Más católicos

El dato conocido en esta semana de que por primera vez desde que hay estadísticas, el número de católicos supera al de protestantes en Irlanda del Norte, ha brillado por si solo en medio de una sociedad, la británica, aún conmocionada por la muerte de su reina. Sin duda que algunos lo verán como una señal más del fin de una época, mientras que otros lo relativizarán, pretendiendo desligar la relevancia confesional en las sociedades actuales.  En cualquier caso, el hecho de que el 45,7% se considere católico o culturalmente adscrito a esa religión, mientras que los protestantes bajan a un 43,5%, indica que el tablero demográfico del Ulster se inclina hacia un mayoría social como la existente al otro lado de la frontera, en la República de Irlanda.

La trascendencia de ello no debe pasar desapercibida, máxime tras las convulsiones provocadas por el referéndum del Brexit, que amenazan con volver a levantar una frontera física entre ambos territorios, lo que supondría la violación de los Acuerdos del Viernes Santo -denominación muy apropiada para los que aún creen en el peso religioso-, aquellos que pusieron fin al enfrentamiento armado de las dos comunidades existentes en Irlanda del Norte. Al nuevo monarca británico, Carlos III, no le faltan preocupaciones, a las que cabría sumar la iniciativa del nacionalismo escocés de volver a convocar un referéndum independentista; pero sin duda, parece más perentoria, al menos a corto plazo, la renegociación que pretende el nuevo gobierno británico de Liz Truss con la Unión Europea sobre el tráfico comercial entre Irlanda y el Ulster, y que podría soliviantar el avispero de Irlanda del Norte, donde una mayoría se ve ya semejante a la independiente República de Irlanda.

El recurso al referéndum

Putin ha decidido vender caro el revés sufrido en Ucrania, anunciando una mayor movilización de tropas y profiriendo en el discurso televisivo dado a su pueblo una velada, pero clara, amenaza de recurrir a la fuerza nuclear. Probablemente esta última sea, hoy por hoy, una bravata más del autócrata ruso y la primera un recurso menos efectivo de lo pensado en su intento de cambiar la dinámica de la guerra. Más preocupante es su apoyo dado a los referenda anunciados en el Donbás y en otras zonas ucranianas aún en poder del ejército ruso como Jersón y Zaporiya. Aquí, cabe recordar que Crimea ya se autodeterminó, obviamente a favor de su pertenencia a Rusia, en 2014 con el 95% de respaldo de su población.

Todo ello forma parte de una estrategia mediante la cual, ahora sí, Putin quiere negociar con Ucrania el fin de una guerra, como sostiene Erdogan, en la que el dictador confiaba arrasar de inicio, pero en la que ha quedado de aprendiz de brujo. El mandatario ruso afrontará esa futura negociación, mirando esencialmente a Occidente, confiando en que los apoyos, esencialmente los armados de Estados Unidos y el Reino Unido, decrezcan en su ardor, que ha sido fundamental a la hora de dar la vuelta al curso de la guerra: de ganarla a perderla. Y en ello, jugará un papel primordial el recurso a los plebiscitos, como argumento democrático; extremo al que serán muy sensibles las opiniones públicas, especialmente las de la Unión Europea. Esa es la baza que quiere jugar Putin a la hora de intentar retener el máximo de terreno ganado en la confrontación bélica.

El referéndum, como instrumento de gobernanza, es conceptualmente atractivo no solo para las democracias, sino también para las dictaduras. Históricamente, estas últimas han recurrido a ello en numerosas ocasiones, como ejemplifica sin ir más lejos el franquismo en nuestro país. Confían en la volubilidad del ser humano y en su condición sumamente influenciable; máxime si el plebiscito se organiza desde el poder. Las democracias también han acudido a tal instrumento, dada la aureola con que las concepciones de empoderamiento popular lo han revestido. Las apelaciones a la democracia directa con la base historicista de la Grecia Clásica han sido sumamente beneficiosas para esa narrativa, pese a que suponen una deslegitimación de la democracia representativa propia de Occidente, como el Brexit ejemplifica.  

A eso va a jugar Putin, convencido del cansancio de unas opiniones públicas en Occidente que acusan los estragos económicos de la guerra. Esa es su baza, conseguir dividir aún más a la Unión Europea y confiar en que el Reino Unido y Estados Unidos dejen de pisar el acelerador, imponiendo al nacionalismo ucraniano un acuerdo que le permita salvar la cara y perpetúe su régimen, cada vez más en entredicho, como evidencia el aumento de protestas en Rusia.

68 años después

Fijarse en dos momentos diferentes de la Historia tiene las ventajas de poder extraer similitudes y diferencias. Les invito a a retrotraerse a 1954 a la ciudad de Pekín, cuando el entonces dirigente de China Mao Tse Tung recibió a Nikita Jrushchov, el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era la primera vez que el sucesor de Stalin, al frente de la mayor potencia de los países comunistas, visitaba China y en el curso de ella quedó patente quien mandaba en el bloque del Este. Es cierto, que en aquel encuentro quedó en evidencia que no existía sintonía entre ambos líderes, pero Mao no se atrevió a desafiar a Jrushchov, aunque el líder chino fuera partidario de una intensificación de la confrontación con Occidente. El dirigente ruso, en cambio, a punto de iniciar la desestalinización de la URSS, prefería contemporizar con Estados Unidos.

Ahora en 2022, en la ciudad uzbeka de Samarcanda, bajo el liderato de China, se han reunido los ocho países integrantes de la Organización de la Cooperación de Shanghái (OCS), en la que participan cinco exrepúblicas soviéticas (Rusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán), India y Paquistán, además de China. En el curso de la misma, Putin admitió ante el dirigente chino, Xi Jinping, que comprendía las preocupaciones de Pekín por la beligerancia de Rusia. 68 años después, los papeles se han invertido: China es ya la líder del mundo no occidental y Rusia una mera potencia segundona.

Sin duda que el fiasco de Rusia ante una Ucrania apoyada militarmente por Occidente, que ha conseguido darle la vuelta a una guerra que parecía al principio un mero paseo militar de Moscú, ha estado muy presente en el encuentro de Samarcanda. China es la que ahora pide estabilidad en el tablero internacional, mientras espera con paciencia oriental el fin del Taiwán independiente.

El debate del Poder Judicial

La postura obstruccionista de un sector del Consejo General del Poder Judicial, identificado como conservador, a la hora de proceder a la renovación de dos miembros del Tribunal Constitucional no es razonable, como tampoco lo es la parálisis que sufren diversas salas del Tribunal Supremo ante la imposibilidad de cumplir el mandato constitucional de elección de las altas magistraturas judiciales por parte del PSOE y del PP. La situación ha llegado a un punto de deterioro de nuestro propio Estado de Derecho, que está ya siendo denunciada por la Unión Europea y nos está aproximando a Hungría y Polonia donde la separación de poderes está seriamente en peligro. La urgencia en la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una de las recomendaciones que está haciéndonos la Comisión Europea, pero también lo es que a continuación las Cortes deben abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial.

Y aquí es donde el Gobierno Sánchez mantiene una posición numantina contraria a la modificación de lo hoy existente, tan criticable como la que mantiene el PP a la hora de aceptar que las mayorías parlamentarias existentes deben traducirse en un cambio en la correlación de fuerzas en el Poder Judicial hoy claramente favorable a los posicionamientos conservadores.

Nuestra Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que elige a su vez al presidente del Tribunal Supremo, dispondrá de 20 vocales, de los cuales ocho deben ser elegidos por el Congreso y el Senado (a razón de cuatro por Cámara) y los doce restantes se elegirán entre jueces y magistrados, sin precisar cómo y delegando el método a leyes orgánicas.

Aquí es donde se encuentra el problema. La legislación actual, variada desde la restauración democrática en nuestro país, convierte la elección de esos doce vocales en una decisión de las propias cámaras legislativas, seis de ellos por el Congreso y otros seis por el Senado. De tal manera que actualmente, los 20 vocales del CGPJ son elegidos por el Parlamento, escogiendo a doce de ellos entre jueces y magistrados y a ocho entre juristas, y todos ellos con el acuerdo de las 3/5 partes de la respectiva Cámara. El resultado es que el Poder Judicial es elegido por el Poder Legislativo, lo que en la práctica supone que sean los partidos políticos, esencialmente el PSOE y el PP, los que decidan finalmente. De ahí, la crítica de la Comisión Europea ya que supone una vulneración del equilibrio de poderes que el planteamiento liberal preconiza. El PSOE, en cambio, atendiendo al sistema democrático considera esencial que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean avalados por los representantes democráticamente elegidos. España, como el resto de países de la Unión Liberal, salvo ya tal vez Hungría, son Estados de Derecho donde se han conjugado ambos sistemas, definiéndose tal mezcla como demoliberal.

Estamos, pues, ante un problema que, una vez renovado el actual CGPJ, pese a la oposición del PP, debe mezclar ambos sistemas, proponiendo que, según nuestra Constitución, los doce vocales sean elegidos atendiendo a la lógica liberal, en contra del criterio del PSOE, y manteniendo que los otros ocho lo sean mediante la óptica democrática. Eso es lo que nos pide Europa, que entiende que el actual modelo impide el necesario contrapeso entre poderes, porque en la práctica convierte al CGPJ en un apéndice de los partidos políticos mayoritarios. Y deberíamos hacerla caso para poder seguir considerándonos un Estado de Derecho.