Una máscara menos, una preocupación más

La Asamblea Nacional de Cataluña, una entidad particular, pese a su ostentoso nombre, se ha quitado una máscara, una más, y de paso ha desvestido aún más al independentismo del que son partidarios una parte de los catalanes. Su dirigente, Elisenda Palazui, ha valorado los enfrentamientos violentos que jalonan las dos últimas semanas en Cataluña, porque permiten visualizar en el extranjero el conflicto existente.

La ANC rompe así el tabú independentista de la invocación a ultranza del pacifismo del proceso soberanista, de la autoproclamada revolución de la sonrisa. Es, sin duda, de agradecer, que se arrojen las máscaras, pero también es preocupante ver como avanza la justificación de la violencia, aunque solo sea como mera estrategia propagandística. 

Una semana de revuelta

Tras una semana en la que hemos presenciado una nueva revuelta en Cataluña, algo que se ha repetido a lo largo de la historia, es difícil calibrar cuanto tiempo se extenderá  y cual  será su intensidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la augura larga, lo que nos puede dar una indicación de la idea que manejan los servicios de inteligencia del Estado, que, dicho sea de paso, parece que han vuelto a fracasar a la hora de predecir el brote actual. Ellos o el gobierno a la hora de implementar la respuesta.

Más allá de los seis centenares de heridos y de los elevados costes económicos por los destrozos materiales ya ocasionados, cerca de tres millones de euros, cabe analizar dos aspectos que dirimirán el éxito o el fracaso de dicha revuelta. Uno de ellos incide en la legitimidad democrática que el independentismo ha tratado de atribuirse desde que empezó hace ya casi una década el proceso soberanista catalán. Los intentos por parte del Estado de contrarrestar las sucesivas campañas por el derecho de autodeterminación no han logrado apenas éxito, como demuestra que Bélgica y otros países europeos se hayan negado hasta ahora a entregar a los dirigentes independentistas huidos. Tal tara coloca a España en una situación de desventaja que el Estado debería refutar si pretende acabar con el secesionismo, apelando a los aspectos más demagógicos que implica ejercer la autodeterminación sin respetar las normas.

Mayor éxito ha conseguido el Estado en apenas una semana, referido al segundo aspecto, que incide en la violencia. Más que por acción estatal, por demérito del independentismo. Lo visto en solo una semana ha hundido el relato que el proceso soberanista tuvo a gala desde su inicio, presentándose ante el mundo como la revolución de la sonrisa hecha por gente de paz.  Las imágenes que nos han inundado en estos días y que ha visto el planeta  entero reflejan una revuelta violenta y organizada por una vanguardia revolucionaria: los CDRs y su versión online, el Tsunami, que no dudan en subvertir la ley con todos los medios a su alcance, poniendo fin al Estado de Derecho.

España debería incidir, en el plano argumentativo, en el hecho de que acabar con el Estado de Derecho es el camino más directo para acabar con la democracia, como también la Historia nos enseña. De tal manera, que así reforzar su posición en el debate del primer aspecto referido, argumentando la necesaria imbricación de la Democracia y del Estado de Derecho, y condenando la violencia de los que quieren acabar con ambas.

Revolucionario, claro

Se consideran un tsunami democrático, haciendo suyas las palabras dichas en el juicio por el hoy condenado a nueve años de cárcel  por sedición, Xavier Cuixart. Se comunican, pero también se organizan, a través de las redes sociales. Su número es de difícil cuantificación, en la medida en que un usuario puede utilizar varias de estas redes, pero en cualquier caso son más de cien mil.

El nombre utilizado tiene a gala la consideración de democrático que el proceso soberanista desde su inicio ha hecho por apropiarse de tal concepto, aunque sería más apropiado, acudiendo a lo vivido en otras circunstancias históricas, denominarlos vanguardia revolucionaria. Y eso es lo que son. Una minoría con la que arrastrar a los demás, como se ha hecho en el pasado con éxito o con fracaso en otras muchas ocasiones, con el objetivo de cambiar las instituciones autonómicas emanadas de la Constitución y del Estatuto de Cataluña, estos sí respaldados democráticamente, por otras independentistas.

La utilización de las redes sociales hacen de este enésimo intento de cambiar el orden existente, algo novedoso, aunque no original, como estamos viendo en los últimos tiempos en otras revueltas por el mundo. Muestra además una ventaja, respecto a las revoluciones clásicas, el mayor anonimato del que se disfruta en el mundo virtual, extremo a valorar tras las condenas dictadas por un Tribunal Supremo que ha dejado en evidencia el fraude por incitación, cometido por los dirigentes políticos respecto al pueblo que dicen representar. Más allá de la disolución de la responsabilidad, la organización virtual permite plantear la reivindicación como algo alejado de las jerarquías, como algo que brota de la esencia de un pueblo, como algo natural, en definitiva, que solo necesita de un tsunami para triunfar. Revolucionario, claro.

Rebelión

Ahora que estamos a pocos días de conocer la sentencia más relevante de los últimos años, aquella que determinará penalmente lo que ocurrió en el proceso soberanista en Cataluña, conviene determinar algunos aspectos relevantes.

A raíz de las pocas filtraciones que ha habido, parece que el tribunal ha desestimado la consideración que hizo la fiscalía y en origen el juez Llarena, quien instruyó el caso, de considerar los hechos como una rebelión. El asunto es clave y tiene unas consecuencias trascendentes. 

Por eso mismo, el tribunal que preside el magistrado Marchena pretende tomar una decisión unánime de todos sus miembros, lo que en cualquier caso es una sabia decisión, pensando en futuros recursos de los afectados en las instancias europeas. La búsqueda de esa unanimidad parece haber llevado a algunos magistrados a abandonar la pretensión de calificar los hechos como una rebelión consumada, al aceptar la opinión de otros de que la violencia que existió no fue suficiente o no es imputable a los procesados. Este extremo, por un lado, estaría en consonancia con lo que entendió el tribunal regional alemán que liberó a Puigdemont. Y por otro, no invalida el hecho de que violencia hubo, más allá de que el relato independentista lo niegue en aras de preservar la propia idealización del proceso soberanista.

Pero, la no existencia, pues, de una rebelión consumada no impide su consideración de tentativa, redundando en el delito de sedición, que recordemos, puede ser penado con hasta quince años de cárcel, lo que en ningún caso puede ser considerado como algo menor. Y a ello, cabría, en algunos de los casos, la acumulación de un tercer delito: el de malversación.

Otra circunstancia relevante hace mención al pasado. Solo la inculpación por rebelión justifica que durante dos años se haya mantenido en prisión a los procesados que siguen en la cárcel, no así el delito de sedición y menos el de malversación. Ese es un flanco débil para el Estado español y fuerte para los independentistas, extremo que también jugará en el futuro procesal que ahora se abrirá en Europa.

Paradoja

El 58% de los españoles aceptan los vientres de alquiler. Así, lo determina una encuesta de la Fundación BBVA. El dato es preocupante, porque supone que hay una mayoría de ciudadanos de este país partidarios de la instrumentalización, cuando no mercantilización, del cuerpo de las mujeres, lo cual no deja de ser paradójico en la medida en que vivimos un período de creciente reivindicación feminista.

Pero es aún peor, si pensamos hipotéticamente en la posibilidad de un referéndum para legalizar tal práctica, lo que haría las delicias a más de uno de los apóstoles de la democracia directa. Sería una muestra más de como la democracia puede deteriorar el Estado de derecho. Ya pasó con los nazis que llegaron al poder mediante las urnas.

Se cayó del guindo

Albert Rivera ha reconocido el mayor error de su carrera política. Hoy ha levantado el veto al PSOE. Lo podía haber hecho antes y nos hubiéramos evitado una nuevas elecciones. Si hace unas  meses así lo hubiera hecho, ahora estaría gobernando en coalición con los socialistas y España hubiera tenido un gobierno estable con el que enfrentarse a los graves problemas que aquejan hoy no solo a nuestro país, sino a toda la humanidad: nacionalismo y proteccionismo.

El hecho podría no ser trascendente en la medida en que afecta a una formación política, Ciudadanos, que ha dilapidado su caudal político de moderación y centrismo. Pero, en realidad, nos ha lastrado a todos los ciudadanos de este país, abocándonos a una parálisis que ya pagamos con la desaceleración económica, que esperemos no se se convierta en otra traumática recesión.

Referéndum y división

La propuesta del populista Boris Johnson sobre el backstop o la salvaguardia irlandesa no 

deja de ser una retahíla de viejas propuestas remendadas con cierta confusión, difícilmente asumible por la Unión Europea, salvo que la República de Irlanda se empeñe en aceptar para evitar el restablecimiento de una frontera entre su territorio y el de Irlanda del Norte, bajo soberanía británica. Pero aún así, tal concesión implicaría quebrar uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz del Viernes Santo, que puso fin a la actividad terrorista de uno de los grupos armados más letales de Europa, del IRA:

Johnson pretende evitar que Irlanda del Norte quede indefinidamente en la unión comercial europea, extremo que había admitido Theresa May. En nombre del nacionalismo británico, el primer ministro se niega a admitir que el mercado unitario del Reino Unido deje de estar, precisamente, unido. Además, pretende dotar a Irlanda del Norte del poder decisorio sobre la solución que finalmente se adopte, lo que supondría, además de una evidente concesión a sus socios unionistas del Ulster, una posición de preponderancia sobre el resto de la isla.

Haya o no acuerdo, pues, volveremos a levantar fronteras. Más o menos duras, pero fronteras. Eso es la principal y más perversa consecuencia del plebiscito del brexit. Una vez más se demuestra que todo referéndum divide.