Derrota de los partidos en Chile

Los chilenos han votado a favor de una nueva Constitución y dejar atrás la carta magna que fue dejada por el dictador Augusto Pinochet. Ha sido por una abrumadora mayoría de los votos emitidos, el 78,27%, aunque solo acudió a las urnas el 50,90% de la ciudadanía. Tal cifra no le resta legitimidad al resultado ya que supone más de la mitad del electorado, lo que es muy relevante, máxime en una situación de pandemia. Además, en Chile votar es voluntario, lo que es una excepción en Suramérica donde es obligatorio para todos los ciudadanos. 

Por todo ello, no cabe duda que Chile ha dado un paso adelante significativo, poniendo fin definitivamente a una época que se inició el 11 de septiembre de 1973 con el asalto de los militares al palacio de la Moneda y la instauración de un tenebroso régimen dirigido por Pinochet que practicó sistemáticamente la represión y el asesinato de los opositores. En 1980, el dictador logró mantenerse diez años más en el poder y, mediante un plebiscito, sacar adelante una Constitución que hoy ha sido barrida democráticamente.

Todo ello es muy relevante, pero también lo es que los chilenos votaban otra cuestión: el órgano que elaborará la futura constitución. Los ciudadanos tenían dos opciones: una Convención constitucional formada entre parlamentarios y miembros de la sociedad civil,  u otra en el que todos sus miembros fueran de la segunda condición. 

Por una abrumadora mayoría, cifrada en un 78,99%, superior por tanto a la decisión de cambiar la Constitución, Chile ha optado por que los miembros de esa Convención, elegidos democráticamente, sean miembros de la sociedad civil, no de los partidos políticos. Tamaña derrota de los partidos, es uno de los aspectos más relevantes de lo que se ha vivido en Chile en las últimas horas y que conecta con la fuerte protesta social, a través de manifestaciones populares, que ha marcado a Chile en el último año. 

El electorado chileno manda así un claro mensaje contra el excesivo peso que las ideologías, a través de las formaciones políticas, tienen en nuestras sociedades, abogando por una carta magna hecha sin intervención directa de los partidos políticos. Con la derrota de estos, cierra así Chile un período de cincuenta años, iniciado con la llegada en 1970 de Salvador Allende al palacio de la Moneda, en el que una poderosa ideologización, a veces de sentido contrario, dominó a la sociedad, victimizándola en demasiadas ocasiones.

¡Viva la muerte!

El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer, decretando el Estado de alarma. Es más, lo tendría que haber hecho hace mes y medio, antes de que la curva de contagios nos terminara aplastando. Por segunda vez, la primera fue al inicio de la pandemia, llega tarde. Está claro que es difícil que el ser humano aprenda de sus errores.

Dicho esto, bienvenido sea el nuevo decreto de alarma, independientemente de la duración del mismo, hasta mayo como pretende el gobierno, o menos largo, como parecen insinuar algunos grupos parlamentarios, como el PP y Ciudadanos. Este extremo, de menor importancia en su consideración, puede someterse a corrección en un futuro, si se observa la derrota de la segunda ola del coronavirus.

Lo que sí es más relevante es la petición de explicaciones a otros grupos parlamentarios, como los del PP y ERC,  por haber sido tan cicateros con la extensión de los primeros estados de alarma cuando sufríamos la primera ola del Covid-19. Si esos grupos hubieran apostado por una desescalada más completa bajo el paraguas jurídico del Estado de alarma, no nos encontraríamos en la situación que padecemos hoy en día y habríamos salvado a muchos de los cinco mil fallecidos que se estima han muerto en esta segunda oleada.

Porque estamos hablando de muertes. Esa es la gravedad del caso. Y por eso es revelador el pronunciamiento de Vox contra la reintroducción del Estado de alarma, el único partido que hasta el momento se ha posicionado radicalmente contra tal medida. Extremo que forma parte de su negacionismo, al estilo de Trump, dando alas a las manifestaciones libertarias que se vivieron en la primavera pasada contra el primer confinamiento, anteponiendo la libertad individual frente a la salud pública, primando a los fuertes sobre los débiles Todavía recordamos en nuestra memoria las imágenes del descapotable ornamentado de banderas, recorriendo las calles. 

