Las colas del nacionalismo inglés

Habíamos conocido las colas de judíos para ser embarcados en trenes con destino a Auschwitz, siguiendo el delirio del nacionalismo alemán. También, las colas del hambre que provocó en España su nacionalismo. Y ahora, vemos las colas para acaparar gasolina provocadas por el nacionalismo inglés.

Indudablemente, la malignidad de unas y de otras es de diferente calibre, pero en todas ellas vemos la expresión de la estulticia del mayor de los males contemporáneos.

El nacionalismo inglés no solo avanza hacia la desmembración del Reino Unido, después de un referéndum, que usualmente es el mejor instrumento posible para la división social, sino que ahora ha creado, de la nada, una crisis de suministros en la isla sin parangón.

¡Y lo que veremos!

Acierto electoral

Las negociaciones para formar gobierno en Alemania se inician ahora después de unos resultados electorales, donde los socialdemócratas han logrado la primera posición, desplazando a los cristianodemócratas, que pierden casi nueve puntos porcentuales y logran sus peores resultados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese al avance en cinco puntos  del SPD, su victoria no le garantiza ocupar la Cancillería, la presidencia gubernamental, lo cual no es extraordinario en una democracia parlamentaria, donde gobiernan los que más respaldo obtienen en el Parlamento. 

Debido a ello, quienes van a disfrutar de un poder político superior a sus resultados van a ser los ecologistas y los liberales, que han visto también incrementados sus apoyos. Ambas formaciones se van a convertir en los hacedores del nuevo gobierno. Los primeros prefieren la alianza con el SPD, mientras que los segundos muestran una mayor sintonía con la CDU derrotada. El problema es que la fragmentación del voto, que también ha llegado a Alemania, obliga a un acuerdo de esas dos formaciones con el SPD o la CDU, ya que solo así se alcanzará una mayoría en el Bundestag, la cámara baja alemana. Es sin duda una de las paradojas de las democracias parlamentarias, que, salvo mayorías absolutas, obliga a los grandes partidos a olvidar sus planteamientos maximalistas y gobernar contentando a las minorías, lo que en cualquier caso es una consecuencia enormemente positiva para el Estado de Derecho y la propia democracia. También el hecho de que los partidos radicales de derecha e izquierda han perdido representatividad parlamentaria.

Alemania, una vez más, ha demostrado su acierto electoral.

La independencia judicial

La Comisión Europea, a través de su responsable en materia de Justicia, pidió ayer a España que adecue el método de elección del órgano de gobierno de los jueces a los parámetros europeos del Estado de Derecho. Para Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, eso supone que la mayoría de los miembros de tal órgano sean elegidos por los jueces, no por el Parlamento. Tal medida evitaría la politización de la justicia a la que asistimos secularmente en España y se lograría una verdadera independencia del Poder Judicial, evitando que los partidos políticos, a través de la suma de mayorías del Parlamento, colonicen el órgano de gobierno de los jueces, lo que en España llamamos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La batalla política a la que asistimos en España desde hace años con respecto a la renovación del CGPJ que tanto lastra nuestro Estado de Derecho y en consecuencia nuestra democracia, debe cesar en aras a la urgente sustitución de los miembros del mismo que han concluido su período de mandato, tal como ha expresado el comisario europeo. Eso debería obligar al PP a desbloquear la renovación del CGPJ y negociar con el resto de partidos parlamentarios su nueva composición.

Pero a su vez, Didier reclamó un urgente compromiso para variar el formato de elección y garantizar para el siguiente CGPJ que la mayoría de sus miembros sean elegidos directamente por los jueces, no por los políticos. Es decir, exactamente lo contrario a lo que mantuvo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien negó que los jueces pudiesen elegir a los jueces, argumentando que al igual pasaba con los políticos que no eran elegidos por los políticos, sino por los ciudadanos.

Tamaña demagogia de un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez queda retratada por la opinión de la Comisión Europea. Los políticos, al menos los que se sientan en el Parlamento, deben ser elegidos por los ciudadanos, como establece la democracia. Pero, los detentadores del tercer poder del Estado, o al menos la mayoría de sus miembros, no lo deberían ser, porque al final reproducimos las mayorías parlamentarias en ese órgano, restándole la capacidad de ser un contrapoder, algo que es necesario en todo Estado de Derecho, condición esencial para que exista la democracia parlamentaria. A tal consideración ha sido históricamente refractaria la izquierda al entender que los jueces son una casta oligárquica de pensamiento conservador.

