El Rey, en Cataluña

Por fin, ayer, el gobierno dio una explicación sobre porqué había vetado la presencia del Rey en Cataluña el pasado domingo en la entrega de despachos de los nuevos jueces. Lo hizo, según comentó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para preservar la convivencia.

Entendía el ejecutivo de Pedro Sánchez que la convivencia de los ciudadanos en esa comunidad autónoma se podía ver alterada por la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra, que el Tribunal Supremo hizo pública un día después, y por la próxima coincidencia en el aniversario , el 1 de octubre, del referéndum que los separatistas celebraron en Cataluña hace tres años.

La protesta contra la notificación al ya expresidente de la Generalitat de su inhabilitación se saldó ayer con varios centenares de personas concentradas en la plaza de San Jaime, lugar que no consiguieron llenar, y con un millar de manifestantes en la plaza Urquinaona y posteriormente frente al Parlamento catalán. Se quemaron contenedores y algunos de los concentrados tiraron piedras contra la policía autónoma. En Girona, otro millar de manifestantes se manifestó por algunas de sus calles.

Esa ha sido la protesta por la sentencia contra Quim Torra, que no se puede calificar en ningún caso de grave alteración de la convivencia ciudadana, más allá de que los concentrados de ayer no guardaran la distancia de seguridad necesaria para evitar la propagación del Covid-19. Es verdad, que no sabemos, lo que ocurrirá de aquí al 1 de octubre, pero los motivos alegados por el gobierno parecen, a día de hoy, cuando menos exagerados, pese a lo mantenido por la vicepresidenta Carmen Calvo insistiendo en que el veto al Rey era una decisión muy bien tomada por el gobierno. Un ejecutivo, que dicho sea de pasada, podía haber supuesto que el Tribunal Supremo pospondría la comunicación de su decisión a que hubiera acabado el acto previsto del Rey en Barcelona, como así ha sido, dilatándolo un día y esperando al primer día laborable siguiente.

Todo ello, revela una posición gubernamental vergonzosa con la presencia del jefe del Estado en Cataluña, que independientemente de que sea satisfactoria para sus socios de gobierno (Podemos) y también para sus apoyos parlamentarios (ERC), puede interpretarse como debilidad ante el secesionismo catalán, que no está de más recordar que no supone la mitad de los ciudadanos que residen en esa comunidad.

Este hecho unido a la tramitación de los expedientes de indultos a los condenados por el proceso soberanista puede facilitar la gobernabilidad del ejecutivo, atrayendo de nuevo el apoyo de ERC, pero difícilmente puede ser entendido como una estrategia coherente ante el secesionismo.  

Dictamen científico

La revista The Lancet, que difunde contenidos científicos, ha puesto el dedo en la llaga, reabriendo el crucial asunto de determinar las responsabilidades por la gestión de la pandemia, algo que oportunamente en un principio fue aplazado a la espera de la prevista normalidad, pero que conviene ya afrontarla ante el hecho de que nos encontramos ante un escenario de nueva oleada de contagios, que además puede no ser la última, por lo que adelantaremos algo si somos capaces de tasarlas, evitando volver a equivocarnos.

The Lancet señala a España y critica el hecho de haber levantado apresuradamente las restricciones al final de la primera ola, lo que nos ha llevado al resurgimiento de la epidemia y, algo no menos importante, a poner en peligro la recuperación económica, como está ocurriendo ahora mismo en nuestro país.

Y todos estos hechos contrastados científicamente tienen unos responsables:  el PP y Vox clamaron contra el fin del Estado de alarma en nombre del sacrosanto principio liberal de la libertad individual. Los nacionalistas vascos y catalanes se indignaron contra lo mismo en aras  de la autonomía de sus territorios. Necesitados de sus votos parlamentarios, el PSOE y su socio Podemos abdicaron de las responsabilidades del gobierno con la pandemia en cuanto acabó dicho confinamiento, a la par que muchos de los ejecutivos autonómicos, especialmente el de Madrid, no implementaban a un nivel de suficiencia las medidas necesarias (potenciación de la asistencia primaria e incremento del número de rastreadores) que los científicos habían dictaminado, como también recuerda The Lancet. 