Con su posicionamiento, Vox se ha retratado, ofreciéndonos una coincidencia de su credo político con la que cerrará un círculo de 85 años. Será el próximo 12 de octubre. Ese día de 1936, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, subió al estrado el general Millán Astray para gritar: ¡Viva la muerte!

Falta de atención de los políticos

La moción de censura a Pedro Sánchez de Vox ha supuesto una pérdida de tiempo en unos momentos como los que vivimos a causa de la pandemia que no nos debemos permitir, evidenciando que el fin del bipartidismo no era la panacea que algunos ingenuamente creyeron.

No obstante, sí que ha facilitado la tardía reacción de Pablo Casado, el dirigente del PP elegido en unas primarias del PP en detrimento de la mucho más experimentada Soraya Sáenz de Santamaría. El nuevo líder conservador pronunció ayer un duro discurso contra Abascal, línea que veremos si se consolida en el futuro, pero que al menos ha tenido ya una buena consecuencia: la oferta de Sánchez de volver a negociar la renovación del CGPJ, parando la iliberal reforma de la ley orgánica del poder judicial, sobre la que la Comisión Europea había puesto sus ojos vigilantes.

En la catástrofe que padecemos a causa del Covid, todo aquello que no sea la colaboración entre los dos principales partidos políticos es un grave error, que conlleva la progresiva desacreditación de los políticos y de la propia política por parte de una sociedad que mira a la Carrera de San Jerónimo y no aprecia atención.

Toque de atención de Bruselas

La Comisión Europea ha dado un toque de atención al gobierno Sánchez por su intención de reformar la ley orgánica del Poder Judicial, evitando consultar a todas las partes afectadas. En una materia tan sensible, que incide en la esencia del Estado de Derecho, tal requisito es crucial, porque es lo que diferencia a una democracia de otros tipos de regímenes. De lo contrario, pese a las protestas del ejecutivo, estaríamos entrando en una senda muy peligrosa en la que podríamos ser comparados con Polonia y Hungría, algo que nos debería hacer reaccionar.

No todo vale para conseguir más poder. Al menos, en democracia.

Totalitarismo

El gobierno Sánchez pretende modificar la ley orgánica del Poder Judicial con el objetivo de superar el bloqueo que el PP ha impuesto en la renovación de los miembros del CGPJ, el consejo que dirige al tercer poder del Estado. Para ello, cree contar con una mayoría parlamentaria  suficiente, por lo que ha iniciado hoy el trámite en las Cortes.

La posición de los dos partidos al respecto ha empezado a conocerse con la presentación en el Congreso de una proposición de ley. La medida que más atención ha merecido en los medios de comunicación ha sido la propuesta de elección de doce de los veinte miembros del consejo por una mayoría de parlamentarios menos cualificada que hasta ahora: por mayoría simple, en vez de por tres quintos. En esa opción, que devalúa el respaldo de los órganos legislativos, en la medida en que los elegidos contarán con un apoyo menor de las fuerzas políticas representadas en las Cortes, participan tanto el PSOE como Podemos, sin valorar que de esa manera la intromisión gubernamental, a través de los partidos que sustentan al ejecutivo, será mayor en el Consejo General del Poder Judicial, ya que no necesitará pactar con el principal partido de la oposición para cubrir las vacantes de la mayoría de sus miembros, algo que no ha ocurrido en los cuarenta años desde la restauración democrática..

Sin embargo, hay otro aspecto de la iniciativa que es objetivamente aún más preocupante, aunque esta solo parece, de momento, responder a la iniciativa de uno de los dos socios gubernamentales, en concreto de Podemos, ya que no aparece en el texto de la proposición de ley registrada en el Congreso, aunque esta deja abierta la posibilidad de que sea finalmente apoyada por el PSOE.