Tal opinión es hoy en día discutible. Para ser juez se necesitan unos estudios a los que puede acceder todo joven a través del sistema público de educación y de las becas existentes, algo que sin duda debería potenciarse más, pero la situación actual permite que lleguen a la magistratura, jueces de toda condición social. Y, en cualquier caso, la labor de esos jueces no es legislar. Eso lo hace el Parlamento. Los jueces aplican las leyes que dictamina el órgano elegido por los ciudadanos y establecen una jurisprudencia que desarrolla la implementación de las mismas.

No sometamos los jueces a la elección de los políticos, porque su independencia se verá menoscabada, máxime en un país como el nuestro donde los partidos son unas estructuras de lealtades disciplinadas, donde se prima la obediencia sobre la discrepancia, proyectando e incluso colonizando muchos de los organismos públicos. Elijamos a los jueces mejores y a ser posible por criterios profesionales y académicos, libres de ataduras y mediante un mecanismo dirigido por los propios jueces, que prime la sabiduría y la experiencia. Solo así combatiremos con efectividad la corrupción, erigiendo al Judicial en un verdadero poder y cumpliendo así la máxima de Montesquieu sobre la división de poderes. Como nos indica Europa.

El triunfo de lo colectivo

Italia ha dado un paso relevante, desmarcándose del resto de países occidentales que timoratos ante las medidas a tomar contra los negacionistas de las vacunas, ven limitada su capacidad de actuación frente a hechos tan graves como la pandemia de Covid que sufrimos. Al gobierno italiano, dirigido por el Salvador del euro, Mario Draghi, no le ha temblado el pulso para decretar que todos los trabajadores, públicos y privados, así como los autónomos que laboren en en contacto con otras personas, deberán tener en regla su certificado verde, un instrumento que les acreditaría la doble vacunación o no estar infectado de Covid en las últimas 48 horas. Los que no cumplan tal medida se exponen a una suspensión de empleo y a multas de hasta 1.000 euros.

Habrá que ver si la justicia italiana no tumba una medida que cuenta con el exiguo aval del ejecutivo, sin que se haya pronunciado de momento el legislativo, reparo que debería ser subsanado. Pero, independientemente de ello, la adopción de tal decisión supone valorar en toda su medida el reto al que se enfrenta la humanidad ante fenómenos epidémicos, priorizando el concepto de salud pública, frente a individualismos trasnochados y más propios del liberalismo decimonónico. 

Todo un cambio en las mentalidades que recupera la capacidad organizativa de las comunidades humanas y de las que el pueblo italiano ha dado muestras sobradas en el pasado, haciendo avanzar la civilización. 

'Killer' político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es criticado por su falta de sentido de Estado, por sus recortes cortoplacistas, por su apego al poder sacrificando cualquier otra consideración, y un largo etcétera, en el que muchos estarán de acuerdo. Pero, hay que admitirle que hoy en día no hay otro político en España que le haga sombra a la hora del dominio de las maniobras políticas. Se cepilló a Albert Rivera y después a Pablo Iglesias, sin apenas inmutarse, aunque en el segundo caso tuvo que aguantarle durante poco más de un año en el gobierno. Ahora, en el plazo de una semana ha ahondado en la fractura del independentismo catalán hasta extremos desconocidos, logrando que la delegación de la Generalitat catalana en la mesa bilateral con el Estado español acuda a la reunión de hoy sumamente debilitada. Tal hecho que podría interpretarse como una contrarréplica a su falta de sentido de Estado, no debe dejarnos obviar que el problema soberanista catalán sigue ahí presente.

Hace unos días descargó un duro golpe contra ERC, desbaratando el argumento secesionista de que España roba a Cataluña, cuando la Generalitat despreció 1.700 millones de euros para la ampliación de El Prat, extremo que aún debe producir perplejidad no solo en Europa, sino  incluso entre más de un independentista catalán. Y ayer, el golpe fue contra el socio de gobierno catalán, contra Junts, al que su maximalismo ha expulsado de la mesa de diálogo. La tremenda división independentista será vista con agrado para todos aquellos que creen en la unidad nacional e incluso puede ser entendida objetivamente como un refuerzo para el Estado español, pero, insisto, eso no hace desaparecer el grave problema que existe en Cataluña con una sociedad dividida.

