Una treintena de organismos públicos catalanes llevan más de seis meses inactivos, en algunos casos hasta cuatro años, debido al proceso independentista. Se trata de instituciones tan relevantes en un estado de Derecho como el Consejo de Garantías Estatutarias, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Audiovisual, la Autoridad de Protección de Datos o la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, de la que depende TV3. En la mayoría de los casos, se debe a que no se han renovado las vacantes producidas en sus cargos directivos, porque toda la política catalana, dependiente de la Generalitat, supedita cualquier cuestión al proceso soberanista.
Y ese es el problema cuando se hacen revoluciones: que se deja de atender el día a día que garantiza los derechos a sus ciudadanos. Así se vive en Cataluña, que se aleja de un Estado de derecho y por tanto de la democracia. Cuestión tan grave que debería ser solucionada.
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