Decadencia

La ola de violencia desatada en los Estados Unidos a raíz de la enésima muerte de un afroamericano a manos de una policía que no desdeña actuaciones represivas desproporcionadas, no supone una novedad. Desgraciadamente, estas situaciones se repiten con demasiada frecuencia. Sin embargo, las imágenes que nos llegan, aderezadas de protestas y saqueos, muestran un plus de violencia que no puede dejar de preocupar.

Es cierto, que la inserción de la población descendiente  de los esclavos en el Estado-nación norteamericano presenta un déficit histórico como las marchas por la igualdad de la década de los sesenta del pasado siglo denunciaron. Circunstancia que no ha mejorado en la medida necesaria a tenor de la situación que se vive en muchos Estados de dicha unión. 

Las consecuencias negativas de tal conflicto no podrán obviarse en un Estados Unidos que además presenta en la actualidad otros dos problemas acuciantes, lo que hace de la ola de violencia que sacude hoy en día a numerosas ciudades estadounidenses algo diferente y mucho más grave.

El primero de ellos es la evidente decadencia que sufre Estados Unidos desde que acabó el siglo XX, el denominado siglo americano. El ascenso de China, cuyo gobierno cada vez disimula menos, como estamos viendo con Hong-Kong, se traduce en una progresiva pérdida del papel de Estados Unidos como fuerza hegemónica mundial. 

La segunda de ellas es algo más circunstancial, pero no por ello menos grave. Históricamente, la decadencia suele acompañar a los problemas de selección de los dirigentes en las potencias que las sufren. La elección de Donald Trump es una muestra de ello. 

Navarra

El gobierno de Pedro Sánchez ha cedido la gestión del ingreso mínimo a las comunidades autónomas vasca y navarra, después de que la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, acordaran dicho traspaso, que ha puesto bálsamo a las relaciones entre el PSOE y el partido nacionalista después del desaguisado provocado por los socialistas negociando con Bildu.

Sobre el tema de fondo, hay poco que señalar, máxime cuando una de las trasferencias negociadas previamente entre el gobierno central y el vasco era el traspaso antes del 31 de octubre de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, cuestión espinosa que ha envenenado durante cuarenta años las relaciones entre ambas partes, en la medida en que la Constitución y el Estatuto de Gernika podían entrar en colisión sobre la  administración competente en materia de Seguridad Social. La solución a la que se llegó, poco antes de la epidemia del Covid-19, fue mantener la caja única de la Seguridad Social en manos estatales y la cesión de la gestión a la comunidad autónoma. Ahora, con lo pactado por Calvo y Ortuzar, se adelantará la gestión concreta del Ingreso Mínimo Vital.

Estas decisiones, además, encajan perfectamente con la relación bilateral económico-fiscal existente entre España y las provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, derivadas de la foralidad de esos territorios históricos, hecho anterior a la propia construcción del Estado-nación español, acaecido a partir de 1808.

Por tanto, a ese respecto nada que objetar. Sin embargo, sí cabe un debate crítico, eso sí constructivo, sobre el hecho de que sea el PNV el que negocie sobre algo que afecta a Navarra. Y sobre todo a que sea un gobierno socialista el que se pliegue a ello. 

Me explico. Es sorprendente que el ejecutivo Sánchez acepte que el PNV se constituya en el valedor de Navarra ante el gobierno central, máxime cuando el viejo reino tiene un gobierno propio, presidido precisamente por una socialista. No se, ya que la prensa no aclara esta crucial circunstancia, si en dichas negociaciones ha tenido parte el ejecutivo navarro. Quiero pensar que sí, que el gobierno navarro ha tenido que ver y que se trata solo de una deficiente información de unos medios de comunicación nacionales que demuestran una ignorancia que en este caso es demasiado supina. Y que por tanto se trata solo de que el PSOE ha permitido que públicamente, de cara a la opinión pública el PNV se lleve el gato al agua y aparezca como el defensor de la foralidad navarra.

Eso sí que me parece criticable y me recuerda lo que pasó en la Transición Democrática, cuando un Partido Socialista de Euskadi, la federación vasca del PSOE, enormemente influido por el nacionalismo vasco se dejó arrastrar y agrupó en su seno a los socialistas navarros en un intento de lograr por primera vez la aspiración nacionalista vasca de integración de Navarra en Euskadi. De aquella situación, salió escaldado aquel gato. Esperemos que ahora, cuarenta años después, no sea así, al confundir los socialistas, al menos por desconocimiento, los derechos históricos de unos territorios, incluida Navarra, con la pretensión nacionalista de Euskal Herria.

