sus límites, aquel que deja al Estado aparte de los intereses gubernamentales, porque nos estamos cargando al propio Estado. A su legitimidad. Precisamente lo que quieren los independentistas.