Ambas formaciones son partidarias de impedir que un CGPJ en funciones pueda tomar decisiones relevantes, como la provisión de vacantes en los tribunales, el traslado de los jueces  y magistrados, así como la gestión de permisos y licencias, jubilaciones, etc. El problema es que la proposición de ley presentada, no aclara quién decidirá  esas relevantes decisiones, con las que se gobierna el Poder Judicial y que en manos de cualquiera de los otros dos poderes (gobierno o parlamento) supondría la subordinación pura y dura del tercero a uno de ellos; es decir, el fin de la separación de poderes, conceptualización formulada por Montesquieu y base del Estado de Derecho. De prosperar la iniciativa del socio de Sánchez nos adentraríamos, como Polonia o Hungría, en el iliberalismo, en la senda del totalitarismo que precisamente combate la Unión Europea. 

Podemos pretende, pues, que esas relevantes decisiones pasen al gobierno, lo que supondría un hecho de gravedad indiscutible, ya que de esa manera el ejecutivo podría premiar a los jueces y magistrados que quisiese y castigar a los que se atrevan, por ejemplo, a actuar contra los miembros del gobierno.

Fue la Constitución de 1812, la más iusracionalista de todos los textos constitucionales que hemos tenido, la que estableció la separación de poderes, evidenciando que era hija de la Revolución francesa y de la Ilustración. En el resto del siglo XIX, tan solo la de 1869, surgida de en el Sexenio Democrático, avanzó en ese presupuesto y creó por primera vez un Poder Judicial. En cambio, el resto de los textos constitucionales del novecientos, elaborados por los sectores moderados del liberalismo, enfrentados a los progresistas, apostó por una mera Administración de Justicia, que no Poder Judicial, en manos del gobierno, especialmente la de 1876, diseñada por el conservador Cánovas con el objetivo de controlar todo el poder.

Ese es el espejo en el que se mira Podemos, una formación en la que al menos parte de sus dirigentes, los que provienen de la universidad, no desconoce estos extremos. Hay que buscar en la II República, con otro texto constitucional, ya del siglo XX, en el que se reconocía taxativamente la separación de poderes, el recelo de una parte de la izquierda hacia los jueces, al considerarlos conservadores y contrarios a la revolución, la aspiración suprema a la que todo debe sacrificarse, también la democracia y el Estado de Derecho. Eso es totalitarismo.

Alarma en Madrid

Tras perder más de tres semanas en estériles discusiones políticas, el gobierno ha hecho lo que tenía que haber hecho hace ya un mes, decretando el Estado de alarma en el municipio de Madrid y en otros aledaños.

En todo este tiempo perdido, se han producido centenares de muertes, se han infectado del virus miles de ciudadanos y hemos vuelto a ver cuestionada la capacidad de nuestro sistema hospitalario. Mientras todo eso pasaba, se daba una incesante plática crispada entre los miembros de dos instituciones estatales, los gobiernos nacional y de Madrid, sin lograr el acuerdo entre ellas.

De todo ello son responsables ambos ejecutivos, sin duda. Pero ambos incurren además en otras. El de Madrid por no haber hecho lo que aconsejaban los expertos sanitarios cuando en junio pasado se puso fin a los primeros estados de alarma: fortalecer la atención primaria sanitaria e incrementar el número de rastreadores de infectados. En cambio, el gobierno de Ayuso se ha dedicado desde entonces a poner trabas al ejecutivo de la Nación y a amagar con una rebeldía que ha recordado en demasiadas ocasiones a la que practicaba Quim Torra.

Y el gobierno Sánchez ha dejado pasar seis meses sin presentar ante el parlamento una ley orgánica de salud pública que permita a los ejecutivos limitar derechos individuales en aras del combate epidémico, evitando así diversos varapalos de los tribunales y verse obligado a recurrir de nuevo al Estado de alarma.

Es ciertamente triste, comprobar como en un escenario dramático, en sí por las consecuencias sanitarias y también porque la gravedad de estas posponen la apremiante recuperación económica, políticos de los dos principales partidos de nuestro país no solo han sido incapaces de ayudar en las soluciones, sino que de hecho las han agravado.