Como siempre

El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, se niega a negociar la independencia de su país en el marco propiciado por la Unión Europea, alianza a la que que el territorio desgajado de Serbia aspira a pertenecer. La UE entiende con toda lógica que debe haber primero un acuerdo entre Kosovo y Serbia, antes de proseguir con la incorporación de ambos territorios al mercado común.

El argumento empleado por el que fue fundador de la principal organización militar independentista albanesa, a la que se ha acusado de participar en el tráfico de drogas con el objetivo de financiarse, radica en que en el foro de debate diseñado por la UE no participa Estados Unidos, el principal país que reconoce la independencia de Kosovo. En cambio, en la UE no hay unanimidad al respecto, destacando España y Eslovaquia como Estados contrarios a reconocer una unilateral proclamación de independencia como hizo Kosovo con respecto a Serbia.

Es decir, los independentistas kosovares solo se muestran favorables a negociar si de entrada los demás aceptan su independencia. Si no es así, no quieren dialogar. Es lo de siempre. ¿Se acuerdan de Puigdemont y su exigencia de negociar, eso sí una vez aceptada por España la independencia de Cataluña?

Los fallos gubernamentales

Una vez que superemos la primera arremetida del Covid-19 y a la espera de un nuevo rebrote, será el momento de analizar los fallos del gobierno en toda esta crisis. Desde la escasez de test que marcó la rápida propagación del virus hasta el sonrojante baile de cifras de muertos, al que asistimos perplejos en los últimos días y que es impropio de un Estado como el que aspiramos en el siglo XXI.

El principio de proximidad y buen gobierno

Es un argumento favorable a la descentralización del poder, y así fue invocado en nuestra Transición Democrática cuando España dejó de ser un Estado centralizado, que la resolución de los problemas se afrontaban con más garantías de éxito si se abordaban desde una óptica de proximidad; es decir, por los responsables locales, más que por las autoridades estatales, debido al mayor conocimiento que podían tener los primeros al tratarse de realidades más cercanas. 

No niego que tal máxima contenga en líneas generales indudables visos de certeza, pero no siempre es necesariamente así. El mejor ejemplo lo tenemos en el combate contra el Covid-19 y la desastrosa gestión de los gobiernos de dos comunidades autónomas que han demostrado trabajar en una misma línea de oposición frontal al ejecutivo estatal  con evidentes sesgos de deslealtad: Madrid y Cataluña.

Precisamente, ambas comunidades van a la zaga en la desescalada, sin duda que por haber sufrido una alta tasa de contagios desde el inicio de la pandemia, pero también por la deficiente gestión de sus dirigentes locales, que precisamente se les ha llenado la boca durante estas semanas insistiendo en que ellos lo hubieran hecho mejor si el Estado de alarma no les impidiese ejercer sus competencias sanitarias.

La realidad es que la Comunidad de Madrid no ha pasado hasta ahora a la fase 1 de la desescalada porque las autoridades locales no habían sido capaces de dotar a la asistencia primaria sanitaria de la fortaleza necesaria para poder atender a los enfermos de la epidemia y reclutar a los rastreadores necesarios para combatir futuros rebrotes. En este sentido, el Colegio de Médicos de Madrid ha expresado sus dudas sobre la capacidad del sistema sanitario madrileño ante un eventual rebrote, después de décadas de desmantelamiento de la sanidad pública llevada a cabo por unas autoridades imbuidas de una ideología liberal, que como todas conllevan unas anteojeras que son más gruesas cuanto más ideologizados se comportan sus impulsores.

En Cataluña, esas anteojeras obedecen a otra ideología, en este caso la nacionalista, que ha llevado a sus dirigentes locales a dar bandazos continuos sobre la necesidad de mayor rigor en el confinamiento y flexibilidad en las actividades económicas, sin contar con el afloramiento de 635 muertos y sin recordar el pésimo estado de las residencias de mayores, sector en el que la Generalitat disponía de competencias exclusivas.

En definitiva, Madrid y Cataluña muestran que el principio de proximidad y buen gobierno hace agua cuando una fuerte ideologización anula la capacidad de gestión. 

La ética en la geometría variable

Pedro Sánchez se está mostrando como el alumno aventajado de José Luis Rodríguez Zapatero, el conceptualizador de la geometría variable, aquella que se definió como el cambio de socios parlamentarios en aras de la estabilidad gubernamental.