Sólo las medidas que faciliten la superación de esa situación, mediante la cohesión social, pueden ser consideradas como política de Estado.

Dicho lo cual y con todo el respeto, Pedro Sánchez es todo un killer político.

Ortega no ha cambiado

La orden de detención contra Sergio Ramírez dictada por las autoridades nicaragüenses no supone en sí un salto cualitativo del régimen de Daniel Ortega ni tampoco debe serlo en la consideración del mismo como una dictadura. Lo era desde al menos 2018, cuando Ortega reprimió cualquier manifestación opositora. Es cierto, que la persecución a quien fue su vicepresidente y camarada en la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) supone todo un símbolo, que esperemos lleve a la reflexión a más de un revolucionario sobre la trayectoria de los modelos políticos.

Daniel Ortega ha sido siempre un totalitario. Lo fue cuando combatió, junto a Ramírez y otros muchos, la dictadura de Somoza, allá por la década de los setenta. La revolución sandinista triunfante en 1979 fue secundada desde posiciones socialdemócratas y liberales, que obligaron a los más duros del FSLN a aceptar la democracia. Una vez tomado el poder, Ortega implementó medidas económicas comunistas, pero perdió democráticamente la presidencia de Nicaragua en unas elecciones que ganó la liberal Violeta Chamorro. Entonces, Ortega hizo firme propósito de no volver a permitir que le desbancasen del poder y desde que ganó las elecciones en 2006 ha aplicado inflexiblemente tal decisión, sin que le perturbe el riesgo de guerra civil al que aboca a su país. 

No. Ortega no ha cambiado, pese a que muchos en el mundo contemplaron con ilusión la Revolución Sandinista, deslumbrados por sus propuestas progresistas. Pero, la revolución llevaba en su seno un proyecto totalitario de izquierdas, pese a que hubo sandinistas, como Ramírez, que no lo compartieran y que, a diferencia de Ortega, eran y son demócratas. Hoy, son perseguidos por su antiguo compañero de armas que no cejará en su empeño de mantenerse en el poder, como cualquier otro dictador.

Cataluña, ante el espejo

Rechazar una inversión de 1.700 millones de euros, como ha hecho la Generalitat de Cataluña, con respecto a la ampliación del aeropuerto de El Prat, debería mover a una seria reflexión a los ciudadanos que allí habitan. No solo por los miles de puestos de trabajos que no se crearán, sino sobre todo porque acentuará la decadencia en la que vive inmersa Cataluña, desde que una gran parte de su clase política decidió experimentar con el proceso independentista.

Cataluña ha dejado de ostentar el liderazgo económico en España en ese ínterin, ante la Comunidad de Madrid, que hace veinte años amplió Barajas y que no satisfecha aún perfila un nuevo proyecto que incrementará la capacidad operativa de su aeropuerto. Frente a ello, Cataluña se queda rezagada y pierde la posibilidad de convertirse en un centro de redes de comunicación, lo que en la terminología actual se denomina Hub.

Los catalanes deberían mirarse ante el espejo. Esa es la única solución, también para pasar de página del agotado procés. Todos lo agradeceríamos.

Envidiable democracia alemana

El relevo de Angela Merkel y los resultados del cordón sanitario aplicado a los ultraderechistas de Alternativa para Alemania se van a saldar con el mantenimiento del nivel de voto de los partidos democráticos y la posible alternancia en el poder, accediendo a la misma los socialdemócratas, si se confirman los sondeos publicados a tres semanas de las elecciones. El caso del SPD, el partido de la izquierda moderada, coautor junto a los democristianos de la CDU del milagro alemán tras la destrucción sufrida en la Segunda Guerra Mundial, es muy significativo, porque los socialdemócratas no solo no experimentan el desgaste de haber formado parte de una gran coalición gubernamental con sus enemigos de la CDU, sino que rentabilizan su sentido de Estado, cerrando el paso a los ultras y co-gobernando en los momentos difíciles de crisis económica y pandemia de Covid.

Es envidiable, visto desde España, donde prima el partidismo, las eternas rencillas y el odio visceral al enemigo representado en la formación política rival, algo que heredamos de nuestro turbulento siglo XIX y que no somos capaces de superar. Es de admirar a los ciudadanos alemanes que son capaces de priorizar el raciocinio y premiar las labores de gobierno responsables y discretas, aprovechando lo mejor de la democracia parlamentaria. ¡Enhorabuena!