La independencia judicial

La Comisión Europea, a través de su responsable en materia de Justicia, pidió ayer a España que adecue el método de elección del órgano de gobierno de los jueces a los parámetros europeos del Estado de Derecho. Para Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, eso supone que la mayoría de los miembros de tal órgano sean elegidos por los jueces, no por el Parlamento. Tal medida evitaría la politización de la justicia a la que asistimos secularmente en España y se lograría una verdadera independencia del Poder Judicial, evitando que los partidos políticos, a través de la suma de mayorías del Parlamento, colonicen el órgano de gobierno de los jueces, lo que en España llamamos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La batalla política a la que asistimos en España desde hace años con respecto a la renovación del CGPJ que tanto lastra nuestro Estado de Derecho y en consecuencia nuestra democracia, debe cesar en aras a la urgente sustitución de los miembros del mismo que han concluido su período de mandato, tal como ha expresado el comisario europeo. Eso debería obligar al PP a desbloquear la renovación del CGPJ y negociar con el resto de partidos parlamentarios su nueva composición.

Pero a su vez, Didier reclamó un urgente compromiso para variar el formato de elección y garantizar para el siguiente CGPJ que la mayoría de sus miembros sean elegidos directamente por los jueces, no por los políticos. Es decir, exactamente lo contrario a lo que mantuvo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien negó que los jueces pudiesen elegir a los jueces, argumentando que al igual pasaba con los políticos que no eran elegidos por los políticos, sino por los ciudadanos.

Tamaña demagogia de un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez queda retratada por la opinión de la Comisión Europea. Los políticos, al menos los que se sientan en el Parlamento, deben ser elegidos por los ciudadanos, como establece la democracia. Pero, los detentadores del tercer poder del Estado, o al menos la mayoría de sus miembros, no lo deberían ser, porque al final reproducimos las mayorías parlamentarias en ese órgano, restándole la capacidad de ser un contrapoder, algo que es necesario en todo Estado de Derecho, condición esencial para que exista la democracia parlamentaria. A tal consideración ha sido históricamente refractaria la izquierda al entender que los jueces son una casta oligárquica de pensamiento conservador.

Tal opinión es hoy en día discutible. Para ser juez se necesitan unos estudios a los que puede acceder todo joven a través del sistema público de educación y de las becas existentes, algo que sin duda debería potenciarse más, pero la situación actual permite que lleguen a la magistratura, jueces de toda condición social. Y, en cualquier caso, la labor de esos jueces no es legislar. Eso lo hace el Parlamento. Los jueces aplican las leyes que dictamina el órgano elegido por los ciudadanos y establecen una jurisprudencia que desarrolla la implementación de las mismas.

No sometamos los jueces a la elección de los políticos, porque su independencia se verá menoscabada, máxime en un país como el nuestro donde los partidos son unas estructuras de lealtades disciplinadas, donde se prima la obediencia sobre la discrepancia, proyectando e incluso colonizando muchos de los organismos públicos. Elijamos a los jueces mejores y a ser posible por criterios profesionales y académicos, libres de ataduras y mediante un mecanismo dirigido por los propios jueces, que prime la sabiduría y la experiencia. Solo así combatiremos con efectividad la corrupción, erigiendo al Judicial en un verdadero poder y cumpliendo así la máxima de Montesquieu sobre la división de poderes. Como nos indica Europa.