Todo ello en nombre de la ideología, que una vez más en nuestra época contemporánea, se ha mostrado letal, arrinconando los criterios científicos. El fatal resultado lo tenemos ya antes nuestros ojos. 

División de poderes

El Parlamento de Cataluña ha considerado en una resolución apoyada por la mayoría independentista que la destitución de Quim Torra solo la puede decidir el propio órgano legislativo y no el poder judicial. Tamaña proposición solo la pueden compartir aquellos que no creen en el Estado de Derecho y que confían demagógicamente en subvertir la democracia.

En un Estado de Derecho, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Tampoco el presidente de la Generalitat. Y ningún órgano legislativo es plenamente soberano, ni tiene en consecuencia competencias para saltarse la ley, porque existe la división de poderes, desde que en el siglo XVIII Montesquieu la conceptualizó, permitiendo que poco después la Revolución francesa pusiese las bases de la democracia, acabando con los privilegios y dando paso a la Edad Contemporánea.

Son los demagogos los que pretenden subvertir la democracia mediante los votos, ya sea en los órganos parlamentarios o mediante ese instrumento tan querido por ellos como son los referendos, con el objetivo de estar por encima de la ley, como lo estaban los poderosos del Antiguo Régimen.

Por una Unión Europea de la Salud

Los medios de comunicación españoles apenas han recogido una parte a mi juicio sustancial del discurso de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea ante el parlamento de la UE. La parte omitida hace referencia al llamamiento por la construcción de una sanidad europea, lo que ya se denomina Unión Europea de la Salud, extremo que con su solo enunciado debería interesarnos a todos, máxime con la pandemia que padecemos.

Los fracasos ante la epidemia del Covid-19 nos están enseñado las limitaciones de los Estados-nación. Es verdad, que en unos países más que en otros, pero las estrategias nacionales han sido en general un fiasco, como comprobamos según pasan los días, debido, en cualquier caso, a algo obvio: el virus no reconoce y mucho menos respeta esa articulación tan artificial, creada por el ser humano, que es la frontera.

Ante una epidemia mundial, las soluciones deben tender a ser de la misma escala, con lo que cuanto más descendamos en la parcelación, menos posibilidades de éxito tendremos. Por esa razón, la propuesta europea será siempre más sensata que la de cada Estado miembro pueda ofrecer. Lo hemos visto este verano con el cierre de fronteras y las medidas cuando menos arbitrarias e improvisadas que muchos países han tomado. Todo ello evidencia la ineptitud de los Estados-nación ante la realidad que nos ha mostrado, con toda su crudeza, el coronavirus.

Soy consciente que tal aseveración plantea en España, una cuestión no baladí, al ser un Estado constitucionalmente descentralizado, en el que las competencias sanitarias residen fundamentalmente en las comunidades autónomas, lo que evidentemente dificulta su resolución. También, la superación de la pandemia, como estamos comprobando día tras día.

En los últimos cuarenta años, hemos visto la reducción progresiva de las competencias nacionales en dos sentidos, hacia el exterior, la Unión Europea, e interior, hacia las comunidades autónomas. Tal evolución, enormemente positiva en muchos aspectos,  no necesariamente debe ser unidireccional. Tal vez, la dura experiencia actual, nos obligue a pensar que  no solo los estados-nación, sino también las comunidades autónomas, deben confluir en Europa. 