Tanto que el actual presidente del gobierno está llevando esa estrategia hasta el paroxismo. Llegó al poder gracias al apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, cediendo en la constitución en el mes de febrero de una paritaria mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat.

Poco más de dos meses después, el gobierno Sánchez ya había desdeñado a Esquerra, apoyándose en Ciudadanos en el Parlamento, para asegurar sucesivas prórrogas en el Estado de alarma. Con ese giro, el presidente infringió un duro golpe a un PP que veía como su fiel escudero, Ciudadanos, libre de la tara de Rivera, iniciaba un camino propio.

Y ayer, el grupo socialista del Congreso firmó con Podemos y Bildu, los herederos del terrorismo que asoló España durante cinco décadas, un acuerdo para derogar la reforma laboral, el principal y discutido legado del último gobierno del PP. Con este paso, Sánchez manda un claro mensaje a Ciudadanos y al PNV, que en el caso de los jeltzales se resiente de otra dimensión, aquella que ha mantenido un gobierno de coalición en el País Vasco durante toda una legislatura.

Sin duda que, si evaluamos la estrategia de Pedro Sánchez en términos de supervivencia de su gobierno, el resultado es óptimo, prorrogando el objetivo superior de la permanencia del presidente en la Moncloa. Otra cosa es si atendemos a criterios éticos.

Europa se mueve

Alemania y Francia, los estados que han conformado la Unión Europea que conocemos, han pactado un plan de ayuda de medio billón de euros, fundamentalmente en subsidios, no en créditos reembolsables, a los países más afectados por el coronavirus, como España.

Es importante dar a conocer estos hechos, sobre todo para no caer en el euroescepticismo y dar pábulo a opiniones que solo inflan el populismo, algo que padecemos desde la gran crisis económica de 2008.

Conspiración o paranoia

El gobierno regional de Madrid considera que en la decisión de mantener a la comunidad en la fase cero de la desescalada, subyacen motivos ideológicos y no técnicos. Es más. su presidenta, Isabel Díaz Ayuso entiende no solo que existe una conspiración del ejecutivo del PSOE y Podemos contra la comunidad de Madrid, sino contra ella misma.

Llegamos así al núcleo de una actitud, la de Ayuso, muy propia de iluminados, que establecen todo su análisis cognitivo en términos de ataques personales. Se trataría, en su mentalidad, de una maniobra de desprestigio contra la presidenta madrileña que ha pretendido durante estos dos meses de crisis sanitaria convertirse en un modelo alternativo de gestión de la pandemia frente al llevado a cabo por el gobierno de izquierdas. Habría, pues, que acabar políticamente con ella por haber osado erigirse en un contrapoder.

Por tanto, todo confluye en su persona, dotada, a su entender, de una relevancia fuera de duda. La misma de la que hacen gala todos los iluminados que a través de la Historia han creído ocupar una posición central en el mundo.

Los iluminados están poseídos de una religiosidad a ultranza, aunque no siempre. necesariamente, ya que puede obedecer a otros motivos. En este caso, la iluminación de Díaz Ayuso es de carácter ideológico, tan frecuente hoy en día. Y sufre tales anteojeras ideológicas que le hacen confundir su enfermedad con el del gobierno de España, cuando el problema es que sencillamente la red de atención sanitaria primaria de Madrid no está preparada para la epidemia del covid-19, tal como los expertos sanitarios han sentenciado en un auténtico dictamen técnico. Y eso es así, porque al igual que al denostado gobierno central, la pandemia le pilló desprevenida, mirando para otro lado, como demuestra la nefasta gestión de las residencias de ancianos.

No, no hay conspiración, lo que hay es la paranoia de una iluminada.

Quiero creer

Quiero creer que las decisiones tomadas sobre los territorios que han transitado a una fase superior de desescalada y los que no han progresado, se han debido a razones exclusivamente sanitarias, de carácter técnico, y no política, como el gobierno reitera en sus últimas comparecencias públicas. 

No obstante, la mera sospecha de que no haya sido así, tiene indicios preocupantes. Por ejemplo, a que viene cambiar los criterios para decidir que lugares pasaban, como ha denunciado una Generalitat valenciana gobernada por socialistas. No se entiende que eso se haya producido y no ayuda a despejar las dudas.

Tampoco el hecho de que zonas de esa comunidad autónoma o de Andalucía, gobernada por el PP, se hayan quedado fuera de la progresión a la zona 1 de desescalada, mientras que otras como el País Vasco, en su totalidad, lo hayan logrado, siendo gobernadas por un PNV necesario por sus votos en el Congreso para mantener el Estado de alarma que necesita Pedro Sánchez para implementar la salida de la crisis provocada por el coronavirus.

