Por fin, ayer, el gobierno dio una explicación sobre porqué había vetado la presencia del Rey en Cataluña el pasado domingo en la entrega de despachos de los nuevos jueces. Lo hizo, según comentó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para preservar la convivencia.
Entendía el ejecutivo de Pedro Sánchez que la convivencia de los ciudadanos en esa comunidad autónoma se podía ver alterada por la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra, que el Tribunal Supremo hizo pública un día después, y por la próxima coincidencia en el aniversario , el 1 de octubre, del referéndum que los separatistas celebraron en Cataluña hace tres años.
La protesta contra la notificación al ya expresidente de la Generalitat de su inhabilitación se saldó ayer con varios centenares de personas concentradas en la plaza de San Jaime, lugar que no consiguieron llenar, y con un millar de manifestantes en la plaza Urquinaona y posteriormente frente al Parlamento catalán. Se quemaron contenedores y algunos de los concentrados tiraron piedras contra la policía autónoma. En Girona, otro millar de manifestantes se manifestó por algunas de sus calles.
Esa ha sido la protesta por la sentencia contra Quim Torra, que no se puede calificar en ningún caso de grave alteración de la convivencia ciudadana, más allá de que los concentrados de ayer no guardaran la distancia de seguridad necesaria para evitar la propagación del Covid-19. Es verdad, que no sabemos, lo que ocurrirá de aquí al 1 de octubre, pero los motivos alegados por el gobierno parecen, a día de hoy, cuando menos exagerados, pese a lo mantenido por la vicepresidenta Carmen Calvo insistiendo en que el veto al Rey era una decisión muy bien tomada por el gobierno. Un ejecutivo, que dicho sea de pasada, podía haber supuesto que el Tribunal Supremo pospondría la comunicación de su decisión a que hubiera acabado el acto previsto del Rey en Barcelona, como así ha sido, dilatándolo un día y esperando al primer día laborable siguiente.
Todo ello, revela una posición gubernamental vergonzosa con la presencia del jefe del Estado en Cataluña, que independientemente de que sea satisfactoria para sus socios de gobierno (Podemos) y también para sus apoyos parlamentarios (ERC), puede interpretarse como debilidad ante el secesionismo catalán, que no está de más recordar que no supone la mitad de los ciudadanos que residen en esa comunidad.
Este hecho unido a la tramitación de los expedientes de indultos a los condenados por el proceso soberanista puede facilitar la gobernabilidad del ejecutivo, atrayendo de nuevo el apoyo de ERC, pero difícilmente puede ser entendido como una estrategia coherente ante el secesionismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario