Las elecciones generales que acabamos de vivir dejan un escenario complicado de cara a la gobernabilidad, pero también presenta perfiles atractivos. El más relevante de ellas es la potenciación de la tendencia hacia el bipartidismo observada en los últimos comicios celebrados y la consiguiente merma en apoyos de las formaciones nacidas tras el 15M que han radicalizado en la última década nuestra política. El voto conjunto del PP y PSOE se sitúa rozando los 15 millones de electores, casi el 65% de los que votaron el domingo. El voto al PP supera el conseguido en todas las elecciones generales desde 2015. El del PSOE, desde las de 2011. Es decir, ambos partidos van recuperando los excelentes resultados que cosecharon en la primera década de 2000, marcada por la estabilidad y la alternancia entre Aznar y Rodríguez Zapatero, cuando aún no habían irrumpido las nuevas formaciones nacidas al calor de la protesta de 2011, enraizada en la crisis económica sufrida poco antes: Podemos y Ciudadanos, y como reacción al primero y a la crisis vivida con el independentismo catalán, Vox.
Con respecto a las últimas generales, las de 2019, en los comicios del pasado domingo, Vox pierde seiscientos mil votos y Sumar setecientos mil si sumamos a Podemos sus confluencias territoriales. Con los resultados de ahora, el partido de Santiago Abascal, después de amenazar en plena campaña con incendiar Cataluña y descalificar la descentralización del Estado español, pierde sus prerrogativas de presentar una moción de confianza y recursos de inconstitucionalidad, lo que supondrá un bálsamo en la situación política española. Similar descalabro ha sufrido la coalición situada más a la izquierda del espectro político. La formación de Yolanda Díaz, con cerca de tres millones de votos, queda muy lejos del techo de Pablo Iglesias, cuatro millones ochocientos mil en 2015. A las pocas horas de cerradas las urnas, han aflorado ya los síntomas de descomposición en su seno, azuzadas por Unidas Podemos que no se conforma con haber desestabilizado en el pasado el gobierno de coalición de izquierdas, fracturado al feminismo y crispado a una sociedad con leyes de dudosa utilidad, sino que pretende perpetuar su influjo, muy por encima de sus verdadera presencia social.
Si todo ello debería hacer recapacitar a Pedro Sánchez, los comicios del domingo han invalidado un gobierno de coalición de la derecha con los extremistas de Vox. Alberto Núñez Feijóo debería tomar nota que no se puede proyectar gobernar con un partido que pretende acabar con el modelo constitucional español. Sus malos resultados en Cataluña le deberían hacer reflexionar y ser consciente de que, al igual que le pasaba a la antigua Coalición Popular de Manuel Fraga, nunca podrá gobernar sin contar con un número relevante de diputados catalanes. El progresivo pinchazo del procés independentista le debería animar a buscar soluciones constitucionales que deshagan ese nudo gordiano. No en balde el problema territorial, por muy suavizado que esté, sigue presente en España, no solo en Cataluña, sino que ya se atisba en un horizonte no muy lejano el reto del ascenso de Bildu en el País Vasco y Navarra, y la consiguiente pérdida de poder de un PNV que a su vez ha sido tradicionalmente relevante en la gobernabilidad de España.
Tales hechos deberían ser aprovechados por las direcciones del PP y PSOE para reorientar a sus partidos en la dirección de la moderación y dar por superado el frentismo vivido en los últimos años. Ya se que los primeros pronunciamientos de sus líderes no acompañan este planteamiento, pero hay innumerables temas que deberían ser objeto de negociación entre ambas formaciones, empezando por la solución del método de elección del tercer poder del Estado, el judicial, tal como nos reclama la Unión Europea. Sería la mejor noticia de las elecciones vividas el domingo: dejar atrás la crispación política. Decirle adiós a Frankenstein y negarle el futuro a Nosferatu.
