Cultura política de mayor altura

Es discutible cual de los dos socios de gobierno se ha impuesto al otro en la crisis vivida con la reforma laboral. Por un lado, la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha doblado el pulso al presidente Pedro Sánchez al quedarse al frente del equipo gubernamental que negociará con los agentes sociales el contenido de la misma, y, por otro, ministros y altos cargos socialistas formarán parte de tal equipo, laminando la pretensión inicial de Unidas Podemos de ostentar el monopolio en dichas conversaciones. En este segundo aspecto, el PSOE ha ganado claramente en el rifirrafe vivido en el seno del gobierno.

La solución alcanzada, en cualquier caso, muestra perfiles positivos, lo que redunda en mérito gubernamental, especialmente de su presidente, Pedro Sánchez. Con la presencia socialista en el núcleo negociador parece alejarse la perspectiva de una reforma laboral sin el acuerdo de todos los agentes sociales, en concreto de la CEOE, algo que Yolanda Díaz ya hizo con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional. Sería un error, impropio de un estado avanzado, que la nueva legislación laboral no fuera respaldada por todos los agentes sociales, extremo que sería inasumible por la Unión Europea.

A la par hay otro elemento igualmente positivo, no solo para el gobierno, y que incide en la consolidación de Yolanda Díaz como nueva referente del liderazgo en la formación política situada a la izquierda del PSOE. Las formas de la vicepresidenta y ministra de Trabajo en la crisis vivida evidencian otra manera de hacer política, alejada de la crispación de su antecesor Pablo Iglesias. Revelan una cultura política de mucha mayor altura, enraizada en la tradición del PCE de la transición democrática, frente al ruido y escaso bagaje de los que vinieron del 15-M.

Espectáculo Rodríguez

El espectáculo dado por Alberto Rodríguez después de ser condenado por el Tribunal Supremo retrata uno de los problemas fundamentales que presenta Unidas Podemos, la incapacidad de la formación política para comprender el Estado de Derecho. Más allá de la estrategia errática del ya exdiputado, que en un primer momento había anunciado hasta una querella contra la presidenta del Congreso, el verdadero problema reside en el respaldo ofrecido por su formación, exigiendo la dimisión de Maritxell Batet.

El Estado de Derecho se basa en la separación de poderes y en la existencia de tres diferentes, uno de ellos el Judicial. La presidenta del Congreso, que junto al Senado conforma otro de esos poderes, se ha limitado a cumplimentar el criterio del tribunal que condenó a Rodríguez. De hecho, rectificó su inicial posición contraria a retirarle el acta de diputado, una vez que el Tribunal Supremo expresó que la condena obligaba a ello.

Alimentar la desconfianza hacia el Poder Judicial ha sido un motivo doctrinal recurrente de la izquierda política que no comprende que sea independiente, invocando para ello a la democracia. De tal manera, que solo puede admitir la existencia de una administración judicial sometida al poder político, ya sea del ejecutivo o del legislativo. Y ese es el grave error, porque invalida la separación de poderes y por tanto destruye la democracia. Es lamentable que la nueva izquierda que representa Podemos incurra en ese planteamiento que evidencia la atracción por un poder fuerte capaz de desequilibrar los contrapesos institucionales, lo que es propio de regímenes revolucionarios donde no tienen cabida ni el Estado de Derecho, ni en consecuencia la democracia.

Lugar y fecha de la declaración de Bildu

El coordinador general de Euskal Herritarok Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodriguez, han presentado una declaración en la que por primera vez la izquierda abertzale hace una mención específica a toda la violencia causada por ETA, trasladando su pesar y dolor por el sufrimiento padecido a las víctimas y comprometiéndose a mitigarlo en la medida de sus posibilidades.

Se trata sin duda de un paso en la dirección correcta, porque por primera vez la izquierda independentistas vasca incluye a toda la violencia provocada por ETA, no solo a los que se vieron afectados colateralmente, como ya hizo la propia organización terrorista hace tres años, pero el pronunciamiento sigue presentando carencias. De hecho, como se ha observado ya desde las asociaciones de víctimas, no incluye la condena del terrorismo empleado por ETA, lo que es una limitación relevante. 

También se puede argumentar que se trata de un paso necesario para que EHBildu aspire a ser una fuerza política en la que la ética presida su actuación, sobre todo para influir en la política estatal, como de hecho ya empieza a serlo, y para aspirar a presidir el gobierno vasco, circunstancia que probablemente subyace en la declaración hecha pública y que evidencia el verdadero interés de EH Bildu. Es decir, la motivación reside en despejar el camino para lograr más poder, apartando las piedras del camino.

Además, conviene apuntar otro detalle, no menos relevante. Primero la fecha de la declaración, 18 de octubre, y el lugar elegido, el palacio de Ayete. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese de su actividad. Dos días antes, el 18 de octubre, una conferencia internacional, compuesta por particulares y algunos partidos, celebrada en ese palacio donostiarra, pidió a ETA que abandonara su actuación, extremo al que se agarró la banda terrorista para acceder a poner fin a su violencia. Es decir, la izquierda abertzale sigue con su relato, consistente en que la desaparición de ETA no se debió a la victoria del estado democrático español, sino a una petición de la comunidad internacional que habría sido acordada en la Conferencia de Paz de Ayete.

Ya se sabe que lo peor es seguir sin querer ver la realidad, porque el dolor de las víctimas del terrorismo solo podrá sanarse con la verdad.