Totalitarismo

El gobierno Sánchez pretende modificar la ley orgánica del Poder Judicial con el objetivo de superar el bloqueo que el PP ha impuesto en la renovación de los miembros del CGPJ, el consejo que dirige al tercer poder del Estado. Para ello, cree contar con una mayoría parlamentaria  suficiente, por lo que ha iniciado hoy el trámite en las Cortes.

La posición de los dos partidos al respecto ha empezado a conocerse con la presentación en el Congreso de una proposición de ley. La medida que más atención ha merecido en los medios de comunicación ha sido la propuesta de elección de doce de los veinte miembros del consejo por una mayoría de parlamentarios menos cualificada que hasta ahora: por mayoría simple, en vez de por tres quintos. En esa opción, que devalúa el respaldo de los órganos legislativos, en la medida en que los elegidos contarán con un apoyo menor de las fuerzas políticas representadas en las Cortes, participan tanto el PSOE como Podemos, sin valorar que de esa manera la intromisión gubernamental, a través de los partidos que sustentan al ejecutivo, será mayor en el Consejo General del Poder Judicial, ya que no necesitará pactar con el principal partido de la oposición para cubrir las vacantes de la mayoría de sus miembros, algo que no ha ocurrido en los cuarenta años desde la restauración democrática..

Sin embargo, hay otro aspecto de la iniciativa que es objetivamente aún más preocupante, aunque esta solo parece, de momento, responder a la iniciativa de uno de los dos socios gubernamentales, en concreto de Podemos, ya que no aparece en el texto de la proposición de ley registrada en el Congreso, aunque esta deja abierta la posibilidad de que sea finalmente apoyada por el PSOE.

Ambas formaciones son partidarias de impedir que un CGPJ en funciones pueda tomar decisiones relevantes, como la provisión de vacantes en los tribunales, el traslado de los jueces  y magistrados, así como la gestión de permisos y licencias, jubilaciones, etc. El problema es que la proposición de ley presentada, no aclara quién decidirá  esas relevantes decisiones, con las que se gobierna el Poder Judicial y que en manos de cualquiera de los otros dos poderes (gobierno o parlamento) supondría la subordinación pura y dura del tercero a uno de ellos; es decir, el fin de la separación de poderes, conceptualización formulada por Montesquieu y base del Estado de Derecho. De prosperar la iniciativa del socio de Sánchez nos adentraríamos, como Polonia o Hungría, en el iliberalismo, en la senda del totalitarismo que precisamente combate la Unión Europea. 

Podemos pretende, pues, que esas relevantes decisiones pasen al gobierno, lo que supondría un hecho de gravedad indiscutible, ya que de esa manera el ejecutivo podría premiar a los jueces y magistrados que quisiese y castigar a los que se atrevan, por ejemplo, a actuar contra los miembros del gobierno.

Fue la Constitución de 1812, la más iusracionalista de todos los textos constitucionales que hemos tenido, la que estableció la separación de poderes, evidenciando que era hija de la Revolución francesa y de la Ilustración. En el resto del siglo XIX, tan solo la de 1869, surgida de en el Sexenio Democrático, avanzó en ese presupuesto y creó por primera vez un Poder Judicial. En cambio, el resto de los textos constitucionales del novecientos, elaborados por los sectores moderados del liberalismo, enfrentados a los progresistas, apostó por una mera Administración de Justicia, que no Poder Judicial, en manos del gobierno, especialmente la de 1876, diseñada por el conservador Cánovas con el objetivo de controlar todo el poder.

Ese es el espejo en el que se mira Podemos, una formación en la que al menos parte de sus dirigentes, los que provienen de la universidad, no desconoce estos extremos. Hay que buscar en la II República, con otro texto constitucional, ya del siglo XX, en el que se reconocía taxativamente la separación de poderes, el recelo de una parte de la izquierda hacia los jueces, al considerarlos conservadores y contrarios a la revolución, la aspiración suprema a la que todo debe sacrificarse, también la democracia y el Estado de Derecho. Eso es totalitarismo.