De hecho, la sanidad pública fue implementada en España  tan tarde como en el último tercio del ochocientos, con poco retraso con respecto a otros países europeos, quedando en manos municipales, hasta que progresivamente la asumió la administración estatal. La Constitución de 1978 supuso un cambio de orientación, descentralizándola en las comunidades autónomas. El principio de que lo más cercano es más útil se impuso entonces, lo cual no debe llevarnos a invalidarlo plenamente. La asistencia primaria y probablemente gran parte de la red hospitalaria deben quedar en manos de las administraciones más locales, pero el Estado debe disponer de mecanismos  de coordinación sin tener que recurrir a estados de alarma. Pero, aún así, no sería suficiente para hacer frente a pandemias como la que vivimos. Necesitamos una industria sanitaria más robusta, capaz de garantizar la producción de una serie de instrumentos, desde respiradores hasta mascarillas, pasando por vacunas, para abastecer rápidamente a la población. También deberíamos contar con redes hospitalarios trasnacionales y todo tipo de refuerzos sanitarios públicos. Y, por supuesto, instituciones que puedan tomar decisiones que no se vean limitadas por fronteras y egoísmos nacionales. Necesitamos, en suma, más Europa. Ese es el nuevo camino, que nos enseña el virus.

Fascismo

Las dos menores detenidas en Madrid por amedrentar a una pareja de personas de origen sudamericano han quedado en libertad a la espera de lo que decida la Justicia sobre ellas. Conviene recordar los hechos: tres menores que viajaban en el metro de Madrid coincidieron en el vagón con un hombre y una mujer, que ante la actitud hostil y vejatoria de al menos dos de ellas, mantuvieron en todo momento una conducta ejemplar demostrando la superioridad moral y una educación que ya quisieran sus asaltantes.

Esos hechos ocurrieron hace ya una semana y seguimos desconociendo los detalles de las dos personas agresoras: no sus nombres, que no interesan, pero sí al menos su perfil social y el nivel de estudios. Ya se que son menores y que por eso se encuentran en libertad, pero la opinión pública debería conocer como el monstruo del fascismo anida en la sociedad. Sobre todo para combatirlo, porque no nos engañemos, lo vivido en la línea de Metro madrileña es puro fascismo.

Populismo y Estado de Derecho

La enésima crisis provocada por Boris Johnson, en este último caso con la Unión Europea, pero también con la propia Administración británica y con su partido, a causa del anuncio de incumplimiento de lo acordado entre Londres y Bruselas sobre Irlanda del Norte, nos muestra varios aspectos para el análisis.

Primero, la crisis en el seno de la Administración británica se ha saldado con la dimisión del jefe del departamento que asesora en la legalidad al gobierno, el sexto alto cargo que cesa en sus funciones desde que Johnson se encuentra al frente del ejecutivo. Tal hecho evidencia la fortaleza del Estado de Derecho en el Reino Unido, donde un funcionario puede dar un portazo, saliendo del despacho de un primer ministro, porque este último se empeña en cometer una ilegalidad, consistente en que lo acordado por Johnson con la Unión Europea, referente al mantenimiento de Irlanda del Norte en el seno del mercado común europeo y consiguientemente fuera del mercado interior británico.

Segundo, quien pretende transitar por una ilegalidad que repercutirá negativamente en la reputación internacional del Reino Unido es un primer ministro elegido democráticamente. Con una amplía mayoría parlamentaria, para ser más precisos. Si hipotéticamente, el populista Johnson convocara un referéndum para reforzar su postura ilegal, me temo que lo ganaría. Es decir, sería muy probable que la mayoría de los británicos respaldasen su decisión, en la medida en que es fácil convencer con un discurso nacionalista que incida en un unificado mercado nacional, extremo que marcó su antecesora, Theresa May, como una línea roja  que Johnson franqueó nada más alcanzar el poder y del que ahora se arrepiente.

Ambos aspectos nos deberían ayudar a valorar el Estado de Derecho, porque es el único que nos defiende del populismo.

Patria

Los mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que han salido a la luz pública en el caso del espionaje al antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas, evidencian, más allá de dejar en muy mal lugar al expresidente Rajoy, al exministro Fernández Díaz y a la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal, la utilización espuria de los instrumentos gubernamentales por parte de un partido político, en este caso el PP.

