Los medios de comunicación españoles apenas han recogido una parte a mi juicio sustancial del discurso de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea ante el parlamento de la UE. La parte omitida hace referencia al llamamiento por la construcción de una sanidad europea, lo que ya se denomina Unión Europea de la Salud, extremo que con su solo enunciado debería interesarnos a todos, máxime con la pandemia que padecemos.
Los fracasos ante la epidemia del Covid-19 nos están enseñado las limitaciones de los Estados-nación. Es verdad, que en unos países más que en otros, pero las estrategias nacionales han sido en general un fiasco, como comprobamos según pasan los días, debido, en cualquier caso, a algo obvio: el virus no reconoce y mucho menos respeta esa articulación tan artificial, creada por el ser humano, que es la frontera.
Ante una epidemia mundial, las soluciones deben tender a ser de la misma escala, con lo que cuanto más descendamos en la parcelación, menos posibilidades de éxito tendremos. Por esa razón, la propuesta europea será siempre más sensata que la de cada Estado miembro pueda ofrecer. Lo hemos visto este verano con el cierre de fronteras y las medidas cuando menos arbitrarias e improvisadas que muchos países han tomado. Todo ello evidencia la ineptitud de los Estados-nación ante la realidad que nos ha mostrado, con toda su crudeza, el coronavirus.
Soy consciente que tal aseveración plantea en España, una cuestión no baladí, al ser un Estado constitucionalmente descentralizado, en el que las competencias sanitarias residen fundamentalmente en las comunidades autónomas, lo que evidentemente dificulta su resolución. También, la superación de la pandemia, como estamos comprobando día tras día.
En los últimos cuarenta años, hemos visto la reducción progresiva de las competencias nacionales en dos sentidos, hacia el exterior, la Unión Europea, e interior, hacia las comunidades autónomas. Tal evolución, enormemente positiva en muchos aspectos, no necesariamente debe ser unidireccional. Tal vez, la dura experiencia actual, nos obligue a pensar que no solo los estados-nación, sino también las comunidades autónomas, deben confluir en Europa.
De hecho, la sanidad pública fue implementada en España tan tarde como en el último tercio del ochocientos, con poco retraso con respecto a otros países europeos, quedando en manos municipales, hasta que progresivamente la asumió la administración estatal. La Constitución de 1978 supuso un cambio de orientación, descentralizándola en las comunidades autónomas. El principio de que lo más cercano es más útil se impuso entonces, lo cual no debe llevarnos a invalidarlo plenamente. La asistencia primaria y probablemente gran parte de la red hospitalaria deben quedar en manos de las administraciones más locales, pero el Estado debe disponer de mecanismos de coordinación sin tener que recurrir a estados de alarma. Pero, aún así, no sería suficiente para hacer frente a pandemias como la que vivimos. Necesitamos una industria sanitaria más robusta, capaz de garantizar la producción de una serie de instrumentos, desde respiradores hasta mascarillas, pasando por vacunas, para abastecer rápidamente a la población. También deberíamos contar con redes hospitalarios trasnacionales y todo tipo de refuerzos sanitarios públicos. Y, por supuesto, instituciones que puedan tomar decisiones que no se vean limitadas por fronteras y egoísmos nacionales. Necesitamos, en suma, más Europa. Ese es el nuevo camino, que nos enseña el virus.
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