Todo ello son meras sospechas que no deben nublar el juicio, máxime porque conviene desconfiar de lo que se denomina teorías conspirativas y menos aquellas que destacan comportamientos espurios a la democracia. Por eso, mantengamos la creencia de que todas las decisiones que está tomando el gobierno desde que decretó el Estado de alarma han sido motivadas por criterios meramente científicos, no políticos.

Iluminada

Es realmente penoso que los residentes de la Comunidad Autónoma de Madrid tengamos que padecer a una presidenta de la entidad, Isabel Díaz Ayuso, tan ideologizada que a veces parece una iluminada.

Sí, porque es propio de iluminados, probablemente por la gracia de Dios, desoir los criterios técnicos sanitarios y forzar dimisiones si la realidad no acompaña sus pretensiones. Es el caso de la mandataria madrileña que no aceptó que su directora de Salud no secundase sus planes preconcebidos.

Es el criterio de que la política ha de imponerse a los dictámenes científicos, el cáncer de nuestras sociedades contemporáneas, que nos deja a los pies de los caballos, montados por iluminados. Esperemos que no sean los del Apocalipsis.

Arrimadas cruza el Rubicón

El gobierno ha sacado adelante una nueva prórroga del Estado de alarma, pero sobre todo ha concitado hoy en el Congreso el respaldo de una mayoría diferente. El dato es relevante y pone el foco en Ciudadanos, una formación que aspiró a mucho, pero que la mala cabeza de su exdirigente Albert Rivera condenó a algo cercano a la insignificancia.

De ella, de la insignificancia, hoy está un poco más alejada, después de que su nueva líder, Inés Arrimadas, haya cruzado el Rubicón y aceptado sostener al gobierno Sánchez o, como delirantemente dijo su predecesor, a la banda.

Más allá de la normalidad democrática que supone que una formación centrista apoye a otra de izquierdas, la pregunta que cabe hacerse ahora, es si el gobierno disfruta desde hace unas horas de un mayor respaldo parlamentario. No parece que sea así, después de la defección evidenciada hoy por Esquerra Republicana de Catalunya, si sumamos y restamos los diputados con que cuentan cada una de estas formaciones; diez por los de Arrimadas y trece por los de la formación independentista. Es decir, menos apoyo numérico para Sánchez, aunque para muchos en España y, también en Europa, sea Ciudadanos un compañero de baile mucho más creíble que Esquerra.

Pero, el problema de la estabilidad gubernamental continúa en toda su evidencia, más allá de que Sánchez se muestre como un buen discípulo de Zapatero y su geometría variable de apoyos parlamentarios. Sobre todo frente a un enemigo terrible como es el coronavirus. Lo lógico es que tal reto se afronte con el apoyo del principal partido de la oposición, con el PP, partido que hoy es más débil, al perder a un aliado hasta ahora disciplinado, pero que tras vadear el río muestra síntomas de abandonar una tutela que le diezmó su representación parlamentaria.

La última gran decisión

Pedro Sánchez ha conseguido tras cincuenta días de Estado de alarma suscitar una oposición parlamentaria que amenaza la existencia de su propio gobierno. De hecho, una parte relevante de las formaciones que le auparon a la Moncloa amenazan ya con no votar la prórroga que el ejecutivo considera necesaria para culminar la desescalada de la pandemia, como ha explicitado Esquerra Republicana y ha insinuado el PNV. 

Todo ello pone al gobierno en manos del PP a la hora de conseguir la ansiada prórroga, lo que más allá de suponer un evidente cambio en la balanza de los respaldos parlamentarios, nos acercaría al modelo europeo en el que las grandes formaciones colaboran ante las grandes crisis. Eso, si el PP decide apoyar la prolongación del Estado de alarma, ya que hay dudas de ello, no solo porque uno de sus principales barones, Alberto Núñez Feijoo se haya pronunciado públicamente en contra. La sombra de Vox empequeñece más a Pablo Casado, que solo se convertirá en una creíble alternativa de poder cuando se libre de ella.

Veremos el resultado final, pero conviene constatar otro hecho, más allá de los cambios políticos analizados, aquel que incide en que alguien deberá decidir cuando los habitantes de cada una de las comunidades autónomas pueden mezclarse con las de los otras. Esa decisión solo la puede tomar el gobierno del Estado, en lo que será su última gran decisión sobre la pandemia.