Pese a que todavía nos encontramos en un nivel indiciario, a falta de concretarse en pruebas, lo investigado judicialmente apunta al uso indebido de los servicios estatales, en este caso de la Policía Nacional, para servir al PP.  Tal utilización partidista de las estructuras estatales, uno de los males históricos de nuestro país, implica una concepción usurpadora del propio Estado, apropiación reiterada de una derecha que suele enmascarar su actuación con una palabra con la que se le llena la boca: Patria.

Madrid

La preocupación por los datos de contagio por Covid-19 en la Comunidad de Madrid no es baladí. Cerca de 15.000 nuevos positivos han sido detectados en la última semana, casi un tercio de los registrados en toda España. Además, de los cerca de 7.000 enfermos hoy en día están hospitalizados en todo el país, un 30% está en Madrid. Ello ha supuesto que la Comunidad registre ya una tasa de ocupación hospitalaria por el coronavirus del 15% de su capacidad total.

Son datos, que sin alcanzar la situación crítica vivida en la pasada primavera, reflejan una tendencia muy negativa, que es preciso corregir con urgencia, salvo que queramos volver a un escenario de saturación de los centros hospitalarios, extremo que llevó entonces al gobierno de la nación a decretar el Estado de alarma. Medida que, no seamos ingenuos, se tomó, no tanto por los muertos, como por la imagen terrorífica de un sistema sanitario desbordado.

No debemos entrar ahora en dirimir la responsabilidad de las diferentes administraciones, nacional o autonómica, ni siquiera en enjuiciar la falta de lealtad necesaria entre ellas. Ya habrá tiempo para ello. Ahora, tan solo cabe lamentar que en el escaso tiempo en el que la pandemia nos dio una tregua, en la Comunidad de Madrid no se reforzó la asistencia primaria del sistema sanitario ni se puso en marcha una legión de rastreadores capaz de minimizar los contagios. Y el gobierno de la comunidad autónoma no lo hizo por sus anteojeras ideológicas, que le impiden comprender la necesidad de una robusta Sanidad Pública, más si cabe aún en situaciones de crisis epidémicas.

Y ese es el problema, muy reiterado en la historia de la humanidad, cuando unas autoridades iluminadas no son capaces de ver la realidad.

Fuera del foco electoral

Los analistas de la opinión pública norteamericana empiezan a alertar de que la pandemia del Covid-19 está saliendo del foco electoral y algunos incluso advierten de que tal hecho abona el camino de Donald Trump para la reelección.

De hecho, la convención republicana confirmatoria de la candidatura de Trump a la reelección se centró en el mensaje de que este garantiza el orden ante la oleada de protestas antiracistas que sacude los Estados Unidos desde que en mayo pasado George Floyd muriera asfixiado por un policía.

El candidato conservador ha conseguido colocar la preservación del orden como la primera preocupación para muchos electores, que ven aterrados las imágenes de saqueos e incendios que viven algunas ciudades norteamericanas. Ese es el logro de los asesores de imagen de Trump, sobre el que apenas ya oímos meteduras de pata sobre la epidemia. Y de esa manera, creen que pueden dar la vuelta a las encuestas electorales y conseguir que el menos preparado de los presidentes de Estados Unidos del último siglo continúe otros cuatro años en la Casa Blanca.

Facilita tal extremo, la opinión extendida entre la izquierda, no solo norteamericana, de que el antiracismo es una poderosa arma de debate. Eso sería así, en sociedades que mantienen vivo el recuerdo de las catástrofes que conlleva el racismo, caso de la europea de la segunda mitad del siglo XX tras el horror del nazismo. Pero, dudo, que ese recuerdo sea ya efectivamente preventivo no solo entre los europeos de hoy en día (véase, el incremento de formaciones nacionalistas o directamente racistas que sufre el viejo continente), sino fundamentalmente entre el cuerpo electoral que analizamos, el de los Estados Unidos de América, donde tal vacuna fue menos generalizada, máxime siendo un estado-nación construido identitariamente sobre la esclavitud de los negros. 

En suma, los demócratas de Biden deberían poner el foco de atención en una pandemia que dejaba claro hasta a algunos de los propios seguidores de Trump la incompetencia de su candidato.