La orden de detención contra Sergio Ramírez dictada por las autoridades nicaragüenses no supone en sí un salto cualitativo del régimen de Daniel Ortega ni tampoco debe serlo en la consideración del mismo como una dictadura. Lo era desde al menos 2018, cuando Ortega reprimió cualquier manifestación opositora. Es cierto, que la persecución a quien fue su vicepresidente y camarada en la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) supone todo un símbolo, que esperemos lleve a la reflexión a más de un revolucionario sobre la trayectoria de los modelos políticos.
Daniel Ortega ha sido siempre un totalitario. Lo fue cuando combatió, junto a Ramírez y otros muchos, la dictadura de Somoza, allá por la década de los setenta. La revolución sandinista triunfante en 1979 fue secundada desde posiciones socialdemócratas y liberales, que obligaron a los más duros del FSLN a aceptar la democracia. Una vez tomado el poder, Ortega implementó medidas económicas comunistas, pero perdió democráticamente la presidencia de Nicaragua en unas elecciones que ganó la liberal Violeta Chamorro. Entonces, Ortega hizo firme propósito de no volver a permitir que le desbancasen del poder y desde que ganó las elecciones en 2006 ha aplicado inflexiblemente tal decisión, sin que le perturbe el riesgo de guerra civil al que aboca a su país.
No. Ortega no ha cambiado, pese a que muchos en el mundo contemplaron con ilusión la Revolución Sandinista, deslumbrados por sus propuestas progresistas. Pero, la revolución llevaba en su seno un proyecto totalitario de izquierdas, pese a que hubo sandinistas, como Ramírez, que no lo compartieran y que, a diferencia de Ortega, eran y son demócratas. Hoy, son perseguidos por su antiguo compañero de armas que no cejará en su empeño de mantenerse en el poder, como cualquier otro dictador.
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